“Denunciamos a la UNAM y al Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA) campus Morelia por violencia de género y encubrimiento de los agresores”

27 de marzo del 2018.

A LA OPINIÓN PÚBLICA
A LA UNAM Y SU CENTRO DE INVESTIGACIONES EN GEOGRAFÍA AMBIENTAL, CAMPUS MORELIA.

 

En los últimos meses se han hecho públicos diversos casos de acoso sexual hacia las mujeres en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del grave actuar de la institución al bloquear los procesos de justicia y no atender a las represalias que se ejercen contra quienes se han atrevido a denunciar dichos atropellos.

En este contexto, nuestra compañera Sol Pérez Jiménez, integrante del colectivo Geocomunes, de nuestra Red, y académica comprometida con la investigación del destructivo modelo minero, ha denunciado las múltiples violencias de género que ha vivido dentro de esta institución, en el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA) campus Morelia.[1]

Ante la omisión de la UNAM al respecto y la indignación por la falta de atención a éste caso de violencia machista y el encubrimiento que implica, denunciamos al Dr. Pedro Urquijo Torres, adscrito a dicho Centro, por atacar a la compañera Sol durante una práctica de campo en el año 2015, causándole graves daños a sus salud física y psicológica. Sabemos que dicho sujeto no sólo agredió a la compañera físicamente, sino que ha tratado de desacreditarla en múltiples ocasiones.

Desde la REMA, denunciamos de manera enérgica este acto de violencia hacia nuestra compañera y también todas las agresiones que viven las mujeres de parte de académicos que se aprovechan de su labor de docentes para abusar de ellas en estos espacios.

La violencia hacia las mujeres es generalizada; se les somete de manera reiterada a agresiones físicas y psicológicas a lo largo de su vida: al estudiar, al laborar, en la calle, en la familia; viven con las constantes actitudes de ejercicio de poder que intentan decidir sobre su cuerpo, su sexualidad, su educación y su trabajo. Esta violencia es ignorada, encubierta y hasta fomentada por otros académicos e incluso por estudiantes.

Este es el caso de nuestra compañera Sol Pérez, quien después de ser agredida por el Dr. Urquijo Torres también ha vivido amenazas psicológicas de parte del académico Dr. Claudio Garibay Orozco, quien hizo uso de su poder, aprovechándose de su posición jerárquica, para prohibirle que difundiera una base de datos sobre conflictos mineros elaborada por ella.

Esas agresiones y amenazas fueron a su vez conocidas por el Dr. Antonio Vieyra, Director del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA), quien no sólo ha decidido ignorar la situación, sino que aceptó que nuestra compañera cambiara de sede y tutor a condición de no mencionar esas agresiones en su carta de motivos hacia el Comité Académico y que solo hiciera mención a “motivos personales” sin especificar, cuando el origen principal de dicho cambio de sede es precisamente la serie de agresiones referidas.

Aunque Sol Pérez ha hecho diferentes denuncias, solo ha recibido las cotidianas “respuestas” de una sociedad patriarcal en su misma sede de trabajo, aduciendo sin fundamento alguno que “se ha imaginado cosas”, que “también ella coqueteaba”, que “fue sin querer”, poniendo en duda las declaraciones de nuestra compañera en razón del hoy cuestionable “mérito académico” del agresor, Dr. Urquijo Torres. La respuesta a su denuncia ha sido, en síntesis, de franca complicidad, lo que incrementa el agravio.

El testimonio de la compañera evidencia las graves actitudes machistas de parte de la instancia académica referida y de parte de toda la institución a que se adscribe, así como las graves deficiencias que existen en la legislación universitaria para sancionar los temas de violencia de género al interior de la universidad. Los directivos de los centros académicos o de investigación debieran, por el respeto irrestricto a la integridad de todo su personal, impulsar las medidas de sanción ejemplar a los agresores de todo nivel. Sin embargo, en razón de velar las relaciones de amistad y de intereses académicos que pueden existir entre directores e investigadores acusados de agresión, muchas veces las denuncias son ignoradas e invalidadas.

Desde la REMA, repudiamos a los académicos agresores de las mujeres y hacemos fuerte la exigencia de responsabilizar y sancionar el acoso, hostigamiento, y todo tipo de violencia física y psicológica cometida a ellas. La defensa del territorio en nuestro país y la lucha contra el despojo requiere de la colaboración de diferentes sectores de la sociedad: medios de comunicación, organizaciones de base, y academia, entre otros. Sin embargo, esa defensa no puede articularse si esta sociedad continúa reproduciendo la violencia de género hacia las mujeres: para nuestra Red es lamentable que la referida universidad y sus instancias correspondientes no respondan a las denuncias hechas por las alumnas, especialmente el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA) donde laboran los investigadores denunciados por nuestra compañera. Exigimos justicia para nuestra compañera Sol Pérez y para todas las otras mujeres víctimas de agresiones de género en la UNAM, y en nuestra sociedad en general.

También exigimos que el Dr. Urquijo Torres sea juzgado y castigado en función de los hechos presentados y no encubierto por su mérito académico. Nos preocupa que esta persona pueda seguir ejerciendo su profesión laboral sin problema, exponiendo a otras alumnas a sus conductas y agresiones machistas. Para terminar exigimos que el Dr. Antonio Vieyra deje de actuar en función de intereses académicos o amistosos, respaldando a un agresor por su labor académica, y que actúe en función de las responsabilidades que tiene como director de una institución pública a cargo de la seguridad de todas las personas que la frecuentan.

Convocamos a la comunidad estudiantil y profesional y a redes nacionales e internacionales con las que trabajamos a difundir este comunicado. Es importante apoyar a las compañeras que se atreven a denunciar este tipo de agresiones y que se sepa que los agresores machistas a los cuales las mujeres se enfrentan a lo largo de su vida, también están en las aulas

 

¡Basta de las conductas y agresiones machistas dentro de la UNAM!

¡La UNAM debe respaldar a las víctimas y no a sus agresores!

RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

 

[1] Ver testimonio completo: https://www.reporteindigo.com/reporte/reprueba-unam-en-acososexual-seguimiento-denuncias-violencia-genero-represalias-mujeres-maestros/

 

Descarga el comunicado de REMA en pdf

Página del REMA: https://bit.ly/2GCJnI4

 

Foto: Cimac Noticias

 

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CONAVIM da revés a los derechos de las mujeres en México

 

COMUNICADO DE PRENSA 

CONAVIM da revés a los derechos de las mujeres en México

CONAVIM obstaculiza implementación de las alertas de violencia de género 

 

27 de marzo de 2018.

 

Organizaciones peticionarias de Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVG) en diversos estados del país, denunciamos los graves retrocesos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) para garantizar los derechos de las mujeres en México.

A pesar de que el propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública documentó de 2015 a 2017 el asesinato de 8,190 mujeres en todo el país, de los cuales sólo 1,640 fueron investigados como feminicidio -es decir en 20% de los asesinatos- existe una omisión por parte de las autoridades federales para realizar acciones urgentes y efectivas para erradicar la violencia feminicida que prevalece en diversas entidades.

A casi tres meses de la llegada de la nueva Comisionada de la CONAVIM, Angela Quiroga, organizaciones de diversos estados del país, vemos con preocupación el estancamiento, retroceso y dilación de la nueva administración, lo que pone en riesgo los avances logrados para garantizar los derechos de las mujeres.  

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) conformado por 40 organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres en 22 estados del país, la Red  Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” A.C., Justicia Pro Persona A.C. y el Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de  Vitoria O.P. A.C. hemos documentado acciones, omisiones e irregularidades de la CONAVIM en los procedimientos de AVG como:

-Retardos injustificados en la notificación de los informes sobre las AVG, lo que se contradice con la imperiosa necesidad con la que se deben atender, ante la gravedad y urgencia de problemáticas como el feminicidio y las desapariciones de niñas y mujeres. Esto ha ocurrido ante las solicitudes de las Declaratorias en la Ciudad de México, Tlaxcala y el estado Puebla.

-Detenimiento de las mesas de trabajo para la elaboración de dictámenes sobre el cumplimiento de las medidas de las AVG declaradas en estados como: Nuevo León, Estado de México y Chiapas. Lo que impide realizar una evaluación y saber si es necesario emitir nuevas medidas.

-Limitación de la participación de organizaciones de la sociedad civil en el procedimiento de AVG. No tener voz, ni voto y condicionar su participación al arbitrio de la CONAVIM, es una de las recientes prácticas documentadas.

-Caso omiso a los indicadores de resultado y de impacto para medir el cumplimiento de las medidas y recomendaciones de las AVG y el cese de la violencia feminicida, elaborados con Amnistía Internacional y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

-Detenimiento de la publicación de la reforma al Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) con la cual se busca fortalecer el mecanismo de la AVG, mismo que es un resultado de los Amparos realizados por las OSC en los procedimientos del Estado de México, Nuevo León y Chiapas.

Aunado a estos retrocesos graves, es de nuestro conocimiento que en los últimos dos meses la CONAVIM se ha reunido con los gobiernos -sin que participe el Grupo de Trabajo y mucho menos las organizaciones peticionarias de las AVG-, para acordar las situaciones relacionadas con las alertas.Cabe destacar que éstos no están dentro del procedimiento del propio mecanismo, y que son contrarias al propio objetivo de la AVG, ya que emitir los informes de recomendaciones, declarar los alertas o levantarlas, no depende de la voluntad de los estados sino del cumplimiento de las recomendaciones y del cese de la violencia.

Como organizaciones defensoras de los derechos humanos, particularmente los derechos de las mujeres exigimos a la Secretaria de Gobernación:

-Acciones inmediatas y efectivas para salvaguardar la vida e integridad de las mujeres en México.

-Cese de la simulación y atención urgente a los pendientes y vacíos en las solicitudes  y seguimiento  a las alertas realizadas en el Estado de México, Veracruz, Jalisco, Tlaxcala, Puebla y la Ciudad de México.

-Cumplimiento de la recomendación del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en la que pide al Gobierno mexicano eliminar las barreras para la implementación del mecanismo de la AVG y así como la realización de políticas públicas garantizar la seguridad e integridad de las mujeres.

Recordamos a las autoridades, sociedad civil y a las organizaciones nacionales e internacionales que trabajamos a favor de los derechos de las mujeres que el mecanismo de las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres fue hecho para proteger a las víctimas y sus derechos, no a los gobiernos.

De enero de 2014 a diciembre de 2017 el OCNF registró 8,904 asesinatos de mujeres en todo el país, de los cuales sólo 2,188 casos han sido investigados como feminicidios, por lo que estaremos atentas de las acciones y omisiones que a partir de esta fecha realice el organismo federal, pues hasta la fecha su actuar pone en duda un compromiso auténtico con las mujeres en México.

Atentamente,

Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) 

Red  Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos 

“Todos los Derechos para Todas y Todos” A.C.

Justicia Pro Persona A.C.

Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de  Vitoria O.P. A.C.

 

Descarga el comunicado

Fuente original: http://observatoriofeminicidiomexico.org.mx/comunicado/comunicado-conavim-da-reves-a-los-derechos-de-las-mujeres-en-mexico/

Comunicado de la Coordinación Diocesana de Mujeres (CODIMUJ)

Comunicado.

Parroquia San Pedro y San Pablo, Chicomuselo, Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 24 de marzo de 2018.

 

A LOS DISTINTOS NIVELES DE GOBIERNO
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LAS DISTINTAS DENOMINACIONES RELIGIOSAS.
A LOS HOMBRES Y MUJERES DE BUENA VOLUNTAD.

 

“Ellas tienen los mismos derechos, y que la violencia contra las mujeres debe cesar”. (Papa Francisco)

 

 

Las mujeres que nos reunimos el día de hoy en el marco del foro denominado ”Los derechos de la mujer, también son derechos humanos”, realizado en la localidad Pablo L Sidar, municipio de Chicomuselo, Chiapas. Expresamos nuestra indignación por la desigualdad, la discriminación y la violencia en contra de nosotras las mujeres y niñas de nuestro municipio, estado y país.

Desde años ancestrales el papel de la mujer en la sociedad ha sido subordinado por el hombre y avalado por las diversas dependencias gubernamentales.

Por tal razón, nos reunimos el día de hoy para mirar nuestra realidad con ojos, mente y corazón de mujer, y para decir, Ya basta de tantos atropellos a nuestra dignidad como mujer,

A más de un año de la declaración sobre la Alerta de Violencia de Género en Chiapas, la violencia hacia las mujeres ha incrementado debido a que las dependencias gubernamentales no han ejercido acciones preventivas, de justicia, de reparación del daño o a la vez una amplia difusión de cero tolerancia a quienes violenten los derechos de las mujeres,

Como mujeres nos reconocemos en la lucha digna y persistente que por décadas hemos llevado a cabo desde diferentes espacios por la defensa de nuestros derechos humanos, en particular por la autonomía, por una vida libre de violencia y por la defensa de nuestros territorios amenazados por el despojo a causa de los intereses económicos promovida desde las grandes empresas, como es la industria cervecera, que provoca alcoholismo y como consecuencia, enfermedades, división en las familias, pobreza, pleitos e incluso la muerte, empresas mineras que provocan deforestación, contaminación, conflictos comunitarios, entre otros, y otras más, que promueven el despojo de nuestros derechos.

Por lo tanto hacemos un llamado a las autoridades en sus distintos niveles, organizaciones de la sociedad civil y a la población en general a redoblar esfuerzos para lograr la igualdad de género, y erradicación de la violencia, de manera que mujeres y hombres tengamos las mismas oportunidades de participación y desarrollo en la sociedad.

Manifestamos que las iniciativas promovidas desde las instituciones del gobierno del Estado no han sido suficientes para erradicar la violencia hacia nosotras las mujeres, si bien es cierto que se han aprobado leyes en materia de protección, es necesario promover mayores acciones y garantizar que estas sean efectivas, ya que muchos casos de violencia han quedado en total impunidad.

Condenamos la persecución y criminalización hacia las mujeres y hombres que luchan desde diferentes espacios por la construcción de un mundo más justo y fraterno para todos y todas. Las Animamos y nos solidarizamos con todas ellas porque su lucha también es nuestra.

Es necesario eliminar la discriminación y la violencia que se ejerce en contra de las mujeres, pues constituyen grandes barreras para el ejercicio pleno de nuestros derechos.

Los grupos de mujeres organizados en la Coordinación Diocesana de Mujeres, (CODIMUJ) reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando incansablemente para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, a través actividades de difusión, talleres de capacitación, promoción y observancia, y a la vez invitamos a que luchemos juntos: hombres, mujeres, niñas y niños para salvaguardar la vida, la libertad, la dignidad, y la justicia para las niñas y mujeres víctimas de violencia de género.

*-*


Comunicado de l@s desplazad@s de Chalchihuitán en conferencia de prensa

Comunicado


22 DE MARZO DE 2018.

 

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.

A LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTATAL, NACIONAL E INTERNACION.

A LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS.

AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ENRIQUE PEÑA NIETO

AL GOBERNADOR MANUEL VELASCO CUELLO.

AL PUEBLO EN GENERAL.

 

Los desplazados de Chalchihuitán nos manifestamos ante los medios de comunicación, ante la opinión pública nacional e internacional y ante los gobiernos responsables de velar por la paz e integridad física de nosotros y de nuestras familias, como marca nuestra constitución mexicana. A fin de DENUNCIAR TODAS LAS SITUACIONES INHUMANAS QUE VIVIMOS Y SUFRIMOS como desplazados. Quisiéramos que nuestras palabras puedan llegar a muchos oídos; principalmente a los oídos y en el corazón del presidente de la Republica Enrique Peña Nieto y del gobernador Manuel Velasco Cuello, que son responsables de la situación del Estado y del País, deseamos que estos gobiernos recobraran sus sentidos y recordaran sus obligaciones de hacer justicia en el ámbito de sus competencias, para el bienestar y la paz de sus gobernados, para que podamos vivir con tranquilidad en nuestras comunidades, en nuestro municipio, en nuestro estado y en nuestro país. Hoy venimos a hacerles saber que vivimos en situaciones deplorables e inhumanas, vivimos en las montañas para guardar y proteger nuestras vidas y la de nuestras familias, porque los paramilitares de la presidenta municipal de Chenalhó, la Lic. Rosa Pérez Pérez y del Presidente del comité estatal del partido verde ecologista de México el Lic. Eduardo Ramírez Aguilar, nos quieren matar y nos han despojado con violencia nuestras tierras, quemaron nuestras casas, robaron nuestras cosechas, mataron nuestros animales, nos desalojaron hacia las montañas, y ahora continúan sus disparos de armas de fuego de alto poder en esa zona de conflicto.

Señor presidente ENRIQUE PEÑA NIETO Y gobernador MANUEL VELASO CUELLO, ustedes son gobernantes y nadie les obligo para que sean, ustedes pidieron ser gobiernos y juraron cumplir y hacer cumplir las leyes del país y del Estado, para que haya paz y tranquilidad en la vida de sus gobernados, ¿porque entonces, nos hacen vivir en la intranquilidad y en la injusticia?, ¿Qué les hemos hecho a ustedes para que nos condenaran a vivir y morir de esta manera?, ¿qué coraje tienen con nosotros?, ¿Qué daños les hemos hecho ustedes?, ¿Cuál es nuestro delito para que nos condenen a morir de ésta forma?, ¿creen que no sentimos hambre, dolor y angustia? O ¿es nuestra culpa ser indígena?. Ya basta señor presidente Enrique Peña Nieto y gobernador Manuel Velasco Cuello, les pedimos que dejen un lado su coraje y odio contra nosotros, piensen y vean que somos personas como ustedes y que necesitamos que nos hagan justicia, que las leyes protejan nuestra vida, nuestros derechos y nuestros bienes, como gobiernos que son atiendan nuestras necesidades y problemas. Porque hoy sufrimos frio, hambre, enfermedades de tos, diarrea, gripa, calentura, vomito, calambre y entre otros, todo eso, nadie lo siente, nadie lo ve y nadie lo escucha, ningún gobierno nos voltea a ver, ni federal, ni estatal, ni municipal, ustedes les bastan que viven con mucho lujo y comodidad con el dinero del pueblo, todos creen que no existimos, todos piensan que no sentimos dolor y angustia, todos nos odian, todos se divierten en nuestros sufrimientos, en nuestro dolor y en nuestra angustia, todos nos han condenado a morir de esta forma.

Hoy necesitamos:

  1. Como se han comprometidos como autoridades hasta que se resuelve el problema.
  2. Atención médica.
  3. Agua potable.
  4. . Plan de retorno integral para todos los desplazados.
  5. . Desarrollo para nuestras comunidades y municipio.
  6. Que desalojen los invasores de nuestras tierras que nos despojaron con lujo de violencia y con armas de fuego de alto poder del uso exclusivo del ejército mexicano.

Por todo lo anterior, se hace el siguiente pronunciamiento:

San Pablo Chalchihuitán, Altos de Chiapas, a 12 de marzo de 2018

 

Los abajo firmantes:

Dos integrantes de lo que fue la Comisión de Apoyo a la Comisaría de Bienes Comunales y del Ayuntamiento (nombrados el 24 de enero de este año en Asamblea de Agentes Municipales, escribanos y principales de cada uno de los 36 parajes de nuestro territorio, con presencia y participación de las autoridades comunales y municipales); unidos ahora estos dos Consejeros en este nuestro Comité, con representantes legítimos de 10 campamentos de familias desplazadas de manera forzada, por grupos armados de tipo paramilitar;  y respaldados por los Agentes Municipales de los poblados de las familias desplazadas, quienes firman y sellan al final de la presente;

Reunidos el día de hoy  en el sitio del compañero Roberto Girón Pérez en la cabecera municipal de Chalchihuitán, Chiapas, en una Asamblea Interna, habiendo discutido la negativa del gobierno estatal y federal de cumplir demandas principales de Desarmar, Desarticular y Castigar grupos armados paramilitares, y de emitir Declaración reconociéndonos como desplazados forzados  internos, y aplicar así sus propias leyes federal y estatal.

Y además, como respuesta a la traición, incapacidad e indiferencia,  de nuestras autoridades municipales y de Bienes Comunales, que se reúnen en México con las autoridades de gobierno federal (Secretaría de Gobernación) y de gobierno de Chiapas (Secretaría de Gobierno) firmando minutas y acuerdos a espaldas de nuestro Pueblo de Chalchihuitán, avalados ellos sólo por la mayoría de los que fueran comisionados para el apoyo del comisariado de Bienes Comunales y municipales de nuestro pueblo, controlados todos por corruptos intereses económicos o políticos de partidos, por lo que, el día de hoy, a nombre y representación de 1094  ancianos y ancianas, niños y niñas, mujeres y hombres, desplazados de manera forzada, tomamos los siguientes:

 

ACUERDOS

  1. Declararnos públicamente como Comité de Desplazados Forzados Internos Chalchihuitle, autónomo y en resistencia pacífica ante mentiras e incumplimiento de gobiernos federal, de Chiapas y autoridades municipales, que sólo buscan sus propios intereses, usando para eso la grave situación de nuestro municipio.

 

  1. Desconocemos y rechazamos totalmente toda minuta y acuerdo firmado por nuestras autoridades municipales y comunales, a espaldas de nosotros, representantes legítimos de cientos de familias indígenas desplazadas, en situación de riesgo diario a nuestras vidas y nuestra integridad, minutas que no van de acuerdo con nuestras justas demandas.

 

  1. Exigimos nuevamente que el Gobierno Federal y de Chiapas cumplan las principales exigencias de nuestro movimiento como Comité de Desplazados Forzados Internos Chalchihuitle, que son:

 

A.- Desarticulación, desarme, detención y castigo a grupos armados paramilitares.

 

B.- Declaración oficial de nuestro caso, como Desplazados Forzados  internos, cumpliendo Ley de ONU y Ley de Chiapas.

 

C.- Garantías de Libre Circulación para todos los pueblos y familias de nuestro municipio y zonas vecinas, así como para todos los y las  observadores internacionales y nacionales de Derechos Humanos y campamentos de paz que se instalen.

 

D.- Reparación Integral de los daños para todas las familias afectadas por los desplazamientos forzosos, incluyendo el pago de daños de forma inmediata cuanto antes, según lista de daños entregados a las autoridades municipales de Chalchihuitán.

Muy en especial y urgente, exigimos la inmediata reparación a los familiares de las trece víctimas, muertas como consecuencia directa de la violencia paramilitar y de los desplazamientos forzados dichas víctimas son: un adulto, Samuel Luna Girón, muerto acribillado en emboscada desde octubre del año pasado; y la muerte y posteriormente los fallecimientos, de otros 4 adultos mayores; 1 joven de 18 años; dos mujeres adultas y 3 menores -2 niñas y un niño- así como la muerte de una bebé de dos meses y otro bebé no nacido, fallecimientos ocurridos debido a  las inhumanas condiciones físicas y emocionales a que han sido sometidas centenares de nuestras familias desplazadas, y que han sido documentados por médicos del Programa interdisciplinario Desarrollo Humano en Chiapas. UAM Xochimilco y por las Caravanas de Observación Civil del Colectivo de Ongs que apoyan nuestras justas demandas.

 

  1. Rechazamos totalmente la presencia y participación corrupta de todos los partidos políticos en nuestra justa lucha.
  2. .Pedimos a las organizaciones de la sociedad civil honesta y comprometida, que nos han venido apoyando, lo sigan haciendo.

 

Atentamente

Representantes del Comité de Desplazados Forzados Internos Chalchihuitle

Ausencio Pérez Paciencia                                         Roberto Girón Pérez

Enlace                                                                                       Vocero

Javier Luna Girón                                                     Rebeca Luna Pérez

Secretario                                                                             Tesorera

Marcos Pérez Gómez                                              Domingo Díaz Pérez

Consejero                                                                          Consejero

María Paciencia Pérez

Consejera

 

 

Segunda Participación de l@s compañer@s de Chalchihuitán:

Ante la posible visita del Gobernador Manuel Velasco Coello al Municipio de Chalchihuitán, Chiapas, los habitantes y desplazados Declaramos ineficaz Gobernador persona “NON GRATA”. Todo esto ante la negativa e ineptitud del gobierno del Estado de Chiapas, por no dar solución a los problemas de los desplazados del municipio de Chalchihuitán, al mandar sus paramilitares para despojarnos y asesinarnos, destruir nuestras casas y nuestros bienes, siendo un gobernador que tiene obligación de velar por la paz y armonía para todos los Chiapanecos. Un gobierno “TRAIDOR” no es bienvenido en este municipio, un municipio condenado a la miseria, al abandono, al despojo y a la muerte por manos de los propios paramilitares del señor gobernador y de su Partido Verde Ecologista de México, por lo que si llegase a poner un pie en este lugar, desoyendo este llamado, el pueblo saldrá a manifestar su descontento y los desplazado estarán pendientes para actuar, porque es una provocación y burla para nosotros los Chalchihuitecos, podría quedar retenidos sus helicópteros o vehículos y otros más, porque nos vienen a provocar en nuestro lugar donde nos encontramos refugiados en las montañas. Escucha bien señor gobernador no nos provoques.

 

Audio palabras de desplazad@s de Chalchihuitán:

Audio ronda de preguntas:

Descarga:

BOLETIN COMITE AUTONOMO DESPLAZADOS

GOBERNADOR NON GRATA

Chalchihuitán: Continúa la negligencia del Estado mexicano ante desplazamiento forzado de miles de familias indígenas, propiciado por la impune acción de grupos armados de corte paramilitar

Comunicado

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México a 22 de marzo de 2018.

 

Colectivo de Organismos de la Sociedad Civil, integrantes de la Misión Civil de Observación Zona Altos

 

Comunicado público

 

CHALCHIHUITÁN: Continúa la negligencia del Estado mexicano ante desplazamiento forzado de miles de familias indígenas, propiciado por  la impune acción de grupos armados de corte paramilitar

 

Las organizaciones firmantes, integrantes del Colectivo de Organismos de la Sociedad Civil, de la Misión Civil de Observación Zona Altos, lamentamos y denunciamos la inacción de las autoridades municipal, estatal y federal para –luego de más de cuatro meses- atender adecuadamente la urgencia humanitaria de más de 5000 indígenas tsotsiles en desplazamiento forzado en el municipio de Chalchihuitán, Chiapas.

Denunciamos también que, luego de un fallido proceso de “Diálogo”, desarrollado a través de la instalación de una Mesa de Atención Interinstitucional realizada el 20 de diciembre de 2017, de la cual se desprendieron las igualmente fallidas Mesas temáticas (Seguridad, Ayuda Humanitaria, Agraria y Desarrollo Social) resultando a la fecha, en una total muestra de incapacidad y de una plena complicidad del Estado mexicano, que, lejos de resolver de raíz y de forma estructural la violencia y la impunidad existente, y garantizar efectivamente el inmediato retorno de todas las personas desplazadas de manera forzada, a sus casas y comunidades de origen, los grupos armados de corte paramilitar, continúan actuando impunemente, mismos que -como se ha venido denunciando públicamente desde nuestro primer pronunciamiento emitido el 15 de diciembre pasado- hoy día, tres meses después, han mantenido y extendido su acción intimidatoria.

Los gobiernos federal y estatal continúan negándose a aceptar y reconocer  oficialmente el estatus legal de desplazamiento forzado interno, de todas las familias y personas bajo esta inhumana situación, reconocimiento que implicaría la aplicación inmediata de la Declaración de los  “Principios rectores de Desplazamiento interno de la Organización de las Naciones Unidas” y de la “Ley para la prevención y atención del Desplazamiento interno en el estado de Chiapas”. En vez de ello nos han reportado que desde hace varias semanas, ha cesado la ayuda humanitaria prometida y anunciada por diversas instancias gubernamentales, presentándose en cambio, una inaceptable y corrupta injerencia de los partidos políticos en el proceso.

En ese contexto, como Colectivo de Organismos de la Sociedad Civil, integrantes de la Misión Civil de Observación Zona Altos,

 

Manifestamos:

 

1.- Nuestra reiterada preocupación e indignación por la gravísima crisis humanitaria, impunidad y violencia estructural, que, desde hace más de cuatro meses se vive en el territorio comunal y municipal de Chalchihuitán y zonas aledañas, producto de la aquiescencia con la que opera en la zona la delincuencia organizada, misma que, a través de la documentada acción impune de grupos armados de corte paramilitar, ha obligado al desplazamiento de más de cinco mil indígenas (la mayoría en situación de extrema vulnerabilidad: mujeres, niñas y niños, y ancianas y ancianos) provocando con ello, hasta el momento, la muerte documentada de once personas (mujeres, niños-as y ancianas-os), y manteniendo a la población desplazada en un permanente estado de angustia, miedo y sufrimiento, condición ejemplificada con el suicidio de un adolescente indígena, quien ingirió agroquímicos, que le provocaron una dolorosa y prolongada agonía.

2.- De manera particular, expresamos nuestra mayor inconformidad, por la omisión del Estado mexicano (en sus tres niveles de gobierno) en relación a:

a) Considerar como prioridad y resolver la grave situación de supervivencia, que enfrentan los cerca de 500 niñas y niños y adolescentes, que permanecen en una inhumana condición de desplazamiento interno, que exacerbada por la histórica condición de injusticia, inequidad y pobreza extrema, en la que vive el 97% de la población total del municipio de Chalchihuitán, donde de por sí, la tasa de mortalidad infantil en niñas y niños menores es de 166 por cada mil, trece veces más que la establecida a nivel estatal. Con ello, se es omiso en la ejecución y coordinación de medidas de protección especial a la infancia desplazada, como lo marca la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el estado de Chiapas en los artículos 12, 41 y 100 que señalan que el Estado deberá proveer al menos, “alimentos indispensables, agua potable, cobijo y alojamiento básicos, vestido adecuado, servicios médicos y de saneamiento indispensables, así como la educación básica obligatoria” (art 12). Asimismo se ha incumplido con su obligación de garantizar el derecho de prioridad en la atención a la infancia y ha sido omiso en considerar el principio de Interés Superior en su actuación, como lo mandata el artículo 4o constitucional.

b) Atender de manera urgente la situación que sufre cerca del 70% de la población desplazada, conformada por mujeres, niñas y ancianas, población que por su condición de género, ejemplifica todas las vulnerabilidades que debieran ser consideradas dentro del protocolo de atención integral para estos casos. Las mujeres en situación de desplazamiento forzado enfrentan grandes cambios en su vida. En lo privado se altera la cotidianidad con que se realizan las tareas domésticas, los cuidados de los menores de edad y de las ancianas y ancianos, la distribución y uso del espacio, la tranquilidad emocional como personas y la convivencia con otras familias. En lo público, se profundiza la división sexual del trabajo, y con ello, una mayor discriminación en cuanto el acceso a alimentos y a la participación y toma de decisiones en procesos comunitarios organizativos y en particular, en el proceso de atención al conflicto, viéndose obligadas a asumir roles nuevos y diferenciados que las afectan en forma extrema, opuesto a la situación que viven los hombres desde su condición masculina.

En ese sentido, el Estado mexicano está siendo igualmente omiso en lo relativo a la Resolución 1325 de la Organización de las Naciones Unidas, que señala que las mujeres, niños y niñas se ven afectadas de manera especial por los conflictos armados, sean internos o no. En tal sentido, la citada resolución insta a los Estados a adoptar una perspectiva de género que tenga en cuenta las necesidades particulares de las mujeres y las niñas; en nuestro contexto, esto además implica considerar las particularidades culturales y sociales de las familias indígenas afectadas.

 

3.- Nuestro rechazo al establecimiento de una Base de Operación Mixta (BOM) en la zona Chalchihuitán-Chenalho, misma que, en el marco de la aprobación de la anticonstitucional Ley de Seguridad Interior, lejos de brindar una verdadera seguridad a la población local y a los integrantes de Misiones y caravanas de Observadores de Derechos Humanos, en los hechos significa, -además de la intimidatoria militarización que pone en riesgo el delicado proceso de diálogo y la posible conciliación entre la base comunitaria de ambos municipios- significa un seguro incremento en los índices de alcoholismo, prostitución, violencia de género; así como en el abuso, violación y embarazos de adolescentes.

 

4.- En ese contexto, como Colectivo de la Sociedad Civil, resaltamos la importancia de la resolución de la a Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que solicita al Estado mexicano la aplicación de medidas cautelares en beneficio de los pobladores afectados.

 

Es importante señalar que la CIDH reflexiona en su resolución que ”La Comisión (…) considera que no cuenta con información que indique que el riesgo generado por grupos armados que tuvieron recientemente la capacidad de cortar carreteras y originar el desplazamiento forzado de aproximadamente 5,000 personas de sus comunidades de origen haya sido efectivamente mitigado”

 

El informe con el cual diera contestación el Estado mexicano a la solicitud de dichas medidas cautelares basa gran parte de su contenido en señalar cuantitativamente los víveres y asistencia médica destinada, siendo que incluso ha sido denunciado por los afectados que dicha ayuda humanitaria no llega en las cantidades declaradas. Así mismo intenta argumentar que ha cesado la situación de riesgo de nuevas agresiones fundándose en los diálogos intermunicipales así como en el hecho de que un aproximado de 65% de los desplazados han retornado. Denunciamos la minimización del riesgo hecha por el estado y lo responsabilizamos de cualquier nueva agresión propiciada por su postura siendo que el retorno no garantiza su seguridad y vida ya que continúan los disparos y en cualquier momento pueden escalar las agresiones.

Concordamos con lo determinado por la CIDH pues consideramos que la situación de riesgo no cesará en tanto el Estado mexicano no tome medidas para investigar al grupo armado respecto a su: 1) Conformación y estructura; 2) Financiamiento; 3) Relación o interés que tiene en el conflicto de índole territorial: 4) Relación con autoridades de los 3 niveles de gobierno; 5) Origen de las armas utilizadas; 6) Fuente del adiestramiento en el uso de las armas y para realizar operaciones coordinadas como la desplegada el día del desplazamiento, investigación que lleve a desarmarlo y desarticularlo.

Urgimos al Estado mexicano a acordar con los afectados medidas cautelares que lleven a una solución de fondo al riesgo a ser agredidos por el grupo armado reiteradamente señalado.

 

5.- Finalmente, manifestamos nuestro reconocimiento, solidaridad y apoyo, al grupo de líderes históricos y legítimos representantes de campamentos de desplazados forzados internos y de más de un millar de personas (mujeres, niñas y niños, ancianas y ancianos y hombres adultos) en esa condición, del municipio de Chalchihuitán, quienes, contando con el acompañamiento constante de la parroquia San Antonio de Padua, de Simojovel, San Pablo Chalchiuitán y de la organización Cáritas, de forma consciente y voluntaria, han decidido conformar una instancia colectiva autónoma y en resistencia pacífica, para defender los intereses y urgentes necesidades de todas las familias desplazadas que no aceptaron el retorno forzado y sin garantías, sumándonos totalmente a sus demandas centrales (desarme y desarticulación de grupos paramilitares; reconocimiento y declaración oficial de su situación como Desplazados forzados internos; garantías de retorno a sus comunidades de origen y libre circulación; así como reparación Integral de daños a todas las familias desplazadas)

 

Atentamente

Integrantes del Colectivo de Organismos de la Sociedad Civil,

integrantes de la Misión Civil de Observación Zona Altos

Campaña Popular Contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas: Mujeres y hombres de la regiones, norte, altos, sierra frontera, Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH), Brigada Feminista por la Autonomía, Casa Cereza, Casa de la Mujer de Palenque, Casa Gandhi, Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVIF), Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa AC, Centro de Investigación y Acción para la Mujer Latinoamericana (CIAM), Grupo de Mujeres de San Cristóbal COLEM, El Paliacate Espacio Cultural, Formación y Capacitación (FOCA), Colectivo Educación para  la Paz y los Derechos Humanos A.C. (CEPAZDH), Melel Xojobal, A.C, Promedios De Comunicación Comunitaria, Red de Mujeres Chiapanecas contra la violencia hacia las mujeres, Red Mesoamericana Mujer Salud y Migración, Save the Children, Semilla del Sur, Skolta’el Yu’un Jlumaltic, A. C. (SYJAC), Alianza Global Pediátrica, Estudiantes, fotógrafos, artistas, músic@s, medios libres y personas en lo individual

 Colectiva Cereza

Maderas del Pueblo del Sureste, AC

 

 

Se adhieren y suscriben solidariamente este comunicado (en orden alfabético):

 Carta Mesoamericana: información y servicio para comunidades migrantes; Colectivo Ingeniummex San Cristóbal de las Casas; Comité Nacional Para la Defensa y Conservación de los Chimalapas (CNDyCCh); Ik Balam, Agencia de noticias ambientales; Organización para la Defensa de la Medicina Indígena Tradicional de Chiapas, AC (ODEMITCh); Pacto de Grupos Ecologistas (PGE); Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos: Todos los Derechos para Todas y Todos. (Conformada por 84 organizaciones en 23 estados de la república); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chiapas); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristóbal de las Casas, Chiapas).

 

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Escucha el audio de la lectura del comunicado:

La Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas se reúne con Embajadora de Suecia.

 

Comunicado de Prensa

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; 17 de marzo de 2018.

La Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas se reúne con Embajadora de Suecia.

Violencia feminicida, desplazamiento forzado, militarización, migración, situación de las mujeres indígenas, niñas, niños, adolescentes y feminicidios temas de la agenda.

El pasado martes 13 de marzo de 2018 en la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, integrantes de la Campaña Popular Contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas (Campaña Popular) sostuvieron una reunión con la Embajadora de Suecia en México, la Sra. Annika Thunborg, en el marco del Encuentro de Personas Defensoras de Derechos Humanos en Chiapas.

La organización internacional de acompañamiento a personas defensoras SweFor (Movimiento Sueco por la Reconciliación), como preámbulo, mencionó el interés del gobierno sueco por conocer la situación actual de los derechos humanos de las mujeres y la violencia feminicida en México, trayendo a la memoria la impunidad en que se mantiene el asesinato de la Defensora Digna Ochoa perpetrado en el año 2001 en la Ciudad de México.

Durante el encuentro, las organizaciones participantes denunciaron la existencia de un contexto histórico, persistente y sistemático de violación a los derechos humanos de mujeres, niñas, adolescentes, indígenas y migrantes en Chiapas. Se hizo especial énfasis en el recrudecimiento de la violencia hacia las mujeres, la conflictividad social y la división comunitaria ante la coyuntura electoral.

La Campaña Popular precisó que a más de un año de haberse declarado la Alerta de Violencia de Género las acciones implementadas por el Gobierno de Chiapas tienen un carácter publicitario, manipulador y de uso de las mujeres a través de los programas asistencialistas (ej. PROSPERA, Salario Rosa) y de los partidos políticos, que encubren la grave omisión del Estado Mexicano a su deber de atender, prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres.

El Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa refirió que las acciones estatales han sido una burla para la lucha contra la violencia hacia las mujeres, ejemplo de ello fue la rodada ciclística realizada el pasado 8 de marzo en la Ciudad de Tonalá, organizada por el Ayuntamiento para “evitar más agresiones a mujeres”, sin que ello trascienda a garantizar acceso a la justicia para las personas denunciantes que refieren que las carpetas de investigación contienen crímenes en impunidad.

Ana Isabel Nigenda Cervantes, de Formación y Capacitación A.C., también denunció la grave situación que enfrentan las mujeres y niñas en el contexto de movilidad humana, quienes se insertan en contextos que vulneran no solo sus derechos sino su dignidad humana, son constantemente víctimas de la violencia estructural, que se presenta en forma de servidumbre, trata de personas, trabajos forzados, tortura y tratos crueles e inhumanos, explotación y violencia sexual, embarazos no deseados, secuestros, extorsiones, desapariciones forzadas, violencia intrafamiliar y feminicidios, por parte de grupos delictivos, sumado al abuso de las autoridades mexicanas civiles y militares. En Chiapas existe incluso una Fiscalía Especializada para personas Migrantes y otra especializada contra la Trata de Personas y ninguna de estas es funcional pese a que estamos en un estado fronterizo en donde las denuncias por trata y abuso a personas migrantes es una constante que documentamos las organizaciones defensoras de derechos humanos.

Jennifer Haza de la organización Melel Xojobal, expusó el contexto de violencia por la que atraviesan niñas y adolescentes, ya que desde 2011 a la fecha se han registrado 47 feminicidios de niñas y adolescentes por su condición de género, de igual forma mencionó que en Chiapas un 44% de mujeres de 15 años o más han experimentado algún tipo de violencia.

Gloria Flores y Julieta Gómez del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, AC, denunciaron que la situación de violencia cultural que viven las mujeres indígenas y campesinas fue otro de las temáticas que, de manera atenta, escuchó la Embajadora Thunborg, sobre la cual el Gobierno de Chiapas ha demostrado su falta de interés y capacidad para abordar con políticas adecuadas la transformación de las prácticas culturales que las discriminan, así como la generación de acciones que les garanticen el acceso a la justicia y combatan la constante impunidad de la violencia feminicida y los feminicidios que se han registrado en las comunidades de la Entidad. El no tener acceso a la justicia las hace más vulnerables y deciden no denunciar porque las revictimizan.

Karla Aguilar Herreros, de la Organización Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente A.C., compartió la omisión del Estado a su deber de garantizar a las mujeres el acceso al agua potable y a servicios de salud de calidad. Lo que ha generado el incremento de muertes maternas, tracoma y diabetes. En este sentido, San Cristóbal de Las Casas, Bejucal de Ocampo, y El Porvenir son los municipios con más alto índice de muerte materna. También denunció que en todo Chiapas existe una falta de infraestructura hospitalaria significativa que se refleja en el funcionamiento de únicamente dos bancos de sangre (Tapachula y Tuxtla Gutiérrez) para toda la Entidad. El Colectivo, de igual manera, hizo hincapié en las violaciones sexuales a mujeres en el trayecto de su casa al ojo de agua.

Susana Montes, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC alertó sobre las consecuencias que la militarización genera en la vida de las mujeres y sus comunidades, situación que debe atenderse ante la posible aplicación de la Ley de Seguridad Interior. Además Chiapas ha vivido la violencia que la incursión militar en los territorios conlleva: desaparición forzada, desplazamientos, ejecuciones extrajudiciales, violaciones, aumentos de embarazos e hijos sin padres, etc.

Mercedes Ozuna de Semilla del Sur denunció la falta de atención a las 1329 personas desplazadas en el municipio de Chalchihuitan, Chiapas, a quienes el Gobierno de Chiapas ha dejado de suministrar alimentos y atención médica a pesar del compromiso que adquirió ante organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, entre ellos, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas.

Martha Figuera, de COLEM, expusó que en períodos electorales los feminicidios aumentan, que si bien el Gobierno de Chiapas se ha comprometido a atender la problemática, las acciones han sido insuficientes y solicitó a la Embajadora transmitiera esta información al Gobierno de Suecia para que se pronuncié respecto del incumplimiento del Estado Mexicano a su deber de garantizar los derechos humanos específicamente de las mujeres y niñas.

Las participaciones terminaron con la palabra de dos personas desplazadas del Municipio de Chalchihuitan, quienes narraron la situación de desplazamiento forzado a causa de grupos civiles armados y las condiciones actuales en las que viven tras el olvido institucional.

El encuentro finalizó con una ronda de preguntas por parte de la Embajadora, quien mostró interés en cada una de las participaciones de las integrantes de la Campaña Popular.

¡No más violencia contra las mujeres!

Atentamente:
Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas

Descarga aquí el comunicado de prensa en PDF

Aquí los informes que las organizaciones civiles entregaron a la Embajada de Suecia:

Situación de mujeres indígenas y campesinas en Chiapas_CDMCH

Datos violencia contra niñas Melel Xojobal

Mujeres en contexto de la movilidad humana FOCA

Audio de la reunión con la embajadora de Suecia:

Comunicado del posgrado en feminismo del centro de estudios superiores de México y Centroamérica (CESMECA)

San Cristóbal de Las Casas,  2 de febrero  2018

Las estudiantes del posgrado en estudios e intervención feministas del centro de estudios superiores de México y Centroamérica miramos con preocupación la determinación tomada por mayoría de votos el día de hoy dentro de la sexagesima sesión extraordinaria del consejo universitario de la universidad de ciencias y artes de Chiapas respecto de la aprobación del dictámen de fecha 26 de enero de 2018 emitido por la comisión de otorgamiento de grados para reconocer con grado de doctor honoris causa al general salvador Cienfuegos zepeda. Dado que es evidente que el general en cuestión carece de una trayectoria académica sobresaliente, asumimos, como ya se ha dicho que el premio obedece a  la naturaleza de las funciones al frente de la institución castrense del estado mexicano, como ya se ha dicho aquí. Por lo que, en virtud de que el premio es otorgado a la institución del ejército y que se ha abundado ya acerca del papel que ha jugado en el ocultamiento de crímenes de lesa humanidad, las ejecuciones extrajudiciales, el hermetismo y obstrucción de la justica civil, querríamos hablar aquí acerca de lo que las prácticas castrenses significan para las mujeres y que en este caso son estas prácticas las que son premiadas al reconocer con honores al mando de esa institución. Rita Segato ha sostenido en torno a investigaciones que involucran el actuar castrense, que en las últimas décadas los cuerpos de las mujeres o los cuerpos feminizados han sido objeto de agresiones sexuales que han pasado a ocupar una posición central como arma de guerra productora de crueldad y letalidad, ejemplos de ello hay innumerables pero por mencionar algunos de los más emblemáticos, tenemos el caso de Valentina Rosendo Cantú y Yenys Bernardino Sierra quienes en un contexto de presencia militar en el estado de guerrero fueron objeto de tortura y Agresión sexual por parte de elementos militares en funciones, también está el caso de Inés Fernández Ortega por la violación sexual cometida en su perjuicio por parte de agentes militares también, estos casos resuenan porque fueron llevados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y condenado el Estado mexicano por vulnerar el Derecho a la honra, a la intimidad, a la integridad personal, a la Dignidad, a la Igualdad ante la ley, a la Protección judicial, entre otros, en ambos fue un elemento común la falta de investigación y sanción de los responsables quienes fueron militares con mandos superiores como lo es ahora el general Cienfuegos. Fue un agente castrense el que agredió sexualmente y asesinó con brutalidad a Sabina Patricia en 2008 y fue también un elemento del ejército el que cometió el primer feminicidio del 2018 en Chiapas. No podemos ignorar que cada vez que existe la presencia militar, la violencia sexual y feminicida se multiplica. También coincidimos en reconocer el enlace lógico que resulta de conectar las reformas estructurales, el plan Mesoamérica que potencia los megaproyectos extractivistas, la ley de seguridad interior y el intento por consolidar la reputación de una institución indefendible que será la que intente materializar esos megaproyectos y consideramos nuestra responsabilidad denunciar y realizar acciones en oposición a esta estrategia por pertenecer a un centro de estudios que se posiciona desde el pensamiento crítico, incluyendo el feminista. Con las compañeras, coincidimos en lo aberrante que sería la entrega de este premio también pensando en el próximo proceso electoral en el que Chiapas es considerado foco rojo. Con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior impulsada por Cienfuegos se avisora una represión “legalizada” y nos preguntamos cuáles fueron los motivos al interior de la universidad para proponer esta premiación a la ignominia. El Estatuto General de la UNICACH señala en su artículo cinco que los valores que debe cultivar son la equidad social, el humanismo, la igualdad, la honestidad, la solidaridad, la diversidad, justicia y respeto. ¿Acaso reconocer a un hombre artífice de la represión, que no actúa con claridad, honestidad, solidaridad y que obstaculiza la justica y no respeta la vida y la memoria de los jóvenes de Ayotzinapa no atenta contra estos principios?

Proponemos que se realicen acciones en torno a esta decisión vergonzosa, desde la puesta de mantas hasta ir al evento a recordarle al general lo que ha hecho y evidenciar a las autoridades que someten a la universidad al aparato militar y a decisiones centralizadas del ejecutivo.

 

Posgrado en feminismos del CESMECA

PRONUNCIAMIENTOS:

PronunciamientoEstudiantesCesmeca

PronunciamientoCesmeca

ComunicadoPosgradoFemin

AUDIOS CONFERENCIA DE PRENSA:

Acción urgente: Alto a la violencia en Oxchuc

 

 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas,  México

                                                                                                      24 de enero de 2018.

ACCIÓN URGENTE

 

Alto a la violencia en Oxchuc

 

Las organizaciones civiles firmantes hacemos un llamado a la sociedad civil nacional e internacional para que se pronuncie ante la inminente agresión de un grupo civil armado en contra de la población del municipio de Oxchuc, Chiapas.  Se ha hecho de nuestro conocimiento que el día de ayer 24 de enero, aproximadamente a las 11:00 de la mañana, comenzaron a escucharse disparos en algunas comunidades y en la cabecera municipal, en la cabecera municipal y en algunas comunidades cercanas, lo que ocasionó temor  en los habitantes.

Pobladores del municipio nos informaron que ante la inseguridad, por órdenes del gobierno estatal fueron desalojados los niños y maestros de las escuelas, así como pacientes, personal médico y de enfermería de los centros hospitalarios, lo que denota una situación de riesgo que  vulnera la seguridad e integridad de las mujeres, niñas, niños y demás población.

De acuerdo a información proporcionada por vecinos del municipio, hasta el momento se reportan 20 personas desaparecidas, que se desconoce su genero y edad; 17 heridos, entre ellos se encuentran Juan Gabriel Méndez López de 36 años (abogado comunitario del Movimiento con Justicia y Paz para el pueblo de Oxchuc y quien representó a la comunidad en el Amparo promovido para rechazar las presencia de partidos políticos en el municipio, recientemente promovió un Amparo contra la Ley de Seguridad Interior),
Julio Cesar Gómez Santíz de 24 años de edad, Manuel Gómez López de 39 años, Bonifacio López Gómez de 39 años y el adolescente Néstor Avidal López Gómez de 15 años, José Alfredo Gómez López, de 20 años de edad, Moises Santiz Gómez de 27 años de edad, Alonso López Santiz de 36, Eliseo Góme Santiz, de 17 años, Javier Santiz Gómez de 37 años, Hugo Santiz Gómez de 21 años, Alexander López Gómez de 16 años, Juan Gómez López de 17 años, Edagar Jhovani Santiz Gómez de 24 años, Rafael López Santiz de 16 años, Marcelo Santiz Santiz de 31 años; y tres personas muertas, Ovidio López Sántiz, Víctor Sántiz Gómez y Francisco Méndez López, dos de ellos pertenecen a la comunidad Media Luna y el otro a la comunidad Cruxilja cuyo cuerpo aún permanece en el lugar de los hechos y al parecer se trata de Ovidio Gómez López quien tenía el cargo de Primer Regidor.

De igual forma, existe la amenaza de que en los próximos días la cabecera municipal sea ocupada por un grupo civil armado, que según fuentes locales, se concentra en las comunidades: Piedra Escrita, El Mash (colinda con Chanal), Cruxton (colinda con San Juan Cancuc) y Yochib (que colinda con Tenejapa). Por la manera en que se suscitaron los hechos de violencia, los pobladores consideran que se trata de personas ajenas al municipio, que tienen entrenamiento y portan armas de grueso calibre.

El temor persiste y es real, ya que el día de hoy, 25 de enero, alrededor de las ocho de la mañana nuevamente se escucharon disparos cerca de la comunidad Piedra Escrita y el crucero de Cruzton, de Oxchuc, no se ha reportado el cese de las detonaciones. Asimismo no se tiene certeza de la existencia de heridos o muertos porque la población vecina no ha podido ingresar y tampoco hay presencia la policía estatal.

El día de ayer 24 de enero, Juan Carlos Gómez Aranda, Secretario de Gobierno del Estado, condenó los hechos e informó que mantiene comunicación con la población y los agresores e invitó al dialogo para solucionar un problema ocasionado por el mismo gobierno.  Esto sólo refleja el cinismo y omisión por parte de las autoridades.

Este problema deriva de conflictos post electorales no resueltos desde el 2015, a partir de esta fecha han ocurrido varios actos de violencia y enfrentamientos con la aquiescencia del Gobierno de Chiapas, afectando a toda la población del municipio, que en su mayoría se encuentra conformada por mujeres, niñas y niños, quienes ante los rumores de mayores actos de violencia, se encuentren aterrorizadas y resguardadas en sus casas.

Cabe señalar que este ataque se da en el marco de una acción popular, en la que la comunidad se estaba organizando para reaperturar el entierro sanitario que simpatizantes de la presidenta municipal María Gloria Sánchez habían clausurado.

El municipio de Oxchuc, está considerado dentro de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, motivo por el cual exigimos acciones urgentes y necesarias a fin de que se proteja la integridad de la población en general y particularmente la de las mujeres, niños y niñas.

Ante esta circunstancia de grave riesgo para la vida e integridad de las mujeres, niñas, niños y demás pobladores de Oxchuc exigimos al Estado Mexicano que:

  • Garantice con urgencia la protección a la vida, seguridad e integridad física y psicológica de los habitantes del municipio de Oxchuc.
  • Proporcione atención médica adecuada, sin criminalización alguna a las personas heridas;
  • Reconozca su responsabilidad en el conflicto político que se vive en el municipio;
  • Cumpla con las medidas derivadas de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para Chiapas, específicamente para los municipios indígenas;

Nos preocupa que esta situación sea usada como excusa para justificar una irrupción y represión, que rompa el proceso organizativo de las comunidades que reivindican su autonomía y libre autodeterminación, por parte de los tres niveles de gobierno en el territorio indígena de Oxchuc, violando los derechos humanos de la población indígena tseltal que ocupa dicho municipio.

Por lo que hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional para que se pronuncien y exijan al Estado Mexicano garantizar la vida, libertard, seguridad e integridad de la población afectada en Oxchuc, Chiapas.

 

Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C.

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A. C.

Melel Xojobal, A.C.,

Semillas del sur, A.C.

 Agua y vida A.C.

 

 

 

Pedimos envíen sus llamamientos a:

Sr. Presidente Enrique Peña Nieto

Residencia Oficial de los Pinos

Casa Miguel Alemán

Col. San Miguel Chapultepec,

C.P. 11850 Ciudad de México

Fax: (+52) 55 5093 4901

Correo: enrique.penanieto@presidencia.gob.mx

Twitter: @PresidenciaMX

 

Alfonso Navarrete Prida

Secretario de Gobernación

Bucareli 99, 1er. piso

Col. Juárez

Delegación Cuauhtémoc

C.P. 06600 Ciudad de México

Fax: (+52) 55 5093 34 14;

Correo: secretario@segob.gob.mx

 

Luis Raúl González Pérez,

Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,

Edificio “Héctor Fix Zamudio”,

Blvd. Adolfo López Mateos 1922, 6°piso,

Col. Tlacopac San Angel,

Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01040;

Ciudad de México;

Fax: (+52) 0155 36 68 07 67;

Correo: correo@cndh.org.mx

Twitter: @CNDH

 

Manuel Velasco Coello

Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas

Palacio de Gobierno del Estado de Chiapas, 1er Piso

Av. Central y Primera Oriente

Colonia Centro

C.P. 29009 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Fax: (+52) 961 61 88088 – + 52 961 6188056;

Extensión 21120. 21122;

Correo: secparticular@chiapas.gob.mx

Twitter: @VelascoM_

@gubernaturachis

 

Juan Carlos Gómez Aranda

Secretario General de Gobierno en Chiapas

Palacio de Gobierno del Estado de Chiapas, 2o. Piso

Colonia Centro

C.P. 29000 Tuxtla Gutiérrez

Chiapas

Conmutador: (+52) 961 61 8 74 60 Ext. 20003

Correo: secretariaparticular.sgg@gmail.com

 

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Preocupa falta de investigación y sanción de los feminicidios en México: OCNF

 

Ciudad de México a 22 de enero de 2018

Comunicado de prensa

Preocupa falta de investigación y sanción de los feminicidios en México: OCNF

Luego de conocer las cifras difundidas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP) en relación a los feminicidios en México, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) manifiesta su preocupación ante la evidente falta de investigación de las muertes violentas de mujeres como feminicidio, lo que deriva a que estas sean investigadas por otras causales como: suicidio, homicidio, etc.

El pasado domingo 21 de enero el SESNSP hizo pública información sobre Presuntos delitos y víctimas de feminicidio en la que refiere que de 2015 a  2017, las procuradurías o fiscalías estatales registraron 1,640 carpetas que iniciaron una investigación por el delito de feminicidio en México: 389 en el año 2015; 580 casos en 2016, y 671 en 2017, es decir un aumento del 72% entre 2015 y 2017, según los datos difundidos.

Sin embargo, “el subregistro y la falta de investigación de muchos casos, que son investigados por otras causales, deriva no sólo en su invisivilización sino en la impunidad y prevalencia”, advierte el OCNF.

De acuerdo a los datos recabados por el OCNF -a través de solicitudes de información a las procuradurías y fiscalías de todo el país- tan solo en 2015 las cifras proporcionadas por las Procuradurías de Justicia de 19 estados del país, nos indican que de enero a diciembre de ese año  fueron asesinadas 1,595 mujeres, de los cuales 622 casos fueron investigados como feminicidios, es decir sólo un 38 % del total de asesinatos.

En 2016, la información proporcionada por las Procuradurías de Justicia de 16 estados del país, afirman que enero a diciembre  de ese año  fueron asesinadas 1, 455 mujeres, de las cuales 668 casos fueron investigados como feminicidios, es decir sólo un 45%.

Por otra parte, tan sólo en el primer semestre de 2017 (de enero a junio), el OCNF recibió información de 17 Procuradurías de Justicia a través de las cuales registró 914 asesinatos de mujeres en: Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Oaxaca, Sonora, Chihuahua, Puebla, Coahuila, Sinaloa, Campeche, Hidalgo Chiapas, Quintana Roo y Colima. Tan sólo el 49%  de los casos es investigado como feminicidio.

De igual manera, en su informe “La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016”  la Oficina de ONU Mujeres en México, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y la propia Secretaría de Gobernación (SEGOB) afirman que tan solo en 2016 hubo un total de 2,746 asesinatos de mujeres.

En su conjunto, los datos recabados por el SESNSP, organismos nacionales e internacionales, evidencian la prevalencia e incremento de los feminicidios en México, la falta de investigación de los asesinatos de mujeres como feminicidios (desde un inicio) y no por otras causales, así como la necesidad urgente de políticas públicas que contribuyan a la erradicación de la violencia más extrema hacia las mujeres, entre ellas un banco de datos a nivel nacional que permita realizar un diagnóstico sobre la situación real de los feminicidios en cada una de las entidades.

El subregistro, la ausencia y negación de datos, la pérdida de las pruebas, la falta de sensibilización en las y los servidores públicos, la omisión, negligencia, y la falta de voluntad para acreditar el delito, es un obstáculo para identificar, investigar y sancionar los feminicidios con perspectiva de género para poder determinar si hubo o no razones de género en la causa de la muerte.

Pese a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 554/2013 sobre el caso de Mariana Lima Buendía en la que el máximo tribunal nacional estableció lineamientos específicos para la investigación en los casos de asesinatos de mujeres y que “todas las muertes violentas de mujeres deben ser investigadas como feminicidio, con perspectiva de género y con base en los estándares internacionales más altos”, la realidad es otra.

Además de su incremento e impunidad, como Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio hemos identificado la agudización de la saña, brutalidad y violencia extrema con la que son asesinadas las mujeres, el uso de diversos tipos de armas y métodos para acabar con sus vidas, un patrón íntimamente relacionado entre la desaparición de niñas y mujeres con el feminicidio, la participación de diversos tipos de agresores, entre otros factores que envuelven la realidad de la violencia contra las mujeres en México.

Pese a las alertas de género que hoy en día han sido declaradas en 13 estados de la República, las acciones para prevenir, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia sigue siendo una agenda pendiente, por lo que hacemos un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno a tomar acciones contundentes para erradicar la violencia contra las mujeres y exigimos:

-Tener como prioridad gubernamental salvaguardar la vida e integridad física de las mujeres en México.

-Realizar de manera coordinada acciones interinstitucionales para que de manera eficaz se prevenga y sancione cualquier acto violento hacia las mujeres.

-Investigaciones y sanciones prontas, efectivas y con perspectiva de género.

-Construyan e implementen políticas públicas que contribuyan a la erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres, entre ellas el banco nacional de datos, alumbrados públicos, entre otras.

-Recabar, analizar y difundir los datos sobre la violencia feminicida en México de manera exhaustiva.

Ante la alerta nacional que significa la violencia feminicida en México el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio estará atento de las acciones que el Gobierno Federal y los gobiernos estatales realicen para su erradicación.

Atentamente,

Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio

En riesgo la vida y la integridad de centenares familias desplazadas-retornadas en la zona de conflicto

 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
a 04 de enero de 2018

Actualización
Acción Urgente 01

En riesgo la vida y la integridad de centenares familias desplazadas-retornadas en la zona de conflicto

Retornan bajo presión del gobierno de Chiapas y sin condiciones de seguridad
Certificado de impunidad al grupo armado de corte paramilitar de Chanalhó
Continua la violencia generalizada en el territorio comunal de Chalchihuitán

Las organizaciones de la sociedad civil que conformamos el Colectivo desde hace varios meses hemos recibido información sobre la situación de desplazamiento forzado en el que se encuentra el pueblo tsotsil de Chalchihuitán, y de que de ellos, el grupo que recién retornó a sus comunidades –Pom, Ch’enmut, Cruzkakalnam, Tzomolton, Cruzton, Bejeltón y Bololchojon son 3858 personas (niños, niñas, mujeres, hombres) y según testimonios, nos reportan que bajo una persistente presión de funcionarios del gobierno -sobre todo de protección civil-, y ante el hecho de ver perder sus cosechas, animales, posesiones y viviendas, sin que los gobiernos federal y estatal cumplieran el desarme y desarticulación de los grupos armados, desde alguna instancia se tomó la decisión de retornar a sus comunidades de origen, sin condiciones ni medidas de seguridad. Del total de personas desplazadas, otras 1165 personas no retornaron por el temor constatado, causado por las acciones armadas que continua haciendo el grupo armado de corte paramilitar.

Es grave que, diversos testimonios confirman que continúan los disparos de armas de alto poder y la tensión en toda la región, lo que da como consecuencia, el alto riesgo a la vida e integridad de las familias que retornaron a sus comunidades a partir del pasado 2 de enero, siendo de nuevo, las mujeres, los niños, niñas, las ancianas y ancianos, las más afectadas y vulnerables en este retorno y quienes además, no participan en la toma de este tipo de graves y delicadas decisiones.

En estas condiciones, el riesgo de una masacre es clara. De ocurrir, la responsabilidad directa es de los 3 niveles de gobiernos: el federal, el del estado de Chiapas y el municipal de Chalchihután, quienes con su inacción, han permitido este retorno al matadero, ya que van sin alimentos, con la cosecha perdida por la violencia generalizada, varios de ellas y ellos enfermos y bajo los impactos psicológicos de la violencia, todo lo cual da evidencia que en ningún momento están aplicando los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la Organización de Las Naciones Unidas, lo cual implica que no se están respetado, garantizando y protegiendo los derechos humanos de las desplazadas/os y desplazadas/os ahora retornadas/os.

Siendo entonces un retorno de altísimo riesgo en vidas e integridad física de centenares de familias indígenas, lo que demuestra el desprecio hacia los pueblos originarios, ya que constituye un hecho criminal que es contemplado y consentido por los gobiernos federal, estatal y municipal,

No obstante que se instaló una mesa de seguridad con los gobiernos federal y estatal para atender la demanda de desarticulación, desmantelamiento y castigo al grupo armado de Chenalhó, al momento no hay ninguna respuesta y ningún avance, pues –reiteramos-, el grupo armado de corte paramilitar sigue actuando en impunidad.

Ante esta situación grave y critica, como colectivo de organizaciones que envía esta Acción Urgente, exigimos Alto a las acciones armadas en la región, reiteramos la exigencia de su desarticulación, castigo y que se garantice de manera inmediata y urgente la vida e integridad de las familias desplazadas retornadas, así como de aquellas que han decidido no retornar a sus comunidades.

Pedimos envíen sus llamamientos a:

Sr. Presidente Enrique Peña Nieto,
Residencia Oficial de los Pinos,
Casa Miguel Alemán, Col. San Miguel Chapultepec,
C.P. 11850, Ciudad de México;
Fax: (+52) 55 5093 4901;
Correo:
enrique.penanieto@presidencia.gob.mx
Twitter: @PresidenciaMX

Lic. Miguel Ángel Osorio Chong,
Secretario de Gobernación
Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez,
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México,
C.P. 06600, México;
Fax: (+52) 55 5093 34 14;
Correo: secretario@segob.gob.mx

Luis Raúl González Pérez,
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
Edificio “Héctor Fix Zamudio”,
Blvd. Adolfo López Mateos 1922, 6°piso,
Col. Tlacopac San Angel,
Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01040;
Ciudad de México;
Fax: (+52) 0155 36 68 07 67;
Correo:
correo@cndh.org.mx
Twitter: @CNDH

Manuel Velasco Coello
Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas
Palacio de Gobierno del Estado de Chiapas,
1er Piso Av. Central y Primera Oriente,
Colonia Centro, C.P. 29009
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
Fax: +52 961 61 88088 – + 52 961 6188056;
Extensión 21120. 21122;
Correo:
secparticular@chiapas.gob.mx
Twitter: @VelascoM_
@gubernaturachis

Juan Carlos Gómez Aranda
Secretario General de Gobierno en Chiapas
Palacio De Gobierno, 2o. Piso, Centro C.P. 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Conmutador: (961) 61 8 74 60 Ext. 20003
Correo: secretariaparticular.sgg@gmail.com

Gustavo Víctor Moscoso Zenteno
Coordinación de Subsecretarías de Gobierno Regionales
Palacio de Gobierno, 2o. Piso, Centro C.P. 29200 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Conmutador: 61 874 60 Ext. 20031

Pedro Gómez Gómez
Subsecretario de Gobierno de la Región V. Altos Tsotsil-Tseltal
Francisco I. Madero No. 101, Barrio Guadalupe C.P. 29200 San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Teléfono: 01 (967) 67 465 94 Fax: 01 (967) 67 465 94

Firmas de organizaciones:

Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCh)
Centro de Derechos Indígenas A.C. (Cediac)
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C (Frayba)
Comisión para el Apoyo a la Unidad y la Reconciliación Comunitaria (Coreco)
Colectiva Cereza
Colectiva feminista las Juanas
Servicios y Asesoría Para la Paz (Serapaz-Chiapas)
Melel Xojobal A.C
Maderas del Pueblo del Sureste A.C
Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad Coordinación Chiapas
Casa de la Mujer Ixim Ansetik
Salud y Desarrollo Comunitario A.C. (SADEC)
Ingenum Mex
Equipo de Atención Psicosocial Para la Situaciones de Violencia y Exclusión Social
Comité Nacional para la Defensa de los Chimalapas
Los Amorosos del Espacio Cultural José Antonio Reyes Matamoros (Los Amorosos)
Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (DESMI)
Colectivo Educación Para la Paz y los Derechos Humanos A.C. (CEPAZDH)

Campaña Popular Contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas: Mujeres y hombres de la regiones, norte, altos, sierra frontera, Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH), Brigada Feminista por la Autonomía, Casa Cereza, Casa de la Mujer de Palenque, Casa Gandhi, Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVIF), Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa AC, Centro de Investigación y Acción para la Mujer Latinoamericana (CIAM), Grupo de Mujeres de San Cristóbal COLEM, El Paliacate Espacio Cultural, Formación y Capacitación (FOCA), Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C. (CEPAZDH), Melel Xojobal, Promedios De Comunicación Comunitaria, Red de Mujeres Chiapanecas contra la violencia hacia las mujeres, Red Mesoamericana Mujer Salud y Migración, Save the Children, Semilla del Sur, Skolta’el Yu’un Jlumaltic, A. C. (SYJAC), Alianza Global Pediátrica, Estudiantes, fotógrafos, artistas, músic@s, medios libres y personas en lo individual.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos: Todos los Derechos para Todas y Todos. (Conformada por 84 organizaciones en 23 estados de la república):
Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chiapas); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristóbal de las Casas, Chiapas).

 

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