Evaluación de la Campaña Popular sobre la DAVGM para Chiapas

 

Las organizaciones civiles, peticionarias de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para las Mujeres de Chiapas (DAVGM), fijamos nuestra postura y evaluación con relación a las medidas que se ordenaron implementar para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra niñas y mujeres y el alarmante índice de feminicidios en la entidad, aquí los vídeos de la conferencia de prensa que dimos el 07 de Marzo de 2019 en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.

 

Parte 1 de la conferencia de prensa

 

Parte 2 de la conferencia de prensa

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Alerta de Género para Chiapas, fraude y simulación de gobierno federal y estatal

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; 07 de marzo de 2019.

Las organizaciones que solicitamos y hemos dado seguimiento puntual a las medidas derivadas de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AGV) en Chiapas, exigimos este 8 de marzo (2019), el cese de su engañosa aplicación. Consideramos que las limitadas acciones emprendidas e informadas por el gobierno, a más de un año de su aplicación, lejos de detener la violencia, han resultado ser una simulación y una burla para las mujeres violentadas y asesinadas. Así mismo denunciamos que, las autoridades responsables de cumplir y hacer cumplir el derecho que tenemos las mujeres a la seguridad de nuestras vidas, es decir a vivir una vida sin violencia, han generado impunidad y han mostrado indiferencia, negligencia, desconocimiento y hasta complicidad con los perpetradores.

La violencia de género tiene causas múltiples y complejas, todas ellas ligadas a las relaciones de dominación/subordinación sobre las mujeres que histórica y culturalmente se han naturalizado como parte del imaginario colectivo patriarcal, colonial y sexista que prevalece tanto en las ciudades como en las zonas rurales del país. Ese carácter estructural de la violencia, abonado con la pobreza extrema y la desestructuración de la vida campesina que la modernidad neoliberal impuso oficialmente en Chiapas desde de los 80s, ha propiciado la idea de que las mujeres somos objetos no sólo de explotación y uso sexual del poder masculino, sino que, violando todos nuestros derechos, nos han convertido en objetos desechables a través de múltiples formas de violencia feminicida y victimización, incluyendo los feminicidios, que van aumentando y formando modelos de agresión, como sucede en bares, cantinas y antros en donde se prostituye, emborracha, droga, viola tumultuariamente, asesina y después arrojan al descampado o a la vía pública los cuerpos de niñas indígenas, como ha sucedido en 4 de los últimos casos de los que tenemos documentados. Lo anterior es ejemplo de que las autoridades no toman su responsabilidad en la política pública de seguridad para las mujeres, impidiéndonos el pleno goce y ejercicio de nuestros derechos.

Pretextando que la AVG no es un instrumento que se avoque a combatir el carácter estructural de la violencia, las acciones que se han realizado y que se reportan en el informe que el Gobierno del Estado de Chiapas presentó en la última sesión del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) en noviembre de 2018, son tan inocuas, superficiales e insuficientes que sólo han vulgarizado el concepto de género mostrando no sólo la incapacidad del gobierno para abordar el problema, sino también el carácter patriarcal obtuso de las instituciones y su funcionamiento. Estos hechos nos reafirman en nuestro posicionamiento de que no es sólo la presión al Estado lo que va a desaparecer la violencia de género hacia las mujeres, sino que somos los pueblos y especialmente las mujeres, quienes tenemos que luchar por nuestra autodeterminación personal y nuestra autonomía política, quienes podremos transformar el carácter patriarcal de la sociedad y hacer una lucha efectiva contra la violencia de este régimen neoliberal.

En los siguientes párrafos, exponemos detalles de la evaluación crítica que hoy entregamos al gobierno. A través de ejemplos concretos referentes a las estrategias de seguridad, prevención y justicia que se aplicaron, se ponen de relieve las razones por las que nos pronunciamos en contra de la continuidad de la AGV en Chiapas y por qué llamamos a las mujeres a continuar nuestras luchas desde la Campaña contra la Violencia y exigir al Estado nos garantice una vida sin violencia tanto en el ámbito público como en el privado.

Exigimos la transformación de la estructura, funcionamiento y dinámicas del Estado para eliminar el patriarcado (verticalismo, segregación, discriminación, explotación e impunidad). No se trata sólo una acción de protección a las mujeres, sino de generar políticas para que hombres, mujeres y el Estado mismo, eliminemos las relaciones de desigualdad que se oponen al ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.

Medidas de Seguridad.
Al respecto, los discursos oficiales de la AVG vulgarizaron el género en vez de promover relaciones de igualdad. Las actividades de iluminación, limpieza de baldíos, construcción de bardas de lotes, y patrullajes,, son acciones que forman parte de las obligaciones cotidianas del municipio y que fueron reportadas como emergentes para aparentar el cumplimiento de la AVG.

Lo mismo ocurrió con las Unidades de Atención Inmediata a la violencia, que quedaron reducidas a mesas públicas de información sin mayor trascendencia. Se informa de miles de órdenes de protección emitidas por las autoridades, sin embargo, no se presenta el análisis de su implementación y menos de los resultados obtenidos. Las órdenes de protección se tradujeron en meros documentos y no en acciones reales de protección a la vida de las mujeres.

A los policías se les encomienda el deber de investigar la comisión de delitos sin capacitación para ello, generando que la atención a mujeres sea revictimizante y basada en estereotipos masculinos de poder. El informe del Gobierno de Chiapas refleja que más del 60% del presupuesto asignado a la AVG se canalizó a la capacitación de funcionarios y policías de diversos niveles, sin que haya redundado en las transformaciones personales necesarias para asumir y aplicar la justicia con visión de género.

Para nosotras la seguridad consiste en la responsabilidad global del Estado de garantizar la vida de las mujeres y la no violencia. Esto incluye medidas de prevención, justicia y reparación, además de la eliminación del sentido patriarcal en el funcionamiento del Estado.

Medidas de Prevención.
La prevención se redujo a capacitaciones masivas y discursivas, sin promover en la práctica la transformación de las relaciones de género ni el carácter patriarcal de las instituciones. Consideramos que se realizó un cumplimiento burocrático de la agenda de prevención de la AVG.

La visión implementada responsabiliza sólo a las personas y desconoce que la violencia también se ejerce institucionalmente al ser omisos, por ejemplo, en la aplicación de las normas administrativas municipales y de salud pública en bares, cantinas, centros nocturnos, antros, etc.

No se incluyó la prevención al interior de las escuelas, ni se aplicó la normativa especifica en donde se prevé la eliminación de la violencia en el ámbito escolar.

Medidas de Justicia y Reparación.
La actuación del aparato de procuración y administración de justicia en relación con las mujeres en Chiapas no ha cumplido las medidas indicadas por el Gobierno, ni con lo que nosotras, peticionarias de la AVG, solicitamos con urgencia. Si bien las acciones realizadas se centraron en los 84 casos de violencia que sustentaron nuestra petición, no se diseñaron políticas para prevenir los feminicidios, ni criterios que coadyuven a la identificación del perfil del perpetrador ni los móviles y escenarios en el que ocurren los crímenes contra mujeres. Además, no se han tomado en cuenta las múltiples denuncias que hemos presentado posteriormente y tampoco existen la unidad de contexto ni el banco de datos en la forma que se ordenó en la Avg.

El nuevo sistema de justicia penal se encuentra en crisis, en tanto que la falta de capacitación de jueces, policías, fiscales, peritos, etc., está generando impunidad para las mujeres ante el no castigo a sus perpetradores, lo que estimula y permite la repetición impune de los delitos, magnificando el proceso de violencia social, situación que nos permite denunciar que existen focos rojos en torno a los siguientes temas: La violencia hacia las mujeres y las niñas está naturalizada, justificada e institucionalizada, por tanto, no se atiende adecuadamente ni en los casos en los que rige el derecho positivo estatal ni ante los sistemas de justicia indígena.

Existe miedo a denunciar por la falta de medidas de seguridad que garanticen que las mujeres no serán nuevamente agredidas; por la carencia de recursos económicos, no sólo para el seguimiento de las denuncias, sino para solventar la corrupción de los servidores/as públicos/as; y también porque la atención patriarcal y clasista que se les brinda las criminaliza en vez de protegerlas. Cuando deciden denunciar existen distorsiones y tardanza en la investigación, sobrecarga de trabajo de peritos, intérpretes, policías y personal en general.

La carencia de recursos humanos capacitados es crítica: los fiscales obstaculizan la integración de las carpetas de investigación y dan oportunidad al agresor a que cambie de conducta, propiciando la conciliación, revictimizando y culpabilizando a las mujeres. Con frecuencia el personal de las fiscalías desalienta e inhibe la presentación y seguimiento de las denuncias. Fiscales y jueces se dejan presionar por poderes fácticos, no existe independencia e imparcialidad en su actuar, delegan los análisis jurídicos a profundidad a las instancias superiores. Existe un tipo penal de feminicidio que evidencia la incomprensión de la desigualdad entre hombres y mujeres y no existe una verdadera aplicación de protocolos de género. Por otro lado, es sistemática la falta de defensa adecuada y técnica; la justicia se utiliza como forma de dirimir disputas particulares en las que, por las desiguales de sexo-género, las mujeres criminalizadas continúan siendo “pagadoras” de delitos que no cometieron, obligándolas a autoincriminalizarse con el uso de la tortura como instrumento institucionalizado en el actuar de las fiscalías.

La violencia en los municipios indígenas se ha acrecentado y reproducido debido a la falsa justificación de que los usos y costumbres impiden la intervención de las autoridades para sancionar la violencia hacia las mujeres y al no reconocimiento de que la cultura indígena también está construida sobre parámetros patriarcales dejando a las indígenas en una desprotección mayúscula. Además de que son coaccionadas a otorgar perdón a sus agresores, existe complicidad entre autoridades y perpetradores, ausencia de traductores, intérpretes capacitados y enfoque intercultural. El Gobierno de Chiapas no consideró la necesidad de articular, el derecho autonómico de los pueblos con la aplicación de los derechos humanos y el ejercicio de su responsabilidad en la solución de esos problemas.

El desplazamiento de miles de indígenas perpetrado por paramilitares en Chenalhó, Chalchihuitan, Aldama, y Oxchuc ha sido ignorado, a pesar de que esos municipios están considerados en la AVG.

A las mujeres centroamericanas criminalizadas se les priva de un juicio justo deportando a sus testigos clave y cuando son absueltas, se les priva del derecho a una tarjeta por razones humanitarias.

La información aquí vertida nos da un panorama de la falta de interés e incumplimiento que tanto el estado de Chiapas, como el Estado mexicano, han mostrado respecto de su obligación de garantizar, promover, respetar y difundir los derechos humanos de las mujeres en cuanto al acceso a la justicia.

Conclusión Final:
Combatir la violencia de género no es incorporar mecánicamente la “perspectiva” de género a las políticas y programas del Estado, ni de realizar actividades parciales, fragmentadas y desarticuladas, sino asumir la existencia de las desigualdades y violencia de género, en todos los ámbitos de la vida social, así como la necesidad de transformarlas y de eliminar el carácter patriarcal del Estado desde su raíz. Por lo tanto, la obligación del Estado de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres que tiene asignada constitucionalmente, no debe reducirse a medidas emergentes y superficiales, como la AVG, sino requiere de una política pública nacional que ataque los problemas de violencia de género de manera estructural. Esta es nuestra exigencia.

Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas

Peticionarias de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para las Mujeres en Chiapas.

Integrada por: Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas A.C., Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C., Melel Xojobal, A.C., Agua y Vida, A.C., Colectiva CEREZA, Semilla del Sur, A.C., y personas de sociedad civil.

Descarga el boletín de prensa en PDF aquí

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Grave incremento de violencia feminicida en Chiapas

 

Comunicado de Prensa

 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; 15 de febrero de 2019

Grave incremento de violencia feminicida en Chiapas

  • Incremento de violencia contra las mujeres y feminicidios en Chiapas profundiza demandas de verdad y justicia.

Durante el primer bimestre de este año se ha registrado un grave incremento de casos de violencia contra las mujeres; han sido desaparecidas, agredidas, violentadas sexualmente y asesinadas.

Datos del Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres de Chiapas[1], de diversas colectivas y organizaciones civiles que documentamos la violencia feminicida en Chiapas coinciden que tan sólo en lo que va del 2019 se han registrado:

  • 18 muertes violentas de mujeres, entre ellas una adolescente de 15 años, de los cuales únicamente 6 fueron calificados por los impartidores de justicia como feminicidio.
  • 27 casos de violencia contra las mujeres de los cuáles: 12 casos son de violencia física, 12 casos de violencia sexual -10 de ellos contra niñas y adolescentes- y 3 casos de violencia patrimonial.
  • A estas cifras se suma el dato de 14 mujeres adultas desaparecidas, 19 niñas y adolescentes (entre 3 y 17 años de edad), de las cuales 15 han sido localizadas[2].

No obstante la gravedad sobre el incremento de la violencia feminicida en Chiapas nos preocupa la actuación de las autoridades encargadas de Procuración y Administración de Justicia en la Entidad ya que continúan realizando prácticas discriminatorias de género, clase y etnia que obstaculizan el acceso a la justicia a las Mujeres, reproduciendo la violencia patriarcal, el abuso de poder, la discriminación y menosprecio a las víctimas que se atreven a denunciar, exigir verdad y justicia evidenciando la negligencia de las instituciones y sus titulares.

De manera particular señalamos la negligente actuación de la Fiscalía General del Estado (FGE) tal como sucedió con el reciente feminicidio, ocurrido el 04 de febrero, de la profesora de primaria[3] Miryana Iveth Saldaña Castillo quien fue encontrada sin vida en la carretera Arriaga-Tonalá y del cual las autoridades encargadas de justicia declararon que fue un suicidio[4].

De igual forma el Poder Judicial, a través de los juzgados de distrito federal y estatal, han demostrado su incapacidad para juzgar con perspectiva de género[5] haciendo caso omiso a manuales y protocolos de actuación[6], tal es el caso de la reciente liberación de Jimmy Virgilio Villatoro Arguello feminicida confeso[7] de Wendy Lizzet Ochoa Méndez quien fue asesinada el pasado 28 de abril del 2012.

A este caso anteceden los casos de Omar Fernando Rosales Toledado, feminicida confeso de Viridians Flores, liberado el 29 de Octubre de 2018 por la juez penal Isabel Álvarez Ramos. Lo mismo ocurrió con Mariano Sánchez Pérez, asesino de Marcela Sánchez Girón, quien fue liberado el pasado 25 de octubre de 2018.

En contextos de violencia y creciente conflictividad, la violencia feminicida es una de las expresiones más claras y atroces de la ineficacia e incapacidad de los tres niveles de gobierno para coordinar acciones de prevención, seguridad, cero tolerancia que erradiquen la violencia hacia las mujeres; el 18 de noviembre de 2016 (hace 2 años y 2 meses) se declaró la Alerta de Violencia de Género en Chiapas[8], desde entonces el gobierno federal y estatal han destinado únicamente 6.2 millones de pesos[9] que son insuficientes para implementar las medidas de prevención, seguridad y justicia.

La impunidad, ausencia de protocolos de actuación, criterios de investigación y juicio carentes de perspectiva de género, desconocimiento del marco normativo de derechos de protección a las víctimas de violencia de género y feminicidio, da cuenta del deficiente y negligente papel de la Fiscalía General del Estado (FGE) como entidad responsable de dar seguimiento a la implementación de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres de Chiapas (DAVGM); a nivel nacional el panorama es menos alentador ya que actualmente 56% del territorio se encuentra en Alerta de Violencia de Género[10].

Como personas y organizaciones integrantes de la Campaña Popular Contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas exigimos al señor Rutilio Escandón Cadenas, gobernador del estado, que atienda de manera puntual las exigencias que hemos insistido de: 

  1. Que las acciones recomendadas en la DAVGM sean extensivas a todos los municipios de la entidad, dada la gravedad de la violencia feminicida que se ha documentado, y no se acote a los 23 municipios que fueron declarados.
  2. Que el Congreso del Estado destine presupuesto para implementar las medidas dispuestas en la AVG para todos los municipios.
  3. Que el Poder Ejecutivo del Gobierno de Chiapas remueva a la FGE como encargada de dar seguimiento a la DAVGM y designe a otra dependencia, de común acuerdo con las peticionarias, que no sea juez y parte de la violencia feminicida y tenga capacidad de actuación. En diciembre pasado varias organizaciones denunciamos[11] a su titular, Jorge Luis Llaven Abarca, como responsable de graves violaciones a Derechos Humanos en Chiapas.

Reiteramos nuestra preocupación ante este contexto de violencia feminicida, debido a que las cifras mencionadas representan tan sólo una mirada parcial de la dimensión real de la violencia que vivimos las mujeres en Chiapas, exigimos a las autoridades asumir la violencia feminicida como un problema social, cultural y político que exige tomar medidas concretas y urgentes en todos los ámbitos de la actuación pública.

¡No más violencia contra las mujeres!

Atentamente:

Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas

https://contrafeminicidiochiapas.wordpress.com/

[1] Reporte elaborado por el Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres de Chiapas, ver reporte del mes de Enero disponible aquí: https://bit.ly/2WLzPzJ

[2] Registro de la base de datos de Melel Xojobal, AC

[3] Ver boletín de prensa del SNTE sobre el asesinato de la profesora: https://bit.ly/2Bm9Y8y

[4] Ver comunicado de prensa de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, disponible en: https://bit.ly/2UNc3S0

[5] Ver protocolo de la SCJN disponible en: https://bit.ly/2Ea7sno

[6] Ver ejemplo de protocolo de actuación ministerial de la PGR disponible es: https://bit.ly/2MqhW3j

[7] Ver denuncia pública y nota por liberación de feminicidas en Chiapas: https://bit.ly/2SPgDln

[8] Ver Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para las Mujeres de Chiapas: https://bit.ly/2GJWK9c

[9] Ver nota de prensa publicada en Chiapas Paralelo, disponible en: https://bit.ly/2X2uN1P

[10] Ver comunicado del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio disponible en: https://bit.ly/2TLWha1

[11] Ver denuncia pública disponible en: https://bit.ly/2BabvgR

Descarga el comunicado en PDF aquí

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Informe sombra para el Comité de CEDAW (Julio de 2018)

Integrantes de la Campaña Popular Contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas presentaron el pasado 06 de julio en Ginebra, Suiza, el Informe sombra para el Comité de CEDAW “La situación de las mujeres en Chiapas en el marco de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género”.

En Chiapas prevalece un contexto de violencia estructural derivado de la situación de alta marginación y pobreza histórica; la ubicación geográfica de la entidad; los flujos migratorios; los efectos de la estrategia militar contrainsurgente (Guerra de baja intensidad); el discurso y las políticas desarrollistas del gobierno; la persistencia de relaciones laborales serviles y semiesclavistas, creando tal complejidad, que coloca en situación de alta vulnerabilidad a las mujeres, especialmente a las indígenas y mestizas pobres.

Descarga el informe completo aquí en PDF

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Gobierno de Chiapas y CONAVIM incumplen Alerta de Violencia de Género para las Mujeres de Chiapas

 

Comunicado de Prensa

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; 14 de junio de 2018.

Gobierno de Chiapas y CONAVIM incumplen
Alerta de Violencia de Género para las Mujeres de Chiapas

• Organizaciones peticionarias de la Alerta de Género, integrantes de la Campaña Popular contra el Feminicidio en Chiapas, reprobamos la falta de compromisos del gobierno estatal para evaluar la implementación de las medidas ordenadas en la AVGM.

Las organizaciones peticionarias de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) e integrantes de la Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas, manifestamos nuestro extrañamiento en relación a que la octava sesión ordinaria del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) se realice en la Ciudad de México, cambiando la sede ordinaria que ha sido la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez; incluso que la reunión se realice sin la presencia de las peticionarias y sin que contemos con los insumos que hemos solicitado al Gobierno de Chiapas para evaluar las medidas de la implementación de la AVGM en el estado.

Como lo hemos señalado en distintas comunicaciones que hemos enviado a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), la reunión de evaluación de la Declaratoria de la AVGM no puede realizarse sino contamos con información sustancial para dar cuenta del nivel de cumplimento. Hasta hoy los documentos presentados por el gobierno de Chiapas no brindan información para conocer en qué medidas se han avanzando y si están contribuyendo o no a atender la violencia contra las mujeres y el feminicidio en Chiapas.

Como organizaciones civiles hemos mantenido un monitoreo permanente sobre la situación de violencia contra las mujeres en Chiapas y de los informes presentados hasta hoy por las autoridades estatales ubicamos graves omisiones y faltas a la verdad en las evidencias que se presentan como cumplimiento de la AVGM, hecho que no corresponde con lo que se mandató para garantizar a mujeres y niñas una vida libre de violencia.

Consideramos urgente y necesario que el informe y la información pública en el portal de la AVGM de Chiapas correspondan al plan de trabajo acordado y establecido por el GIM. Sólo de esa forma se podrá observar el grado de avance en la implementación.

Hoy en la Ciudad de México se reunirán autoridades estatales y federales con la ausencia total de quienes somos peticionarias e integrantes de la Campaña Popular de Alerta de Violencia de Género en Chiapas, por lo tanto hemos enviado a la CONAVIM que, asumiendo su responsabilidad, retome la ruta y metodología de evaluación de la Declaratoria de AVGM en la que todas las partes integrantes realicemos observaciones respecto a las medidas ordenadas para Chiapas. El hecho además de que la reunión la convoquen en la Ciudad de México el día de hoy, obstaculiza nuestra participación como peticionarias ya que no podemos asistir el grupo que hemos delegado para seguimiento ordinario en la entidad.

¡No más violencia contra las mujeres!

Atentamente:
Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres
y el Feminicidio en Chiapas

Descarga el comunicado en PDF aquí

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Comunicado contra la violencia hacia las mujeres y el feminicidio en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

 

San Cristóbal de Las Casas no es un lugar seguro.

A las mujeres nos acosan, desaparecen, violan y asesinan

Comunicado

  • El Estado mexicano, en sus tres niveles, es permisivo y cómplice de la creciente violencia contra las niñas, adolescentes,mujeres adultas y de la tercera edad que viven y transitan en este municipio.
  • En Chiapas, de 2017 a la fecha, se han registrado 57 casos de niñas y adolescentes mujeres desaparecidas.[1]

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas a 31 de mayo de 2018, – A más de un año de haberse declarado la Alerta de Violencia de Género en el municipio las mujeres seguimos sin condiciones de seguridad mínimas que garanticen nuestra vida e integridad.  En el último mes se registraron dos feminicidios que siguen en la impunidad.

El 24 de abril en los límites de la colonia La Isla y Barrio de Mexicanos, en esta ciudad, encontraron el cuerpo de una mujer víctima de feminicidio, con señales de violencia física y abuso sexual. Las autoridades no han aplicado un protocolo de investigación de feminicidio con perspectiva de género ni han activado medidas para identificarla.

Un segundo feminicidio se dio el 9 de mayo en la colonia La Nueva Maravilla. María de los Ángeles, adolescente de 14 años, vivía en la colonia San José Buena Vista, al norte de la ciudad, y era estudiante de la escuela secundaria “General Miguel Utrilla”, ubicada en la colonia Prudencio Moscoso.

En ambos casos, las víctimas fueron criminalizadas en redes sociales, notas periodísticas y testimonios de habitantes de las colonias y barrios.

La constante criminalización de las victimas sólo perpetua la violencia que vivimos las mujeres y omite señalar a los agresores como hombres violentos y machistas. San Cristóbal de Las Casas “Pueblo Mágico”, no es la excepción, aquí existe un proceso de normalización, naturalización e invisibilización de la violencia hacia las mujeres. Tan sólo en los últimos meses (de enero a la fecha) se han registrado 14 feminicidios, aunque un gran número se consideran muertes violentas, no feminicidios. Éstos se se suman a las graves expresiones de violencia machista que van desde amenazas, agresiones, lesiones, homicidios dolosos, muertes sospechosas y secuestros en varias regiones del estado. [2]

A pesar de haberse declarado la Alerta de Violencia de Género para el municipio de San Cristóbal de Las Casas, persisten omisiones que constituyen violaciones a los Derechos de las Mujeres. Las autoridades judiciales se niegan a trabajar con perspectiva de género para brindar acceso a la justicia a niñas, niños y mujeres víctimas de violencia. Son omisas además en su obligación de actuar con base en el Interés Superior del Niñez establecido en la Constitución, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en los instrumentos internacionales.

Hemos denunciado en repetidas ocasiones que, ante el alarmante incremento de desapariciones en la entidad, la implementación de la Alerta Amber y los mecanismos de prevención en el caso de niñas o adolescentes desaparecidas son continuamente retrasados bajo argumentos machistas como “se fue con el novio”.Las expresiones de violencia machista, como ésta, ejercidas desde las instituciones y por parte de servidores públicos afecta directamente la dignidad y la integridad e incluso revictimiza a niñas, niños, adolescentes y mujeres que buscan ejercer su derecho de acceso a la justicia.

Condenamos el secuestro de Pascuala de la Cruz Pérez, de 17 años, originaria del municipio de Huixtán, así como la incapacidad de la Fiscalía General del Estado en la investigación y el abandono del caso.

Resulta más que preocupante que las acciones implementadas por el Gobierno de Chiapas, y del actual Ayuntamiento,se caractericen por su carácter publicitario, manipulador y de uso de las mujeres a través de los programas asistencialistas y de los partidos políticos, que encubren la grave omisión del Estado Mexicano a su deber de atender, prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres.

Consideramos de suma importancia que las mujeres y la población en general se mantengan informadas sobre las acciones que se realizan para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como exigir su cumplimiento. Esto implica también denunciar el uso de la Alerta de Género con fines electorales porque su objetivo no es servir para posicionar políticamente a secretarios, gobernantes, diputados, senadores o presidentes municipales a quienes no les interesa la vida de las mujeres.

Desde la Colectiva “Gritamos contra el acoso”, la Campaña Popular contra la Violencia hacia las mujeres y el feminicidio en Chiapas, las organizaciones y personas preocupadas que habitamos en esta ciudad, denunciamos que en San Cristóbal de Las Casas nos acosan, desaparecen, violan,y asesinan.

Hoy, 31 de mayo, salimos a las calles de San Cristóbal de Las Casas “Pueblo Trágico” para gritar, protestar, denunciar, recordar a las dos compañeras asesinadas y exigir se nos garantice una vida libre de violencia. Hacemos un llamado urgente a la Sociedad Civil, a familiares de mujeres asesinadas, sobrevivientes y víctimas de violencia a que nos organicemos para juntas rechazar firmemente la violencia machista que afecta a niñas, adolescentes y mujeres en esta ciudad, y a exigir:

  • Se elimine el absurdo administrativo de esperar 48 o 72 horas para iniciar la búsqueda y carpeta de investigación en caso de desaparición de niñas, niños y adolescentes, por contravenir claramentesu derecho a la protección e integridad.
  • Se capacite a las autoridadespara que actúen e investiguen con perspectiva de género, así como para brindar acceso a la justicia a niñas y mujeres víctimas de violencia.
  • Se establezca un Protocolo especializado de búsqueda inmediata de niñas, niños y adolescentes desaparecidos en cualquier circunstancia.
  • De manera particular hacemos un llamado a las autoridades competentes del gobierno de Chiapas para que, en tanto se avanza en las medidas de la Alerta, no incurran en omisiones y atiendan con debida diligencia los casos de violencia de género y feminicidio que se presentan en nuestra entidad.
  • Exigimos se investigue el caso de Pascuala, que se recupere a salvo,se entregue a su familia y se sancione a los responsables.

Nosotras las nombramos y no las olvidamos porque nos duelen. Aunque no las conocimos, nosotras las pensamos.

Ante la violencia machista, nosotras nos organizamos, nos unimos, nos defendemos.

¡Vivas nos queremos!

 ¡Ni una muerta más!

Atentamente:

Colectiva “Gritamos contra el acoso”; la Campaña Popular contra la Violencia hacia las mujeres y el feminicidios en Chiapas: Mujeres y hombres de la regiones, norte, altos, sierra frontera, Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH), Brigada Feminista por la Autonomía, Casa Cereza, Casa de la Mujer de Palenque, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa AC, Centro de Investigación y Acción para la Mujer Latinoamericana (CIAM), Grupo de Mujeres de San Cristóbal COLEM, Formación y Capacitación AC (FOCA), Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C. (CEPAZDH), Melel Xojobal AC, Red de Mujeres Chiapanecas contra la violencia hacia las mujeres, Red Mesoamericana Mujer Salud y Migración; Semilla del Sur;Centro Educativo Sueniños;Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente AC;Colectiva Cereza, Maderas del Pueblo del Sureste AC, Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas; Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas (REDIAS): Aldeas Infantiles SOS México en Chiapas, Alianza por la Salud, Alimentación y Nutrición en Chiapas (ASAN), Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C., Chantiik Taj Tajinkutik A.C., Desarrollo Educativo Sueniños A.C., Foro para el Desarrollo Sustentable A.C., Melel Xojobal A.C., Tierra Roja Cuxtitali Centro Comunitario A.C., Voces Mesoamericanas. Acción con Pueblos Migrantes A.C., WorldVision México; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos“Todos los Derechos para Todas y Todos” conformada por: Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubermantal A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristóbal de las Casas, Chiapas); y personas que habitamos en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

 

[1] Registrado por Melel Xojobal AC

[2] Registrado por Centro de Derechos Humanos de la Mujer en Chiapas (CDMCH) y el Colectivo de Mujeres en San Cristóbal (COLEM)

Descarga el comunicado en PDF aquí

Vídeo: lectura del comunicado durante el recorrido de la marcha

 

CONAVIM da revés a los derechos de las mujeres en México

 

COMUNICADO DE PRENSA 

CONAVIM da revés a los derechos de las mujeres en México

CONAVIM obstaculiza implementación de las alertas de violencia de género 

 

27 de marzo de 2018.

 

Organizaciones peticionarias de Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVG) en diversos estados del país, denunciamos los graves retrocesos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) para garantizar los derechos de las mujeres en México.

A pesar de que el propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública documentó de 2015 a 2017 el asesinato de 8,190 mujeres en todo el país, de los cuales sólo 1,640 fueron investigados como feminicidio -es decir en 20% de los asesinatos- existe una omisión por parte de las autoridades federales para realizar acciones urgentes y efectivas para erradicar la violencia feminicida que prevalece en diversas entidades.

A casi tres meses de la llegada de la nueva Comisionada de la CONAVIM, Angela Quiroga, organizaciones de diversos estados del país, vemos con preocupación el estancamiento, retroceso y dilación de la nueva administración, lo que pone en riesgo los avances logrados para garantizar los derechos de las mujeres.  

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) conformado por 40 organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres en 22 estados del país, la Red  Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” A.C., Justicia Pro Persona A.C. y el Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de  Vitoria O.P. A.C. hemos documentado acciones, omisiones e irregularidades de la CONAVIM en los procedimientos de AVG como:

-Retardos injustificados en la notificación de los informes sobre las AVG, lo que se contradice con la imperiosa necesidad con la que se deben atender, ante la gravedad y urgencia de problemáticas como el feminicidio y las desapariciones de niñas y mujeres. Esto ha ocurrido ante las solicitudes de las Declaratorias en la Ciudad de México, Tlaxcala y el estado Puebla.

-Detenimiento de las mesas de trabajo para la elaboración de dictámenes sobre el cumplimiento de las medidas de las AVG declaradas en estados como: Nuevo León, Estado de México y Chiapas. Lo que impide realizar una evaluación y saber si es necesario emitir nuevas medidas.

-Limitación de la participación de organizaciones de la sociedad civil en el procedimiento de AVG. No tener voz, ni voto y condicionar su participación al arbitrio de la CONAVIM, es una de las recientes prácticas documentadas.

-Caso omiso a los indicadores de resultado y de impacto para medir el cumplimiento de las medidas y recomendaciones de las AVG y el cese de la violencia feminicida, elaborados con Amnistía Internacional y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

-Detenimiento de la publicación de la reforma al Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) con la cual se busca fortalecer el mecanismo de la AVG, mismo que es un resultado de los Amparos realizados por las OSC en los procedimientos del Estado de México, Nuevo León y Chiapas.

Aunado a estos retrocesos graves, es de nuestro conocimiento que en los últimos dos meses la CONAVIM se ha reunido con los gobiernos -sin que participe el Grupo de Trabajo y mucho menos las organizaciones peticionarias de las AVG-, para acordar las situaciones relacionadas con las alertas.Cabe destacar que éstos no están dentro del procedimiento del propio mecanismo, y que son contrarias al propio objetivo de la AVG, ya que emitir los informes de recomendaciones, declarar los alertas o levantarlas, no depende de la voluntad de los estados sino del cumplimiento de las recomendaciones y del cese de la violencia.

Como organizaciones defensoras de los derechos humanos, particularmente los derechos de las mujeres exigimos a la Secretaria de Gobernación:

-Acciones inmediatas y efectivas para salvaguardar la vida e integridad de las mujeres en México.

-Cese de la simulación y atención urgente a los pendientes y vacíos en las solicitudes  y seguimiento  a las alertas realizadas en el Estado de México, Veracruz, Jalisco, Tlaxcala, Puebla y la Ciudad de México.

-Cumplimiento de la recomendación del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en la que pide al Gobierno mexicano eliminar las barreras para la implementación del mecanismo de la AVG y así como la realización de políticas públicas garantizar la seguridad e integridad de las mujeres.

Recordamos a las autoridades, sociedad civil y a las organizaciones nacionales e internacionales que trabajamos a favor de los derechos de las mujeres que el mecanismo de las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres fue hecho para proteger a las víctimas y sus derechos, no a los gobiernos.

De enero de 2014 a diciembre de 2017 el OCNF registró 8,904 asesinatos de mujeres en todo el país, de los cuales sólo 2,188 casos han sido investigados como feminicidios, por lo que estaremos atentas de las acciones y omisiones que a partir de esta fecha realice el organismo federal, pues hasta la fecha su actuar pone en duda un compromiso auténtico con las mujeres en México.

Atentamente,

Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) 

Red  Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos 

“Todos los Derechos para Todas y Todos” A.C.

Justicia Pro Persona A.C.

Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de  Vitoria O.P. A.C.

 

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Fuente original: http://observatoriofeminicidiomexico.org.mx/comunicado/comunicado-conavim-da-reves-a-los-derechos-de-las-mujeres-en-mexico/

Comunicado de la Coordinación Diocesana de Mujeres (CODIMUJ)

Comunicado.

Parroquia San Pedro y San Pablo, Chicomuselo, Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 24 de marzo de 2018.

 

A LOS DISTINTOS NIVELES DE GOBIERNO
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LAS DISTINTAS DENOMINACIONES RELIGIOSAS.
A LOS HOMBRES Y MUJERES DE BUENA VOLUNTAD.

 

“Ellas tienen los mismos derechos, y que la violencia contra las mujeres debe cesar”. (Papa Francisco)

 

 

Las mujeres que nos reunimos el día de hoy en el marco del foro denominado ”Los derechos de la mujer, también son derechos humanos”, realizado en la localidad Pablo L Sidar, municipio de Chicomuselo, Chiapas. Expresamos nuestra indignación por la desigualdad, la discriminación y la violencia en contra de nosotras las mujeres y niñas de nuestro municipio, estado y país.

Desde años ancestrales el papel de la mujer en la sociedad ha sido subordinado por el hombre y avalado por las diversas dependencias gubernamentales.

Por tal razón, nos reunimos el día de hoy para mirar nuestra realidad con ojos, mente y corazón de mujer, y para decir, Ya basta de tantos atropellos a nuestra dignidad como mujer,

A más de un año de la declaración sobre la Alerta de Violencia de Género en Chiapas, la violencia hacia las mujeres ha incrementado debido a que las dependencias gubernamentales no han ejercido acciones preventivas, de justicia, de reparación del daño o a la vez una amplia difusión de cero tolerancia a quienes violenten los derechos de las mujeres,

Como mujeres nos reconocemos en la lucha digna y persistente que por décadas hemos llevado a cabo desde diferentes espacios por la defensa de nuestros derechos humanos, en particular por la autonomía, por una vida libre de violencia y por la defensa de nuestros territorios amenazados por el despojo a causa de los intereses económicos promovida desde las grandes empresas, como es la industria cervecera, que provoca alcoholismo y como consecuencia, enfermedades, división en las familias, pobreza, pleitos e incluso la muerte, empresas mineras que provocan deforestación, contaminación, conflictos comunitarios, entre otros, y otras más, que promueven el despojo de nuestros derechos.

Por lo tanto hacemos un llamado a las autoridades en sus distintos niveles, organizaciones de la sociedad civil y a la población en general a redoblar esfuerzos para lograr la igualdad de género, y erradicación de la violencia, de manera que mujeres y hombres tengamos las mismas oportunidades de participación y desarrollo en la sociedad.

Manifestamos que las iniciativas promovidas desde las instituciones del gobierno del Estado no han sido suficientes para erradicar la violencia hacia nosotras las mujeres, si bien es cierto que se han aprobado leyes en materia de protección, es necesario promover mayores acciones y garantizar que estas sean efectivas, ya que muchos casos de violencia han quedado en total impunidad.

Condenamos la persecución y criminalización hacia las mujeres y hombres que luchan desde diferentes espacios por la construcción de un mundo más justo y fraterno para todos y todas. Las Animamos y nos solidarizamos con todas ellas porque su lucha también es nuestra.

Es necesario eliminar la discriminación y la violencia que se ejerce en contra de las mujeres, pues constituyen grandes barreras para el ejercicio pleno de nuestros derechos.

Los grupos de mujeres organizados en la Coordinación Diocesana de Mujeres, (CODIMUJ) reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando incansablemente para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, a través actividades de difusión, talleres de capacitación, promoción y observancia, y a la vez invitamos a que luchemos juntos: hombres, mujeres, niñas y niños para salvaguardar la vida, la libertad, la dignidad, y la justicia para las niñas y mujeres víctimas de violencia de género.

*-*


Comunicado de l@s desplazad@s de Chalchihuitán en conferencia de prensa

Comunicado


22 DE MARZO DE 2018.

 

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.

A LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTATAL, NACIONAL E INTERNACION.

A LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS.

AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ENRIQUE PEÑA NIETO

AL GOBERNADOR MANUEL VELASCO CUELLO.

AL PUEBLO EN GENERAL.

 

Los desplazados de Chalchihuitán nos manifestamos ante los medios de comunicación, ante la opinión pública nacional e internacional y ante los gobiernos responsables de velar por la paz e integridad física de nosotros y de nuestras familias, como marca nuestra constitución mexicana. A fin de DENUNCIAR TODAS LAS SITUACIONES INHUMANAS QUE VIVIMOS Y SUFRIMOS como desplazados. Quisiéramos que nuestras palabras puedan llegar a muchos oídos; principalmente a los oídos y en el corazón del presidente de la Republica Enrique Peña Nieto y del gobernador Manuel Velasco Cuello, que son responsables de la situación del Estado y del País, deseamos que estos gobiernos recobraran sus sentidos y recordaran sus obligaciones de hacer justicia en el ámbito de sus competencias, para el bienestar y la paz de sus gobernados, para que podamos vivir con tranquilidad en nuestras comunidades, en nuestro municipio, en nuestro estado y en nuestro país. Hoy venimos a hacerles saber que vivimos en situaciones deplorables e inhumanas, vivimos en las montañas para guardar y proteger nuestras vidas y la de nuestras familias, porque los paramilitares de la presidenta municipal de Chenalhó, la Lic. Rosa Pérez Pérez y del Presidente del comité estatal del partido verde ecologista de México el Lic. Eduardo Ramírez Aguilar, nos quieren matar y nos han despojado con violencia nuestras tierras, quemaron nuestras casas, robaron nuestras cosechas, mataron nuestros animales, nos desalojaron hacia las montañas, y ahora continúan sus disparos de armas de fuego de alto poder en esa zona de conflicto.

Señor presidente ENRIQUE PEÑA NIETO Y gobernador MANUEL VELASO CUELLO, ustedes son gobernantes y nadie les obligo para que sean, ustedes pidieron ser gobiernos y juraron cumplir y hacer cumplir las leyes del país y del Estado, para que haya paz y tranquilidad en la vida de sus gobernados, ¿porque entonces, nos hacen vivir en la intranquilidad y en la injusticia?, ¿Qué les hemos hecho a ustedes para que nos condenaran a vivir y morir de esta manera?, ¿qué coraje tienen con nosotros?, ¿Qué daños les hemos hecho ustedes?, ¿Cuál es nuestro delito para que nos condenen a morir de ésta forma?, ¿creen que no sentimos hambre, dolor y angustia? O ¿es nuestra culpa ser indígena?. Ya basta señor presidente Enrique Peña Nieto y gobernador Manuel Velasco Cuello, les pedimos que dejen un lado su coraje y odio contra nosotros, piensen y vean que somos personas como ustedes y que necesitamos que nos hagan justicia, que las leyes protejan nuestra vida, nuestros derechos y nuestros bienes, como gobiernos que son atiendan nuestras necesidades y problemas. Porque hoy sufrimos frio, hambre, enfermedades de tos, diarrea, gripa, calentura, vomito, calambre y entre otros, todo eso, nadie lo siente, nadie lo ve y nadie lo escucha, ningún gobierno nos voltea a ver, ni federal, ni estatal, ni municipal, ustedes les bastan que viven con mucho lujo y comodidad con el dinero del pueblo, todos creen que no existimos, todos piensan que no sentimos dolor y angustia, todos nos odian, todos se divierten en nuestros sufrimientos, en nuestro dolor y en nuestra angustia, todos nos han condenado a morir de esta forma.

Hoy necesitamos:

  1. Como se han comprometidos como autoridades hasta que se resuelve el problema.
  2. Atención médica.
  3. Agua potable.
  4. . Plan de retorno integral para todos los desplazados.
  5. . Desarrollo para nuestras comunidades y municipio.
  6. Que desalojen los invasores de nuestras tierras que nos despojaron con lujo de violencia y con armas de fuego de alto poder del uso exclusivo del ejército mexicano.

Por todo lo anterior, se hace el siguiente pronunciamiento:

San Pablo Chalchihuitán, Altos de Chiapas, a 12 de marzo de 2018

 

Los abajo firmantes:

Dos integrantes de lo que fue la Comisión de Apoyo a la Comisaría de Bienes Comunales y del Ayuntamiento (nombrados el 24 de enero de este año en Asamblea de Agentes Municipales, escribanos y principales de cada uno de los 36 parajes de nuestro territorio, con presencia y participación de las autoridades comunales y municipales); unidos ahora estos dos Consejeros en este nuestro Comité, con representantes legítimos de 10 campamentos de familias desplazadas de manera forzada, por grupos armados de tipo paramilitar;  y respaldados por los Agentes Municipales de los poblados de las familias desplazadas, quienes firman y sellan al final de la presente;

Reunidos el día de hoy  en el sitio del compañero Roberto Girón Pérez en la cabecera municipal de Chalchihuitán, Chiapas, en una Asamblea Interna, habiendo discutido la negativa del gobierno estatal y federal de cumplir demandas principales de Desarmar, Desarticular y Castigar grupos armados paramilitares, y de emitir Declaración reconociéndonos como desplazados forzados  internos, y aplicar así sus propias leyes federal y estatal.

Y además, como respuesta a la traición, incapacidad e indiferencia,  de nuestras autoridades municipales y de Bienes Comunales, que se reúnen en México con las autoridades de gobierno federal (Secretaría de Gobernación) y de gobierno de Chiapas (Secretaría de Gobierno) firmando minutas y acuerdos a espaldas de nuestro Pueblo de Chalchihuitán, avalados ellos sólo por la mayoría de los que fueran comisionados para el apoyo del comisariado de Bienes Comunales y municipales de nuestro pueblo, controlados todos por corruptos intereses económicos o políticos de partidos, por lo que, el día de hoy, a nombre y representación de 1094  ancianos y ancianas, niños y niñas, mujeres y hombres, desplazados de manera forzada, tomamos los siguientes:

 

ACUERDOS

  1. Declararnos públicamente como Comité de Desplazados Forzados Internos Chalchihuitle, autónomo y en resistencia pacífica ante mentiras e incumplimiento de gobiernos federal, de Chiapas y autoridades municipales, que sólo buscan sus propios intereses, usando para eso la grave situación de nuestro municipio.

 

  1. Desconocemos y rechazamos totalmente toda minuta y acuerdo firmado por nuestras autoridades municipales y comunales, a espaldas de nosotros, representantes legítimos de cientos de familias indígenas desplazadas, en situación de riesgo diario a nuestras vidas y nuestra integridad, minutas que no van de acuerdo con nuestras justas demandas.

 

  1. Exigimos nuevamente que el Gobierno Federal y de Chiapas cumplan las principales exigencias de nuestro movimiento como Comité de Desplazados Forzados Internos Chalchihuitle, que son:

 

A.- Desarticulación, desarme, detención y castigo a grupos armados paramilitares.

 

B.- Declaración oficial de nuestro caso, como Desplazados Forzados  internos, cumpliendo Ley de ONU y Ley de Chiapas.

 

C.- Garantías de Libre Circulación para todos los pueblos y familias de nuestro municipio y zonas vecinas, así como para todos los y las  observadores internacionales y nacionales de Derechos Humanos y campamentos de paz que se instalen.

 

D.- Reparación Integral de los daños para todas las familias afectadas por los desplazamientos forzosos, incluyendo el pago de daños de forma inmediata cuanto antes, según lista de daños entregados a las autoridades municipales de Chalchihuitán.

Muy en especial y urgente, exigimos la inmediata reparación a los familiares de las trece víctimas, muertas como consecuencia directa de la violencia paramilitar y de los desplazamientos forzados dichas víctimas son: un adulto, Samuel Luna Girón, muerto acribillado en emboscada desde octubre del año pasado; y la muerte y posteriormente los fallecimientos, de otros 4 adultos mayores; 1 joven de 18 años; dos mujeres adultas y 3 menores -2 niñas y un niño- así como la muerte de una bebé de dos meses y otro bebé no nacido, fallecimientos ocurridos debido a  las inhumanas condiciones físicas y emocionales a que han sido sometidas centenares de nuestras familias desplazadas, y que han sido documentados por médicos del Programa interdisciplinario Desarrollo Humano en Chiapas. UAM Xochimilco y por las Caravanas de Observación Civil del Colectivo de Ongs que apoyan nuestras justas demandas.

 

  1. Rechazamos totalmente la presencia y participación corrupta de todos los partidos políticos en nuestra justa lucha.
  2. .Pedimos a las organizaciones de la sociedad civil honesta y comprometida, que nos han venido apoyando, lo sigan haciendo.

 

Atentamente

Representantes del Comité de Desplazados Forzados Internos Chalchihuitle

Ausencio Pérez Paciencia                                         Roberto Girón Pérez

Enlace                                                                                       Vocero

Javier Luna Girón                                                     Rebeca Luna Pérez

Secretario                                                                             Tesorera

Marcos Pérez Gómez                                              Domingo Díaz Pérez

Consejero                                                                          Consejero

María Paciencia Pérez

Consejera

 

 

Segunda Participación de l@s compañer@s de Chalchihuitán:

Ante la posible visita del Gobernador Manuel Velasco Coello al Municipio de Chalchihuitán, Chiapas, los habitantes y desplazados Declaramos ineficaz Gobernador persona “NON GRATA”. Todo esto ante la negativa e ineptitud del gobierno del Estado de Chiapas, por no dar solución a los problemas de los desplazados del municipio de Chalchihuitán, al mandar sus paramilitares para despojarnos y asesinarnos, destruir nuestras casas y nuestros bienes, siendo un gobernador que tiene obligación de velar por la paz y armonía para todos los Chiapanecos. Un gobierno “TRAIDOR” no es bienvenido en este municipio, un municipio condenado a la miseria, al abandono, al despojo y a la muerte por manos de los propios paramilitares del señor gobernador y de su Partido Verde Ecologista de México, por lo que si llegase a poner un pie en este lugar, desoyendo este llamado, el pueblo saldrá a manifestar su descontento y los desplazado estarán pendientes para actuar, porque es una provocación y burla para nosotros los Chalchihuitecos, podría quedar retenidos sus helicópteros o vehículos y otros más, porque nos vienen a provocar en nuestro lugar donde nos encontramos refugiados en las montañas. Escucha bien señor gobernador no nos provoques.

 

Audio palabras de desplazad@s de Chalchihuitán:

Audio ronda de preguntas:

Descarga:

BOLETIN COMITE AUTONOMO DESPLAZADOS

GOBERNADOR NON GRATA

Chalchihuitán: Continúa la negligencia del Estado mexicano ante desplazamiento forzado de miles de familias indígenas, propiciado por la impune acción de grupos armados de corte paramilitar

Comunicado

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México a 22 de marzo de 2018.

 

Colectivo de Organismos de la Sociedad Civil, integrantes de la Misión Civil de Observación Zona Altos

 

Comunicado público

 

CHALCHIHUITÁN: Continúa la negligencia del Estado mexicano ante desplazamiento forzado de miles de familias indígenas, propiciado por  la impune acción de grupos armados de corte paramilitar

 

Las organizaciones firmantes, integrantes del Colectivo de Organismos de la Sociedad Civil, de la Misión Civil de Observación Zona Altos, lamentamos y denunciamos la inacción de las autoridades municipal, estatal y federal para –luego de más de cuatro meses- atender adecuadamente la urgencia humanitaria de más de 5000 indígenas tsotsiles en desplazamiento forzado en el municipio de Chalchihuitán, Chiapas.

Denunciamos también que, luego de un fallido proceso de “Diálogo”, desarrollado a través de la instalación de una Mesa de Atención Interinstitucional realizada el 20 de diciembre de 2017, de la cual se desprendieron las igualmente fallidas Mesas temáticas (Seguridad, Ayuda Humanitaria, Agraria y Desarrollo Social) resultando a la fecha, en una total muestra de incapacidad y de una plena complicidad del Estado mexicano, que, lejos de resolver de raíz y de forma estructural la violencia y la impunidad existente, y garantizar efectivamente el inmediato retorno de todas las personas desplazadas de manera forzada, a sus casas y comunidades de origen, los grupos armados de corte paramilitar, continúan actuando impunemente, mismos que -como se ha venido denunciando públicamente desde nuestro primer pronunciamiento emitido el 15 de diciembre pasado- hoy día, tres meses después, han mantenido y extendido su acción intimidatoria.

Los gobiernos federal y estatal continúan negándose a aceptar y reconocer  oficialmente el estatus legal de desplazamiento forzado interno, de todas las familias y personas bajo esta inhumana situación, reconocimiento que implicaría la aplicación inmediata de la Declaración de los  “Principios rectores de Desplazamiento interno de la Organización de las Naciones Unidas” y de la “Ley para la prevención y atención del Desplazamiento interno en el estado de Chiapas”. En vez de ello nos han reportado que desde hace varias semanas, ha cesado la ayuda humanitaria prometida y anunciada por diversas instancias gubernamentales, presentándose en cambio, una inaceptable y corrupta injerencia de los partidos políticos en el proceso.

En ese contexto, como Colectivo de Organismos de la Sociedad Civil, integrantes de la Misión Civil de Observación Zona Altos,

 

Manifestamos:

 

1.- Nuestra reiterada preocupación e indignación por la gravísima crisis humanitaria, impunidad y violencia estructural, que, desde hace más de cuatro meses se vive en el territorio comunal y municipal de Chalchihuitán y zonas aledañas, producto de la aquiescencia con la que opera en la zona la delincuencia organizada, misma que, a través de la documentada acción impune de grupos armados de corte paramilitar, ha obligado al desplazamiento de más de cinco mil indígenas (la mayoría en situación de extrema vulnerabilidad: mujeres, niñas y niños, y ancianas y ancianos) provocando con ello, hasta el momento, la muerte documentada de once personas (mujeres, niños-as y ancianas-os), y manteniendo a la población desplazada en un permanente estado de angustia, miedo y sufrimiento, condición ejemplificada con el suicidio de un adolescente indígena, quien ingirió agroquímicos, que le provocaron una dolorosa y prolongada agonía.

2.- De manera particular, expresamos nuestra mayor inconformidad, por la omisión del Estado mexicano (en sus tres niveles de gobierno) en relación a:

a) Considerar como prioridad y resolver la grave situación de supervivencia, que enfrentan los cerca de 500 niñas y niños y adolescentes, que permanecen en una inhumana condición de desplazamiento interno, que exacerbada por la histórica condición de injusticia, inequidad y pobreza extrema, en la que vive el 97% de la población total del municipio de Chalchihuitán, donde de por sí, la tasa de mortalidad infantil en niñas y niños menores es de 166 por cada mil, trece veces más que la establecida a nivel estatal. Con ello, se es omiso en la ejecución y coordinación de medidas de protección especial a la infancia desplazada, como lo marca la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el estado de Chiapas en los artículos 12, 41 y 100 que señalan que el Estado deberá proveer al menos, “alimentos indispensables, agua potable, cobijo y alojamiento básicos, vestido adecuado, servicios médicos y de saneamiento indispensables, así como la educación básica obligatoria” (art 12). Asimismo se ha incumplido con su obligación de garantizar el derecho de prioridad en la atención a la infancia y ha sido omiso en considerar el principio de Interés Superior en su actuación, como lo mandata el artículo 4o constitucional.

b) Atender de manera urgente la situación que sufre cerca del 70% de la población desplazada, conformada por mujeres, niñas y ancianas, población que por su condición de género, ejemplifica todas las vulnerabilidades que debieran ser consideradas dentro del protocolo de atención integral para estos casos. Las mujeres en situación de desplazamiento forzado enfrentan grandes cambios en su vida. En lo privado se altera la cotidianidad con que se realizan las tareas domésticas, los cuidados de los menores de edad y de las ancianas y ancianos, la distribución y uso del espacio, la tranquilidad emocional como personas y la convivencia con otras familias. En lo público, se profundiza la división sexual del trabajo, y con ello, una mayor discriminación en cuanto el acceso a alimentos y a la participación y toma de decisiones en procesos comunitarios organizativos y en particular, en el proceso de atención al conflicto, viéndose obligadas a asumir roles nuevos y diferenciados que las afectan en forma extrema, opuesto a la situación que viven los hombres desde su condición masculina.

En ese sentido, el Estado mexicano está siendo igualmente omiso en lo relativo a la Resolución 1325 de la Organización de las Naciones Unidas, que señala que las mujeres, niños y niñas se ven afectadas de manera especial por los conflictos armados, sean internos o no. En tal sentido, la citada resolución insta a los Estados a adoptar una perspectiva de género que tenga en cuenta las necesidades particulares de las mujeres y las niñas; en nuestro contexto, esto además implica considerar las particularidades culturales y sociales de las familias indígenas afectadas.

 

3.- Nuestro rechazo al establecimiento de una Base de Operación Mixta (BOM) en la zona Chalchihuitán-Chenalho, misma que, en el marco de la aprobación de la anticonstitucional Ley de Seguridad Interior, lejos de brindar una verdadera seguridad a la población local y a los integrantes de Misiones y caravanas de Observadores de Derechos Humanos, en los hechos significa, -además de la intimidatoria militarización que pone en riesgo el delicado proceso de diálogo y la posible conciliación entre la base comunitaria de ambos municipios- significa un seguro incremento en los índices de alcoholismo, prostitución, violencia de género; así como en el abuso, violación y embarazos de adolescentes.

 

4.- En ese contexto, como Colectivo de la Sociedad Civil, resaltamos la importancia de la resolución de la a Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que solicita al Estado mexicano la aplicación de medidas cautelares en beneficio de los pobladores afectados.

 

Es importante señalar que la CIDH reflexiona en su resolución que ”La Comisión (…) considera que no cuenta con información que indique que el riesgo generado por grupos armados que tuvieron recientemente la capacidad de cortar carreteras y originar el desplazamiento forzado de aproximadamente 5,000 personas de sus comunidades de origen haya sido efectivamente mitigado”

 

El informe con el cual diera contestación el Estado mexicano a la solicitud de dichas medidas cautelares basa gran parte de su contenido en señalar cuantitativamente los víveres y asistencia médica destinada, siendo que incluso ha sido denunciado por los afectados que dicha ayuda humanitaria no llega en las cantidades declaradas. Así mismo intenta argumentar que ha cesado la situación de riesgo de nuevas agresiones fundándose en los diálogos intermunicipales así como en el hecho de que un aproximado de 65% de los desplazados han retornado. Denunciamos la minimización del riesgo hecha por el estado y lo responsabilizamos de cualquier nueva agresión propiciada por su postura siendo que el retorno no garantiza su seguridad y vida ya que continúan los disparos y en cualquier momento pueden escalar las agresiones.

Concordamos con lo determinado por la CIDH pues consideramos que la situación de riesgo no cesará en tanto el Estado mexicano no tome medidas para investigar al grupo armado respecto a su: 1) Conformación y estructura; 2) Financiamiento; 3) Relación o interés que tiene en el conflicto de índole territorial: 4) Relación con autoridades de los 3 niveles de gobierno; 5) Origen de las armas utilizadas; 6) Fuente del adiestramiento en el uso de las armas y para realizar operaciones coordinadas como la desplegada el día del desplazamiento, investigación que lleve a desarmarlo y desarticularlo.

Urgimos al Estado mexicano a acordar con los afectados medidas cautelares que lleven a una solución de fondo al riesgo a ser agredidos por el grupo armado reiteradamente señalado.

 

5.- Finalmente, manifestamos nuestro reconocimiento, solidaridad y apoyo, al grupo de líderes históricos y legítimos representantes de campamentos de desplazados forzados internos y de más de un millar de personas (mujeres, niñas y niños, ancianas y ancianos y hombres adultos) en esa condición, del municipio de Chalchihuitán, quienes, contando con el acompañamiento constante de la parroquia San Antonio de Padua, de Simojovel, San Pablo Chalchiuitán y de la organización Cáritas, de forma consciente y voluntaria, han decidido conformar una instancia colectiva autónoma y en resistencia pacífica, para defender los intereses y urgentes necesidades de todas las familias desplazadas que no aceptaron el retorno forzado y sin garantías, sumándonos totalmente a sus demandas centrales (desarme y desarticulación de grupos paramilitares; reconocimiento y declaración oficial de su situación como Desplazados forzados internos; garantías de retorno a sus comunidades de origen y libre circulación; así como reparación Integral de daños a todas las familias desplazadas)

 

Atentamente

Integrantes del Colectivo de Organismos de la Sociedad Civil,

integrantes de la Misión Civil de Observación Zona Altos

Campaña Popular Contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas: Mujeres y hombres de la regiones, norte, altos, sierra frontera, Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH), Brigada Feminista por la Autonomía, Casa Cereza, Casa de la Mujer de Palenque, Casa Gandhi, Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVIF), Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa AC, Centro de Investigación y Acción para la Mujer Latinoamericana (CIAM), Grupo de Mujeres de San Cristóbal COLEM, El Paliacate Espacio Cultural, Formación y Capacitación (FOCA), Colectivo Educación para  la Paz y los Derechos Humanos A.C. (CEPAZDH), Melel Xojobal, A.C, Promedios De Comunicación Comunitaria, Red de Mujeres Chiapanecas contra la violencia hacia las mujeres, Red Mesoamericana Mujer Salud y Migración, Save the Children, Semilla del Sur, Skolta’el Yu’un Jlumaltic, A. C. (SYJAC), Alianza Global Pediátrica, Estudiantes, fotógrafos, artistas, músic@s, medios libres y personas en lo individual

 Colectiva Cereza

Maderas del Pueblo del Sureste, AC

 

 

Se adhieren y suscriben solidariamente este comunicado (en orden alfabético):

 Carta Mesoamericana: información y servicio para comunidades migrantes; Colectivo Ingeniummex San Cristóbal de las Casas; Comité Nacional Para la Defensa y Conservación de los Chimalapas (CNDyCCh); Ik Balam, Agencia de noticias ambientales; Organización para la Defensa de la Medicina Indígena Tradicional de Chiapas, AC (ODEMITCh); Pacto de Grupos Ecologistas (PGE); Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos: Todos los Derechos para Todas y Todos. (Conformada por 84 organizaciones en 23 estados de la república); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chiapas); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristóbal de las Casas, Chiapas).

 

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