Comunicado del posgrado en feminismo del centro de estudios superiores de México y Centroamérica (CESMECA)

San Cristóbal de Las Casas,  2 de febrero  2018

Las estudiantes del posgrado en estudios e intervención feministas del centro de estudios superiores de México y Centroamérica miramos con preocupación la determinación tomada por mayoría de votos el día de hoy dentro de la sexagesima sesión extraordinaria del consejo universitario de la universidad de ciencias y artes de Chiapas respecto de la aprobación del dictámen de fecha 26 de enero de 2018 emitido por la comisión de otorgamiento de grados para reconocer con grado de doctor honoris causa al general salvador Cienfuegos zepeda. Dado que es evidente que el general en cuestión carece de una trayectoria académica sobresaliente, asumimos, como ya se ha dicho que el premio obedece a  la naturaleza de las funciones al frente de la institución castrense del estado mexicano, como ya se ha dicho aquí. Por lo que, en virtud de que el premio es otorgado a la institución del ejército y que se ha abundado ya acerca del papel que ha jugado en el ocultamiento de crímenes de lesa humanidad, las ejecuciones extrajudiciales, el hermetismo y obstrucción de la justica civil, querríamos hablar aquí acerca de lo que las prácticas castrenses significan para las mujeres y que en este caso son estas prácticas las que son premiadas al reconocer con honores al mando de esa institución. Rita Segato ha sostenido en torno a investigaciones que involucran el actuar castrense, que en las últimas décadas los cuerpos de las mujeres o los cuerpos feminizados han sido objeto de agresiones sexuales que han pasado a ocupar una posición central como arma de guerra productora de crueldad y letalidad, ejemplos de ello hay innumerables pero por mencionar algunos de los más emblemáticos, tenemos el caso de Valentina Rosendo Cantú y Yenys Bernardino Sierra quienes en un contexto de presencia militar en el estado de guerrero fueron objeto de tortura y Agresión sexual por parte de elementos militares en funciones, también está el caso de Inés Fernández Ortega por la violación sexual cometida en su perjuicio por parte de agentes militares también, estos casos resuenan porque fueron llevados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y condenado el Estado mexicano por vulnerar el Derecho a la honra, a la intimidad, a la integridad personal, a la Dignidad, a la Igualdad ante la ley, a la Protección judicial, entre otros, en ambos fue un elemento común la falta de investigación y sanción de los responsables quienes fueron militares con mandos superiores como lo es ahora el general Cienfuegos. Fue un agente castrense el que agredió sexualmente y asesinó con brutalidad a Sabina Patricia en 2008 y fue también un elemento del ejército el que cometió el primer feminicidio del 2018 en Chiapas. No podemos ignorar que cada vez que existe la presencia militar, la violencia sexual y feminicida se multiplica. También coincidimos en reconocer el enlace lógico que resulta de conectar las reformas estructurales, el plan Mesoamérica que potencia los megaproyectos extractivistas, la ley de seguridad interior y el intento por consolidar la reputación de una institución indefendible que será la que intente materializar esos megaproyectos y consideramos nuestra responsabilidad denunciar y realizar acciones en oposición a esta estrategia por pertenecer a un centro de estudios que se posiciona desde el pensamiento crítico, incluyendo el feminista. Con las compañeras, coincidimos en lo aberrante que sería la entrega de este premio también pensando en el próximo proceso electoral en el que Chiapas es considerado foco rojo. Con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior impulsada por Cienfuegos se avisora una represión “legalizada” y nos preguntamos cuáles fueron los motivos al interior de la universidad para proponer esta premiación a la ignominia. El Estatuto General de la UNICACH señala en su artículo cinco que los valores que debe cultivar son la equidad social, el humanismo, la igualdad, la honestidad, la solidaridad, la diversidad, justicia y respeto. ¿Acaso reconocer a un hombre artífice de la represión, que no actúa con claridad, honestidad, solidaridad y que obstaculiza la justica y no respeta la vida y la memoria de los jóvenes de Ayotzinapa no atenta contra estos principios?

Proponemos que se realicen acciones en torno a esta decisión vergonzosa, desde la puesta de mantas hasta ir al evento a recordarle al general lo que ha hecho y evidenciar a las autoridades que someten a la universidad al aparato militar y a decisiones centralizadas del ejecutivo.

 

Posgrado en feminismos del CESMECA

PRONUNCIAMIENTOS:

PronunciamientoEstudiantesCesmeca

PronunciamientoCesmeca

ComunicadoPosgradoFemin

AUDIOS CONFERENCIA DE PRENSA:

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Preocupa falta de investigación y sanción de los feminicidios en México: OCNF

 

Ciudad de México a 22 de enero de 2018

Comunicado de prensa

Preocupa falta de investigación y sanción de los feminicidios en México: OCNF

Luego de conocer las cifras difundidas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP) en relación a los feminicidios en México, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) manifiesta su preocupación ante la evidente falta de investigación de las muertes violentas de mujeres como feminicidio, lo que deriva a que estas sean investigadas por otras causales como: suicidio, homicidio, etc.

El pasado domingo 21 de enero el SESNSP hizo pública información sobre Presuntos delitos y víctimas de feminicidio en la que refiere que de 2015 a  2017, las procuradurías o fiscalías estatales registraron 1,640 carpetas que iniciaron una investigación por el delito de feminicidio en México: 389 en el año 2015; 580 casos en 2016, y 671 en 2017, es decir un aumento del 72% entre 2015 y 2017, según los datos difundidos.

Sin embargo, “el subregistro y la falta de investigación de muchos casos, que son investigados por otras causales, deriva no sólo en su invisivilización sino en la impunidad y prevalencia”, advierte el OCNF.

De acuerdo a los datos recabados por el OCNF -a través de solicitudes de información a las procuradurías y fiscalías de todo el país- tan solo en 2015 las cifras proporcionadas por las Procuradurías de Justicia de 19 estados del país, nos indican que de enero a diciembre de ese año  fueron asesinadas 1,595 mujeres, de los cuales 622 casos fueron investigados como feminicidios, es decir sólo un 38 % del total de asesinatos.

En 2016, la información proporcionada por las Procuradurías de Justicia de 16 estados del país, afirman que enero a diciembre  de ese año  fueron asesinadas 1, 455 mujeres, de las cuales 668 casos fueron investigados como feminicidios, es decir sólo un 45%.

Por otra parte, tan sólo en el primer semestre de 2017 (de enero a junio), el OCNF recibió información de 17 Procuradurías de Justicia a través de las cuales registró 914 asesinatos de mujeres en: Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Oaxaca, Sonora, Chihuahua, Puebla, Coahuila, Sinaloa, Campeche, Hidalgo Chiapas, Quintana Roo y Colima. Tan sólo el 49%  de los casos es investigado como feminicidio.

De igual manera, en su informe “La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016”  la Oficina de ONU Mujeres en México, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y la propia Secretaría de Gobernación (SEGOB) afirman que tan solo en 2016 hubo un total de 2,746 asesinatos de mujeres.

En su conjunto, los datos recabados por el SESNSP, organismos nacionales e internacionales, evidencian la prevalencia e incremento de los feminicidios en México, la falta de investigación de los asesinatos de mujeres como feminicidios (desde un inicio) y no por otras causales, así como la necesidad urgente de políticas públicas que contribuyan a la erradicación de la violencia más extrema hacia las mujeres, entre ellas un banco de datos a nivel nacional que permita realizar un diagnóstico sobre la situación real de los feminicidios en cada una de las entidades.

El subregistro, la ausencia y negación de datos, la pérdida de las pruebas, la falta de sensibilización en las y los servidores públicos, la omisión, negligencia, y la falta de voluntad para acreditar el delito, es un obstáculo para identificar, investigar y sancionar los feminicidios con perspectiva de género para poder determinar si hubo o no razones de género en la causa de la muerte.

Pese a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 554/2013 sobre el caso de Mariana Lima Buendía en la que el máximo tribunal nacional estableció lineamientos específicos para la investigación en los casos de asesinatos de mujeres y que “todas las muertes violentas de mujeres deben ser investigadas como feminicidio, con perspectiva de género y con base en los estándares internacionales más altos”, la realidad es otra.

Además de su incremento e impunidad, como Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio hemos identificado la agudización de la saña, brutalidad y violencia extrema con la que son asesinadas las mujeres, el uso de diversos tipos de armas y métodos para acabar con sus vidas, un patrón íntimamente relacionado entre la desaparición de niñas y mujeres con el feminicidio, la participación de diversos tipos de agresores, entre otros factores que envuelven la realidad de la violencia contra las mujeres en México.

Pese a las alertas de género que hoy en día han sido declaradas en 13 estados de la República, las acciones para prevenir, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia sigue siendo una agenda pendiente, por lo que hacemos un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno a tomar acciones contundentes para erradicar la violencia contra las mujeres y exigimos:

-Tener como prioridad gubernamental salvaguardar la vida e integridad física de las mujeres en México.

-Realizar de manera coordinada acciones interinstitucionales para que de manera eficaz se prevenga y sancione cualquier acto violento hacia las mujeres.

-Investigaciones y sanciones prontas, efectivas y con perspectiva de género.

-Construyan e implementen políticas públicas que contribuyan a la erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres, entre ellas el banco nacional de datos, alumbrados públicos, entre otras.

-Recabar, analizar y difundir los datos sobre la violencia feminicida en México de manera exhaustiva.

Ante la alerta nacional que significa la violencia feminicida en México el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio estará atento de las acciones que el Gobierno Federal y los gobiernos estatales realicen para su erradicación.

Atentamente,

Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio

En riesgo la vida y la integridad de centenares familias desplazadas-retornadas en la zona de conflicto

 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
a 04 de enero de 2018

Actualización
Acción Urgente 01

En riesgo la vida y la integridad de centenares familias desplazadas-retornadas en la zona de conflicto

Retornan bajo presión del gobierno de Chiapas y sin condiciones de seguridad
Certificado de impunidad al grupo armado de corte paramilitar de Chanalhó
Continua la violencia generalizada en el territorio comunal de Chalchihuitán

Las organizaciones de la sociedad civil que conformamos el Colectivo desde hace varios meses hemos recibido información sobre la situación de desplazamiento forzado en el que se encuentra el pueblo tsotsil de Chalchihuitán, y de que de ellos, el grupo que recién retornó a sus comunidades –Pom, Ch’enmut, Cruzkakalnam, Tzomolton, Cruzton, Bejeltón y Bololchojon son 3858 personas (niños, niñas, mujeres, hombres) y según testimonios, nos reportan que bajo una persistente presión de funcionarios del gobierno -sobre todo de protección civil-, y ante el hecho de ver perder sus cosechas, animales, posesiones y viviendas, sin que los gobiernos federal y estatal cumplieran el desarme y desarticulación de los grupos armados, desde alguna instancia se tomó la decisión de retornar a sus comunidades de origen, sin condiciones ni medidas de seguridad. Del total de personas desplazadas, otras 1165 personas no retornaron por el temor constatado, causado por las acciones armadas que continua haciendo el grupo armado de corte paramilitar.

Es grave que, diversos testimonios confirman que continúan los disparos de armas de alto poder y la tensión en toda la región, lo que da como consecuencia, el alto riesgo a la vida e integridad de las familias que retornaron a sus comunidades a partir del pasado 2 de enero, siendo de nuevo, las mujeres, los niños, niñas, las ancianas y ancianos, las más afectadas y vulnerables en este retorno y quienes además, no participan en la toma de este tipo de graves y delicadas decisiones.

En estas condiciones, el riesgo de una masacre es clara. De ocurrir, la responsabilidad directa es de los 3 niveles de gobiernos: el federal, el del estado de Chiapas y el municipal de Chalchihután, quienes con su inacción, han permitido este retorno al matadero, ya que van sin alimentos, con la cosecha perdida por la violencia generalizada, varios de ellas y ellos enfermos y bajo los impactos psicológicos de la violencia, todo lo cual da evidencia que en ningún momento están aplicando los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la Organización de Las Naciones Unidas, lo cual implica que no se están respetado, garantizando y protegiendo los derechos humanos de las desplazadas/os y desplazadas/os ahora retornadas/os.

Siendo entonces un retorno de altísimo riesgo en vidas e integridad física de centenares de familias indígenas, lo que demuestra el desprecio hacia los pueblos originarios, ya que constituye un hecho criminal que es contemplado y consentido por los gobiernos federal, estatal y municipal,

No obstante que se instaló una mesa de seguridad con los gobiernos federal y estatal para atender la demanda de desarticulación, desmantelamiento y castigo al grupo armado de Chenalhó, al momento no hay ninguna respuesta y ningún avance, pues –reiteramos-, el grupo armado de corte paramilitar sigue actuando en impunidad.

Ante esta situación grave y critica, como colectivo de organizaciones que envía esta Acción Urgente, exigimos Alto a las acciones armadas en la región, reiteramos la exigencia de su desarticulación, castigo y que se garantice de manera inmediata y urgente la vida e integridad de las familias desplazadas retornadas, así como de aquellas que han decidido no retornar a sus comunidades.

Pedimos envíen sus llamamientos a:

Sr. Presidente Enrique Peña Nieto,
Residencia Oficial de los Pinos,
Casa Miguel Alemán, Col. San Miguel Chapultepec,
C.P. 11850, Ciudad de México;
Fax: (+52) 55 5093 4901;
Correo:
enrique.penanieto@presidencia.gob.mx
Twitter: @PresidenciaMX

Lic. Miguel Ángel Osorio Chong,
Secretario de Gobernación
Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez,
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México,
C.P. 06600, México;
Fax: (+52) 55 5093 34 14;
Correo: secretario@segob.gob.mx

Luis Raúl González Pérez,
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
Edificio “Héctor Fix Zamudio”,
Blvd. Adolfo López Mateos 1922, 6°piso,
Col. Tlacopac San Angel,
Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01040;
Ciudad de México;
Fax: (+52) 0155 36 68 07 67;
Correo:
correo@cndh.org.mx
Twitter: @CNDH

Manuel Velasco Coello
Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas
Palacio de Gobierno del Estado de Chiapas,
1er Piso Av. Central y Primera Oriente,
Colonia Centro, C.P. 29009
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
Fax: +52 961 61 88088 – + 52 961 6188056;
Extensión 21120. 21122;
Correo:
secparticular@chiapas.gob.mx
Twitter: @VelascoM_
@gubernaturachis

Juan Carlos Gómez Aranda
Secretario General de Gobierno en Chiapas
Palacio De Gobierno, 2o. Piso, Centro C.P. 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Conmutador: (961) 61 8 74 60 Ext. 20003
Correo: secretariaparticular.sgg@gmail.com

Gustavo Víctor Moscoso Zenteno
Coordinación de Subsecretarías de Gobierno Regionales
Palacio de Gobierno, 2o. Piso, Centro C.P. 29200 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Conmutador: 61 874 60 Ext. 20031

Pedro Gómez Gómez
Subsecretario de Gobierno de la Región V. Altos Tsotsil-Tseltal
Francisco I. Madero No. 101, Barrio Guadalupe C.P. 29200 San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Teléfono: 01 (967) 67 465 94 Fax: 01 (967) 67 465 94

Firmas de organizaciones:

Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCh)
Centro de Derechos Indígenas A.C. (Cediac)
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C (Frayba)
Comisión para el Apoyo a la Unidad y la Reconciliación Comunitaria (Coreco)
Colectiva Cereza
Colectiva feminista las Juanas
Servicios y Asesoría Para la Paz (Serapaz-Chiapas)
Melel Xojobal A.C
Maderas del Pueblo del Sureste A.C
Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad Coordinación Chiapas
Casa de la Mujer Ixim Ansetik
Salud y Desarrollo Comunitario A.C. (SADEC)
Ingenum Mex
Equipo de Atención Psicosocial Para la Situaciones de Violencia y Exclusión Social
Comité Nacional para la Defensa de los Chimalapas
Los Amorosos del Espacio Cultural José Antonio Reyes Matamoros (Los Amorosos)
Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (DESMI)
Colectivo Educación Para la Paz y los Derechos Humanos A.C. (CEPAZDH)

Campaña Popular Contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas: Mujeres y hombres de la regiones, norte, altos, sierra frontera, Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH), Brigada Feminista por la Autonomía, Casa Cereza, Casa de la Mujer de Palenque, Casa Gandhi, Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVIF), Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa AC, Centro de Investigación y Acción para la Mujer Latinoamericana (CIAM), Grupo de Mujeres de San Cristóbal COLEM, El Paliacate Espacio Cultural, Formación y Capacitación (FOCA), Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C. (CEPAZDH), Melel Xojobal, Promedios De Comunicación Comunitaria, Red de Mujeres Chiapanecas contra la violencia hacia las mujeres, Red Mesoamericana Mujer Salud y Migración, Save the Children, Semilla del Sur, Skolta’el Yu’un Jlumaltic, A. C. (SYJAC), Alianza Global Pediátrica, Estudiantes, fotógrafos, artistas, músic@s, medios libres y personas en lo individual.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos: Todos los Derechos para Todas y Todos. (Conformada por 84 organizaciones en 23 estados de la república):
Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chiapas); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristóbal de las Casas, Chiapas).

 

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desplazados chalchihuitan

 

Continúa precariedad y vulnerabilidad de población desplazada forzadamente de Chalchihuitán, Chiapas.

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• Infancia, mujeres y adultos mayores en riesgo por omisión de autoridades
• Aumenta a 9 las muertes a consecuencia del desplazamiento

Sábado 16 de diciembre 2017

En estos momentos se encuentra en la zona una brigada conformada por personal de salud de dos organizaciones no gubernamentales de Chiapas: Salud y Desarrollo Comunitario (SADEC) y Casa de la Mujer Ixim Antsetic (CAM), quienes desde hace muchos años colaboran con el Programa Interdisciplinario “Desarrollo Humano” de la UAM. Este grupo está dando continuidad a la brigada médica de la misión de Bachajón y a la misión de observación de derechos humanos, por lo que a partir del 4 de diciembre a la fecha se ha tenido presencia en la región de diversas organizaciones.

Una vez que la brigada arribó al sitio de conflicto el día 11 de diciembre confirman la precariedad y vulnerabilidad en la que se encuentra la población, afectando en mayor medida a niños, mujeres y personas de la tercera edad, “el frío es tremendo y la gente duerme debajo de plásticos que no los protegen, están muriendo de enfermedades que podrían evitarse”. De acuerdo a informes de la brigada, en los campamentos se vive con un miedo intenso, ya que “en la noche se oyen disparos de arma de fuego, por lo que grupos desplazados permanecen durante el día en lugares públicos, como son un templo o la cancha deportiva, pero en la noche prefieren dormir refugiándose en la montaña”.

Dos situaciones que complican el escenario son el clima y el estrés progresivo, éste derivado de la incertidumbre y el hostigamiento que vive constantemente la población, afectando seriamente a personas con enfermedades crónico degenerativas, llegando incluso a la muerte, la más reciente, María Domínguez Gómez de 57 años, quien padecía diabetes y falleció el 13 de diciembre, por neumonía.

Hasta el viernes 15 de diciembre han perdido la vida 10 personas: incluida la de Samuel Luna Girón, quien murió por arma de fuego en octubre, las 9 restantes ocurrieron durante el desplazamiento forzado como consecuencia de la violencia estructural que está viviendo la población, 4 adultos mayores, 1 mujer adulta, 3 menores (2 eran mujeres) y 1 muerte fetal.

Diversos informes que se han dado a conocer mencionan alrededor de cinco mil personas desplazadas de sus comunidades del municipio de Chalchihuitán en Chiapas.

Al respecto cabe enfatizar el pronunciamiento de Christian Skoog, representante de Unicef en nuestro país en el sentido de que es “absolutamente inaceptable que hoy en día, en México, mueran niños de hambre y de frío.”; así como su llamado a que se cumpla con el deber de proteger a la infancia, “respetando el principio del interés superior de la niñez que está establecido en el artículo cuarto de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.”

Asimismo, la Campaña Popular contra la Violencia a las mujeres y el feminicidio en Chiapas solicitó una intervención a la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional para prevenir y erradicar de Violencia contra las Mujeres desde el 12 de noviembre, apelando a que existe una Alerta de Violencia de Género, por lo que se debe garantizar la seguridad y vida de las mujeres y niñas de Chalchihuitan y Chenalhó. Nunca hubo respuesta. En este sentido es importante señalar que el fallecimiento de Adriana de Jesús, Maura y María, así como la muerte fetal, ocurren después de dicha solicitud. Por esto consideramos estas muertes como feminicidios de Estado.

Aunado a lo anterior, las mujeres no tienen posibilidad de participar en la toma de decisiones que dan origen a este conflicto territorial, situación que se suma a incertidumbre y miedo que están viviendo muchas mujeres en los últimos meses, no sólo de Chalchihuitán, también Chenalhó y Pantelhó.

Por otro lado, el fallo agrario que se hizo público el 13 de diciembre, aun cuando éste había sido dictaminado desde el 6 de noviembre, muestra que de haberse hecho en su momento muy probablemente se hubieran evitado las nueve muertes ya mencionadas, dejando ver una actuación negligente y omisa de las autoridades responsables.

En cuanto al fallo emitido a favor de Chenalhó, puntualizamos que la población de Chalchihuitán no sólo estará perdiendo sus tierras, sino su historia y su relación con sus antepasados que habitaron estas tierras desde tiempos remotos, siendo reconocidos en conformidad de linderos desde agosto de 1976, dejando ahora sin efectos jurídicos estos acuerdos.

En una “situación de riesgo extraordinario”, según declaración de Édgar Corzo Sosa, quinto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), (la población desplazada) permanece incomunicada desde hace semanas en medio de la montaña, en precarios campamentos y prácticamente sin ninguna atención. De acuerdo con el quinto visitador, no hay un cumplimiento suficiente de las medidas cautelares, asistencia humanitaria en alimentación, salud y educación; mucho menos en que se den las condiciones para que puedan regresar a sus hogares en condiciones de seguridad para sus vidas.

Por esas razones demandamos de las autoridades y funcionarios a quienes compete, en los distintos niveles de gobierno que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, resuelvan de manera integral, pronta y apegada a la ley esta situación grave.

Nos adherimos a la demanda de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas en el sentido de que es imprescindible la contención, desarme y procesamiento judicial del grupo armado que “prácticamente mantiene en estado de sitio al municipio de Chalchihuitán”.

Atentamente:

Programa Interdisciplinario Desarrollo Humano en Chiapas. UAM Xochimilco
Proyecto Urbano de Salud. UAM Xochimilco
Asociación Latinoamericana de Medicina Social Región-México
Salud y Desarrollo Comunitario –SADEC-
Casa de la Mujer Ixim AntsetiC –CAM-
Misión de Bachajón
Centro de Derechos Humanos de la Mujer en Chiapas,
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C
At’el Antsetik
CCESC-DDS Chiapas
Voces mesoamericanas
Maderas del Pueblo del Sureste
Colectiva Cereza
Equipo de Atención Psicosocial para Atención de Situaciones de Violencia
Centro de Derechos Indígenas, –CEDIAC-
Centro de Apoyo Educativo para la Comunidad, -CAEC-
Campaña Popular contra la violencia hacia las mujeres y el feminicidio en Chiapas, Movimiento de Mujeres en Defensa de la Tierra y el Territorio en Chiapas,
Comité Promotor de una Maternidad Segura y Voluntaria en Chiapas.
Radio Lak Lumal.
Alejandrina Cabrera M.
Georgina Rivas B.

 

Descarga el reporte en PDF aquí 

Impunidad y violencia en los Altos de Chiapas

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
a 15 de diciembre de 2017.

Pronunciamiento Conjunto

Impunidad y violencia en los Altos de Chiapas

Al Pueblo de México
A los organismos de derechos humanos e instancias humanitarias

Como colectivo de organismos de la sociedad civil, hemos conocido y revisado la sentencia emitida por el Lic. Claudio Aníbal Vera Constantino, Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 03 de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dentro del expediente 781/2005, suscrita y certificada desde el día 06 de noviembre del presente (unos días antes de la agudización violenta del conflicto), y notificada a las partes -Autoridades Comunales de Chalchihuitán y de Chenalhó- y hecha pública hasta el día de antier, 13 de diciembre (un mes y una semana después de emitida, ya escalado el clima de agresión y violencia del citado conflicto).

Respecto a dicha sentencia -cuya histórica problemática agraria, irresuelta de fondo con apego a justicia y a derecho, ha constituido el pretexto central para desatar un clima de extrema violencia y, a la vez, encubrir acciones e intereses ilegítimos de muy alta peligrosidad-

CONSIDERAMOS:

Que en su ambigua forma, el manejo de los tiempos y su débil contenido, dicha sentencia, más que apegarse a un verdadero análisis y fundamentación histórica y jurídica en materia agraria del caso, más bien parece ser producto de un cuidadoso cálculo político, que pretendería la administración del problema, respondiendo a los tiempos políticos de las actuales administraciones estatal y federal;

Que, a pesar que en sus cuatro resolutivos finales, la sentencia, ambiguamente pareciera pretender el mantener a salvo los derechos de ambas comunidades agrarias (Chenalhó y Chalchihuitán) en realidad favorece absolutamente a la primera, y con ello encubre y alienta, a los ilegítimos intereses de la delincuencia organizada, misma que, a través de la documentada acción impune de grupos armados de corte paramilitar, ha obligado al inhumano desplazamiento de miles de indígenas (la mayoría de extrema vulnerabilidad: mujeres, niñas y niños, ancianas y ancianos) no sólo de Chalchihuitán, sino –aunque en menor número- también de Chenalhó, provocando con ello, hasta el momento, la muerte de cerca de una decena de niños, niñas y ancianos. Manteniendo a la verdadera base comunitaria de ambos pueblos, en un permanente estado de angustia, miedo y sufrimiento,

En este contexto las organizaciones abajo firmantes ratificamos las siguientes exigencias:

1. Estrategia de desarticulación, desarme y castigo a los grupos civiles armados.
a. Investigación y solución de denuncias previas y expedientes congelados
b. Detención y castigo a responsables
c. Auditorías a las presidencias municipales de Chenalhó, Chalchihuitán y Chamula, ante la presunción documentada de que desde ahí se desvían fondos para la compra de armas.
d. Confiscación de armas
e. Acciones judiciales efectivas

2. Reconocimiento del estatus legal de desplazamiento forzado interno.
a. Utilización y aplicación de protocolos
b. Garantías de seguridad e integridad personal a las personas desplazadas
c. Instalación de campamentos específicos para desplazados
d. Ayuda humanitaria
e. Salud integral
f. Garantías de seguridad para el retorno y reintegración.
g. Reparación integral del daño
h. Aplicación ley de desplazamiento forzado del gobierno del estado de Chiapas

3. Libre tránsito.
a. Rehabilitación de vías de comunicación
b. Presencia permanente de organismos civiles, nacionales e internacionales para garantizar la seguridad, la movilidad y el abasto. (CNDH|, CICR, UNICEF, Alto Comisionado de las Naciones Uidas, ACNUR, A.I.)

4. Garantías de seguridad para la observación de derechos humanos nacional e internacional en el ámbito civil.

5. Atención del problema de fondo a través de un diálogo político desde las estructuras comunitarias tradicionales y agrarias de ambos Bienes Comunales. Con observación de organizaciones de la sociedad civil. Por lo que exigimos que las instancias jurisdiccionales que en lo sucesivo conozcan y resuelvan sobre este caso, lo hagan con base y apego a los derechos colectivos (basados en la autonomía y libre determinación) que se consagran en los instrumentos internacionales que el Estado mexicano ha ratificado.

6. Solicitamos que la CNDH emita una recomendación, dado que no se cumplieron con las medidas cautelares hacia los gobiernos estatal y federal.

Campaña Popular Contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas
Colectiva CEREZA
Equipo de Atención Psicosocial Para la Situaciones de Violencia y Exclusión Social
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas A.C.
Comité Nacional Para la Defensa y Conservación de los Chimalapas
Maderas del Pueblo del Sureste A.C.
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C.
Casa de la Mujer Ixim Antsetik
Servicios y Asesoría Para la Paz
Salud y Desarrollo Comunitario A.C.
Fideicomiso Para la Salud de los Niños Indígenas de México, A.C.
Formación y Capacitación A.C.
Melel Xojobal A.C

Descarga el pronunciamiento en PDF aquí 

Negligencia del Estado mexicano ante desplazamiento forzado

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
13 de diciembre de 2017

Pronunciamiento conjunto

Negligencia del Estado mexicano ante desplazamiento forzado

Las organizaciones firmantes lamentamos la inacción de las autoridades de Chiapas y del gobierno federal para atender adecuadamente la urgencia humanitaria de más de 5000 indígenas tsotsiles en desplazamiento forzado en los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, Chiapas.

El pasado 9 y 10 de diciembre organizaciones de la sociedad civil de Chiapas, acompañadas por el Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR) realizamos una misión de observación y documentación de derechos humanos en el municipio de Chalchihuitán, entrevistándonos con las familias desplazadas, autoridades comunitarias, así como con autoridades municipales.

La misión de observación pudo verificar el clima de tensión y miedo que viven las personas desplazadas así como las y los pobladores de la cabecera municipal de Chalchihuitán.

Según los testimonios, nos indican que después del asesinato del Sr. Samuel Pérez Luna en Kanalumtik, Chalchihuitán, el día 18 de octubre del presente año, se profundizó la violencia y los disparos de armas de fuego sobre todo por las noches, por lo que desde esa fecha varias familias dormían en la montaña y por el día regresaban a sus domicilios a dar de comer a sus animales. Hasta el día 5 de noviembre cuando se desplazaron forzadamente debido a los disparos ocasionados por los grupos armados.

A pesar de lo difundido por el gobierno de Manuel Velasco Coello de estar resolviendo esta problemática, evidenciamos una crisis humanitaria: personas enfermas debido a la situación de desplazamiento, la falta de medicamentos y de una atención médica urgente y adecuada; carencia de alimentos apropiados a la cultura y a una alimentación sana, así como condiciones de salubridad en general que no solamente vulneran el derecho a una vida digna, sino que incluso ponen en riesgo la vida de las personas desplazadas, no sólo por el temor de ser asesinadas por los grupos armados, sino también por la ineficacia de las autoridades de Chiapas para atender la situación de acuerdo a los lineamientos de los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado de la Organización de Las Naciones Unidas y la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el estado de Chiapas.

Durante la misión pudimos constatar el corte y destrucción de la carretera en el tramo Las Limas – Chalchihuitán, único tramo carretero pavimentado para llegar a la cabecera municipal. Recordamos que la destrucción de dicha carretera fue realizada con maquinaria por parte de pobladores armados de Chenalhó como una forma de sitiar y controlar a la población de Chalchihuitán. Dicho corte ha impedido el ingreso de vehículos que abastezcan de alimentos, medicamentos, suministros e insumos a la población y quienes cruzan caminando lo hacen con miedo a ser asesinadas.

El abandono institucional y la pobreza estructural es histórica en el municipio de Chalchihuitán, siendo uno de los municipios más pobres y marginados de México, la situación de violencia que ahora se vive en ese municipio viene a profundizar mucho más este estado de vulnerabilidad social, donde las mujeres, niñas y niños se encuentran en mayor riesgo.

La misión de observación pudo constatar a través de diversos testimonios y entrevistas realizadas, la existencia de grupos armados, que operan de manera abierta en estos municipios, sobre todo en Chenalhó y cuya actividad es permitida por las autoridades de Chiapas y del gobierno federal. La responsabilidad de los partidos políticos es evidente en este conflicto, ellos a través de sus estructuras municipales y estatales han abonado a la impunidad.

En Chalchihuitán hay un clima de terror debido a la acción impune de los grupos armados, la violencia ha afectado a toda la población del municipio por la escasez y altos precios de los alimentos. Vemos con preocupación que por miedo a ser asesinados los pobladores no pueden ir a sus cultivos, perdieron lo de esta cosecha y no han podido sembrar para la próxima temporada como consecuencia no tendrán maíz, frijol y demás productos del campo para poder vivir, lo que pronostica una crisis alimentaria.

Observamos que niñas, niños y adolescentes están viviendo en condiciones inhumanas. Visten con la ropa con la que fueron obligados a salir de sus casas, que no es la adecuada para protegerse de las bajas temperaturas que se presentan en esta época del año. Además, hay numerosos casos de infecciones gastrointestinales y en vías respiratorias, y la alimentación es insuficiente e inadecuada. El suministro de alimentos procesados por parte del gobierno estatal, a los que no están acostumbrados, les provocan diarreas y agravan su condición de salud. Niñas y niños tienen miedo de que los maten, sueñan que les disparan, duermen intranquilos; están tristes, su entorno ha cambiado de manera abrupta. Tienen dolor de estómago y cabeza por la ansiedad y estrés que provoca el desplazamiento. De acuerdo con la información proporcionada han fallecido infantes en desplazamiento.

Las condiciones de por sí graves en las que se encuentran se exacerban por las condiciones preexistentes de pobreza en la que vive el 97% del municipio y por la impunidad, negligencia y omisiones del Estado para atender la situación de conflicto. En Chalchihuitán la tasa de mortalidad infantil en niñas y niños menores es de 166 por cada mil, trece veces más que a nivel estatal.

Constatamos la situación que viven la mujeres y niñas en situación de desplazamiento: la nula atención a una salud adecuada para ellas de acuerdo a sus necesidades, la vulnerabilidad y riesgo en la que se encuentran por la estructural violencia de género acentuada en condiciones de desplazamiento.

Las mujeres entrevistadas informaron sentirse con temor, preocupadas y enojadas porque han sido excluidas totalmente de las decisiones sobre la resolución de un conflicto que les afecta directamente. Recordamos que Chalchihuitán y Chenalhó son municipios que han sido señalados como parte de la Alerta de Violencia de Género (AVG) y el estado ha violentado el derecho a una vida libre de violencia.

Las organizaciones civiles integrantes de esta misión, creemos que no hay voluntad clara de las autoridades mexicanas de resolver esta situación, la espiral de violencia es cada vez más grave y las condiciones están dadas para que ocurra un hecho de violencia más grave que nos recuerdan las condiciones que se daban en esa misma región hace 20 años antes de la masacre de Acteal.

Las decisiones erradas de la entonces Secretaria de la Reforma Agraria para resolver el problema limítrofe entre Chalchihuitán y Chenalhó que ha traído una tensión histórica entre ambos municipios, las acciones contrainsurgentes a través de la implementación del Plan de Campaña Chiapas ‘94 en la región, la liberación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de los paramilitares responsables de la masacre de Acteal, la violencia histórica con la que operan los grupos civiles armados en Chenalhó, los conflictos generados por los partidos políticos, de manera específica por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a través de la alcaldesa Rosa Pérez Pérez, con el cobijo del ahora gobernador Manuel Velasco Coello han traído una violencia cíclica, aumentando la impunidad que se vive en la región.

Las organizaciones integrantes de la misión de observación y documentación de derechos humanos y firmantes de este pronunciamiento hacemos un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno:

  • Exigimos un alto al fuego, desarme y sanción a los grupos civiles armados en la región, así como una investigación a fondo de las autoridades responsables de la organización y actuación de los grupos armados.
  • Al gobernador Manuel Velasco Coello le exigimos asumir su responsabilidad como mandatario del estado y atender de manera integral y de fondo la espiral de violencia que existe en la región, las violaciones a derechos humanos y emergencia humanitaria en la que encuentran las y los desplazados de Chalchihuitán y Chenalhó.
  • Es importante que el estado mexicano reconozca la situación de emergencia y desplazamiento forzado de los habitantes de Chalchihuitán y Chenalhó, para su atención integral de acuerdo al marco legal y a la normativa internacional de derechos humanos.
  • Es urgente crear las condiciones que garanticen la vida y la integridad personal de las y los desplazados para que puedan retornar de manera de segura, como lo marcan los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos en caso contrario el gobernador de Chiapas será responsable de la pérdida de vidas a consecuencia del desplazamiento.
  • Frente al riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de niñas, niños y adolescentes es importante la ejecución y coordinación de medidas urgentes de protección como lo marca la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y garantizar el derecho de prioridad en la atención a la infancia.
  • Pedimos a las autoridades municipales y tradicionales de Chalchihuitán y Chenalhó para que a través del diálogo y mediación puedan resolver el problema histórico de límites entre ambos municipios y que fue creado por las instituciones del gobierno.

Ante la crisis humanitaria se hace necesaria la solidaridad internacional y nacional, debido a la ineficacia e incapacidad de atender esta situación de emergencia por parte de los gobiernos federal y estatal. Urge ayuda humanitaria para las comunidades desplazadas.

Campaña contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C
Servicios y Asesoría para la Paz A.C
Melel Xojobal A.C

 

Ante la emergencia humanitaria necesitamos de tu solidaridad:

Enviar su ayuda a Cáritas, Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Prolongación Benito Juárez #8, Planta Alta, Colonia Maestros de México, C.P. 29246 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tel. 01 967 6786479. Celular de emergencia 967 1203722. caritas@caritasancristobal.org

Donativos económicos para emergencias
Cáritas de San Cristóbal de Las Casas A.C
BANCO MERCANTIL DEL NORTE
Cuenta: 0642624985
Clabe::072130006426249855
BIC/SWIFT: MENOMXMTS S.A.

 

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Escucha los testimonios en audio:

 

 

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Fotografía cortesía del Párroco Marcelo Pérez

Grave riesgo y crisis humanitaria en Chalchihuitán, Chiapas

 

Comunicado de Prensa

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; 12 de diciembre de 2017

Grave riesgo y crisis humanitaria en Chalchihuitán, Chiapas

• Organizaciones peticionarias de la Alerta de Violencia de Género en Chiapas urgen a autoridades federales y estatales atender la situación de violencia contra mujeres, niñas y personas adultas por ser quienes están exponiendo en mayor riesgo la vida e integridad física.

Las organizaciones civiles peticionarias de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), e integrantes de la Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas, hacemos del conocimiento público que el día de hoy hemos enviado comunicaciones urgentes dirigidas a las autoridades federales, estatales y organismos internacionales de Derechos Humanos haciendo un llamado urgente para que prevengan una posible confrontación o ataque de consecuencias irreparables por el conflicto que se agrava entre el Municipio de Chenalhó y Chalchihuitán en la Zona Altos de Chiapas.

En ese sentido hemos solicitado vía oficio a Enrique Peña Nieto, Presidente de México, y a Manuel Velasco Coello, Gobernador de Chiapas, que cumplan con las obligaciones de su mandato como autoridades para que eviten una inminente confrontación armada entre pobladores de los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán que se agravó debido a que la entonces Secretaria de Reforma Agraria (SRA), hoy SEDATU, entregó irresponsablemente, mediante resoluciones presidenciales de restitución y titulación de tierras, las mismas 900 hectáreas a comuneros de San Pablo Chalchihuitán en 1973 como de San Pedro Chenalhó en 1975, situación que ha provocado conflictos no resueltos por las autoridades federales y estatales.

En últimos meses el problema se recrudeció tras el asesinato del señor Samuel Pérez Luna, ocurrido en Octubre de este año, quien era poblador de la localidad Canalumtik, municipio de Chalchihuitán, lo que reactivó las confrontaciones entre ambos grupos, mismos que no pudieron resolver a través de las mesas de diálogo establecidas durante el mes de noviembre de este año, en la que intervinieron autoridades del gobierno federal y estatal, agrarias, militares, y de seguridad nacional sin llegar a resultados positivos, sin atender a la obligación que tienen tras ser causantes del conflicto como por responsabilidad institucional.

La falta de solución al problema agrario se complica con la existencia de grupos paramilitares, posiblemente relacionados con el narcotráfico y al ayuntamiento de Chenalhó, que atacaron a la población indígena tsotsil de Chalchihuitán que vive en las colindancias de los bienes comunales provocando el desplazamiento forzado interno de más de cinco mil personas, a través de amenazas, detonación de armas de fuego de alto calibre, quema de casas, robo de animales y cultivos, derivando un cerco paramilitar para el municipio de Chalchihuitán así como en la inseguridad y nuevos desplazamientos en toda la región.

Chalchihuitán se encuentra entre los municipios con mayor pobreza extrema tanto de Chiapas como del país. Ante la omisión del Estado frente al caso, las autoridades comunitarias afectadas han declarado públicamente que se encuentran en “Alerta Roja” y que el problema se ha politizado con la disputa electoral entre los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) que representa la presidenta Rosa Pérez Pérez y el Revolucionario Institucional (PRI) al que pertenece el presidente de Chalchihuitán, Martín Gómez Pérez, frente a lo cual el Gobierno ha demostrado su incapacidad para gobernar y garantizar la paz y seguridad en Chiapas.

Por la situación de violencia socio-política, la población desplazada está viviendo en condiciones infrahumanas que se agravan por el frío extremo, lluvia constante, falta de alimentos, abrigo, sin lugar donde protegerse, el cerco paramilitar y el aislamiento, han muerto hasta ahora cuatro niños y dos adultos. La atención médica que el Estado ha implementado es básica y no responde a las enfermedades crónicas que padece la población, las que se agravarán como resultado de esta crisis. Las mujeres, niñas y niños presentan cuadros de enfermedades respiratorias, gastrointestinales, y otras que han agravado la histórica situación de pobreza, marginación y abandono institucional que se vive cotidianamente. El problema ha afectado a toda la población del municipio por la escasez y altos precios de los alimentos, la imposibilidad de que los hombres salgan a trabajar, la amenaza de la pérdida de la cosecha de café, la falta de libre tránsito y la inseguridad.

Ante este problema de violencia estructural, una Comisión de la Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas realizamos una visita in situ, el pasado 9 y 10 de diciembre, en la zona de desplazamiento siendo testigos de la gravedad del conflicto, sobre todo de la difícil situación de las mujeres, niñas y niños desplazados en las montañas.

Las mujeres entrevistadas informaron que se sienten muy preocupadas y enojadas porque han sido excluidas de las decisiones sobre la resolución del conflicto que les afecta directamente. Se sienten tristes por no poder regresar a sus casas, por los robos, por la quema de viviendas, por los abuelos y abuelas que no pudieron salir.

Este caso que involucra a Chalchihuitán y Chenalhó, ambos municipios que son parte de la Alerta de Violencia de Género, demuestra la situación de violencia estructural existente en Chiapas misma que no fue incluida y considerada dentro de las medidas a implementar para erradicar la violencia contra las mujeres. La marginación histórica y la pobreza extrema, el racismo, la desigualdad, la exclusión, la paramilitarización, la guerra contrainsurgente, la impunidad, corrupción y no ejercicio de derechos, son parte de la violencia estructural que caracteriza a esta entidad y que denunciamos en el marco de la solicitud de Alerta de Violencia Género para Chiapas, en el año 2013, como origen de todos los problemas que se consideraron en esta declaratoria. Reiteramos que mientras no se resuelvan los problemas estructurales, la violencia se seguirá multiplicando en la entidad.

Además de ser un problema originado por el Estado, la situación deja claro que los gobiernos federal y estatal no han cumplido con el compromiso que adquirieron al declarar la Alerta de Violencia Género para Chiapas, y de manera específica para los municipios indígenas de la Zona Altos de Chiapas.
En vista de las circunstancias hacemos responsable al gobierno federal y estatal por la masacre que pueda suscitarse ante la falta de una solución oportuna como la ocurrida en la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó, el pasado 22 de diciembre de 1997 en donde se responsabilizó a la población de los actos de violencia perpetrados por grupos paramilitares.

Ante la gravedad de lo expuesto las peticionarias de la Alerta de Violencia de Género, exigimos puntualmente al Estado Mexicano que:

I. Reconozca su responsabilidad en el conflicto agrario, deslinde responsabilidades ubicando y sancionando los intereses político-electorales.
II. Haga propuestas adecuadas e implemente las medidas necesarias para que las partes en conflicto encuentren una solución pacífica apegada a los derechos humanos.
III. Garantice con urgencia la seguridad e integridad física y psicológica de las personas desplazadas así como de los habitantes de los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, cumpliendo con sus obligaciones constitucionales y deberes internacionales.
IV. Que cumpla y de seguimiento a las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y recomendadas por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para atender a la población desplazada.
V. Garantice y restablezca el libre tránsito hacia Chalchihuitán y la región, así como el abasto de alimentos y medicamentos.
VI. Que atienda la situación de desplazamiento forzado interno con base a la aplicación de los principios rectores nacionales e internacionales sobre la materia.
VII. Que cumpla con las medidas derivadas de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para Chiapas, específicamente para los municipios indígenas de la Zona Altos.
VIII. Que ante la emergencia humanitaria solicite la intervención y asistencia técnica del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Hicimos saber a las autoridades federales y estatales también que ante la omisión del Estado Mexicano frente a una posible masacre anunciada, estamos haciendo un llamado a los organismos internaciones de protección de los derechos humanos y a los pueblos de México y del mundo para que se pronuncien y exijan garantizar la vida, seguridad y libertad de los pueblos de Chenalhó y Chalchihuitán.

¡No más violencia contra las mujeres!

Atentamente:

Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres
y el Feminicidio en Chiapas

Descarga el comunicado en PDF aquí

chalchihuitan

Fotografía cortesía del Párroco Marcelo Pérez

En Chiapas, declaramos Estado Feminicida

 

Comunicado de Prensa

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; 20 de noviembre de 2017

En Chiapas, declaramos Estado Feminicida

• A un año de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en Chiapas, acciones y omisiones recurrentes del gobierno y sus instituciones constituyen violaciones a los Derechos de las Mujeres.

A 10 años de la creación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y a un año de haberse declarado la Alerta de Violencia de Género para las Mujeres de Chiapas (DAVGM), nos siguen matando; entre el 18 de Noviembre de 2016 al 13 de Noviembre de 2017 como organizaciones civiles hemos registrado los siguientes datos: 119 muertes violentas que deben investigarse como feminicidios y 46 feminicidios documentados; mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) registra en 2017, de Enero a Octubre, 27 feminicidios y 35 muertes dolosas lo que arroja un total de 62 mujeres asesinadas en Chiapas.

El pasado 18 de Noviembre del año 2016 el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASVM) emitió Declaratoria de Violencia de Género para el estado de Chiapas; desde entonces las organizaciones peticionarias de la DAVGM hemos dado puntual seguimiento junto a familiares de víctimas, sobrevivientes de violencia feminicida, organizaciones civiles, personas y colectivos que integran la Campaña Popular Contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas.

En ese sentido, a lo largo de este año hemos asistido a las cuatro sesiones del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) y a varias mesas de trabajo que se han convocado por distintas instituciones del gobierno de Chiapas, encargadas de la implementación de las medidas para atender la DAVGM, mismas en donde se han tomado acuerdos para la implementación de medidas urgentes en materia de capacitación de servidores y servidoras públicos, prevención, justicia, medidas de reparación, difusión y denuncia.

No obstante, al cumplirse un año del ordenamiento federal para que el gobierno estatal asuma ante el Sistema y la sociedad las acciones para impulsar la instrumentación de lo que mandata el Reglamento de la LGAMVLV y que indica: “La declaratoria de alerta de violencia de género tendrá como finalidad detenerla y erradicarla, a través de acciones gubernamentales de emergencia, conducidas por la Secretaría de Gobernación en el ámbito federal y en coordinación con las entidades federativas y los municipios”.

Y al observar que esta obligación, impuesta al Estado Chiapaneco, no se cumple para que con responsabilidad, urgencia y eficacia implemente las medidas de la Declaratoria a fin de evitar, sancionar y generar medidas de no repetición para garantizar una vida y espacios libres de violencia contra las mujeres en Chiapas denunciamos:

1.- La dilación injustificada de las instituciones del gobierno estatal, en concreto de la Secretaría de Gobierno y la Fiscalía General del Estado, de cumplir con los acuerdos que permitirían subsanar o disminuir la negligencia institucional como el procedimiento de investigación, la aplicación de protocolos, medidas de protección, servicios de traducción y la asistencia profesional en el servicio público para atender, canalizar y erradicar vicios frecuentes como: el desconocimiento y nula aplicación de protocolos y normas para la atención de violencia contra las mujeres, corrupción y abuso de los cuerpos policíacos, prejuicios y estereotipos machistas de los administradores de justicia y la articulación de dependencias para la atención integral de víctimas y sobrevivientes.

2.- La ineficaz coordinación entre las instituciones de los tres órdenes del gobierno, municipal, estatal y federal, para brindar atención integral a los casos, situaciones y contextos en donde las agresiones contra las niñas y mujeres y el feminicidio refleja la desproporcionada dimensión de la creciente violencia en Chiapas.

3.- La ausencia y vacío de autoridad del poder ejecutivo estatal ya que a lo largo de este año el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, no logró convocar a una sola reunión en donde estuvieran presentes los alcaldes municipales de las 23 localidades señaladas por el organismo federal para la implementación de medidas urgentes para la atención de la DAVGM; incluso algunos alcaldes hicieron llamados al Gobierno Estatal evidenciando el olvido y desprecio del Poder Ejecutivo en relación a su falta de interés en atender los alarmantes índices e indicadores de violencia en los 124 municipios de la entidad.

4.- La instrumentalización y el uso de los recursos destinados a la DAVGM para promocionar la descalificada imagen del gobernador, que simula la atención de las causas de la violencia estructural en Chiapas, como la pobreza, injusticia y violencia contra las mujeres, con fines electorales tal como lo han expresado seguidores de su partido Verde asegurando que se precisa de la reelección y/o recolocación en cargos públicos para cumplir con la implementación de la Declaratoria de Alerta de Género en Chiapas.

5- La discriminación a mujeres, racismo y clasismo del gobernador Velasco Coello que ha quedado patente públicamente en mensajes publicitarios machistas y misoginos al expresar “mis mujeres”, con un sentido de pertenencia y paternalismo de aquellas personas que acuden a los eventos multitudinarios que acarrean los programas asistenciales y de desarrollo social.

6.- El desprecio por la vida de las niñas, adolecentes, mujeres y ancianas que día a día peregrinan por el calvario de las instituciones del gobierno estatal en busca de ser atendidas y escuchadas al ser víctimas de violencia en cualquiera de sus formas y expresiones: directa, sexual, psicológica, laboral, obstétrica, institucional, simbólica, cultural, patrimonial, económica, feminicida y/o estructural.

7.- La recurrente omisión e invisibilización de la violencia que particularmente padecen mujeres inmigrantes y refugiadas, niñas y mujeres con capacidades diferentes, personas indígenas, el tráfico y trata de personas que en Chiapas, por ser estado fronterizo, caracterizan a la Alerta de Violencia de Género y su urgente atención multicultural, pluriétnica y generacional.

8.- El estado continua inmerso en un conflicto armado interno, y esta situación de guerra, que militariza al estado y recrudece la violencia y violación de derechos humanos con antecedentes no resueltos de grave violencia contra las mujeres, en especial indígenas, niñas, adolecentes, pobres como la Masacre de Acteal que es un Feminicidio y genocidio dando como respuesta actos de represión contra los movimientos civiles y sociales.

9.- Sigue sin respuesta el tema de la atención puntual a mujeres víctimas de violencia, en especial por el acceso a la justicia y a la salud en casos de abuso sexual, físico, psicoemocional y otros, no hay traducción e interpretación con pertinencia cultural ni perspectiva de género, seguimos siendo el primer lugar en abuso infantil y embarazo en adolecentes, las ofendidas y víctimas no cuentan con Defensor/as Victímales, el tema judicial quedo sin atenderse y agrava las condiciones de indefensión en el nuevo Sistema Penal acusatorio, que las deja en estado de indefensión sean ofendidas e incluso acusadas.

10.- Las víctimas directas de feminicidio y tentativa, familiares, testigos, peritos, defensoras y acompañantes, incluidas desde el inicio de la solicitud y casos paradigmáticos, siguen sin encontrar total satisfacción al derecho a la justicia, a la vida, a la integridad, a la verdad. Hay un número indeterminado de niñas/os huérfanas/os de por lo menos 200% más que las víctimas mortales -pues el padre mató a la madre- sin atención y sin justicia de medidas integrales de protección y reparación del daño.

Estas razones y otras que hemos plenamente documentado a lo largo de este año de la DAVGM son las que nos permiten caracterizar que en Chiapas y en México tenemos un Estado Feminicida ya que no sólo es permisivo sino cómplice de la violencia contra las niñas, mujeres y ancianas y la creciente violencia feminicida en nuestras casas, calles, comunidades y ciudades de la entidad.

Hacemos un llamado urgente a la Sociedad Civil, a familiares de mujeres asesinadas, sobrevivientes y víctimas de violencia a que nos organicemos para juntas demandar al Estado Mexicano por incumplimiento no sólo de la DAVGM sino por la reiterada omisión al Derecho a la vida, igualdad, libertad y seguridad personal, igual protección ante la ley, ser libre de todas las formas de discriminación, a la salud física y mental, condiciones de trabajo justas y favorables, a no ser sometida a torturas ni tratos crueles y/o denigrantes que constituyen las más reiteradas violaciones a los Derechos de las Mujeres que documentamos en nuestro quehacer cotidiano.

¡No más violencia contra las mujeres!

Atentamente:
Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas

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Posicionamiento a casi un año de la AVG en Chiapas

 

Comunicado de Prensa

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; 10 de octubre de 2017

Posicionamiento a casi un año de la AVG en Chiapas

Las organizaciones civiles integrantes de la Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas, peticionarias de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para Chiapas (DAVG) hacemos público nuestro posicionamiento a casi un año de ordenarse la implementación de las medidas que derivan de la Declaratoria oficial.

Como es de conocimiento general, el 18 de noviembre de 2016, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASVM), emitió Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para los municipios de Comitán de Domínguez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores; también estableció acciones específicas para los municipios indígenas de la región Altos de Chiapas: Aldama, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chenalho, Huixtán, Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San Juan Cancuc, Santiago El Pinar, Tenejapa, Teopisca y Zinacantán.

En ese sentido las organizaciones peticionarias hemos insistido de manera reiterada, pública y oficialmente, que esta determinación es parcial ya que la Declaratoria debe ampliarse a todo el estado de Chiapas debido al contexto de creciente violencia y muertes violentas contra las mujeres que las organizaciones civiles estamos documentando y como una demanda urgente de familiares de víctimas y sobrevivientes de violencia feminicida.

Desde el 20 de enero de 2017, fecha en que se conformó el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) hemos observado con preocupación que los representantes del Gobierno de Chiapas han politizado la Declaratoria para impulsar candidaturas, afianzar puestos políticos y justificar la reorientación de presupuestos públicos. En las mesas de trabajo para operar la implementación de la Declaratoria se ha expresado el carácter patriarcal y machista con el cual los servidores públicos abordan las medidas para erradicar la violencia hacia las mujeres.

De la dilación injustificada para la implementación de las medidas hemos dado cuenta en diversas denuncias públicas, por ejemplo seis meses después de la Declaratoria se instalaron cuatro mesas de trabajo que son: la de Coordinación con los municipios en los que se dictó la AVG, Coordinación con los 16 municipios de la Zona Altos, Atención de medidas relacionadas con el sector salud y Seguimiento de casos, mismas mesas que hasta hoy no han operado las medidas recomendadas.

El pasado 03 de agosto fue nuestra última reunión con autoridades federales y estatales y ahí, al cumplirse casi nueve meses de la Declaratoria se presentó el Programa Estatal para atender la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres aún con observaciones, logrando sólo avanzar con la aprobación del logotipo y eslogan de la Campaña de Difusión cuya estrategia integral no nos ha sido presentada y por consecuencia tampoco ha comenzado a operar en su totalidad.

Hoy 10 de octubre, a casi once meses de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para las mujeres de Chiapas y derivado del seguimiento a las acciones realizadas por la representación del estado de Chiapas, nuevamente manifestamos preocupación por el evidente incumplimiento al mandato judicial federal al SNPASVM, al Ejecutivo Federal y Estatal para atender la emergencia derivada de la violencia estructural y de género hacia las mujeres en Chiapas, que implica de manera prioritaria garantizar protección, seguridad, vida, reparación de daños y medidas de no repetición enlistados en los cuatro capítulos de medidas a implementar por dicha DAVG.

A casi un año de haberse declarado la AVG para Chiapas, las mesas de trabajo no han funcionado como se acordó en el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM), no hay resultados concretos y adolecen en el funcionamiento del plan y programas que permitan monitorear y evaluar los avances, retos y retrocesos en la implementación de acciones. De igual forma, ha sido evidente la falta de poder de convocatoria del Ejecutivo Estatal, dado que a la fecha no ha podido reunir a todos los alcaldes de los Ayuntamientos indígenas de la zona Altos para informarles de manera sustancial el significado de la Declaratoria de AVG y las acciones que deben implementar para detener la violencia sistemática contra mujeres y niñas indígenas.

Quienes integramos la Campaña Popular externamos que nuestra presencia en las mesas de trabajo que impulsa el Gobierno de Chiapas, ha representado una lamentable pérdida de tiempo dado que hemos observado la existencia de una coordinación carente de metodología y conocimientos sobre género, derechos humanos, interculturalidad y multiculturalidad, aunado al desconocimiento del contexto prevaleciente en el estado. Esta situación refleja la carencia de los perfiles académicos y experiencia teórica-práctica requerida para impulsar, direccionar y dar contenido a las medidas necesarias para proteger la vida de las mujeres en Chiapas.

Un impedimento mayor en esta primera etapa ha significado el papel que ha desempeñado la Fiscalía General del Estado (FGE) al jugar un papel de juez y parte como entidad responsable de coordinar la AVG para Chiapas y ser una de las instituciones señaladas en violaciones a derechos humanos y el acceso a la justicia; insistimos en que sea la Secretaría de Gobierno del estado de Chiapas quien asuma la responsabilidad de coordinar la implementación de la DAVG por ser el ente con la facultad requerida para asumir compromisos con seriedad y formalidad a los acuerdos que se generen.

Derivado de esta caótica situación, hacemos de conocimiento público que las Peticionarias han determinado NO ASISTIR más a las mesas de trabajo convocadas por el gobierno de Chiapas, a través de la Fiscalía General del Estado, por incumplir de manera reiterada los acuerdos que permitan la implementación urgente y seria por parte de las autoridades involucradas.

Las Peticionarias continuaremos asistiendo a las sesiones del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario considerando que es el espacio a dar seguimiento y evaluar las acciones que implemente el Gobierno de Chiapas. Desde ese espacio realizaremos las observaciones y aportes que correspondan, en tanto que como Campaña permaneceremos con el monitoreo, la atención y acompañamiento de mujeres víctimas de violencia feminicida en el estado.

¡No más violencia contra las mujeres!

Atentamente:

Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres
y el Feminicidio en Chiapas

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Vídeo de la conferencia de prensa:

Audio del comunicado de prensa aquí:

 

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Lento avance de la Alerta de Violencia de Género en Chiapas

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Comunicado de Prensa

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; 04 de septiembre de 2017

Lento avance de la Alerta de Violencia de Género en Chiapas

A más de 9 meses de que se Declaró la Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres de Chiapas (AVGM), quienes integramos la Campaña Popular contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas informamos, desde una posición crítica y a favor de los derechos de las mujeres, los resultados de las mesas de trabajo que tienen como finalidad la implementación de las medidas de seguridad, prevención, justicia y reparación ordenadas para el estado de Chiapas.

Plan de trabajo del gobierno estatal para atender la AVGM:
El pasado 03 de agosto una representación de la Campaña Popular asistió a la cuarta sesión ordinaria del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM), realizada en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en seguimiento a la AVGM; en esa ocasión nos fue presentado el Programa de Trabajo del Gobierno del estado de Chiapas, sus indicadores y cronograma de acciones propuestas, al documento las organizaciones peticionarias hicimos observaciones puntuales al contenido entre las que destacan:

• El Plan Estatal no cuenta con indicadores de impacto, resultado y proceso que ayuden a evaluar los resultados de cambio e incidencia a fin de garantizar condiciones socio culturales para una vida libre de violencia hacia las mujeres. En su mayoría los indicadores son cuantitativos y acumulativos de acciones que nos preocupa no incidan en transformar no sólo la violencia directa, sino tampoco en la institucional y estructural en Chiapas.
• Insistimos en que las acciones del Plan no pueden reducirse a los 23 municipios que tienen la Declaratoria de AVGM y que, por lo tanto, deben extenderse las medidas a las 124 municipalidades de la entidad ya que la violencia sistémica contra las mujeres alcanza niveles alarmantes en municipios que por el momento no fueron listados en la Declaratoria federal.
• El Plan estatal debe integrar en su contenido, de manera transversal, perspectiva de género, derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes, interculturalidad e inclusión de la diversidad sexual, multicultural, las capacidades diferentes, mujeres en el contexto de movilidad humana e infancia como parte del tejido poblacional en el estado.
• La necesidad de una base de datos actualizada, funcional y accesible es requerimiento básico para el monitoreo e implementación de acciones para atender la violencia de género y feminicidios que, en la mayoría de los casos, es invisibilizada por la pérdida de confianza al denunciar y/o la negligente calificación y sanción de delitos de las Fiscalías de Distrito, de la FGE, que terminan revictimizando a sobrevivientes y familiares de las víctimas.
• La falta de transparencia sobre la asignación y uso de recursos (económicos, materiales, humanos y de infraestructura) no permiten conocer las prioridades que se están valorando para atender con efectividad las medidas ordenadas.
• La falta de capacidad para convocar, dar seguimiento, coordinar las acciones interinstitucionales a nivel estatal y metodología en las mesas de trabajo por parte de la FGE pese a la contratación de distintas personas y equipo de asesoras. Este punto nos preocupa sobre manera ya que como se ha externado públicamente no consideramos adecuado que la Fiscalía General del Estado sea quien coordine las acciones de implementación de la AVG porque tiene el papel de Juez y Parte ya que implica falta de imparcialidad.

Estas fueron algunas de las observaciones que hicimos al Plan presentado, no obstante con el ánimo de avanzar ya en la implementación acordamos su aprobación en lo general a la par de hacer llegar las observaciones particulares para los ajustes necesarios.

Mesa de Justicia:
El pasado 22 de agosto representantes de la Campaña Popular asistimos a una mesa de trabajo convocada en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez en donde se nos presentó la propuesta de instalación de la Mesa Técnica para la atención de casos de violencia de género y feminicidio en Chiapas, al respecto nuestras valoraciones generales y peticiones fueron las siguientes:

• La revisión de casos no puede reducirse a los presentados en la petición entregada en el 2013 ya que desde abril del 2012, fecha en que se aprobó como grave el delito de feminicidio, hasta la actualidad han ocurrido cientos de casos que no han sido investigados con base a protocolos de actuación, capacitación de impartidores de justicia, dejando en estado de indefención, negligencia e impunidad las apremiantes de verdad y justicia para sobrevivivientes y familiares de víctimas de violencia de género y feminicidio en Chiapas.
• Para ello enfatizamos en la importancia de atender las medidas en materia de justicia y reparación que implican la creación de las siguientes unidades:
◦ Unidad Especializada que realice el diagnóstico de los expedientes en archivo o reserva y la identificación de las posibles deficiencias en las investigaciones con el propósito de sugerir las diligencias que podrían llevarse a cabo para el esclarecimiento de los hechos.
◦ Unidad de Análisis y Contexto para casos de violencia contra las mujeres y el feminicidio para determinar lineamientos de actuación para la atención integral incluyendo a víctimas indirectas y organizaciones de la sociedad civil.
◦ Mesa técnica de casos encargada exclusivamente de dar trámite a las carpetas de investigación, relacionadas con los feminicidios u homicidios dolosos de mujeres contando del 2012 a la fecha, atendiendo las bases de datos de las organizaciones de la sociedad civil y las dependencias gubernamentales.
Cada una de estas mesas y/o unidades debe ser claramente caracterizada para garantizar autonomía e independencia, integración de expertos y profesionalismo a fin de corregir los errores más comunes en la integración de los expedientes, la investigación de los casos, la reparación del daño y la adopción de medidas de no repetición.
• Demandamos se cumpla el acuerdo sobre la creación de estas unidades y mesas sea por decreto publicada en el Periódico Oficial del Estado a fin de garantizar la seriedad y obligatoriedad de las recomendaciones que hará cada grupo de trabajo; ahí mismo se recordó que una de las recomendaciones es revisar el marco jurídico del estado para detectar las disposiciones que requieren ser reformadas, derogadas o abrogadas, con el fin de armonizar el marco jurídico local con el marco jurídico nacional e internacional.
En tanto que aún no hay una propuesta concreta el gobierno estatal quedó de mandarla en días próximos para su revisión, aportes y dar paso a los trabajos de cada unidad y/o mesa. La fecha de la siguiente reunión quedó para el 12 de septiembre.

Programa único de capacitación:
El pasado 30 de agosto nuevamente nos reunimos en mesa de trabajo para revisar el Programa de capacitación del gobierno estatal y al respecto nuestras valoraciones generales fueron:

• Solicitamos al gobierno estatal nos faciliten la información relativa a los diversos acuerdos, modelos de atención, programas, comisiones y todo tipo de acciones que mencionan se han implementado desde el 2007 para atender la violencia de género contra las mujeres en Chiapas, para tomar como base las acciones y omisiones en que se han incurrido a fin de no reproducirlas en el presente Plan y sacar provecho de las experiencias que se han tenido.
• En relación al objetivo general de este Plan nos preocupa que la enorme inversión de recursos que se hará para capacitar a servidores públicos de las tres instancias de gobierno se quede únicamente en atender la coyuntura y no se refleje en un cambio de paradigmas a nivel institucional, es decir la capacitación del personal por si misma no garantiza transformaciones si las instituciones no ajustan sus modelos de atención, protocolos de actuación, su Misión, Visión y objetivos en torno al servicio público que garanticen continuidad y progreso en el avance institucional para atender la violencia de género y el feminicidio en Chiapas.
• Las cartas metodológicas que nos fueron presentadas tienen graves omisiones en relación al contexto en que se darán las capacitaciones, señalamos por ejemplo no omitir el marco internacional de derechos humanos, convenios, pactos y tratados firmados por el gobierno pero también incluir el marco normativo local y autónomo, la transversalidad de género e interculturalidad, la población con capacidades diferentes, migrantes, infancia y personas de la tercera edad, mismas que requieren de una mejor coordinación en el diseño y participación de personas expertas.
• Solicitamos que la capacitación no sólo esté dirigida a un grupo de personas seleccionadas del personal operativo de las dependencias sino que prioricen informar y formar a funcionarios de primer y segundo nivel del gobierno de Chiapas, comenzando por el gobernador Manuel Velasco Coello y todos los Secretarios de estado cuyas instituciones estén implicadas en primer orden dentro de la AVGM.
• Insistimos en la necesidad de incluir a todos los municipios de Chiapas en la capacitación y no solamente a los 23 municipios con Declaratoria de AVGM.
• Consideramos necesaria la inclusión de un Plan de Monitoreo y evaluación del Programa Unico de Capacitación.
• Que el Plan, como documento base para capacitadores institucionales y comunitarios, no contiene lenguaje inclusivo lo cual reproduce estereotipos que discriminan y excluyen la igualdad de clase, género y etnia.

Para hacer llegar los aportes puntuales a este Plan de Capacitación nos dimos esta semana, que concluye el 8 de septiembre, para incorporar las observaciones y atender las sugerencias hechas por las peticionarias.

Estrategia de comunicación:
El mismo 30 de agosto, y tras varios meses de retraso e insistir en que la Campaña de información y comunicación del gobierno estatal sea clara y nombre a la AVGM por lo qué es e implica, nos fue presentada la propuesta de logotipo y eslogan que finalmente se aprobó para dar paso a la estrategia de difusión, al respecto solicitamos:

• Que la estrategia de difusión y posicionamiento de la AVGM cuente con los recursos financieros y creativos necesarios para que se una campaña de alto impacto; hemos señalado como ejemplo la tan publicitada “No pago a la tenencia vehicular en Chiapas” o la imagen del “Chiapasionate”, solicitando al gobernador que priorice este tema antes de su imagen pública que sólo promueve a su persona.
• Que nos sea entregado el documento de estrategia de comunicación estatal actualizado y completo ya que únicamente se nos presentó en esta última reunión el logotipo y página web de la AVGM: http://www.alertadegenerochiapas.org.mx
• Que no se descuide la inclusión y alcance de los 12 grupos étnicos en Chiapas y los 124 municipios, que atiendan las formas, modos y medios de comunicación popular y comunitaria que sean efectivos en el ámbito rural y urbano.

En síntesis podemos decir que a nueve meses de la Declaratoria de AVGM para Chiapas los avances son pocos, destacando la aprobación del logotipo y eslogan de la Campaña de Comunicación, los pendientes inmediatos son:

1. Mesa de coordinación de los 23 municipios: Está pendiente formalizar la instalación para el seguimiento y coordinación con los enlaces municipales y cómo vamos a incluir el trabajo de los municipios indígenas. La fecha de instalación de la Mesa es este miércoles 06 de septiembre a las 11am en Tuxtla Gutiérrez. Por lo que solicitamos se tomen las medidas necesarias para garantizar la asistencia de los alcaldes municipales y sus enlaces para avanzar en la implementación de la AVGM a nivel de las localidades.

2. Mesa de salud: Está pendiente agendar la fecha de reunión para la instalación formal ya que la agendada el mes pasado fue cancelada, en este tema no sólo es abordar la capacitación en la NOM 046, sino abordar los casos de violencia obstétrica, la aplicación de los protocolos de actuación ante violaciones sexuales, violencia directa y el procedimiento para operar las órdenes de protección.

3. Mesa de justicia: Estamos a la espera de la propuesta metodológica y de los contenidos para la integración de las tres unidades y/o mesas a fin de atender las medidas ordenadas para atender las demandas de justicia.

Como organizaciones integrantes de la Campaña Popular refrendamos nuestro compromiso de seguir atentas y al pendiente de cada uno de los avances y retrocesos que se den en este proceso de implementación de la AVGM para Chiapas.

De manera particular hacemos un llamado a las autoridades competentes del gobierno de Chiapas para que, en tanto se avanza en las medidas de la Alerta, no incurran en omisiones y atiendan con debida diligencia los casos de violencia de género y feminicidio que se presentan en nuestra entidad ya que, tan sólo en este mes de agosto, el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, AC, (CDMCH) cerró su monitoreo con 27 casos de violencia contra las mujeres que van desde amenazas, agresiones, lesiones, homicidios dolosos, muertes sospechosas y feminicidios en varias regiones del estado.

Consideramos de suma importancia que las mujeres y la población en general se mantengan informadas sobre las acciones que se realizan para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como exigir su cumplimiento. Esto implica también denunciar el uso de la Alerta de Género con fines electorales porque su objetivo no es servir para posicionar políticamente a secretarios, gobernantes, diputados, senadores o presidentes municipales a quienes no les interesa la vida de las mujeres.

Finalmente agradecemos la colaboración de la sociedad civil en general y en particular de las personas sobrevivientes y familiares de víctimas de violencia de género y feminicidio, de los colectivos, grupos feministas, de defensa de los derechos de las mujeres, medios libres y medios de comunicación ya que gracias a la información y testimonios que nos proporcionan salen del anonimato los proyectos de vida que están siendo violentados.

¡No más violencia contra las mujeres!

Atentamente:
Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas: Mujeres y hombres de la regiones, norte, altos, sierra frontera, Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH), Brigada Feminista por la Autonomía, Casa Cereza, Casa de la Mujer de Palenque, Casa Gandhi, Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVIF), Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa AC, Centro de Investigación y Acción para la Mujer Latinoamericana (CIAM), Grupo de Mujeres de San Cristóbal COLEM, El Paliacate Espacio Cultural, Formación y Capacitación (FOCA), Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C. (CEPAZDH), Melel Xojobal, Promedios De Comunicación Comunitaria, Red de Mujeres Chiapanecas contra la violencia hacia las mujeres, Red Mesoamericana Mujer Salud y Migración, Save the Children, Semilla del Sur, Skolta’el Yu’un Jlumaltic, A. C. (SYJAC), Alianza Global Pediátrica, Estudiantes, fotógrafos, artistas, músic@s, medios libres y personas en lo individual.