Evaluación de la Campaña Popular sobre la DAVGM para Chiapas

 

Las organizaciones civiles, peticionarias de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para las Mujeres de Chiapas (DAVGM), fijamos nuestra postura y evaluación con relación a las medidas que se ordenaron implementar para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra niñas y mujeres y el alarmante índice de feminicidios en la entidad, aquí los vídeos de la conferencia de prensa que dimos el 07 de Marzo de 2019 en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.

 

Parte 1 de la conferencia de prensa

 

Parte 2 de la conferencia de prensa

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Alerta de Género para Chiapas, fraude y simulación de gobierno federal y estatal

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; 07 de marzo de 2019.

Las organizaciones que solicitamos y hemos dado seguimiento puntual a las medidas derivadas de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AGV) en Chiapas, exigimos este 8 de marzo (2019), el cese de su engañosa aplicación. Consideramos que las limitadas acciones emprendidas e informadas por el gobierno, a más de un año de su aplicación, lejos de detener la violencia, han resultado ser una simulación y una burla para las mujeres violentadas y asesinadas. Así mismo denunciamos que, las autoridades responsables de cumplir y hacer cumplir el derecho que tenemos las mujeres a la seguridad de nuestras vidas, es decir a vivir una vida sin violencia, han generado impunidad y han mostrado indiferencia, negligencia, desconocimiento y hasta complicidad con los perpetradores.

La violencia de género tiene causas múltiples y complejas, todas ellas ligadas a las relaciones de dominación/subordinación sobre las mujeres que histórica y culturalmente se han naturalizado como parte del imaginario colectivo patriarcal, colonial y sexista que prevalece tanto en las ciudades como en las zonas rurales del país. Ese carácter estructural de la violencia, abonado con la pobreza extrema y la desestructuración de la vida campesina que la modernidad neoliberal impuso oficialmente en Chiapas desde de los 80s, ha propiciado la idea de que las mujeres somos objetos no sólo de explotación y uso sexual del poder masculino, sino que, violando todos nuestros derechos, nos han convertido en objetos desechables a través de múltiples formas de violencia feminicida y victimización, incluyendo los feminicidios, que van aumentando y formando modelos de agresión, como sucede en bares, cantinas y antros en donde se prostituye, emborracha, droga, viola tumultuariamente, asesina y después arrojan al descampado o a la vía pública los cuerpos de niñas indígenas, como ha sucedido en 4 de los últimos casos de los que tenemos documentados. Lo anterior es ejemplo de que las autoridades no toman su responsabilidad en la política pública de seguridad para las mujeres, impidiéndonos el pleno goce y ejercicio de nuestros derechos.

Pretextando que la AVG no es un instrumento que se avoque a combatir el carácter estructural de la violencia, las acciones que se han realizado y que se reportan en el informe que el Gobierno del Estado de Chiapas presentó en la última sesión del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) en noviembre de 2018, son tan inocuas, superficiales e insuficientes que sólo han vulgarizado el concepto de género mostrando no sólo la incapacidad del gobierno para abordar el problema, sino también el carácter patriarcal obtuso de las instituciones y su funcionamiento. Estos hechos nos reafirman en nuestro posicionamiento de que no es sólo la presión al Estado lo que va a desaparecer la violencia de género hacia las mujeres, sino que somos los pueblos y especialmente las mujeres, quienes tenemos que luchar por nuestra autodeterminación personal y nuestra autonomía política, quienes podremos transformar el carácter patriarcal de la sociedad y hacer una lucha efectiva contra la violencia de este régimen neoliberal.

En los siguientes párrafos, exponemos detalles de la evaluación crítica que hoy entregamos al gobierno. A través de ejemplos concretos referentes a las estrategias de seguridad, prevención y justicia que se aplicaron, se ponen de relieve las razones por las que nos pronunciamos en contra de la continuidad de la AGV en Chiapas y por qué llamamos a las mujeres a continuar nuestras luchas desde la Campaña contra la Violencia y exigir al Estado nos garantice una vida sin violencia tanto en el ámbito público como en el privado.

Exigimos la transformación de la estructura, funcionamiento y dinámicas del Estado para eliminar el patriarcado (verticalismo, segregación, discriminación, explotación e impunidad). No se trata sólo una acción de protección a las mujeres, sino de generar políticas para que hombres, mujeres y el Estado mismo, eliminemos las relaciones de desigualdad que se oponen al ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.

Medidas de Seguridad.
Al respecto, los discursos oficiales de la AVG vulgarizaron el género en vez de promover relaciones de igualdad. Las actividades de iluminación, limpieza de baldíos, construcción de bardas de lotes, y patrullajes,, son acciones que forman parte de las obligaciones cotidianas del municipio y que fueron reportadas como emergentes para aparentar el cumplimiento de la AVG.

Lo mismo ocurrió con las Unidades de Atención Inmediata a la violencia, que quedaron reducidas a mesas públicas de información sin mayor trascendencia. Se informa de miles de órdenes de protección emitidas por las autoridades, sin embargo, no se presenta el análisis de su implementación y menos de los resultados obtenidos. Las órdenes de protección se tradujeron en meros documentos y no en acciones reales de protección a la vida de las mujeres.

A los policías se les encomienda el deber de investigar la comisión de delitos sin capacitación para ello, generando que la atención a mujeres sea revictimizante y basada en estereotipos masculinos de poder. El informe del Gobierno de Chiapas refleja que más del 60% del presupuesto asignado a la AVG se canalizó a la capacitación de funcionarios y policías de diversos niveles, sin que haya redundado en las transformaciones personales necesarias para asumir y aplicar la justicia con visión de género.

Para nosotras la seguridad consiste en la responsabilidad global del Estado de garantizar la vida de las mujeres y la no violencia. Esto incluye medidas de prevención, justicia y reparación, además de la eliminación del sentido patriarcal en el funcionamiento del Estado.

Medidas de Prevención.
La prevención se redujo a capacitaciones masivas y discursivas, sin promover en la práctica la transformación de las relaciones de género ni el carácter patriarcal de las instituciones. Consideramos que se realizó un cumplimiento burocrático de la agenda de prevención de la AVG.

La visión implementada responsabiliza sólo a las personas y desconoce que la violencia también se ejerce institucionalmente al ser omisos, por ejemplo, en la aplicación de las normas administrativas municipales y de salud pública en bares, cantinas, centros nocturnos, antros, etc.

No se incluyó la prevención al interior de las escuelas, ni se aplicó la normativa especifica en donde se prevé la eliminación de la violencia en el ámbito escolar.

Medidas de Justicia y Reparación.
La actuación del aparato de procuración y administración de justicia en relación con las mujeres en Chiapas no ha cumplido las medidas indicadas por el Gobierno, ni con lo que nosotras, peticionarias de la AVG, solicitamos con urgencia. Si bien las acciones realizadas se centraron en los 84 casos de violencia que sustentaron nuestra petición, no se diseñaron políticas para prevenir los feminicidios, ni criterios que coadyuven a la identificación del perfil del perpetrador ni los móviles y escenarios en el que ocurren los crímenes contra mujeres. Además, no se han tomado en cuenta las múltiples denuncias que hemos presentado posteriormente y tampoco existen la unidad de contexto ni el banco de datos en la forma que se ordenó en la Avg.

El nuevo sistema de justicia penal se encuentra en crisis, en tanto que la falta de capacitación de jueces, policías, fiscales, peritos, etc., está generando impunidad para las mujeres ante el no castigo a sus perpetradores, lo que estimula y permite la repetición impune de los delitos, magnificando el proceso de violencia social, situación que nos permite denunciar que existen focos rojos en torno a los siguientes temas: La violencia hacia las mujeres y las niñas está naturalizada, justificada e institucionalizada, por tanto, no se atiende adecuadamente ni en los casos en los que rige el derecho positivo estatal ni ante los sistemas de justicia indígena.

Existe miedo a denunciar por la falta de medidas de seguridad que garanticen que las mujeres no serán nuevamente agredidas; por la carencia de recursos económicos, no sólo para el seguimiento de las denuncias, sino para solventar la corrupción de los servidores/as públicos/as; y también porque la atención patriarcal y clasista que se les brinda las criminaliza en vez de protegerlas. Cuando deciden denunciar existen distorsiones y tardanza en la investigación, sobrecarga de trabajo de peritos, intérpretes, policías y personal en general.

La carencia de recursos humanos capacitados es crítica: los fiscales obstaculizan la integración de las carpetas de investigación y dan oportunidad al agresor a que cambie de conducta, propiciando la conciliación, revictimizando y culpabilizando a las mujeres. Con frecuencia el personal de las fiscalías desalienta e inhibe la presentación y seguimiento de las denuncias. Fiscales y jueces se dejan presionar por poderes fácticos, no existe independencia e imparcialidad en su actuar, delegan los análisis jurídicos a profundidad a las instancias superiores. Existe un tipo penal de feminicidio que evidencia la incomprensión de la desigualdad entre hombres y mujeres y no existe una verdadera aplicación de protocolos de género. Por otro lado, es sistemática la falta de defensa adecuada y técnica; la justicia se utiliza como forma de dirimir disputas particulares en las que, por las desiguales de sexo-género, las mujeres criminalizadas continúan siendo “pagadoras” de delitos que no cometieron, obligándolas a autoincriminalizarse con el uso de la tortura como instrumento institucionalizado en el actuar de las fiscalías.

La violencia en los municipios indígenas se ha acrecentado y reproducido debido a la falsa justificación de que los usos y costumbres impiden la intervención de las autoridades para sancionar la violencia hacia las mujeres y al no reconocimiento de que la cultura indígena también está construida sobre parámetros patriarcales dejando a las indígenas en una desprotección mayúscula. Además de que son coaccionadas a otorgar perdón a sus agresores, existe complicidad entre autoridades y perpetradores, ausencia de traductores, intérpretes capacitados y enfoque intercultural. El Gobierno de Chiapas no consideró la necesidad de articular, el derecho autonómico de los pueblos con la aplicación de los derechos humanos y el ejercicio de su responsabilidad en la solución de esos problemas.

El desplazamiento de miles de indígenas perpetrado por paramilitares en Chenalhó, Chalchihuitan, Aldama, y Oxchuc ha sido ignorado, a pesar de que esos municipios están considerados en la AVG.

A las mujeres centroamericanas criminalizadas se les priva de un juicio justo deportando a sus testigos clave y cuando son absueltas, se les priva del derecho a una tarjeta por razones humanitarias.

La información aquí vertida nos da un panorama de la falta de interés e incumplimiento que tanto el estado de Chiapas, como el Estado mexicano, han mostrado respecto de su obligación de garantizar, promover, respetar y difundir los derechos humanos de las mujeres en cuanto al acceso a la justicia.

Conclusión Final:
Combatir la violencia de género no es incorporar mecánicamente la “perspectiva” de género a las políticas y programas del Estado, ni de realizar actividades parciales, fragmentadas y desarticuladas, sino asumir la existencia de las desigualdades y violencia de género, en todos los ámbitos de la vida social, así como la necesidad de transformarlas y de eliminar el carácter patriarcal del Estado desde su raíz. Por lo tanto, la obligación del Estado de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres que tiene asignada constitucionalmente, no debe reducirse a medidas emergentes y superficiales, como la AVG, sino requiere de una política pública nacional que ataque los problemas de violencia de género de manera estructural. Esta es nuestra exigencia.

Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas

Peticionarias de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para las Mujeres en Chiapas.

Integrada por: Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas A.C., Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C., Melel Xojobal, A.C., Agua y Vida, A.C., Colectiva CEREZA, Semilla del Sur, A.C., y personas de sociedad civil.

Descarga el boletín de prensa en PDF aquí

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Postura y evaluación de las peticionarias de la Alerta de Violencia de Género en Chiapas

A dos años y tres meses, (18 de noviembre de 2016), de que el gobierno federal anunció la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para las Mujeres de Chiapas, las organizaciones peticionarias agrupadas en la Campaña Popular Contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas hemos dado puntual seguimiento a la implementación de las medidas ordenadas orientadas a prevenir, atender e impartir justicia ante la gravedad de la violencia feminicida en la entidad.

No obstante, las acciones implementadas por los tres niveles de gobierno han fracasado dado que los feminicidios y la violencia contra las mujeres y niñas en Chiapas no cesa.

Como Campaña Popular sostenemos que las acciones para frenar la violencia feminicida han resultado una simulación, fraude y ofensa para la memoria de cientos de víctimas que siguen padeciendo la impunidad del sistema de imparticion de justicia y la nula efectividad de la capacitación a servidores públicos de distintas instituciones.

Conoce nuestra evaluación y postura asistiendo a la conferencia de prensa que daremos este jueves 07 de marzo a las 11am en las oficinas del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC (Frayba) ubicadas en Calle Brasil No. 14, Barrio de Mexicanos en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

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Marcha del #8M 2019 en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

Diversas colectivas y mujeres en lo individual nos organizamos para conmemorar el Día internacional de las Mujeres este 08 de Marzo de 2019 con una serie de actividades en la Ciudad de San Cristóbal en el marco de lo que hemos nombrado como Jornadas de Resistencia entre Mujeres, Lesbianas y Género Disidentes.

Por ello te invitamos a que este 08 DE MARZO A PARTIR DE LAS 09 DE LA MAÑANA nos acompañes a la Marcha que partirá de la Unidad Administrativa con rumbo a la Plaza de la Resistencia en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.

#8M
#HuelgaFeminista
#NosotrasParamos
#EstadoFeminicida

Convocamos:

– 8M Jornadas de Resistencia entre mujeres, lesbianas y otroas.
– Movimiento en Defensa de la Tierra, el Territorio y por la Participación y el Reconocimiento de las Mujeres en la Toma de Decisiones.
– Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas.

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#8M Jornadas de Resistencia entre Mujeres, Lesbianas y género Disidentes

Mujeres organizadas de distintos colectivos y personas a título individual nos sumamos a las acciones globales por el #8M Día Internacional de las Mujeres por lo cual hemos sumado nuestros esfuerzos, aprendizajes y aportes para realizar una Jornada de actividades en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Las actividades serán del 01 al 10 de Marzo en distintas sedes en la Ciudad, aquí puedes ver el programa de actividades:

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Grave incremento de violencia feminicida en Chiapas

 

Comunicado de Prensa

 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; 15 de febrero de 2019

Grave incremento de violencia feminicida en Chiapas

  • Incremento de violencia contra las mujeres y feminicidios en Chiapas profundiza demandas de verdad y justicia.

Durante el primer bimestre de este año se ha registrado un grave incremento de casos de violencia contra las mujeres; han sido desaparecidas, agredidas, violentadas sexualmente y asesinadas.

Datos del Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres de Chiapas[1], de diversas colectivas y organizaciones civiles que documentamos la violencia feminicida en Chiapas coinciden que tan sólo en lo que va del 2019 se han registrado:

  • 18 muertes violentas de mujeres, entre ellas una adolescente de 15 años, de los cuales únicamente 6 fueron calificados por los impartidores de justicia como feminicidio.
  • 27 casos de violencia contra las mujeres de los cuáles: 12 casos son de violencia física, 12 casos de violencia sexual -10 de ellos contra niñas y adolescentes- y 3 casos de violencia patrimonial.
  • A estas cifras se suma el dato de 14 mujeres adultas desaparecidas, 19 niñas y adolescentes (entre 3 y 17 años de edad), de las cuales 15 han sido localizadas[2].

No obstante la gravedad sobre el incremento de la violencia feminicida en Chiapas nos preocupa la actuación de las autoridades encargadas de Procuración y Administración de Justicia en la Entidad ya que continúan realizando prácticas discriminatorias de género, clase y etnia que obstaculizan el acceso a la justicia a las Mujeres, reproduciendo la violencia patriarcal, el abuso de poder, la discriminación y menosprecio a las víctimas que se atreven a denunciar, exigir verdad y justicia evidenciando la negligencia de las instituciones y sus titulares.

De manera particular señalamos la negligente actuación de la Fiscalía General del Estado (FGE) tal como sucedió con el reciente feminicidio, ocurrido el 04 de febrero, de la profesora de primaria[3] Miryana Iveth Saldaña Castillo quien fue encontrada sin vida en la carretera Arriaga-Tonalá y del cual las autoridades encargadas de justicia declararon que fue un suicidio[4].

De igual forma el Poder Judicial, a través de los juzgados de distrito federal y estatal, han demostrado su incapacidad para juzgar con perspectiva de género[5] haciendo caso omiso a manuales y protocolos de actuación[6], tal es el caso de la reciente liberación de Jimmy Virgilio Villatoro Arguello feminicida confeso[7] de Wendy Lizzet Ochoa Méndez quien fue asesinada el pasado 28 de abril del 2012.

A este caso anteceden los casos de Omar Fernando Rosales Toledado, feminicida confeso de Viridians Flores, liberado el 29 de Octubre de 2018 por la juez penal Isabel Álvarez Ramos. Lo mismo ocurrió con Mariano Sánchez Pérez, asesino de Marcela Sánchez Girón, quien fue liberado el pasado 25 de octubre de 2018.

En contextos de violencia y creciente conflictividad, la violencia feminicida es una de las expresiones más claras y atroces de la ineficacia e incapacidad de los tres niveles de gobierno para coordinar acciones de prevención, seguridad, cero tolerancia que erradiquen la violencia hacia las mujeres; el 18 de noviembre de 2016 (hace 2 años y 2 meses) se declaró la Alerta de Violencia de Género en Chiapas[8], desde entonces el gobierno federal y estatal han destinado únicamente 6.2 millones de pesos[9] que son insuficientes para implementar las medidas de prevención, seguridad y justicia.

La impunidad, ausencia de protocolos de actuación, criterios de investigación y juicio carentes de perspectiva de género, desconocimiento del marco normativo de derechos de protección a las víctimas de violencia de género y feminicidio, da cuenta del deficiente y negligente papel de la Fiscalía General del Estado (FGE) como entidad responsable de dar seguimiento a la implementación de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres de Chiapas (DAVGM); a nivel nacional el panorama es menos alentador ya que actualmente 56% del territorio se encuentra en Alerta de Violencia de Género[10].

Como personas y organizaciones integrantes de la Campaña Popular Contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas exigimos al señor Rutilio Escandón Cadenas, gobernador del estado, que atienda de manera puntual las exigencias que hemos insistido de: 

  1. Que las acciones recomendadas en la DAVGM sean extensivas a todos los municipios de la entidad, dada la gravedad de la violencia feminicida que se ha documentado, y no se acote a los 23 municipios que fueron declarados.
  2. Que el Congreso del Estado destine presupuesto para implementar las medidas dispuestas en la AVG para todos los municipios.
  3. Que el Poder Ejecutivo del Gobierno de Chiapas remueva a la FGE como encargada de dar seguimiento a la DAVGM y designe a otra dependencia, de común acuerdo con las peticionarias, que no sea juez y parte de la violencia feminicida y tenga capacidad de actuación. En diciembre pasado varias organizaciones denunciamos[11] a su titular, Jorge Luis Llaven Abarca, como responsable de graves violaciones a Derechos Humanos en Chiapas.

Reiteramos nuestra preocupación ante este contexto de violencia feminicida, debido a que las cifras mencionadas representan tan sólo una mirada parcial de la dimensión real de la violencia que vivimos las mujeres en Chiapas, exigimos a las autoridades asumir la violencia feminicida como un problema social, cultural y político que exige tomar medidas concretas y urgentes en todos los ámbitos de la actuación pública.

¡No más violencia contra las mujeres!

Atentamente:

Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas

https://contrafeminicidiochiapas.wordpress.com/

[1] Reporte elaborado por el Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres de Chiapas, ver reporte del mes de Enero disponible aquí: https://bit.ly/2WLzPzJ

[2] Registro de la base de datos de Melel Xojobal, AC

[3] Ver boletín de prensa del SNTE sobre el asesinato de la profesora: https://bit.ly/2Bm9Y8y

[4] Ver comunicado de prensa de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, disponible en: https://bit.ly/2UNc3S0

[5] Ver protocolo de la SCJN disponible en: https://bit.ly/2Ea7sno

[6] Ver ejemplo de protocolo de actuación ministerial de la PGR disponible es: https://bit.ly/2MqhW3j

[7] Ver denuncia pública y nota por liberación de feminicidas en Chiapas: https://bit.ly/2SPgDln

[8] Ver Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para las Mujeres de Chiapas: https://bit.ly/2GJWK9c

[9] Ver nota de prensa publicada en Chiapas Paralelo, disponible en: https://bit.ly/2X2uN1P

[10] Ver comunicado del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio disponible en: https://bit.ly/2TLWha1

[11] Ver denuncia pública disponible en: https://bit.ly/2BabvgR

Descarga el comunicado en PDF aquí

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Informe sombra para el Comité de CEDAW (Julio de 2018)

Integrantes de la Campaña Popular Contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas presentaron el pasado 06 de julio en Ginebra, Suiza, el Informe sombra para el Comité de CEDAW “La situación de las mujeres en Chiapas en el marco de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género”.

En Chiapas prevalece un contexto de violencia estructural derivado de la situación de alta marginación y pobreza histórica; la ubicación geográfica de la entidad; los flujos migratorios; los efectos de la estrategia militar contrainsurgente (Guerra de baja intensidad); el discurso y las políticas desarrollistas del gobierno; la persistencia de relaciones laborales serviles y semiesclavistas, creando tal complejidad, que coloca en situación de alta vulnerabilidad a las mujeres, especialmente a las indígenas y mestizas pobres.

Descarga el informe completo aquí en PDF

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Gobierno de Chiapas y CONAVIM incumplen Alerta de Violencia de Género para las Mujeres de Chiapas

 

Comunicado de Prensa

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; 14 de junio de 2018.

Gobierno de Chiapas y CONAVIM incumplen
Alerta de Violencia de Género para las Mujeres de Chiapas

• Organizaciones peticionarias de la Alerta de Género, integrantes de la Campaña Popular contra el Feminicidio en Chiapas, reprobamos la falta de compromisos del gobierno estatal para evaluar la implementación de las medidas ordenadas en la AVGM.

Las organizaciones peticionarias de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) e integrantes de la Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas, manifestamos nuestro extrañamiento en relación a que la octava sesión ordinaria del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) se realice en la Ciudad de México, cambiando la sede ordinaria que ha sido la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez; incluso que la reunión se realice sin la presencia de las peticionarias y sin que contemos con los insumos que hemos solicitado al Gobierno de Chiapas para evaluar las medidas de la implementación de la AVGM en el estado.

Como lo hemos señalado en distintas comunicaciones que hemos enviado a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), la reunión de evaluación de la Declaratoria de la AVGM no puede realizarse sino contamos con información sustancial para dar cuenta del nivel de cumplimento. Hasta hoy los documentos presentados por el gobierno de Chiapas no brindan información para conocer en qué medidas se han avanzando y si están contribuyendo o no a atender la violencia contra las mujeres y el feminicidio en Chiapas.

Como organizaciones civiles hemos mantenido un monitoreo permanente sobre la situación de violencia contra las mujeres en Chiapas y de los informes presentados hasta hoy por las autoridades estatales ubicamos graves omisiones y faltas a la verdad en las evidencias que se presentan como cumplimiento de la AVGM, hecho que no corresponde con lo que se mandató para garantizar a mujeres y niñas una vida libre de violencia.

Consideramos urgente y necesario que el informe y la información pública en el portal de la AVGM de Chiapas correspondan al plan de trabajo acordado y establecido por el GIM. Sólo de esa forma se podrá observar el grado de avance en la implementación.

Hoy en la Ciudad de México se reunirán autoridades estatales y federales con la ausencia total de quienes somos peticionarias e integrantes de la Campaña Popular de Alerta de Violencia de Género en Chiapas, por lo tanto hemos enviado a la CONAVIM que, asumiendo su responsabilidad, retome la ruta y metodología de evaluación de la Declaratoria de AVGM en la que todas las partes integrantes realicemos observaciones respecto a las medidas ordenadas para Chiapas. El hecho además de que la reunión la convoquen en la Ciudad de México el día de hoy, obstaculiza nuestra participación como peticionarias ya que no podemos asistir el grupo que hemos delegado para seguimiento ordinario en la entidad.

¡No más violencia contra las mujeres!

Atentamente:
Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres
y el Feminicidio en Chiapas

Descarga el comunicado en PDF aquí

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Comunicado contra la violencia hacia las mujeres y el feminicidio en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

 

San Cristóbal de Las Casas no es un lugar seguro.

A las mujeres nos acosan, desaparecen, violan y asesinan

Comunicado

  • El Estado mexicano, en sus tres niveles, es permisivo y cómplice de la creciente violencia contra las niñas, adolescentes,mujeres adultas y de la tercera edad que viven y transitan en este municipio.
  • En Chiapas, de 2017 a la fecha, se han registrado 57 casos de niñas y adolescentes mujeres desaparecidas.[1]

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas a 31 de mayo de 2018, – A más de un año de haberse declarado la Alerta de Violencia de Género en el municipio las mujeres seguimos sin condiciones de seguridad mínimas que garanticen nuestra vida e integridad.  En el último mes se registraron dos feminicidios que siguen en la impunidad.

El 24 de abril en los límites de la colonia La Isla y Barrio de Mexicanos, en esta ciudad, encontraron el cuerpo de una mujer víctima de feminicidio, con señales de violencia física y abuso sexual. Las autoridades no han aplicado un protocolo de investigación de feminicidio con perspectiva de género ni han activado medidas para identificarla.

Un segundo feminicidio se dio el 9 de mayo en la colonia La Nueva Maravilla. María de los Ángeles, adolescente de 14 años, vivía en la colonia San José Buena Vista, al norte de la ciudad, y era estudiante de la escuela secundaria “General Miguel Utrilla”, ubicada en la colonia Prudencio Moscoso.

En ambos casos, las víctimas fueron criminalizadas en redes sociales, notas periodísticas y testimonios de habitantes de las colonias y barrios.

La constante criminalización de las victimas sólo perpetua la violencia que vivimos las mujeres y omite señalar a los agresores como hombres violentos y machistas. San Cristóbal de Las Casas “Pueblo Mágico”, no es la excepción, aquí existe un proceso de normalización, naturalización e invisibilización de la violencia hacia las mujeres. Tan sólo en los últimos meses (de enero a la fecha) se han registrado 14 feminicidios, aunque un gran número se consideran muertes violentas, no feminicidios. Éstos se se suman a las graves expresiones de violencia machista que van desde amenazas, agresiones, lesiones, homicidios dolosos, muertes sospechosas y secuestros en varias regiones del estado. [2]

A pesar de haberse declarado la Alerta de Violencia de Género para el municipio de San Cristóbal de Las Casas, persisten omisiones que constituyen violaciones a los Derechos de las Mujeres. Las autoridades judiciales se niegan a trabajar con perspectiva de género para brindar acceso a la justicia a niñas, niños y mujeres víctimas de violencia. Son omisas además en su obligación de actuar con base en el Interés Superior del Niñez establecido en la Constitución, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en los instrumentos internacionales.

Hemos denunciado en repetidas ocasiones que, ante el alarmante incremento de desapariciones en la entidad, la implementación de la Alerta Amber y los mecanismos de prevención en el caso de niñas o adolescentes desaparecidas son continuamente retrasados bajo argumentos machistas como “se fue con el novio”.Las expresiones de violencia machista, como ésta, ejercidas desde las instituciones y por parte de servidores públicos afecta directamente la dignidad y la integridad e incluso revictimiza a niñas, niños, adolescentes y mujeres que buscan ejercer su derecho de acceso a la justicia.

Condenamos el secuestro de Pascuala de la Cruz Pérez, de 17 años, originaria del municipio de Huixtán, así como la incapacidad de la Fiscalía General del Estado en la investigación y el abandono del caso.

Resulta más que preocupante que las acciones implementadas por el Gobierno de Chiapas, y del actual Ayuntamiento,se caractericen por su carácter publicitario, manipulador y de uso de las mujeres a través de los programas asistencialistas y de los partidos políticos, que encubren la grave omisión del Estado Mexicano a su deber de atender, prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres.

Consideramos de suma importancia que las mujeres y la población en general se mantengan informadas sobre las acciones que se realizan para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como exigir su cumplimiento. Esto implica también denunciar el uso de la Alerta de Género con fines electorales porque su objetivo no es servir para posicionar políticamente a secretarios, gobernantes, diputados, senadores o presidentes municipales a quienes no les interesa la vida de las mujeres.

Desde la Colectiva “Gritamos contra el acoso”, la Campaña Popular contra la Violencia hacia las mujeres y el feminicidio en Chiapas, las organizaciones y personas preocupadas que habitamos en esta ciudad, denunciamos que en San Cristóbal de Las Casas nos acosan, desaparecen, violan,y asesinan.

Hoy, 31 de mayo, salimos a las calles de San Cristóbal de Las Casas “Pueblo Trágico” para gritar, protestar, denunciar, recordar a las dos compañeras asesinadas y exigir se nos garantice una vida libre de violencia. Hacemos un llamado urgente a la Sociedad Civil, a familiares de mujeres asesinadas, sobrevivientes y víctimas de violencia a que nos organicemos para juntas rechazar firmemente la violencia machista que afecta a niñas, adolescentes y mujeres en esta ciudad, y a exigir:

  • Se elimine el absurdo administrativo de esperar 48 o 72 horas para iniciar la búsqueda y carpeta de investigación en caso de desaparición de niñas, niños y adolescentes, por contravenir claramentesu derecho a la protección e integridad.
  • Se capacite a las autoridadespara que actúen e investiguen con perspectiva de género, así como para brindar acceso a la justicia a niñas y mujeres víctimas de violencia.
  • Se establezca un Protocolo especializado de búsqueda inmediata de niñas, niños y adolescentes desaparecidos en cualquier circunstancia.
  • De manera particular hacemos un llamado a las autoridades competentes del gobierno de Chiapas para que, en tanto se avanza en las medidas de la Alerta, no incurran en omisiones y atiendan con debida diligencia los casos de violencia de género y feminicidio que se presentan en nuestra entidad.
  • Exigimos se investigue el caso de Pascuala, que se recupere a salvo,se entregue a su familia y se sancione a los responsables.

Nosotras las nombramos y no las olvidamos porque nos duelen. Aunque no las conocimos, nosotras las pensamos.

Ante la violencia machista, nosotras nos organizamos, nos unimos, nos defendemos.

¡Vivas nos queremos!

 ¡Ni una muerta más!

Atentamente:

Colectiva “Gritamos contra el acoso”; la Campaña Popular contra la Violencia hacia las mujeres y el feminicidios en Chiapas: Mujeres y hombres de la regiones, norte, altos, sierra frontera, Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH), Brigada Feminista por la Autonomía, Casa Cereza, Casa de la Mujer de Palenque, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa AC, Centro de Investigación y Acción para la Mujer Latinoamericana (CIAM), Grupo de Mujeres de San Cristóbal COLEM, Formación y Capacitación AC (FOCA), Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C. (CEPAZDH), Melel Xojobal AC, Red de Mujeres Chiapanecas contra la violencia hacia las mujeres, Red Mesoamericana Mujer Salud y Migración; Semilla del Sur;Centro Educativo Sueniños;Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente AC;Colectiva Cereza, Maderas del Pueblo del Sureste AC, Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas; Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas (REDIAS): Aldeas Infantiles SOS México en Chiapas, Alianza por la Salud, Alimentación y Nutrición en Chiapas (ASAN), Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C., Chantiik Taj Tajinkutik A.C., Desarrollo Educativo Sueniños A.C., Foro para el Desarrollo Sustentable A.C., Melel Xojobal A.C., Tierra Roja Cuxtitali Centro Comunitario A.C., Voces Mesoamericanas. Acción con Pueblos Migrantes A.C., WorldVision México; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos“Todos los Derechos para Todas y Todos” conformada por: Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubermantal A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristóbal de las Casas, Chiapas); y personas que habitamos en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

 

[1] Registrado por Melel Xojobal AC

[2] Registrado por Centro de Derechos Humanos de la Mujer en Chiapas (CDMCH) y el Colectivo de Mujeres en San Cristóbal (COLEM)

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Vídeo: lectura del comunicado durante el recorrido de la marcha

 

Entrevista sobre el contexto de violencia de género y feminicidos en Chiapas

El próximo jueves 31 de mayo de 2018 a las 5:30 de la tarde se llevará a cabo una marcha contra los feminicidios en San Cristóbal de Las Casas, partiendo del la Plazuela de Guadalupe; al respecto la maestra María de la Luz Estrada del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, dijo que esta marcha es un llamado a tiempo a las autoridades.

En Chiapas existe actualmente una Alerta de Género, misma que es necesario actualizar y sobre todo hacer visible en ella la diversidad cultural, trata de personas y la situación de las migrantes que desaparecen en el estado, ya que la alerta no contempla estos casos.

En entrevista, la maestra María de la Luz, da a conocer más datos al respecto y nos habla también de la necesidad de atender la desaparición de las mujeres en las primeras 24 horas, ya que la intervención oportuna de las autoridades puede salvar vidas, para lo cual es necesario no minimizar ninguna desaparición y actuar.