Comunicado del posgrado en feminismo del centro de estudios superiores de México y Centroamérica (CESMECA)

San Cristóbal de Las Casas,  2 de febrero  2018

Las estudiantes del posgrado en estudios e intervención feministas del centro de estudios superiores de México y Centroamérica miramos con preocupación la determinación tomada por mayoría de votos el día de hoy dentro de la sexagesima sesión extraordinaria del consejo universitario de la universidad de ciencias y artes de Chiapas respecto de la aprobación del dictámen de fecha 26 de enero de 2018 emitido por la comisión de otorgamiento de grados para reconocer con grado de doctor honoris causa al general salvador Cienfuegos zepeda. Dado que es evidente que el general en cuestión carece de una trayectoria académica sobresaliente, asumimos, como ya se ha dicho que el premio obedece a  la naturaleza de las funciones al frente de la institución castrense del estado mexicano, como ya se ha dicho aquí. Por lo que, en virtud de que el premio es otorgado a la institución del ejército y que se ha abundado ya acerca del papel que ha jugado en el ocultamiento de crímenes de lesa humanidad, las ejecuciones extrajudiciales, el hermetismo y obstrucción de la justica civil, querríamos hablar aquí acerca de lo que las prácticas castrenses significan para las mujeres y que en este caso son estas prácticas las que son premiadas al reconocer con honores al mando de esa institución. Rita Segato ha sostenido en torno a investigaciones que involucran el actuar castrense, que en las últimas décadas los cuerpos de las mujeres o los cuerpos feminizados han sido objeto de agresiones sexuales que han pasado a ocupar una posición central como arma de guerra productora de crueldad y letalidad, ejemplos de ello hay innumerables pero por mencionar algunos de los más emblemáticos, tenemos el caso de Valentina Rosendo Cantú y Yenys Bernardino Sierra quienes en un contexto de presencia militar en el estado de guerrero fueron objeto de tortura y Agresión sexual por parte de elementos militares en funciones, también está el caso de Inés Fernández Ortega por la violación sexual cometida en su perjuicio por parte de agentes militares también, estos casos resuenan porque fueron llevados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y condenado el Estado mexicano por vulnerar el Derecho a la honra, a la intimidad, a la integridad personal, a la Dignidad, a la Igualdad ante la ley, a la Protección judicial, entre otros, en ambos fue un elemento común la falta de investigación y sanción de los responsables quienes fueron militares con mandos superiores como lo es ahora el general Cienfuegos. Fue un agente castrense el que agredió sexualmente y asesinó con brutalidad a Sabina Patricia en 2008 y fue también un elemento del ejército el que cometió el primer feminicidio del 2018 en Chiapas. No podemos ignorar que cada vez que existe la presencia militar, la violencia sexual y feminicida se multiplica. También coincidimos en reconocer el enlace lógico que resulta de conectar las reformas estructurales, el plan Mesoamérica que potencia los megaproyectos extractivistas, la ley de seguridad interior y el intento por consolidar la reputación de una institución indefendible que será la que intente materializar esos megaproyectos y consideramos nuestra responsabilidad denunciar y realizar acciones en oposición a esta estrategia por pertenecer a un centro de estudios que se posiciona desde el pensamiento crítico, incluyendo el feminista. Con las compañeras, coincidimos en lo aberrante que sería la entrega de este premio también pensando en el próximo proceso electoral en el que Chiapas es considerado foco rojo. Con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior impulsada por Cienfuegos se avisora una represión “legalizada” y nos preguntamos cuáles fueron los motivos al interior de la universidad para proponer esta premiación a la ignominia. El Estatuto General de la UNICACH señala en su artículo cinco que los valores que debe cultivar son la equidad social, el humanismo, la igualdad, la honestidad, la solidaridad, la diversidad, justicia y respeto. ¿Acaso reconocer a un hombre artífice de la represión, que no actúa con claridad, honestidad, solidaridad y que obstaculiza la justica y no respeta la vida y la memoria de los jóvenes de Ayotzinapa no atenta contra estos principios?

Proponemos que se realicen acciones en torno a esta decisión vergonzosa, desde la puesta de mantas hasta ir al evento a recordarle al general lo que ha hecho y evidenciar a las autoridades que someten a la universidad al aparato militar y a decisiones centralizadas del ejecutivo.

 

Posgrado en feminismos del CESMECA

PRONUNCIAMIENTOS:

PronunciamientoEstudiantesCesmeca

PronunciamientoCesmeca

ComunicadoPosgradoFemin

AUDIOS CONFERENCIA DE PRENSA:

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Acción urgente: Alto a la violencia en Oxchuc

 

 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas,  México

                                                                                                      24 de enero de 2018.

ACCIÓN URGENTE

 

Alto a la violencia en Oxchuc

 

Las organizaciones civiles firmantes hacemos un llamado a la sociedad civil nacional e internacional para que se pronuncie ante la inminente agresión de un grupo civil armado en contra de la población del municipio de Oxchuc, Chiapas.  Se ha hecho de nuestro conocimiento que el día de ayer 24 de enero, aproximadamente a las 11:00 de la mañana, comenzaron a escucharse disparos en algunas comunidades y en la cabecera municipal, en la cabecera municipal y en algunas comunidades cercanas, lo que ocasionó temor  en los habitantes.

Pobladores del municipio nos informaron que ante la inseguridad, por órdenes del gobierno estatal fueron desalojados los niños y maestros de las escuelas, así como pacientes, personal médico y de enfermería de los centros hospitalarios, lo que denota una situación de riesgo que  vulnera la seguridad e integridad de las mujeres, niñas, niños y demás población.

De acuerdo a información proporcionada por vecinos del municipio, hasta el momento se reportan 20 personas desaparecidas, que se desconoce su genero y edad; 17 heridos, entre ellos se encuentran Juan Gabriel Méndez López de 36 años (abogado comunitario del Movimiento con Justicia y Paz para el pueblo de Oxchuc y quien representó a la comunidad en el Amparo promovido para rechazar las presencia de partidos políticos en el municipio, recientemente promovió un Amparo contra la Ley de Seguridad Interior),
Julio Cesar Gómez Santíz de 24 años de edad, Manuel Gómez López de 39 años, Bonifacio López Gómez de 39 años y el adolescente Néstor Avidal López Gómez de 15 años, José Alfredo Gómez López, de 20 años de edad, Moises Santiz Gómez de 27 años de edad, Alonso López Santiz de 36, Eliseo Góme Santiz, de 17 años, Javier Santiz Gómez de 37 años, Hugo Santiz Gómez de 21 años, Alexander López Gómez de 16 años, Juan Gómez López de 17 años, Edagar Jhovani Santiz Gómez de 24 años, Rafael López Santiz de 16 años, Marcelo Santiz Santiz de 31 años; y tres personas muertas, Ovidio López Sántiz, Víctor Sántiz Gómez y Francisco Méndez López, dos de ellos pertenecen a la comunidad Media Luna y el otro a la comunidad Cruxilja cuyo cuerpo aún permanece en el lugar de los hechos y al parecer se trata de Ovidio Gómez López quien tenía el cargo de Primer Regidor.

De igual forma, existe la amenaza de que en los próximos días la cabecera municipal sea ocupada por un grupo civil armado, que según fuentes locales, se concentra en las comunidades: Piedra Escrita, El Mash (colinda con Chanal), Cruxton (colinda con San Juan Cancuc) y Yochib (que colinda con Tenejapa). Por la manera en que se suscitaron los hechos de violencia, los pobladores consideran que se trata de personas ajenas al municipio, que tienen entrenamiento y portan armas de grueso calibre.

El temor persiste y es real, ya que el día de hoy, 25 de enero, alrededor de las ocho de la mañana nuevamente se escucharon disparos cerca de la comunidad Piedra Escrita y el crucero de Cruzton, de Oxchuc, no se ha reportado el cese de las detonaciones. Asimismo no se tiene certeza de la existencia de heridos o muertos porque la población vecina no ha podido ingresar y tampoco hay presencia la policía estatal.

El día de ayer 24 de enero, Juan Carlos Gómez Aranda, Secretario de Gobierno del Estado, condenó los hechos e informó que mantiene comunicación con la población y los agresores e invitó al dialogo para solucionar un problema ocasionado por el mismo gobierno.  Esto sólo refleja el cinismo y omisión por parte de las autoridades.

Este problema deriva de conflictos post electorales no resueltos desde el 2015, a partir de esta fecha han ocurrido varios actos de violencia y enfrentamientos con la aquiescencia del Gobierno de Chiapas, afectando a toda la población del municipio, que en su mayoría se encuentra conformada por mujeres, niñas y niños, quienes ante los rumores de mayores actos de violencia, se encuentren aterrorizadas y resguardadas en sus casas.

Cabe señalar que este ataque se da en el marco de una acción popular, en la que la comunidad se estaba organizando para reaperturar el entierro sanitario que simpatizantes de la presidenta municipal María Gloria Sánchez habían clausurado.

El municipio de Oxchuc, está considerado dentro de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, motivo por el cual exigimos acciones urgentes y necesarias a fin de que se proteja la integridad de la población en general y particularmente la de las mujeres, niños y niñas.

Ante esta circunstancia de grave riesgo para la vida e integridad de las mujeres, niñas, niños y demás pobladores de Oxchuc exigimos al Estado Mexicano que:

  • Garantice con urgencia la protección a la vida, seguridad e integridad física y psicológica de los habitantes del municipio de Oxchuc.
  • Proporcione atención médica adecuada, sin criminalización alguna a las personas heridas;
  • Reconozca su responsabilidad en el conflicto político que se vive en el municipio;
  • Cumpla con las medidas derivadas de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para Chiapas, específicamente para los municipios indígenas;

Nos preocupa que esta situación sea usada como excusa para justificar una irrupción y represión, que rompa el proceso organizativo de las comunidades que reivindican su autonomía y libre autodeterminación, por parte de los tres niveles de gobierno en el territorio indígena de Oxchuc, violando los derechos humanos de la población indígena tseltal que ocupa dicho municipio.

Por lo que hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional para que se pronuncien y exijan al Estado Mexicano garantizar la vida, libertard, seguridad e integridad de la población afectada en Oxchuc, Chiapas.

 

Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C.

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A. C.

Melel Xojobal, A.C.,

Semillas del sur, A.C.

 Agua y vida A.C.

 

 

 

Pedimos envíen sus llamamientos a:

Sr. Presidente Enrique Peña Nieto

Residencia Oficial de los Pinos

Casa Miguel Alemán

Col. San Miguel Chapultepec,

C.P. 11850 Ciudad de México

Fax: (+52) 55 5093 4901

Correo: enrique.penanieto@presidencia.gob.mx

Twitter: @PresidenciaMX

 

Alfonso Navarrete Prida

Secretario de Gobernación

Bucareli 99, 1er. piso

Col. Juárez

Delegación Cuauhtémoc

C.P. 06600 Ciudad de México

Fax: (+52) 55 5093 34 14;

Correo: secretario@segob.gob.mx

 

Luis Raúl González Pérez,

Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,

Edificio “Héctor Fix Zamudio”,

Blvd. Adolfo López Mateos 1922, 6°piso,

Col. Tlacopac San Angel,

Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01040;

Ciudad de México;

Fax: (+52) 0155 36 68 07 67;

Correo: correo@cndh.org.mx

Twitter: @CNDH

 

Manuel Velasco Coello

Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas

Palacio de Gobierno del Estado de Chiapas, 1er Piso

Av. Central y Primera Oriente

Colonia Centro

C.P. 29009 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Fax: (+52) 961 61 88088 – + 52 961 6188056;

Extensión 21120. 21122;

Correo: secparticular@chiapas.gob.mx

Twitter: @VelascoM_

@gubernaturachis

 

Juan Carlos Gómez Aranda

Secretario General de Gobierno en Chiapas

Palacio de Gobierno del Estado de Chiapas, 2o. Piso

Colonia Centro

C.P. 29000 Tuxtla Gutiérrez

Chiapas

Conmutador: (+52) 961 61 8 74 60 Ext. 20003

Correo: secretariaparticular.sgg@gmail.com

 

FIRMA AQUÍ

 

 

Preocupa falta de investigación y sanción de los feminicidios en México: OCNF

 

Ciudad de México a 22 de enero de 2018

Comunicado de prensa

Preocupa falta de investigación y sanción de los feminicidios en México: OCNF

Luego de conocer las cifras difundidas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP) en relación a los feminicidios en México, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) manifiesta su preocupación ante la evidente falta de investigación de las muertes violentas de mujeres como feminicidio, lo que deriva a que estas sean investigadas por otras causales como: suicidio, homicidio, etc.

El pasado domingo 21 de enero el SESNSP hizo pública información sobre Presuntos delitos y víctimas de feminicidio en la que refiere que de 2015 a  2017, las procuradurías o fiscalías estatales registraron 1,640 carpetas que iniciaron una investigación por el delito de feminicidio en México: 389 en el año 2015; 580 casos en 2016, y 671 en 2017, es decir un aumento del 72% entre 2015 y 2017, según los datos difundidos.

Sin embargo, “el subregistro y la falta de investigación de muchos casos, que son investigados por otras causales, deriva no sólo en su invisivilización sino en la impunidad y prevalencia”, advierte el OCNF.

De acuerdo a los datos recabados por el OCNF -a través de solicitudes de información a las procuradurías y fiscalías de todo el país- tan solo en 2015 las cifras proporcionadas por las Procuradurías de Justicia de 19 estados del país, nos indican que de enero a diciembre de ese año  fueron asesinadas 1,595 mujeres, de los cuales 622 casos fueron investigados como feminicidios, es decir sólo un 38 % del total de asesinatos.

En 2016, la información proporcionada por las Procuradurías de Justicia de 16 estados del país, afirman que enero a diciembre  de ese año  fueron asesinadas 1, 455 mujeres, de las cuales 668 casos fueron investigados como feminicidios, es decir sólo un 45%.

Por otra parte, tan sólo en el primer semestre de 2017 (de enero a junio), el OCNF recibió información de 17 Procuradurías de Justicia a través de las cuales registró 914 asesinatos de mujeres en: Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Oaxaca, Sonora, Chihuahua, Puebla, Coahuila, Sinaloa, Campeche, Hidalgo Chiapas, Quintana Roo y Colima. Tan sólo el 49%  de los casos es investigado como feminicidio.

De igual manera, en su informe “La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016”  la Oficina de ONU Mujeres en México, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y la propia Secretaría de Gobernación (SEGOB) afirman que tan solo en 2016 hubo un total de 2,746 asesinatos de mujeres.

En su conjunto, los datos recabados por el SESNSP, organismos nacionales e internacionales, evidencian la prevalencia e incremento de los feminicidios en México, la falta de investigación de los asesinatos de mujeres como feminicidios (desde un inicio) y no por otras causales, así como la necesidad urgente de políticas públicas que contribuyan a la erradicación de la violencia más extrema hacia las mujeres, entre ellas un banco de datos a nivel nacional que permita realizar un diagnóstico sobre la situación real de los feminicidios en cada una de las entidades.

El subregistro, la ausencia y negación de datos, la pérdida de las pruebas, la falta de sensibilización en las y los servidores públicos, la omisión, negligencia, y la falta de voluntad para acreditar el delito, es un obstáculo para identificar, investigar y sancionar los feminicidios con perspectiva de género para poder determinar si hubo o no razones de género en la causa de la muerte.

Pese a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 554/2013 sobre el caso de Mariana Lima Buendía en la que el máximo tribunal nacional estableció lineamientos específicos para la investigación en los casos de asesinatos de mujeres y que “todas las muertes violentas de mujeres deben ser investigadas como feminicidio, con perspectiva de género y con base en los estándares internacionales más altos”, la realidad es otra.

Además de su incremento e impunidad, como Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio hemos identificado la agudización de la saña, brutalidad y violencia extrema con la que son asesinadas las mujeres, el uso de diversos tipos de armas y métodos para acabar con sus vidas, un patrón íntimamente relacionado entre la desaparición de niñas y mujeres con el feminicidio, la participación de diversos tipos de agresores, entre otros factores que envuelven la realidad de la violencia contra las mujeres en México.

Pese a las alertas de género que hoy en día han sido declaradas en 13 estados de la República, las acciones para prevenir, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia sigue siendo una agenda pendiente, por lo que hacemos un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno a tomar acciones contundentes para erradicar la violencia contra las mujeres y exigimos:

-Tener como prioridad gubernamental salvaguardar la vida e integridad física de las mujeres en México.

-Realizar de manera coordinada acciones interinstitucionales para que de manera eficaz se prevenga y sancione cualquier acto violento hacia las mujeres.

-Investigaciones y sanciones prontas, efectivas y con perspectiva de género.

-Construyan e implementen políticas públicas que contribuyan a la erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres, entre ellas el banco nacional de datos, alumbrados públicos, entre otras.

-Recabar, analizar y difundir los datos sobre la violencia feminicida en México de manera exhaustiva.

Ante la alerta nacional que significa la violencia feminicida en México el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio estará atento de las acciones que el Gobierno Federal y los gobiernos estatales realicen para su erradicación.

Atentamente,

Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio

En riesgo la vida y la integridad de centenares familias desplazadas-retornadas en la zona de conflicto

 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
a 04 de enero de 2018

Actualización
Acción Urgente 01

En riesgo la vida y la integridad de centenares familias desplazadas-retornadas en la zona de conflicto

Retornan bajo presión del gobierno de Chiapas y sin condiciones de seguridad
Certificado de impunidad al grupo armado de corte paramilitar de Chanalhó
Continua la violencia generalizada en el territorio comunal de Chalchihuitán

Las organizaciones de la sociedad civil que conformamos el Colectivo desde hace varios meses hemos recibido información sobre la situación de desplazamiento forzado en el que se encuentra el pueblo tsotsil de Chalchihuitán, y de que de ellos, el grupo que recién retornó a sus comunidades –Pom, Ch’enmut, Cruzkakalnam, Tzomolton, Cruzton, Bejeltón y Bololchojon son 3858 personas (niños, niñas, mujeres, hombres) y según testimonios, nos reportan que bajo una persistente presión de funcionarios del gobierno -sobre todo de protección civil-, y ante el hecho de ver perder sus cosechas, animales, posesiones y viviendas, sin que los gobiernos federal y estatal cumplieran el desarme y desarticulación de los grupos armados, desde alguna instancia se tomó la decisión de retornar a sus comunidades de origen, sin condiciones ni medidas de seguridad. Del total de personas desplazadas, otras 1165 personas no retornaron por el temor constatado, causado por las acciones armadas que continua haciendo el grupo armado de corte paramilitar.

Es grave que, diversos testimonios confirman que continúan los disparos de armas de alto poder y la tensión en toda la región, lo que da como consecuencia, el alto riesgo a la vida e integridad de las familias que retornaron a sus comunidades a partir del pasado 2 de enero, siendo de nuevo, las mujeres, los niños, niñas, las ancianas y ancianos, las más afectadas y vulnerables en este retorno y quienes además, no participan en la toma de este tipo de graves y delicadas decisiones.

En estas condiciones, el riesgo de una masacre es clara. De ocurrir, la responsabilidad directa es de los 3 niveles de gobiernos: el federal, el del estado de Chiapas y el municipal de Chalchihután, quienes con su inacción, han permitido este retorno al matadero, ya que van sin alimentos, con la cosecha perdida por la violencia generalizada, varios de ellas y ellos enfermos y bajo los impactos psicológicos de la violencia, todo lo cual da evidencia que en ningún momento están aplicando los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la Organización de Las Naciones Unidas, lo cual implica que no se están respetado, garantizando y protegiendo los derechos humanos de las desplazadas/os y desplazadas/os ahora retornadas/os.

Siendo entonces un retorno de altísimo riesgo en vidas e integridad física de centenares de familias indígenas, lo que demuestra el desprecio hacia los pueblos originarios, ya que constituye un hecho criminal que es contemplado y consentido por los gobiernos federal, estatal y municipal,

No obstante que se instaló una mesa de seguridad con los gobiernos federal y estatal para atender la demanda de desarticulación, desmantelamiento y castigo al grupo armado de Chenalhó, al momento no hay ninguna respuesta y ningún avance, pues –reiteramos-, el grupo armado de corte paramilitar sigue actuando en impunidad.

Ante esta situación grave y critica, como colectivo de organizaciones que envía esta Acción Urgente, exigimos Alto a las acciones armadas en la región, reiteramos la exigencia de su desarticulación, castigo y que se garantice de manera inmediata y urgente la vida e integridad de las familias desplazadas retornadas, así como de aquellas que han decidido no retornar a sus comunidades.

Pedimos envíen sus llamamientos a:

Sr. Presidente Enrique Peña Nieto,
Residencia Oficial de los Pinos,
Casa Miguel Alemán, Col. San Miguel Chapultepec,
C.P. 11850, Ciudad de México;
Fax: (+52) 55 5093 4901;
Correo:
enrique.penanieto@presidencia.gob.mx
Twitter: @PresidenciaMX

Lic. Miguel Ángel Osorio Chong,
Secretario de Gobernación
Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez,
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México,
C.P. 06600, México;
Fax: (+52) 55 5093 34 14;
Correo: secretario@segob.gob.mx

Luis Raúl González Pérez,
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
Edificio “Héctor Fix Zamudio”,
Blvd. Adolfo López Mateos 1922, 6°piso,
Col. Tlacopac San Angel,
Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01040;
Ciudad de México;
Fax: (+52) 0155 36 68 07 67;
Correo:
correo@cndh.org.mx
Twitter: @CNDH

Manuel Velasco Coello
Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas
Palacio de Gobierno del Estado de Chiapas,
1er Piso Av. Central y Primera Oriente,
Colonia Centro, C.P. 29009
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
Fax: +52 961 61 88088 – + 52 961 6188056;
Extensión 21120. 21122;
Correo:
secparticular@chiapas.gob.mx
Twitter: @VelascoM_
@gubernaturachis

Juan Carlos Gómez Aranda
Secretario General de Gobierno en Chiapas
Palacio De Gobierno, 2o. Piso, Centro C.P. 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Conmutador: (961) 61 8 74 60 Ext. 20003
Correo: secretariaparticular.sgg@gmail.com

Gustavo Víctor Moscoso Zenteno
Coordinación de Subsecretarías de Gobierno Regionales
Palacio de Gobierno, 2o. Piso, Centro C.P. 29200 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Conmutador: 61 874 60 Ext. 20031

Pedro Gómez Gómez
Subsecretario de Gobierno de la Región V. Altos Tsotsil-Tseltal
Francisco I. Madero No. 101, Barrio Guadalupe C.P. 29200 San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Teléfono: 01 (967) 67 465 94 Fax: 01 (967) 67 465 94

Firmas de organizaciones:

Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCh)
Centro de Derechos Indígenas A.C. (Cediac)
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C (Frayba)
Comisión para el Apoyo a la Unidad y la Reconciliación Comunitaria (Coreco)
Colectiva Cereza
Colectiva feminista las Juanas
Servicios y Asesoría Para la Paz (Serapaz-Chiapas)
Melel Xojobal A.C
Maderas del Pueblo del Sureste A.C
Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad Coordinación Chiapas
Casa de la Mujer Ixim Ansetik
Salud y Desarrollo Comunitario A.C. (SADEC)
Ingenum Mex
Equipo de Atención Psicosocial Para la Situaciones de Violencia y Exclusión Social
Comité Nacional para la Defensa de los Chimalapas
Los Amorosos del Espacio Cultural José Antonio Reyes Matamoros (Los Amorosos)
Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (DESMI)
Colectivo Educación Para la Paz y los Derechos Humanos A.C. (CEPAZDH)

Campaña Popular Contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas: Mujeres y hombres de la regiones, norte, altos, sierra frontera, Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH), Brigada Feminista por la Autonomía, Casa Cereza, Casa de la Mujer de Palenque, Casa Gandhi, Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVIF), Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa AC, Centro de Investigación y Acción para la Mujer Latinoamericana (CIAM), Grupo de Mujeres de San Cristóbal COLEM, El Paliacate Espacio Cultural, Formación y Capacitación (FOCA), Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C. (CEPAZDH), Melel Xojobal, Promedios De Comunicación Comunitaria, Red de Mujeres Chiapanecas contra la violencia hacia las mujeres, Red Mesoamericana Mujer Salud y Migración, Save the Children, Semilla del Sur, Skolta’el Yu’un Jlumaltic, A. C. (SYJAC), Alianza Global Pediátrica, Estudiantes, fotógrafos, artistas, músic@s, medios libres y personas en lo individual.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos: Todos los Derechos para Todas y Todos. (Conformada por 84 organizaciones en 23 estados de la república):
Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chiapas); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristóbal de las Casas, Chiapas).

 

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desplazados chalchihuitan

 

Continúa precariedad y vulnerabilidad de población desplazada forzadamente de Chalchihuitán, Chiapas.

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• Infancia, mujeres y adultos mayores en riesgo por omisión de autoridades
• Aumenta a 9 las muertes a consecuencia del desplazamiento

Sábado 16 de diciembre 2017

En estos momentos se encuentra en la zona una brigada conformada por personal de salud de dos organizaciones no gubernamentales de Chiapas: Salud y Desarrollo Comunitario (SADEC) y Casa de la Mujer Ixim Antsetic (CAM), quienes desde hace muchos años colaboran con el Programa Interdisciplinario “Desarrollo Humano” de la UAM. Este grupo está dando continuidad a la brigada médica de la misión de Bachajón y a la misión de observación de derechos humanos, por lo que a partir del 4 de diciembre a la fecha se ha tenido presencia en la región de diversas organizaciones.

Una vez que la brigada arribó al sitio de conflicto el día 11 de diciembre confirman la precariedad y vulnerabilidad en la que se encuentra la población, afectando en mayor medida a niños, mujeres y personas de la tercera edad, “el frío es tremendo y la gente duerme debajo de plásticos que no los protegen, están muriendo de enfermedades que podrían evitarse”. De acuerdo a informes de la brigada, en los campamentos se vive con un miedo intenso, ya que “en la noche se oyen disparos de arma de fuego, por lo que grupos desplazados permanecen durante el día en lugares públicos, como son un templo o la cancha deportiva, pero en la noche prefieren dormir refugiándose en la montaña”.

Dos situaciones que complican el escenario son el clima y el estrés progresivo, éste derivado de la incertidumbre y el hostigamiento que vive constantemente la población, afectando seriamente a personas con enfermedades crónico degenerativas, llegando incluso a la muerte, la más reciente, María Domínguez Gómez de 57 años, quien padecía diabetes y falleció el 13 de diciembre, por neumonía.

Hasta el viernes 15 de diciembre han perdido la vida 10 personas: incluida la de Samuel Luna Girón, quien murió por arma de fuego en octubre, las 9 restantes ocurrieron durante el desplazamiento forzado como consecuencia de la violencia estructural que está viviendo la población, 4 adultos mayores, 1 mujer adulta, 3 menores (2 eran mujeres) y 1 muerte fetal.

Diversos informes que se han dado a conocer mencionan alrededor de cinco mil personas desplazadas de sus comunidades del municipio de Chalchihuitán en Chiapas.

Al respecto cabe enfatizar el pronunciamiento de Christian Skoog, representante de Unicef en nuestro país en el sentido de que es “absolutamente inaceptable que hoy en día, en México, mueran niños de hambre y de frío.”; así como su llamado a que se cumpla con el deber de proteger a la infancia, “respetando el principio del interés superior de la niñez que está establecido en el artículo cuarto de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.”

Asimismo, la Campaña Popular contra la Violencia a las mujeres y el feminicidio en Chiapas solicitó una intervención a la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional para prevenir y erradicar de Violencia contra las Mujeres desde el 12 de noviembre, apelando a que existe una Alerta de Violencia de Género, por lo que se debe garantizar la seguridad y vida de las mujeres y niñas de Chalchihuitan y Chenalhó. Nunca hubo respuesta. En este sentido es importante señalar que el fallecimiento de Adriana de Jesús, Maura y María, así como la muerte fetal, ocurren después de dicha solicitud. Por esto consideramos estas muertes como feminicidios de Estado.

Aunado a lo anterior, las mujeres no tienen posibilidad de participar en la toma de decisiones que dan origen a este conflicto territorial, situación que se suma a incertidumbre y miedo que están viviendo muchas mujeres en los últimos meses, no sólo de Chalchihuitán, también Chenalhó y Pantelhó.

Por otro lado, el fallo agrario que se hizo público el 13 de diciembre, aun cuando éste había sido dictaminado desde el 6 de noviembre, muestra que de haberse hecho en su momento muy probablemente se hubieran evitado las nueve muertes ya mencionadas, dejando ver una actuación negligente y omisa de las autoridades responsables.

En cuanto al fallo emitido a favor de Chenalhó, puntualizamos que la población de Chalchihuitán no sólo estará perdiendo sus tierras, sino su historia y su relación con sus antepasados que habitaron estas tierras desde tiempos remotos, siendo reconocidos en conformidad de linderos desde agosto de 1976, dejando ahora sin efectos jurídicos estos acuerdos.

En una “situación de riesgo extraordinario”, según declaración de Édgar Corzo Sosa, quinto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), (la población desplazada) permanece incomunicada desde hace semanas en medio de la montaña, en precarios campamentos y prácticamente sin ninguna atención. De acuerdo con el quinto visitador, no hay un cumplimiento suficiente de las medidas cautelares, asistencia humanitaria en alimentación, salud y educación; mucho menos en que se den las condiciones para que puedan regresar a sus hogares en condiciones de seguridad para sus vidas.

Por esas razones demandamos de las autoridades y funcionarios a quienes compete, en los distintos niveles de gobierno que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, resuelvan de manera integral, pronta y apegada a la ley esta situación grave.

Nos adherimos a la demanda de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas en el sentido de que es imprescindible la contención, desarme y procesamiento judicial del grupo armado que “prácticamente mantiene en estado de sitio al municipio de Chalchihuitán”.

Atentamente:

Programa Interdisciplinario Desarrollo Humano en Chiapas. UAM Xochimilco
Proyecto Urbano de Salud. UAM Xochimilco
Asociación Latinoamericana de Medicina Social Región-México
Salud y Desarrollo Comunitario –SADEC-
Casa de la Mujer Ixim AntsetiC –CAM-
Misión de Bachajón
Centro de Derechos Humanos de la Mujer en Chiapas,
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C
At’el Antsetik
CCESC-DDS Chiapas
Voces mesoamericanas
Maderas del Pueblo del Sureste
Colectiva Cereza
Equipo de Atención Psicosocial para Atención de Situaciones de Violencia
Centro de Derechos Indígenas, –CEDIAC-
Centro de Apoyo Educativo para la Comunidad, -CAEC-
Campaña Popular contra la violencia hacia las mujeres y el feminicidio en Chiapas, Movimiento de Mujeres en Defensa de la Tierra y el Territorio en Chiapas,
Comité Promotor de una Maternidad Segura y Voluntaria en Chiapas.
Radio Lak Lumal.
Alejandrina Cabrera M.
Georgina Rivas B.

 

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Impunidad y violencia en los Altos de Chiapas

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
a 15 de diciembre de 2017.

Pronunciamiento Conjunto

Impunidad y violencia en los Altos de Chiapas

Al Pueblo de México
A los organismos de derechos humanos e instancias humanitarias

Como colectivo de organismos de la sociedad civil, hemos conocido y revisado la sentencia emitida por el Lic. Claudio Aníbal Vera Constantino, Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 03 de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dentro del expediente 781/2005, suscrita y certificada desde el día 06 de noviembre del presente (unos días antes de la agudización violenta del conflicto), y notificada a las partes -Autoridades Comunales de Chalchihuitán y de Chenalhó- y hecha pública hasta el día de antier, 13 de diciembre (un mes y una semana después de emitida, ya escalado el clima de agresión y violencia del citado conflicto).

Respecto a dicha sentencia -cuya histórica problemática agraria, irresuelta de fondo con apego a justicia y a derecho, ha constituido el pretexto central para desatar un clima de extrema violencia y, a la vez, encubrir acciones e intereses ilegítimos de muy alta peligrosidad-

CONSIDERAMOS:

Que en su ambigua forma, el manejo de los tiempos y su débil contenido, dicha sentencia, más que apegarse a un verdadero análisis y fundamentación histórica y jurídica en materia agraria del caso, más bien parece ser producto de un cuidadoso cálculo político, que pretendería la administración del problema, respondiendo a los tiempos políticos de las actuales administraciones estatal y federal;

Que, a pesar que en sus cuatro resolutivos finales, la sentencia, ambiguamente pareciera pretender el mantener a salvo los derechos de ambas comunidades agrarias (Chenalhó y Chalchihuitán) en realidad favorece absolutamente a la primera, y con ello encubre y alienta, a los ilegítimos intereses de la delincuencia organizada, misma que, a través de la documentada acción impune de grupos armados de corte paramilitar, ha obligado al inhumano desplazamiento de miles de indígenas (la mayoría de extrema vulnerabilidad: mujeres, niñas y niños, ancianas y ancianos) no sólo de Chalchihuitán, sino –aunque en menor número- también de Chenalhó, provocando con ello, hasta el momento, la muerte de cerca de una decena de niños, niñas y ancianos. Manteniendo a la verdadera base comunitaria de ambos pueblos, en un permanente estado de angustia, miedo y sufrimiento,

En este contexto las organizaciones abajo firmantes ratificamos las siguientes exigencias:

1. Estrategia de desarticulación, desarme y castigo a los grupos civiles armados.
a. Investigación y solución de denuncias previas y expedientes congelados
b. Detención y castigo a responsables
c. Auditorías a las presidencias municipales de Chenalhó, Chalchihuitán y Chamula, ante la presunción documentada de que desde ahí se desvían fondos para la compra de armas.
d. Confiscación de armas
e. Acciones judiciales efectivas

2. Reconocimiento del estatus legal de desplazamiento forzado interno.
a. Utilización y aplicación de protocolos
b. Garantías de seguridad e integridad personal a las personas desplazadas
c. Instalación de campamentos específicos para desplazados
d. Ayuda humanitaria
e. Salud integral
f. Garantías de seguridad para el retorno y reintegración.
g. Reparación integral del daño
h. Aplicación ley de desplazamiento forzado del gobierno del estado de Chiapas

3. Libre tránsito.
a. Rehabilitación de vías de comunicación
b. Presencia permanente de organismos civiles, nacionales e internacionales para garantizar la seguridad, la movilidad y el abasto. (CNDH|, CICR, UNICEF, Alto Comisionado de las Naciones Uidas, ACNUR, A.I.)

4. Garantías de seguridad para la observación de derechos humanos nacional e internacional en el ámbito civil.

5. Atención del problema de fondo a través de un diálogo político desde las estructuras comunitarias tradicionales y agrarias de ambos Bienes Comunales. Con observación de organizaciones de la sociedad civil. Por lo que exigimos que las instancias jurisdiccionales que en lo sucesivo conozcan y resuelvan sobre este caso, lo hagan con base y apego a los derechos colectivos (basados en la autonomía y libre determinación) que se consagran en los instrumentos internacionales que el Estado mexicano ha ratificado.

6. Solicitamos que la CNDH emita una recomendación, dado que no se cumplieron con las medidas cautelares hacia los gobiernos estatal y federal.

Campaña Popular Contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas
Colectiva CEREZA
Equipo de Atención Psicosocial Para la Situaciones de Violencia y Exclusión Social
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas A.C.
Comité Nacional Para la Defensa y Conservación de los Chimalapas
Maderas del Pueblo del Sureste A.C.
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C.
Casa de la Mujer Ixim Antsetik
Servicios y Asesoría Para la Paz
Salud y Desarrollo Comunitario A.C.
Fideicomiso Para la Salud de los Niños Indígenas de México, A.C.
Formación y Capacitación A.C.
Melel Xojobal A.C

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Negligencia del Estado mexicano ante desplazamiento forzado

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
13 de diciembre de 2017

Pronunciamiento conjunto

Negligencia del Estado mexicano ante desplazamiento forzado

Las organizaciones firmantes lamentamos la inacción de las autoridades de Chiapas y del gobierno federal para atender adecuadamente la urgencia humanitaria de más de 5000 indígenas tsotsiles en desplazamiento forzado en los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, Chiapas.

El pasado 9 y 10 de diciembre organizaciones de la sociedad civil de Chiapas, acompañadas por el Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR) realizamos una misión de observación y documentación de derechos humanos en el municipio de Chalchihuitán, entrevistándonos con las familias desplazadas, autoridades comunitarias, así como con autoridades municipales.

La misión de observación pudo verificar el clima de tensión y miedo que viven las personas desplazadas así como las y los pobladores de la cabecera municipal de Chalchihuitán.

Según los testimonios, nos indican que después del asesinato del Sr. Samuel Pérez Luna en Kanalumtik, Chalchihuitán, el día 18 de octubre del presente año, se profundizó la violencia y los disparos de armas de fuego sobre todo por las noches, por lo que desde esa fecha varias familias dormían en la montaña y por el día regresaban a sus domicilios a dar de comer a sus animales. Hasta el día 5 de noviembre cuando se desplazaron forzadamente debido a los disparos ocasionados por los grupos armados.

A pesar de lo difundido por el gobierno de Manuel Velasco Coello de estar resolviendo esta problemática, evidenciamos una crisis humanitaria: personas enfermas debido a la situación de desplazamiento, la falta de medicamentos y de una atención médica urgente y adecuada; carencia de alimentos apropiados a la cultura y a una alimentación sana, así como condiciones de salubridad en general que no solamente vulneran el derecho a una vida digna, sino que incluso ponen en riesgo la vida de las personas desplazadas, no sólo por el temor de ser asesinadas por los grupos armados, sino también por la ineficacia de las autoridades de Chiapas para atender la situación de acuerdo a los lineamientos de los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado de la Organización de Las Naciones Unidas y la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el estado de Chiapas.

Durante la misión pudimos constatar el corte y destrucción de la carretera en el tramo Las Limas – Chalchihuitán, único tramo carretero pavimentado para llegar a la cabecera municipal. Recordamos que la destrucción de dicha carretera fue realizada con maquinaria por parte de pobladores armados de Chenalhó como una forma de sitiar y controlar a la población de Chalchihuitán. Dicho corte ha impedido el ingreso de vehículos que abastezcan de alimentos, medicamentos, suministros e insumos a la población y quienes cruzan caminando lo hacen con miedo a ser asesinadas.

El abandono institucional y la pobreza estructural es histórica en el municipio de Chalchihuitán, siendo uno de los municipios más pobres y marginados de México, la situación de violencia que ahora se vive en ese municipio viene a profundizar mucho más este estado de vulnerabilidad social, donde las mujeres, niñas y niños se encuentran en mayor riesgo.

La misión de observación pudo constatar a través de diversos testimonios y entrevistas realizadas, la existencia de grupos armados, que operan de manera abierta en estos municipios, sobre todo en Chenalhó y cuya actividad es permitida por las autoridades de Chiapas y del gobierno federal. La responsabilidad de los partidos políticos es evidente en este conflicto, ellos a través de sus estructuras municipales y estatales han abonado a la impunidad.

En Chalchihuitán hay un clima de terror debido a la acción impune de los grupos armados, la violencia ha afectado a toda la población del municipio por la escasez y altos precios de los alimentos. Vemos con preocupación que por miedo a ser asesinados los pobladores no pueden ir a sus cultivos, perdieron lo de esta cosecha y no han podido sembrar para la próxima temporada como consecuencia no tendrán maíz, frijol y demás productos del campo para poder vivir, lo que pronostica una crisis alimentaria.

Observamos que niñas, niños y adolescentes están viviendo en condiciones inhumanas. Visten con la ropa con la que fueron obligados a salir de sus casas, que no es la adecuada para protegerse de las bajas temperaturas que se presentan en esta época del año. Además, hay numerosos casos de infecciones gastrointestinales y en vías respiratorias, y la alimentación es insuficiente e inadecuada. El suministro de alimentos procesados por parte del gobierno estatal, a los que no están acostumbrados, les provocan diarreas y agravan su condición de salud. Niñas y niños tienen miedo de que los maten, sueñan que les disparan, duermen intranquilos; están tristes, su entorno ha cambiado de manera abrupta. Tienen dolor de estómago y cabeza por la ansiedad y estrés que provoca el desplazamiento. De acuerdo con la información proporcionada han fallecido infantes en desplazamiento.

Las condiciones de por sí graves en las que se encuentran se exacerban por las condiciones preexistentes de pobreza en la que vive el 97% del municipio y por la impunidad, negligencia y omisiones del Estado para atender la situación de conflicto. En Chalchihuitán la tasa de mortalidad infantil en niñas y niños menores es de 166 por cada mil, trece veces más que a nivel estatal.

Constatamos la situación que viven la mujeres y niñas en situación de desplazamiento: la nula atención a una salud adecuada para ellas de acuerdo a sus necesidades, la vulnerabilidad y riesgo en la que se encuentran por la estructural violencia de género acentuada en condiciones de desplazamiento.

Las mujeres entrevistadas informaron sentirse con temor, preocupadas y enojadas porque han sido excluidas totalmente de las decisiones sobre la resolución de un conflicto que les afecta directamente. Recordamos que Chalchihuitán y Chenalhó son municipios que han sido señalados como parte de la Alerta de Violencia de Género (AVG) y el estado ha violentado el derecho a una vida libre de violencia.

Las organizaciones civiles integrantes de esta misión, creemos que no hay voluntad clara de las autoridades mexicanas de resolver esta situación, la espiral de violencia es cada vez más grave y las condiciones están dadas para que ocurra un hecho de violencia más grave que nos recuerdan las condiciones que se daban en esa misma región hace 20 años antes de la masacre de Acteal.

Las decisiones erradas de la entonces Secretaria de la Reforma Agraria para resolver el problema limítrofe entre Chalchihuitán y Chenalhó que ha traído una tensión histórica entre ambos municipios, las acciones contrainsurgentes a través de la implementación del Plan de Campaña Chiapas ‘94 en la región, la liberación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de los paramilitares responsables de la masacre de Acteal, la violencia histórica con la que operan los grupos civiles armados en Chenalhó, los conflictos generados por los partidos políticos, de manera específica por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a través de la alcaldesa Rosa Pérez Pérez, con el cobijo del ahora gobernador Manuel Velasco Coello han traído una violencia cíclica, aumentando la impunidad que se vive en la región.

Las organizaciones integrantes de la misión de observación y documentación de derechos humanos y firmantes de este pronunciamiento hacemos un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno:

  • Exigimos un alto al fuego, desarme y sanción a los grupos civiles armados en la región, así como una investigación a fondo de las autoridades responsables de la organización y actuación de los grupos armados.
  • Al gobernador Manuel Velasco Coello le exigimos asumir su responsabilidad como mandatario del estado y atender de manera integral y de fondo la espiral de violencia que existe en la región, las violaciones a derechos humanos y emergencia humanitaria en la que encuentran las y los desplazados de Chalchihuitán y Chenalhó.
  • Es importante que el estado mexicano reconozca la situación de emergencia y desplazamiento forzado de los habitantes de Chalchihuitán y Chenalhó, para su atención integral de acuerdo al marco legal y a la normativa internacional de derechos humanos.
  • Es urgente crear las condiciones que garanticen la vida y la integridad personal de las y los desplazados para que puedan retornar de manera de segura, como lo marcan los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos en caso contrario el gobernador de Chiapas será responsable de la pérdida de vidas a consecuencia del desplazamiento.
  • Frente al riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de niñas, niños y adolescentes es importante la ejecución y coordinación de medidas urgentes de protección como lo marca la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y garantizar el derecho de prioridad en la atención a la infancia.
  • Pedimos a las autoridades municipales y tradicionales de Chalchihuitán y Chenalhó para que a través del diálogo y mediación puedan resolver el problema histórico de límites entre ambos municipios y que fue creado por las instituciones del gobierno.

Ante la crisis humanitaria se hace necesaria la solidaridad internacional y nacional, debido a la ineficacia e incapacidad de atender esta situación de emergencia por parte de los gobiernos federal y estatal. Urge ayuda humanitaria para las comunidades desplazadas.

Campaña contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C
Servicios y Asesoría para la Paz A.C
Melel Xojobal A.C

 

Ante la emergencia humanitaria necesitamos de tu solidaridad:

Enviar su ayuda a Cáritas, Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Prolongación Benito Juárez #8, Planta Alta, Colonia Maestros de México, C.P. 29246 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tel. 01 967 6786479. Celular de emergencia 967 1203722. caritas@caritasancristobal.org

Donativos económicos para emergencias
Cáritas de San Cristóbal de Las Casas A.C
BANCO MERCANTIL DEL NORTE
Cuenta: 0642624985
Clabe::072130006426249855
BIC/SWIFT: MENOMXMTS S.A.

 

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Escucha los testimonios en audio:

 

 

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Fotografía cortesía del Párroco Marcelo Pérez

Grave riesgo y crisis humanitaria en Chalchihuitán, Chiapas

 

Comunicado de Prensa

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; 12 de diciembre de 2017

Grave riesgo y crisis humanitaria en Chalchihuitán, Chiapas

• Organizaciones peticionarias de la Alerta de Violencia de Género en Chiapas urgen a autoridades federales y estatales atender la situación de violencia contra mujeres, niñas y personas adultas por ser quienes están exponiendo en mayor riesgo la vida e integridad física.

Las organizaciones civiles peticionarias de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), e integrantes de la Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas, hacemos del conocimiento público que el día de hoy hemos enviado comunicaciones urgentes dirigidas a las autoridades federales, estatales y organismos internacionales de Derechos Humanos haciendo un llamado urgente para que prevengan una posible confrontación o ataque de consecuencias irreparables por el conflicto que se agrava entre el Municipio de Chenalhó y Chalchihuitán en la Zona Altos de Chiapas.

En ese sentido hemos solicitado vía oficio a Enrique Peña Nieto, Presidente de México, y a Manuel Velasco Coello, Gobernador de Chiapas, que cumplan con las obligaciones de su mandato como autoridades para que eviten una inminente confrontación armada entre pobladores de los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán que se agravó debido a que la entonces Secretaria de Reforma Agraria (SRA), hoy SEDATU, entregó irresponsablemente, mediante resoluciones presidenciales de restitución y titulación de tierras, las mismas 900 hectáreas a comuneros de San Pablo Chalchihuitán en 1973 como de San Pedro Chenalhó en 1975, situación que ha provocado conflictos no resueltos por las autoridades federales y estatales.

En últimos meses el problema se recrudeció tras el asesinato del señor Samuel Pérez Luna, ocurrido en Octubre de este año, quien era poblador de la localidad Canalumtik, municipio de Chalchihuitán, lo que reactivó las confrontaciones entre ambos grupos, mismos que no pudieron resolver a través de las mesas de diálogo establecidas durante el mes de noviembre de este año, en la que intervinieron autoridades del gobierno federal y estatal, agrarias, militares, y de seguridad nacional sin llegar a resultados positivos, sin atender a la obligación que tienen tras ser causantes del conflicto como por responsabilidad institucional.

La falta de solución al problema agrario se complica con la existencia de grupos paramilitares, posiblemente relacionados con el narcotráfico y al ayuntamiento de Chenalhó, que atacaron a la población indígena tsotsil de Chalchihuitán que vive en las colindancias de los bienes comunales provocando el desplazamiento forzado interno de más de cinco mil personas, a través de amenazas, detonación de armas de fuego de alto calibre, quema de casas, robo de animales y cultivos, derivando un cerco paramilitar para el municipio de Chalchihuitán así como en la inseguridad y nuevos desplazamientos en toda la región.

Chalchihuitán se encuentra entre los municipios con mayor pobreza extrema tanto de Chiapas como del país. Ante la omisión del Estado frente al caso, las autoridades comunitarias afectadas han declarado públicamente que se encuentran en “Alerta Roja” y que el problema se ha politizado con la disputa electoral entre los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) que representa la presidenta Rosa Pérez Pérez y el Revolucionario Institucional (PRI) al que pertenece el presidente de Chalchihuitán, Martín Gómez Pérez, frente a lo cual el Gobierno ha demostrado su incapacidad para gobernar y garantizar la paz y seguridad en Chiapas.

Por la situación de violencia socio-política, la población desplazada está viviendo en condiciones infrahumanas que se agravan por el frío extremo, lluvia constante, falta de alimentos, abrigo, sin lugar donde protegerse, el cerco paramilitar y el aislamiento, han muerto hasta ahora cuatro niños y dos adultos. La atención médica que el Estado ha implementado es básica y no responde a las enfermedades crónicas que padece la población, las que se agravarán como resultado de esta crisis. Las mujeres, niñas y niños presentan cuadros de enfermedades respiratorias, gastrointestinales, y otras que han agravado la histórica situación de pobreza, marginación y abandono institucional que se vive cotidianamente. El problema ha afectado a toda la población del municipio por la escasez y altos precios de los alimentos, la imposibilidad de que los hombres salgan a trabajar, la amenaza de la pérdida de la cosecha de café, la falta de libre tránsito y la inseguridad.

Ante este problema de violencia estructural, una Comisión de la Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas realizamos una visita in situ, el pasado 9 y 10 de diciembre, en la zona de desplazamiento siendo testigos de la gravedad del conflicto, sobre todo de la difícil situación de las mujeres, niñas y niños desplazados en las montañas.

Las mujeres entrevistadas informaron que se sienten muy preocupadas y enojadas porque han sido excluidas de las decisiones sobre la resolución del conflicto que les afecta directamente. Se sienten tristes por no poder regresar a sus casas, por los robos, por la quema de viviendas, por los abuelos y abuelas que no pudieron salir.

Este caso que involucra a Chalchihuitán y Chenalhó, ambos municipios que son parte de la Alerta de Violencia de Género, demuestra la situación de violencia estructural existente en Chiapas misma que no fue incluida y considerada dentro de las medidas a implementar para erradicar la violencia contra las mujeres. La marginación histórica y la pobreza extrema, el racismo, la desigualdad, la exclusión, la paramilitarización, la guerra contrainsurgente, la impunidad, corrupción y no ejercicio de derechos, son parte de la violencia estructural que caracteriza a esta entidad y que denunciamos en el marco de la solicitud de Alerta de Violencia Género para Chiapas, en el año 2013, como origen de todos los problemas que se consideraron en esta declaratoria. Reiteramos que mientras no se resuelvan los problemas estructurales, la violencia se seguirá multiplicando en la entidad.

Además de ser un problema originado por el Estado, la situación deja claro que los gobiernos federal y estatal no han cumplido con el compromiso que adquirieron al declarar la Alerta de Violencia Género para Chiapas, y de manera específica para los municipios indígenas de la Zona Altos de Chiapas.
En vista de las circunstancias hacemos responsable al gobierno federal y estatal por la masacre que pueda suscitarse ante la falta de una solución oportuna como la ocurrida en la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó, el pasado 22 de diciembre de 1997 en donde se responsabilizó a la población de los actos de violencia perpetrados por grupos paramilitares.

Ante la gravedad de lo expuesto las peticionarias de la Alerta de Violencia de Género, exigimos puntualmente al Estado Mexicano que:

I. Reconozca su responsabilidad en el conflicto agrario, deslinde responsabilidades ubicando y sancionando los intereses político-electorales.
II. Haga propuestas adecuadas e implemente las medidas necesarias para que las partes en conflicto encuentren una solución pacífica apegada a los derechos humanos.
III. Garantice con urgencia la seguridad e integridad física y psicológica de las personas desplazadas así como de los habitantes de los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, cumpliendo con sus obligaciones constitucionales y deberes internacionales.
IV. Que cumpla y de seguimiento a las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y recomendadas por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para atender a la población desplazada.
V. Garantice y restablezca el libre tránsito hacia Chalchihuitán y la región, así como el abasto de alimentos y medicamentos.
VI. Que atienda la situación de desplazamiento forzado interno con base a la aplicación de los principios rectores nacionales e internacionales sobre la materia.
VII. Que cumpla con las medidas derivadas de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para Chiapas, específicamente para los municipios indígenas de la Zona Altos.
VIII. Que ante la emergencia humanitaria solicite la intervención y asistencia técnica del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Hicimos saber a las autoridades federales y estatales también que ante la omisión del Estado Mexicano frente a una posible masacre anunciada, estamos haciendo un llamado a los organismos internaciones de protección de los derechos humanos y a los pueblos de México y del mundo para que se pronuncien y exijan garantizar la vida, seguridad y libertad de los pueblos de Chenalhó y Chalchihuitán.

¡No más violencia contra las mujeres!

Atentamente:

Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres
y el Feminicidio en Chiapas

Descarga el comunicado en PDF aquí

chalchihuitan

Fotografía cortesía del Párroco Marcelo Pérez

En Chiapas, declaramos Estado Feminicida

 

Comunicado de Prensa

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; 20 de noviembre de 2017

En Chiapas, declaramos Estado Feminicida

• A un año de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en Chiapas, acciones y omisiones recurrentes del gobierno y sus instituciones constituyen violaciones a los Derechos de las Mujeres.

A 10 años de la creación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y a un año de haberse declarado la Alerta de Violencia de Género para las Mujeres de Chiapas (DAVGM), nos siguen matando; entre el 18 de Noviembre de 2016 al 13 de Noviembre de 2017 como organizaciones civiles hemos registrado los siguientes datos: 119 muertes violentas que deben investigarse como feminicidios y 46 feminicidios documentados; mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) registra en 2017, de Enero a Octubre, 27 feminicidios y 35 muertes dolosas lo que arroja un total de 62 mujeres asesinadas en Chiapas.

El pasado 18 de Noviembre del año 2016 el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASVM) emitió Declaratoria de Violencia de Género para el estado de Chiapas; desde entonces las organizaciones peticionarias de la DAVGM hemos dado puntual seguimiento junto a familiares de víctimas, sobrevivientes de violencia feminicida, organizaciones civiles, personas y colectivos que integran la Campaña Popular Contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas.

En ese sentido, a lo largo de este año hemos asistido a las cuatro sesiones del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) y a varias mesas de trabajo que se han convocado por distintas instituciones del gobierno de Chiapas, encargadas de la implementación de las medidas para atender la DAVGM, mismas en donde se han tomado acuerdos para la implementación de medidas urgentes en materia de capacitación de servidores y servidoras públicos, prevención, justicia, medidas de reparación, difusión y denuncia.

No obstante, al cumplirse un año del ordenamiento federal para que el gobierno estatal asuma ante el Sistema y la sociedad las acciones para impulsar la instrumentación de lo que mandata el Reglamento de la LGAMVLV y que indica: “La declaratoria de alerta de violencia de género tendrá como finalidad detenerla y erradicarla, a través de acciones gubernamentales de emergencia, conducidas por la Secretaría de Gobernación en el ámbito federal y en coordinación con las entidades federativas y los municipios”.

Y al observar que esta obligación, impuesta al Estado Chiapaneco, no se cumple para que con responsabilidad, urgencia y eficacia implemente las medidas de la Declaratoria a fin de evitar, sancionar y generar medidas de no repetición para garantizar una vida y espacios libres de violencia contra las mujeres en Chiapas denunciamos:

1.- La dilación injustificada de las instituciones del gobierno estatal, en concreto de la Secretaría de Gobierno y la Fiscalía General del Estado, de cumplir con los acuerdos que permitirían subsanar o disminuir la negligencia institucional como el procedimiento de investigación, la aplicación de protocolos, medidas de protección, servicios de traducción y la asistencia profesional en el servicio público para atender, canalizar y erradicar vicios frecuentes como: el desconocimiento y nula aplicación de protocolos y normas para la atención de violencia contra las mujeres, corrupción y abuso de los cuerpos policíacos, prejuicios y estereotipos machistas de los administradores de justicia y la articulación de dependencias para la atención integral de víctimas y sobrevivientes.

2.- La ineficaz coordinación entre las instituciones de los tres órdenes del gobierno, municipal, estatal y federal, para brindar atención integral a los casos, situaciones y contextos en donde las agresiones contra las niñas y mujeres y el feminicidio refleja la desproporcionada dimensión de la creciente violencia en Chiapas.

3.- La ausencia y vacío de autoridad del poder ejecutivo estatal ya que a lo largo de este año el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, no logró convocar a una sola reunión en donde estuvieran presentes los alcaldes municipales de las 23 localidades señaladas por el organismo federal para la implementación de medidas urgentes para la atención de la DAVGM; incluso algunos alcaldes hicieron llamados al Gobierno Estatal evidenciando el olvido y desprecio del Poder Ejecutivo en relación a su falta de interés en atender los alarmantes índices e indicadores de violencia en los 124 municipios de la entidad.

4.- La instrumentalización y el uso de los recursos destinados a la DAVGM para promocionar la descalificada imagen del gobernador, que simula la atención de las causas de la violencia estructural en Chiapas, como la pobreza, injusticia y violencia contra las mujeres, con fines electorales tal como lo han expresado seguidores de su partido Verde asegurando que se precisa de la reelección y/o recolocación en cargos públicos para cumplir con la implementación de la Declaratoria de Alerta de Género en Chiapas.

5- La discriminación a mujeres, racismo y clasismo del gobernador Velasco Coello que ha quedado patente públicamente en mensajes publicitarios machistas y misoginos al expresar “mis mujeres”, con un sentido de pertenencia y paternalismo de aquellas personas que acuden a los eventos multitudinarios que acarrean los programas asistenciales y de desarrollo social.

6.- El desprecio por la vida de las niñas, adolecentes, mujeres y ancianas que día a día peregrinan por el calvario de las instituciones del gobierno estatal en busca de ser atendidas y escuchadas al ser víctimas de violencia en cualquiera de sus formas y expresiones: directa, sexual, psicológica, laboral, obstétrica, institucional, simbólica, cultural, patrimonial, económica, feminicida y/o estructural.

7.- La recurrente omisión e invisibilización de la violencia que particularmente padecen mujeres inmigrantes y refugiadas, niñas y mujeres con capacidades diferentes, personas indígenas, el tráfico y trata de personas que en Chiapas, por ser estado fronterizo, caracterizan a la Alerta de Violencia de Género y su urgente atención multicultural, pluriétnica y generacional.

8.- El estado continua inmerso en un conflicto armado interno, y esta situación de guerra, que militariza al estado y recrudece la violencia y violación de derechos humanos con antecedentes no resueltos de grave violencia contra las mujeres, en especial indígenas, niñas, adolecentes, pobres como la Masacre de Acteal que es un Feminicidio y genocidio dando como respuesta actos de represión contra los movimientos civiles y sociales.

9.- Sigue sin respuesta el tema de la atención puntual a mujeres víctimas de violencia, en especial por el acceso a la justicia y a la salud en casos de abuso sexual, físico, psicoemocional y otros, no hay traducción e interpretación con pertinencia cultural ni perspectiva de género, seguimos siendo el primer lugar en abuso infantil y embarazo en adolecentes, las ofendidas y víctimas no cuentan con Defensor/as Victímales, el tema judicial quedo sin atenderse y agrava las condiciones de indefensión en el nuevo Sistema Penal acusatorio, que las deja en estado de indefensión sean ofendidas e incluso acusadas.

10.- Las víctimas directas de feminicidio y tentativa, familiares, testigos, peritos, defensoras y acompañantes, incluidas desde el inicio de la solicitud y casos paradigmáticos, siguen sin encontrar total satisfacción al derecho a la justicia, a la vida, a la integridad, a la verdad. Hay un número indeterminado de niñas/os huérfanas/os de por lo menos 200% más que las víctimas mortales -pues el padre mató a la madre- sin atención y sin justicia de medidas integrales de protección y reparación del daño.

Estas razones y otras que hemos plenamente documentado a lo largo de este año de la DAVGM son las que nos permiten caracterizar que en Chiapas y en México tenemos un Estado Feminicida ya que no sólo es permisivo sino cómplice de la violencia contra las niñas, mujeres y ancianas y la creciente violencia feminicida en nuestras casas, calles, comunidades y ciudades de la entidad.

Hacemos un llamado urgente a la Sociedad Civil, a familiares de mujeres asesinadas, sobrevivientes y víctimas de violencia a que nos organicemos para juntas demandar al Estado Mexicano por incumplimiento no sólo de la DAVGM sino por la reiterada omisión al Derecho a la vida, igualdad, libertad y seguridad personal, igual protección ante la ley, ser libre de todas las formas de discriminación, a la salud física y mental, condiciones de trabajo justas y favorables, a no ser sometida a torturas ni tratos crueles y/o denigrantes que constituyen las más reiteradas violaciones a los Derechos de las Mujeres que documentamos en nuestro quehacer cotidiano.

¡No más violencia contra las mujeres!

Atentamente:
Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas

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Revista Telares 08 del CDMCH, especial sobre Alerta de Violencia de Género (AVG)

En este número de Revista Telares, la Voz de las Mujeres, las compañeras del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, AC (CDMCH) comparten información sobre el contexto de violencia directa, institucional y estructural que obligó a las autoridades federales a emitir la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para las Mujeres de Chiapas (AVGM); esta medida urgente refleja uno de los rostros más de la descomposición del sistema capitalista, neoliberal, neoextractivista y patriarcal, en este número un balance de la fallida implementación.

La solicitud de Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) en Chiapas ha sido un instrumento para construir redes de mujeres y hombres de base que se movilizan contra la impunidad tomando conciencia de la gravedad del problema en Chiapas.

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