Gobierno de Chiapas y CONAVIM incumplen Alerta de Violencia de Género para las Mujeres de Chiapas

 

Comunicado de Prensa

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; 14 de junio de 2018.

Gobierno de Chiapas y CONAVIM incumplen
Alerta de Violencia de Género para las Mujeres de Chiapas

• Organizaciones peticionarias de la Alerta de Género, integrantes de la Campaña Popular contra el Feminicidio en Chiapas, reprobamos la falta de compromisos del gobierno estatal para evaluar la implementación de las medidas ordenadas en la AVGM.

Las organizaciones peticionarias de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) e integrantes de la Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas, manifestamos nuestro extrañamiento en relación a que la octava sesión ordinaria del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) se realice en la Ciudad de México, cambiando la sede ordinaria que ha sido la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez; incluso que la reunión se realice sin la presencia de las peticionarias y sin que contemos con los insumos que hemos solicitado al Gobierno de Chiapas para evaluar las medidas de la implementación de la AVGM en el estado.

Como lo hemos señalado en distintas comunicaciones que hemos enviado a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), la reunión de evaluación de la Declaratoria de la AVGM no puede realizarse sino contamos con información sustancial para dar cuenta del nivel de cumplimento. Hasta hoy los documentos presentados por el gobierno de Chiapas no brindan información para conocer en qué medidas se han avanzando y si están contribuyendo o no a atender la violencia contra las mujeres y el feminicidio en Chiapas.

Como organizaciones civiles hemos mantenido un monitoreo permanente sobre la situación de violencia contra las mujeres en Chiapas y de los informes presentados hasta hoy por las autoridades estatales ubicamos graves omisiones y faltas a la verdad en las evidencias que se presentan como cumplimiento de la AVGM, hecho que no corresponde con lo que se mandató para garantizar a mujeres y niñas una vida libre de violencia.

Consideramos urgente y necesario que el informe y la información pública en el portal de la AVGM de Chiapas correspondan al plan de trabajo acordado y establecido por el GIM. Sólo de esa forma se podrá observar el grado de avance en la implementación.

Hoy en la Ciudad de México se reunirán autoridades estatales y federales con la ausencia total de quienes somos peticionarias e integrantes de la Campaña Popular de Alerta de Violencia de Género en Chiapas, por lo tanto hemos enviado a la CONAVIM que, asumiendo su responsabilidad, retome la ruta y metodología de evaluación de la Declaratoria de AVGM en la que todas las partes integrantes realicemos observaciones respecto a las medidas ordenadas para Chiapas. El hecho además de que la reunión la convoquen en la Ciudad de México el día de hoy, obstaculiza nuestra participación como peticionarias ya que no podemos asistir el grupo que hemos delegado para seguimiento ordinario en la entidad.

¡No más violencia contra las mujeres!

Atentamente:
Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres
y el Feminicidio en Chiapas

Descarga el comunicado en PDF aquí

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Comunicado contra la violencia hacia las mujeres y el feminicidio en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

 

San Cristóbal de Las Casas no es un lugar seguro.

A las mujeres nos acosan, desaparecen, violan y asesinan

Comunicado

  • El Estado mexicano, en sus tres niveles, es permisivo y cómplice de la creciente violencia contra las niñas, adolescentes,mujeres adultas y de la tercera edad que viven y transitan en este municipio.
  • En Chiapas, de 2017 a la fecha, se han registrado 57 casos de niñas y adolescentes mujeres desaparecidas.[1]

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas a 31 de mayo de 2018, – A más de un año de haberse declarado la Alerta de Violencia de Género en el municipio las mujeres seguimos sin condiciones de seguridad mínimas que garanticen nuestra vida e integridad.  En el último mes se registraron dos feminicidios que siguen en la impunidad.

El 24 de abril en los límites de la colonia La Isla y Barrio de Mexicanos, en esta ciudad, encontraron el cuerpo de una mujer víctima de feminicidio, con señales de violencia física y abuso sexual. Las autoridades no han aplicado un protocolo de investigación de feminicidio con perspectiva de género ni han activado medidas para identificarla.

Un segundo feminicidio se dio el 9 de mayo en la colonia La Nueva Maravilla. María de los Ángeles, adolescente de 14 años, vivía en la colonia San José Buena Vista, al norte de la ciudad, y era estudiante de la escuela secundaria “General Miguel Utrilla”, ubicada en la colonia Prudencio Moscoso.

En ambos casos, las víctimas fueron criminalizadas en redes sociales, notas periodísticas y testimonios de habitantes de las colonias y barrios.

La constante criminalización de las victimas sólo perpetua la violencia que vivimos las mujeres y omite señalar a los agresores como hombres violentos y machistas. San Cristóbal de Las Casas “Pueblo Mágico”, no es la excepción, aquí existe un proceso de normalización, naturalización e invisibilización de la violencia hacia las mujeres. Tan sólo en los últimos meses (de enero a la fecha) se han registrado 14 feminicidios, aunque un gran número se consideran muertes violentas, no feminicidios. Éstos se se suman a las graves expresiones de violencia machista que van desde amenazas, agresiones, lesiones, homicidios dolosos, muertes sospechosas y secuestros en varias regiones del estado. [2]

A pesar de haberse declarado la Alerta de Violencia de Género para el municipio de San Cristóbal de Las Casas, persisten omisiones que constituyen violaciones a los Derechos de las Mujeres. Las autoridades judiciales se niegan a trabajar con perspectiva de género para brindar acceso a la justicia a niñas, niños y mujeres víctimas de violencia. Son omisas además en su obligación de actuar con base en el Interés Superior del Niñez establecido en la Constitución, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en los instrumentos internacionales.

Hemos denunciado en repetidas ocasiones que, ante el alarmante incremento de desapariciones en la entidad, la implementación de la Alerta Amber y los mecanismos de prevención en el caso de niñas o adolescentes desaparecidas son continuamente retrasados bajo argumentos machistas como “se fue con el novio”.Las expresiones de violencia machista, como ésta, ejercidas desde las instituciones y por parte de servidores públicos afecta directamente la dignidad y la integridad e incluso revictimiza a niñas, niños, adolescentes y mujeres que buscan ejercer su derecho de acceso a la justicia.

Condenamos el secuestro de Pascuala de la Cruz Pérez, de 17 años, originaria del municipio de Huixtán, así como la incapacidad de la Fiscalía General del Estado en la investigación y el abandono del caso.

Resulta más que preocupante que las acciones implementadas por el Gobierno de Chiapas, y del actual Ayuntamiento,se caractericen por su carácter publicitario, manipulador y de uso de las mujeres a través de los programas asistencialistas y de los partidos políticos, que encubren la grave omisión del Estado Mexicano a su deber de atender, prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres.

Consideramos de suma importancia que las mujeres y la población en general se mantengan informadas sobre las acciones que se realizan para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como exigir su cumplimiento. Esto implica también denunciar el uso de la Alerta de Género con fines electorales porque su objetivo no es servir para posicionar políticamente a secretarios, gobernantes, diputados, senadores o presidentes municipales a quienes no les interesa la vida de las mujeres.

Desde la Colectiva “Gritamos contra el acoso”, la Campaña Popular contra la Violencia hacia las mujeres y el feminicidio en Chiapas, las organizaciones y personas preocupadas que habitamos en esta ciudad, denunciamos que en San Cristóbal de Las Casas nos acosan, desaparecen, violan,y asesinan.

Hoy, 31 de mayo, salimos a las calles de San Cristóbal de Las Casas “Pueblo Trágico” para gritar, protestar, denunciar, recordar a las dos compañeras asesinadas y exigir se nos garantice una vida libre de violencia. Hacemos un llamado urgente a la Sociedad Civil, a familiares de mujeres asesinadas, sobrevivientes y víctimas de violencia a que nos organicemos para juntas rechazar firmemente la violencia machista que afecta a niñas, adolescentes y mujeres en esta ciudad, y a exigir:

  • Se elimine el absurdo administrativo de esperar 48 o 72 horas para iniciar la búsqueda y carpeta de investigación en caso de desaparición de niñas, niños y adolescentes, por contravenir claramentesu derecho a la protección e integridad.
  • Se capacite a las autoridadespara que actúen e investiguen con perspectiva de género, así como para brindar acceso a la justicia a niñas y mujeres víctimas de violencia.
  • Se establezca un Protocolo especializado de búsqueda inmediata de niñas, niños y adolescentes desaparecidos en cualquier circunstancia.
  • De manera particular hacemos un llamado a las autoridades competentes del gobierno de Chiapas para que, en tanto se avanza en las medidas de la Alerta, no incurran en omisiones y atiendan con debida diligencia los casos de violencia de género y feminicidio que se presentan en nuestra entidad.
  • Exigimos se investigue el caso de Pascuala, que se recupere a salvo,se entregue a su familia y se sancione a los responsables.

Nosotras las nombramos y no las olvidamos porque nos duelen. Aunque no las conocimos, nosotras las pensamos.

Ante la violencia machista, nosotras nos organizamos, nos unimos, nos defendemos.

¡Vivas nos queremos!

 ¡Ni una muerta más!

Atentamente:

Colectiva “Gritamos contra el acoso”; la Campaña Popular contra la Violencia hacia las mujeres y el feminicidios en Chiapas: Mujeres y hombres de la regiones, norte, altos, sierra frontera, Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH), Brigada Feminista por la Autonomía, Casa Cereza, Casa de la Mujer de Palenque, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa AC, Centro de Investigación y Acción para la Mujer Latinoamericana (CIAM), Grupo de Mujeres de San Cristóbal COLEM, Formación y Capacitación AC (FOCA), Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C. (CEPAZDH), Melel Xojobal AC, Red de Mujeres Chiapanecas contra la violencia hacia las mujeres, Red Mesoamericana Mujer Salud y Migración; Semilla del Sur;Centro Educativo Sueniños;Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente AC;Colectiva Cereza, Maderas del Pueblo del Sureste AC, Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas; Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas (REDIAS): Aldeas Infantiles SOS México en Chiapas, Alianza por la Salud, Alimentación y Nutrición en Chiapas (ASAN), Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C., Chantiik Taj Tajinkutik A.C., Desarrollo Educativo Sueniños A.C., Foro para el Desarrollo Sustentable A.C., Melel Xojobal A.C., Tierra Roja Cuxtitali Centro Comunitario A.C., Voces Mesoamericanas. Acción con Pueblos Migrantes A.C., WorldVision México; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos“Todos los Derechos para Todas y Todos” conformada por: Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubermantal A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristóbal de las Casas, Chiapas); y personas que habitamos en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

 

[1] Registrado por Melel Xojobal AC

[2] Registrado por Centro de Derechos Humanos de la Mujer en Chiapas (CDMCH) y el Colectivo de Mujeres en San Cristóbal (COLEM)

Descarga el comunicado en PDF aquí

Vídeo: lectura del comunicado durante el recorrido de la marcha

 

Entrevista sobre el contexto de violencia de género y feminicidos en Chiapas

El próximo jueves 31 de mayo de 2018 a las 5:30 de la tarde se llevará a cabo una marcha contra los feminicidios en San Cristóbal de Las Casas, partiendo del la Plazuela de Guadalupe; al respecto la maestra María de la Luz Estrada del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, dijo que esta marcha es un llamado a tiempo a las autoridades.

En Chiapas existe actualmente una Alerta de Género, misma que es necesario actualizar y sobre todo hacer visible en ella la diversidad cultural, trata de personas y la situación de las migrantes que desaparecen en el estado, ya que la alerta no contempla estos casos.

En entrevista, la maestra María de la Luz, da a conocer más datos al respecto y nos habla también de la necesidad de atender la desaparición de las mujeres en las primeras 24 horas, ya que la intervención oportuna de las autoridades puede salvar vidas, para lo cual es necesario no minimizar ninguna desaparición y actuar.

Marcha contra los feminicidios en Chiapas (31 de Mayo a las 5:30pm en San Cristóbal de Las Casas)

Durante los últimos meses se han registrado decenas de agresiones en distintas regiones de Chiapas; tan sólo en el último mes se registraron dos feminicidios; reportados y escasamente difundidos por la prensa, en San Cristóbal de Las Casas.

El primero de ellos ocurrió el 24 de abril en los límites de la colonia La Isla y Barrio de Mexicanos, con el asesinato de una mujer que no se logró identificar pero que en las notas periodísticas aparece como una mujer alcohólica, justificando así el feminicidio tan crudo y violento que vivió la compañera.

El segundo feminicidio se dio el 9 de mayo en la colonia La Nueva Maravilla. María de los Ángeles, adolescente de 14 años.

La constante en las victimas de feminicidios es su criminalización. Estos dos casos son muestra de ello. En redes sociales, notas periodísticas y testimonios de habitantes de las colonias y barrios se culpabilizó a las dos mujeres, justificando su deceso en las prácticas de consumo de alcohol, y el horario nocturno de sus actividades.

La criminalización de las victimas sólo perpetua la violencia que vivimos las mujeres y no señala a los agresores como hombres violentos y machistas. San Cristóbal de Las Casas “pueblo mágico”, no es la excepción, aquí existe un proceso de normalización, naturalización e invisibilización de la violencia hacia las mujeres. Tan sólo en los últimos meses (de enero a la fecha) se han registrado 14 feminicidios, aunque un gran número se consideran muertes violentas, no feminicidios.

Desde “Gritamos contra el acoso”, la Campaña Popular contra la Violencia hacia las mujeres y el feminicidios en Chiapas, organizaciones y personas preocupadas que habitamos en esta ciudad, denunciamos que en San Cristóbal de Las Casas no sólo nos acosan, nos desaparecen o violan, también nos asesinan.

Por ello invitamos a todas las mujeres, colectivas, organizaciones, barrios, colonias, estudiantes y a todxs los que se quieran sumar a que salgamos a las calles este 31 de mayo para gritar, protestar, denunciar, recordar a las dos compañeras y exigir se nos garantice una vida libre de violencia.

Nosotras las nombramos y no las olvidamos porque nos duelen. Aunque no las conocimos, nosotras las pensamos.

Ante la violencia machista, nosotras nos organizamos, nos unimos, nos defendemos.

Movilización: Jueves 31 de mayo 5:30pm.

Lugar de encuentro: La plazuela de Guadalupe

Trae tu cartel, tu esténcil, tu cuerpo, tu voz, tu corazón o con lo que gustes protestar.
Pedimos una vela y flores para colocar una ofrenda para recordarles.

Pedimos una vela y flores para colocar una ofrenda para recordarles.

Descarga aquí y comparte la carta de invitación a la marcha

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CONAVIM da revés a los derechos de las mujeres en México

 

COMUNICADO DE PRENSA 

CONAVIM da revés a los derechos de las mujeres en México

CONAVIM obstaculiza implementación de las alertas de violencia de género 

 

27 de marzo de 2018.

 

Organizaciones peticionarias de Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVG) en diversos estados del país, denunciamos los graves retrocesos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) para garantizar los derechos de las mujeres en México.

A pesar de que el propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública documentó de 2015 a 2017 el asesinato de 8,190 mujeres en todo el país, de los cuales sólo 1,640 fueron investigados como feminicidio -es decir en 20% de los asesinatos- existe una omisión por parte de las autoridades federales para realizar acciones urgentes y efectivas para erradicar la violencia feminicida que prevalece en diversas entidades.

A casi tres meses de la llegada de la nueva Comisionada de la CONAVIM, Angela Quiroga, organizaciones de diversos estados del país, vemos con preocupación el estancamiento, retroceso y dilación de la nueva administración, lo que pone en riesgo los avances logrados para garantizar los derechos de las mujeres.  

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) conformado por 40 organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres en 22 estados del país, la Red  Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” A.C., Justicia Pro Persona A.C. y el Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de  Vitoria O.P. A.C. hemos documentado acciones, omisiones e irregularidades de la CONAVIM en los procedimientos de AVG como:

-Retardos injustificados en la notificación de los informes sobre las AVG, lo que se contradice con la imperiosa necesidad con la que se deben atender, ante la gravedad y urgencia de problemáticas como el feminicidio y las desapariciones de niñas y mujeres. Esto ha ocurrido ante las solicitudes de las Declaratorias en la Ciudad de México, Tlaxcala y el estado Puebla.

-Detenimiento de las mesas de trabajo para la elaboración de dictámenes sobre el cumplimiento de las medidas de las AVG declaradas en estados como: Nuevo León, Estado de México y Chiapas. Lo que impide realizar una evaluación y saber si es necesario emitir nuevas medidas.

-Limitación de la participación de organizaciones de la sociedad civil en el procedimiento de AVG. No tener voz, ni voto y condicionar su participación al arbitrio de la CONAVIM, es una de las recientes prácticas documentadas.

-Caso omiso a los indicadores de resultado y de impacto para medir el cumplimiento de las medidas y recomendaciones de las AVG y el cese de la violencia feminicida, elaborados con Amnistía Internacional y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

-Detenimiento de la publicación de la reforma al Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) con la cual se busca fortalecer el mecanismo de la AVG, mismo que es un resultado de los Amparos realizados por las OSC en los procedimientos del Estado de México, Nuevo León y Chiapas.

Aunado a estos retrocesos graves, es de nuestro conocimiento que en los últimos dos meses la CONAVIM se ha reunido con los gobiernos -sin que participe el Grupo de Trabajo y mucho menos las organizaciones peticionarias de las AVG-, para acordar las situaciones relacionadas con las alertas.Cabe destacar que éstos no están dentro del procedimiento del propio mecanismo, y que son contrarias al propio objetivo de la AVG, ya que emitir los informes de recomendaciones, declarar los alertas o levantarlas, no depende de la voluntad de los estados sino del cumplimiento de las recomendaciones y del cese de la violencia.

Como organizaciones defensoras de los derechos humanos, particularmente los derechos de las mujeres exigimos a la Secretaria de Gobernación:

-Acciones inmediatas y efectivas para salvaguardar la vida e integridad de las mujeres en México.

-Cese de la simulación y atención urgente a los pendientes y vacíos en las solicitudes  y seguimiento  a las alertas realizadas en el Estado de México, Veracruz, Jalisco, Tlaxcala, Puebla y la Ciudad de México.

-Cumplimiento de la recomendación del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en la que pide al Gobierno mexicano eliminar las barreras para la implementación del mecanismo de la AVG y así como la realización de políticas públicas garantizar la seguridad e integridad de las mujeres.

Recordamos a las autoridades, sociedad civil y a las organizaciones nacionales e internacionales que trabajamos a favor de los derechos de las mujeres que el mecanismo de las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres fue hecho para proteger a las víctimas y sus derechos, no a los gobiernos.

De enero de 2014 a diciembre de 2017 el OCNF registró 8,904 asesinatos de mujeres en todo el país, de los cuales sólo 2,188 casos han sido investigados como feminicidios, por lo que estaremos atentas de las acciones y omisiones que a partir de esta fecha realice el organismo federal, pues hasta la fecha su actuar pone en duda un compromiso auténtico con las mujeres en México.

Atentamente,

Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) 

Red  Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos 

“Todos los Derechos para Todas y Todos” A.C.

Justicia Pro Persona A.C.

Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de  Vitoria O.P. A.C.

 

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Fuente original: http://observatoriofeminicidiomexico.org.mx/comunicado/comunicado-conavim-da-reves-a-los-derechos-de-las-mujeres-en-mexico/

La Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas se reúne con Embajadora de Suecia.

 

Comunicado de Prensa

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; 17 de marzo de 2018.

La Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas se reúne con Embajadora de Suecia.

Violencia feminicida, desplazamiento forzado, militarización, migración, situación de las mujeres indígenas, niñas, niños, adolescentes y feminicidios temas de la agenda.

El pasado martes 13 de marzo de 2018 en la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, integrantes de la Campaña Popular Contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas (Campaña Popular) sostuvieron una reunión con la Embajadora de Suecia en México, la Sra. Annika Thunborg, en el marco del Encuentro de Personas Defensoras de Derechos Humanos en Chiapas.

La organización internacional de acompañamiento a personas defensoras SweFor (Movimiento Sueco por la Reconciliación), como preámbulo, mencionó el interés del gobierno sueco por conocer la situación actual de los derechos humanos de las mujeres y la violencia feminicida en México, trayendo a la memoria la impunidad en que se mantiene el asesinato de la Defensora Digna Ochoa perpetrado en el año 2001 en la Ciudad de México.

Durante el encuentro, las organizaciones participantes denunciaron la existencia de un contexto histórico, persistente y sistemático de violación a los derechos humanos de mujeres, niñas, adolescentes, indígenas y migrantes en Chiapas. Se hizo especial énfasis en el recrudecimiento de la violencia hacia las mujeres, la conflictividad social y la división comunitaria ante la coyuntura electoral.

La Campaña Popular precisó que a más de un año de haberse declarado la Alerta de Violencia de Género las acciones implementadas por el Gobierno de Chiapas tienen un carácter publicitario, manipulador y de uso de las mujeres a través de los programas asistencialistas (ej. PROSPERA, Salario Rosa) y de los partidos políticos, que encubren la grave omisión del Estado Mexicano a su deber de atender, prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres.

El Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa refirió que las acciones estatales han sido una burla para la lucha contra la violencia hacia las mujeres, ejemplo de ello fue la rodada ciclística realizada el pasado 8 de marzo en la Ciudad de Tonalá, organizada por el Ayuntamiento para “evitar más agresiones a mujeres”, sin que ello trascienda a garantizar acceso a la justicia para las personas denunciantes que refieren que las carpetas de investigación contienen crímenes en impunidad.

Ana Isabel Nigenda Cervantes, de Formación y Capacitación A.C., también denunció la grave situación que enfrentan las mujeres y niñas en el contexto de movilidad humana, quienes se insertan en contextos que vulneran no solo sus derechos sino su dignidad humana, son constantemente víctimas de la violencia estructural, que se presenta en forma de servidumbre, trata de personas, trabajos forzados, tortura y tratos crueles e inhumanos, explotación y violencia sexual, embarazos no deseados, secuestros, extorsiones, desapariciones forzadas, violencia intrafamiliar y feminicidios, por parte de grupos delictivos, sumado al abuso de las autoridades mexicanas civiles y militares. En Chiapas existe incluso una Fiscalía Especializada para personas Migrantes y otra especializada contra la Trata de Personas y ninguna de estas es funcional pese a que estamos en un estado fronterizo en donde las denuncias por trata y abuso a personas migrantes es una constante que documentamos las organizaciones defensoras de derechos humanos.

Jennifer Haza de la organización Melel Xojobal, expusó el contexto de violencia por la que atraviesan niñas y adolescentes, ya que desde 2011 a la fecha se han registrado 47 feminicidios de niñas y adolescentes por su condición de género, de igual forma mencionó que en Chiapas un 44% de mujeres de 15 años o más han experimentado algún tipo de violencia.

Gloria Flores y Julieta Gómez del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, AC, denunciaron que la situación de violencia cultural que viven las mujeres indígenas y campesinas fue otro de las temáticas que, de manera atenta, escuchó la Embajadora Thunborg, sobre la cual el Gobierno de Chiapas ha demostrado su falta de interés y capacidad para abordar con políticas adecuadas la transformación de las prácticas culturales que las discriminan, así como la generación de acciones que les garanticen el acceso a la justicia y combatan la constante impunidad de la violencia feminicida y los feminicidios que se han registrado en las comunidades de la Entidad. El no tener acceso a la justicia las hace más vulnerables y deciden no denunciar porque las revictimizan.

Karla Aguilar Herreros, de la Organización Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente A.C., compartió la omisión del Estado a su deber de garantizar a las mujeres el acceso al agua potable y a servicios de salud de calidad. Lo que ha generado el incremento de muertes maternas, tracoma y diabetes. En este sentido, San Cristóbal de Las Casas, Bejucal de Ocampo, y El Porvenir son los municipios con más alto índice de muerte materna. También denunció que en todo Chiapas existe una falta de infraestructura hospitalaria significativa que se refleja en el funcionamiento de únicamente dos bancos de sangre (Tapachula y Tuxtla Gutiérrez) para toda la Entidad. El Colectivo, de igual manera, hizo hincapié en las violaciones sexuales a mujeres en el trayecto de su casa al ojo de agua.

Susana Montes, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC alertó sobre las consecuencias que la militarización genera en la vida de las mujeres y sus comunidades, situación que debe atenderse ante la posible aplicación de la Ley de Seguridad Interior. Además Chiapas ha vivido la violencia que la incursión militar en los territorios conlleva: desaparición forzada, desplazamientos, ejecuciones extrajudiciales, violaciones, aumentos de embarazos e hijos sin padres, etc.

Mercedes Ozuna de Semilla del Sur denunció la falta de atención a las 1329 personas desplazadas en el municipio de Chalchihuitan, Chiapas, a quienes el Gobierno de Chiapas ha dejado de suministrar alimentos y atención médica a pesar del compromiso que adquirió ante organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, entre ellos, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas.

Martha Figuera, de COLEM, expusó que en períodos electorales los feminicidios aumentan, que si bien el Gobierno de Chiapas se ha comprometido a atender la problemática, las acciones han sido insuficientes y solicitó a la Embajadora transmitiera esta información al Gobierno de Suecia para que se pronuncié respecto del incumplimiento del Estado Mexicano a su deber de garantizar los derechos humanos específicamente de las mujeres y niñas.

Las participaciones terminaron con la palabra de dos personas desplazadas del Municipio de Chalchihuitan, quienes narraron la situación de desplazamiento forzado a causa de grupos civiles armados y las condiciones actuales en las que viven tras el olvido institucional.

El encuentro finalizó con una ronda de preguntas por parte de la Embajadora, quien mostró interés en cada una de las participaciones de las integrantes de la Campaña Popular.

¡No más violencia contra las mujeres!

Atentamente:
Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas

Descarga aquí el comunicado de prensa en PDF

Aquí los informes que las organizaciones civiles entregaron a la Embajada de Suecia:

Situación de mujeres indígenas y campesinas en Chiapas_CDMCH

Datos violencia contra niñas Melel Xojobal

Mujeres en contexto de la movilidad humana FOCA

Audio de la reunión con la embajadora de Suecia:

Negligencia del Estado mexicano ante desplazamiento forzado

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
13 de diciembre de 2017

Pronunciamiento conjunto

Negligencia del Estado mexicano ante desplazamiento forzado

Las organizaciones firmantes lamentamos la inacción de las autoridades de Chiapas y del gobierno federal para atender adecuadamente la urgencia humanitaria de más de 5000 indígenas tsotsiles en desplazamiento forzado en los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, Chiapas.

El pasado 9 y 10 de diciembre organizaciones de la sociedad civil de Chiapas, acompañadas por el Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR) realizamos una misión de observación y documentación de derechos humanos en el municipio de Chalchihuitán, entrevistándonos con las familias desplazadas, autoridades comunitarias, así como con autoridades municipales.

La misión de observación pudo verificar el clima de tensión y miedo que viven las personas desplazadas así como las y los pobladores de la cabecera municipal de Chalchihuitán.

Según los testimonios, nos indican que después del asesinato del Sr. Samuel Pérez Luna en Kanalumtik, Chalchihuitán, el día 18 de octubre del presente año, se profundizó la violencia y los disparos de armas de fuego sobre todo por las noches, por lo que desde esa fecha varias familias dormían en la montaña y por el día regresaban a sus domicilios a dar de comer a sus animales. Hasta el día 5 de noviembre cuando se desplazaron forzadamente debido a los disparos ocasionados por los grupos armados.

A pesar de lo difundido por el gobierno de Manuel Velasco Coello de estar resolviendo esta problemática, evidenciamos una crisis humanitaria: personas enfermas debido a la situación de desplazamiento, la falta de medicamentos y de una atención médica urgente y adecuada; carencia de alimentos apropiados a la cultura y a una alimentación sana, así como condiciones de salubridad en general que no solamente vulneran el derecho a una vida digna, sino que incluso ponen en riesgo la vida de las personas desplazadas, no sólo por el temor de ser asesinadas por los grupos armados, sino también por la ineficacia de las autoridades de Chiapas para atender la situación de acuerdo a los lineamientos de los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado de la Organización de Las Naciones Unidas y la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el estado de Chiapas.

Durante la misión pudimos constatar el corte y destrucción de la carretera en el tramo Las Limas – Chalchihuitán, único tramo carretero pavimentado para llegar a la cabecera municipal. Recordamos que la destrucción de dicha carretera fue realizada con maquinaria por parte de pobladores armados de Chenalhó como una forma de sitiar y controlar a la población de Chalchihuitán. Dicho corte ha impedido el ingreso de vehículos que abastezcan de alimentos, medicamentos, suministros e insumos a la población y quienes cruzan caminando lo hacen con miedo a ser asesinadas.

El abandono institucional y la pobreza estructural es histórica en el municipio de Chalchihuitán, siendo uno de los municipios más pobres y marginados de México, la situación de violencia que ahora se vive en ese municipio viene a profundizar mucho más este estado de vulnerabilidad social, donde las mujeres, niñas y niños se encuentran en mayor riesgo.

La misión de observación pudo constatar a través de diversos testimonios y entrevistas realizadas, la existencia de grupos armados, que operan de manera abierta en estos municipios, sobre todo en Chenalhó y cuya actividad es permitida por las autoridades de Chiapas y del gobierno federal. La responsabilidad de los partidos políticos es evidente en este conflicto, ellos a través de sus estructuras municipales y estatales han abonado a la impunidad.

En Chalchihuitán hay un clima de terror debido a la acción impune de los grupos armados, la violencia ha afectado a toda la población del municipio por la escasez y altos precios de los alimentos. Vemos con preocupación que por miedo a ser asesinados los pobladores no pueden ir a sus cultivos, perdieron lo de esta cosecha y no han podido sembrar para la próxima temporada como consecuencia no tendrán maíz, frijol y demás productos del campo para poder vivir, lo que pronostica una crisis alimentaria.

Observamos que niñas, niños y adolescentes están viviendo en condiciones inhumanas. Visten con la ropa con la que fueron obligados a salir de sus casas, que no es la adecuada para protegerse de las bajas temperaturas que se presentan en esta época del año. Además, hay numerosos casos de infecciones gastrointestinales y en vías respiratorias, y la alimentación es insuficiente e inadecuada. El suministro de alimentos procesados por parte del gobierno estatal, a los que no están acostumbrados, les provocan diarreas y agravan su condición de salud. Niñas y niños tienen miedo de que los maten, sueñan que les disparan, duermen intranquilos; están tristes, su entorno ha cambiado de manera abrupta. Tienen dolor de estómago y cabeza por la ansiedad y estrés que provoca el desplazamiento. De acuerdo con la información proporcionada han fallecido infantes en desplazamiento.

Las condiciones de por sí graves en las que se encuentran se exacerban por las condiciones preexistentes de pobreza en la que vive el 97% del municipio y por la impunidad, negligencia y omisiones del Estado para atender la situación de conflicto. En Chalchihuitán la tasa de mortalidad infantil en niñas y niños menores es de 166 por cada mil, trece veces más que a nivel estatal.

Constatamos la situación que viven la mujeres y niñas en situación de desplazamiento: la nula atención a una salud adecuada para ellas de acuerdo a sus necesidades, la vulnerabilidad y riesgo en la que se encuentran por la estructural violencia de género acentuada en condiciones de desplazamiento.

Las mujeres entrevistadas informaron sentirse con temor, preocupadas y enojadas porque han sido excluidas totalmente de las decisiones sobre la resolución de un conflicto que les afecta directamente. Recordamos que Chalchihuitán y Chenalhó son municipios que han sido señalados como parte de la Alerta de Violencia de Género (AVG) y el estado ha violentado el derecho a una vida libre de violencia.

Las organizaciones civiles integrantes de esta misión, creemos que no hay voluntad clara de las autoridades mexicanas de resolver esta situación, la espiral de violencia es cada vez más grave y las condiciones están dadas para que ocurra un hecho de violencia más grave que nos recuerdan las condiciones que se daban en esa misma región hace 20 años antes de la masacre de Acteal.

Las decisiones erradas de la entonces Secretaria de la Reforma Agraria para resolver el problema limítrofe entre Chalchihuitán y Chenalhó que ha traído una tensión histórica entre ambos municipios, las acciones contrainsurgentes a través de la implementación del Plan de Campaña Chiapas ‘94 en la región, la liberación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de los paramilitares responsables de la masacre de Acteal, la violencia histórica con la que operan los grupos civiles armados en Chenalhó, los conflictos generados por los partidos políticos, de manera específica por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a través de la alcaldesa Rosa Pérez Pérez, con el cobijo del ahora gobernador Manuel Velasco Coello han traído una violencia cíclica, aumentando la impunidad que se vive en la región.

Las organizaciones integrantes de la misión de observación y documentación de derechos humanos y firmantes de este pronunciamiento hacemos un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno:

  • Exigimos un alto al fuego, desarme y sanción a los grupos civiles armados en la región, así como una investigación a fondo de las autoridades responsables de la organización y actuación de los grupos armados.
  • Al gobernador Manuel Velasco Coello le exigimos asumir su responsabilidad como mandatario del estado y atender de manera integral y de fondo la espiral de violencia que existe en la región, las violaciones a derechos humanos y emergencia humanitaria en la que encuentran las y los desplazados de Chalchihuitán y Chenalhó.
  • Es importante que el estado mexicano reconozca la situación de emergencia y desplazamiento forzado de los habitantes de Chalchihuitán y Chenalhó, para su atención integral de acuerdo al marco legal y a la normativa internacional de derechos humanos.
  • Es urgente crear las condiciones que garanticen la vida y la integridad personal de las y los desplazados para que puedan retornar de manera de segura, como lo marcan los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos en caso contrario el gobernador de Chiapas será responsable de la pérdida de vidas a consecuencia del desplazamiento.
  • Frente al riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de niñas, niños y adolescentes es importante la ejecución y coordinación de medidas urgentes de protección como lo marca la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y garantizar el derecho de prioridad en la atención a la infancia.
  • Pedimos a las autoridades municipales y tradicionales de Chalchihuitán y Chenalhó para que a través del diálogo y mediación puedan resolver el problema histórico de límites entre ambos municipios y que fue creado por las instituciones del gobierno.

Ante la crisis humanitaria se hace necesaria la solidaridad internacional y nacional, debido a la ineficacia e incapacidad de atender esta situación de emergencia por parte de los gobiernos federal y estatal. Urge ayuda humanitaria para las comunidades desplazadas.

Campaña contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C
Servicios y Asesoría para la Paz A.C
Melel Xojobal A.C

 

Ante la emergencia humanitaria necesitamos de tu solidaridad:

Enviar su ayuda a Cáritas, Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Prolongación Benito Juárez #8, Planta Alta, Colonia Maestros de México, C.P. 29246 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tel. 01 967 6786479. Celular de emergencia 967 1203722. caritas@caritasancristobal.org

Donativos económicos para emergencias
Cáritas de San Cristóbal de Las Casas A.C
BANCO MERCANTIL DEL NORTE
Cuenta: 0642624985
Clabe::072130006426249855
BIC/SWIFT: MENOMXMTS S.A.

 

Descarga el pronunciamiento conjunto en PDF aquí

Escucha los testimonios en audio:

 

 

chalchihuitan_desplazadas

Fotografía cortesía del Párroco Marcelo Pérez

Grave riesgo y crisis humanitaria en Chalchihuitán, Chiapas

 

Comunicado de Prensa

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; 12 de diciembre de 2017

Grave riesgo y crisis humanitaria en Chalchihuitán, Chiapas

• Organizaciones peticionarias de la Alerta de Violencia de Género en Chiapas urgen a autoridades federales y estatales atender la situación de violencia contra mujeres, niñas y personas adultas por ser quienes están exponiendo en mayor riesgo la vida e integridad física.

Las organizaciones civiles peticionarias de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), e integrantes de la Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas, hacemos del conocimiento público que el día de hoy hemos enviado comunicaciones urgentes dirigidas a las autoridades federales, estatales y organismos internacionales de Derechos Humanos haciendo un llamado urgente para que prevengan una posible confrontación o ataque de consecuencias irreparables por el conflicto que se agrava entre el Municipio de Chenalhó y Chalchihuitán en la Zona Altos de Chiapas.

En ese sentido hemos solicitado vía oficio a Enrique Peña Nieto, Presidente de México, y a Manuel Velasco Coello, Gobernador de Chiapas, que cumplan con las obligaciones de su mandato como autoridades para que eviten una inminente confrontación armada entre pobladores de los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán que se agravó debido a que la entonces Secretaria de Reforma Agraria (SRA), hoy SEDATU, entregó irresponsablemente, mediante resoluciones presidenciales de restitución y titulación de tierras, las mismas 900 hectáreas a comuneros de San Pablo Chalchihuitán en 1973 como de San Pedro Chenalhó en 1975, situación que ha provocado conflictos no resueltos por las autoridades federales y estatales.

En últimos meses el problema se recrudeció tras el asesinato del señor Samuel Pérez Luna, ocurrido en Octubre de este año, quien era poblador de la localidad Canalumtik, municipio de Chalchihuitán, lo que reactivó las confrontaciones entre ambos grupos, mismos que no pudieron resolver a través de las mesas de diálogo establecidas durante el mes de noviembre de este año, en la que intervinieron autoridades del gobierno federal y estatal, agrarias, militares, y de seguridad nacional sin llegar a resultados positivos, sin atender a la obligación que tienen tras ser causantes del conflicto como por responsabilidad institucional.

La falta de solución al problema agrario se complica con la existencia de grupos paramilitares, posiblemente relacionados con el narcotráfico y al ayuntamiento de Chenalhó, que atacaron a la población indígena tsotsil de Chalchihuitán que vive en las colindancias de los bienes comunales provocando el desplazamiento forzado interno de más de cinco mil personas, a través de amenazas, detonación de armas de fuego de alto calibre, quema de casas, robo de animales y cultivos, derivando un cerco paramilitar para el municipio de Chalchihuitán así como en la inseguridad y nuevos desplazamientos en toda la región.

Chalchihuitán se encuentra entre los municipios con mayor pobreza extrema tanto de Chiapas como del país. Ante la omisión del Estado frente al caso, las autoridades comunitarias afectadas han declarado públicamente que se encuentran en “Alerta Roja” y que el problema se ha politizado con la disputa electoral entre los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) que representa la presidenta Rosa Pérez Pérez y el Revolucionario Institucional (PRI) al que pertenece el presidente de Chalchihuitán, Martín Gómez Pérez, frente a lo cual el Gobierno ha demostrado su incapacidad para gobernar y garantizar la paz y seguridad en Chiapas.

Por la situación de violencia socio-política, la población desplazada está viviendo en condiciones infrahumanas que se agravan por el frío extremo, lluvia constante, falta de alimentos, abrigo, sin lugar donde protegerse, el cerco paramilitar y el aislamiento, han muerto hasta ahora cuatro niños y dos adultos. La atención médica que el Estado ha implementado es básica y no responde a las enfermedades crónicas que padece la población, las que se agravarán como resultado de esta crisis. Las mujeres, niñas y niños presentan cuadros de enfermedades respiratorias, gastrointestinales, y otras que han agravado la histórica situación de pobreza, marginación y abandono institucional que se vive cotidianamente. El problema ha afectado a toda la población del municipio por la escasez y altos precios de los alimentos, la imposibilidad de que los hombres salgan a trabajar, la amenaza de la pérdida de la cosecha de café, la falta de libre tránsito y la inseguridad.

Ante este problema de violencia estructural, una Comisión de la Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas realizamos una visita in situ, el pasado 9 y 10 de diciembre, en la zona de desplazamiento siendo testigos de la gravedad del conflicto, sobre todo de la difícil situación de las mujeres, niñas y niños desplazados en las montañas.

Las mujeres entrevistadas informaron que se sienten muy preocupadas y enojadas porque han sido excluidas de las decisiones sobre la resolución del conflicto que les afecta directamente. Se sienten tristes por no poder regresar a sus casas, por los robos, por la quema de viviendas, por los abuelos y abuelas que no pudieron salir.

Este caso que involucra a Chalchihuitán y Chenalhó, ambos municipios que son parte de la Alerta de Violencia de Género, demuestra la situación de violencia estructural existente en Chiapas misma que no fue incluida y considerada dentro de las medidas a implementar para erradicar la violencia contra las mujeres. La marginación histórica y la pobreza extrema, el racismo, la desigualdad, la exclusión, la paramilitarización, la guerra contrainsurgente, la impunidad, corrupción y no ejercicio de derechos, son parte de la violencia estructural que caracteriza a esta entidad y que denunciamos en el marco de la solicitud de Alerta de Violencia Género para Chiapas, en el año 2013, como origen de todos los problemas que se consideraron en esta declaratoria. Reiteramos que mientras no se resuelvan los problemas estructurales, la violencia se seguirá multiplicando en la entidad.

Además de ser un problema originado por el Estado, la situación deja claro que los gobiernos federal y estatal no han cumplido con el compromiso que adquirieron al declarar la Alerta de Violencia Género para Chiapas, y de manera específica para los municipios indígenas de la Zona Altos de Chiapas.
En vista de las circunstancias hacemos responsable al gobierno federal y estatal por la masacre que pueda suscitarse ante la falta de una solución oportuna como la ocurrida en la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó, el pasado 22 de diciembre de 1997 en donde se responsabilizó a la población de los actos de violencia perpetrados por grupos paramilitares.

Ante la gravedad de lo expuesto las peticionarias de la Alerta de Violencia de Género, exigimos puntualmente al Estado Mexicano que:

I. Reconozca su responsabilidad en el conflicto agrario, deslinde responsabilidades ubicando y sancionando los intereses político-electorales.
II. Haga propuestas adecuadas e implemente las medidas necesarias para que las partes en conflicto encuentren una solución pacífica apegada a los derechos humanos.
III. Garantice con urgencia la seguridad e integridad física y psicológica de las personas desplazadas así como de los habitantes de los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, cumpliendo con sus obligaciones constitucionales y deberes internacionales.
IV. Que cumpla y de seguimiento a las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y recomendadas por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para atender a la población desplazada.
V. Garantice y restablezca el libre tránsito hacia Chalchihuitán y la región, así como el abasto de alimentos y medicamentos.
VI. Que atienda la situación de desplazamiento forzado interno con base a la aplicación de los principios rectores nacionales e internacionales sobre la materia.
VII. Que cumpla con las medidas derivadas de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para Chiapas, específicamente para los municipios indígenas de la Zona Altos.
VIII. Que ante la emergencia humanitaria solicite la intervención y asistencia técnica del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Hicimos saber a las autoridades federales y estatales también que ante la omisión del Estado Mexicano frente a una posible masacre anunciada, estamos haciendo un llamado a los organismos internaciones de protección de los derechos humanos y a los pueblos de México y del mundo para que se pronuncien y exijan garantizar la vida, seguridad y libertad de los pueblos de Chenalhó y Chalchihuitán.

¡No más violencia contra las mujeres!

Atentamente:

Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres
y el Feminicidio en Chiapas

Descarga el comunicado en PDF aquí

chalchihuitan

Fotografía cortesía del Párroco Marcelo Pérez

En Chiapas, declaramos Estado Feminicida

 

Comunicado de Prensa

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; 20 de noviembre de 2017

En Chiapas, declaramos Estado Feminicida

• A un año de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en Chiapas, acciones y omisiones recurrentes del gobierno y sus instituciones constituyen violaciones a los Derechos de las Mujeres.

A 10 años de la creación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y a un año de haberse declarado la Alerta de Violencia de Género para las Mujeres de Chiapas (DAVGM), nos siguen matando; entre el 18 de Noviembre de 2016 al 13 de Noviembre de 2017 como organizaciones civiles hemos registrado los siguientes datos: 119 muertes violentas que deben investigarse como feminicidios y 46 feminicidios documentados; mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) registra en 2017, de Enero a Octubre, 27 feminicidios y 35 muertes dolosas lo que arroja un total de 62 mujeres asesinadas en Chiapas.

El pasado 18 de Noviembre del año 2016 el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASVM) emitió Declaratoria de Violencia de Género para el estado de Chiapas; desde entonces las organizaciones peticionarias de la DAVGM hemos dado puntual seguimiento junto a familiares de víctimas, sobrevivientes de violencia feminicida, organizaciones civiles, personas y colectivos que integran la Campaña Popular Contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas.

En ese sentido, a lo largo de este año hemos asistido a las cuatro sesiones del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) y a varias mesas de trabajo que se han convocado por distintas instituciones del gobierno de Chiapas, encargadas de la implementación de las medidas para atender la DAVGM, mismas en donde se han tomado acuerdos para la implementación de medidas urgentes en materia de capacitación de servidores y servidoras públicos, prevención, justicia, medidas de reparación, difusión y denuncia.

No obstante, al cumplirse un año del ordenamiento federal para que el gobierno estatal asuma ante el Sistema y la sociedad las acciones para impulsar la instrumentación de lo que mandata el Reglamento de la LGAMVLV y que indica: “La declaratoria de alerta de violencia de género tendrá como finalidad detenerla y erradicarla, a través de acciones gubernamentales de emergencia, conducidas por la Secretaría de Gobernación en el ámbito federal y en coordinación con las entidades federativas y los municipios”.

Y al observar que esta obligación, impuesta al Estado Chiapaneco, no se cumple para que con responsabilidad, urgencia y eficacia implemente las medidas de la Declaratoria a fin de evitar, sancionar y generar medidas de no repetición para garantizar una vida y espacios libres de violencia contra las mujeres en Chiapas denunciamos:

1.- La dilación injustificada de las instituciones del gobierno estatal, en concreto de la Secretaría de Gobierno y la Fiscalía General del Estado, de cumplir con los acuerdos que permitirían subsanar o disminuir la negligencia institucional como el procedimiento de investigación, la aplicación de protocolos, medidas de protección, servicios de traducción y la asistencia profesional en el servicio público para atender, canalizar y erradicar vicios frecuentes como: el desconocimiento y nula aplicación de protocolos y normas para la atención de violencia contra las mujeres, corrupción y abuso de los cuerpos policíacos, prejuicios y estereotipos machistas de los administradores de justicia y la articulación de dependencias para la atención integral de víctimas y sobrevivientes.

2.- La ineficaz coordinación entre las instituciones de los tres órdenes del gobierno, municipal, estatal y federal, para brindar atención integral a los casos, situaciones y contextos en donde las agresiones contra las niñas y mujeres y el feminicidio refleja la desproporcionada dimensión de la creciente violencia en Chiapas.

3.- La ausencia y vacío de autoridad del poder ejecutivo estatal ya que a lo largo de este año el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, no logró convocar a una sola reunión en donde estuvieran presentes los alcaldes municipales de las 23 localidades señaladas por el organismo federal para la implementación de medidas urgentes para la atención de la DAVGM; incluso algunos alcaldes hicieron llamados al Gobierno Estatal evidenciando el olvido y desprecio del Poder Ejecutivo en relación a su falta de interés en atender los alarmantes índices e indicadores de violencia en los 124 municipios de la entidad.

4.- La instrumentalización y el uso de los recursos destinados a la DAVGM para promocionar la descalificada imagen del gobernador, que simula la atención de las causas de la violencia estructural en Chiapas, como la pobreza, injusticia y violencia contra las mujeres, con fines electorales tal como lo han expresado seguidores de su partido Verde asegurando que se precisa de la reelección y/o recolocación en cargos públicos para cumplir con la implementación de la Declaratoria de Alerta de Género en Chiapas.

5- La discriminación a mujeres, racismo y clasismo del gobernador Velasco Coello que ha quedado patente públicamente en mensajes publicitarios machistas y misoginos al expresar “mis mujeres”, con un sentido de pertenencia y paternalismo de aquellas personas que acuden a los eventos multitudinarios que acarrean los programas asistenciales y de desarrollo social.

6.- El desprecio por la vida de las niñas, adolecentes, mujeres y ancianas que día a día peregrinan por el calvario de las instituciones del gobierno estatal en busca de ser atendidas y escuchadas al ser víctimas de violencia en cualquiera de sus formas y expresiones: directa, sexual, psicológica, laboral, obstétrica, institucional, simbólica, cultural, patrimonial, económica, feminicida y/o estructural.

7.- La recurrente omisión e invisibilización de la violencia que particularmente padecen mujeres inmigrantes y refugiadas, niñas y mujeres con capacidades diferentes, personas indígenas, el tráfico y trata de personas que en Chiapas, por ser estado fronterizo, caracterizan a la Alerta de Violencia de Género y su urgente atención multicultural, pluriétnica y generacional.

8.- El estado continua inmerso en un conflicto armado interno, y esta situación de guerra, que militariza al estado y recrudece la violencia y violación de derechos humanos con antecedentes no resueltos de grave violencia contra las mujeres, en especial indígenas, niñas, adolecentes, pobres como la Masacre de Acteal que es un Feminicidio y genocidio dando como respuesta actos de represión contra los movimientos civiles y sociales.

9.- Sigue sin respuesta el tema de la atención puntual a mujeres víctimas de violencia, en especial por el acceso a la justicia y a la salud en casos de abuso sexual, físico, psicoemocional y otros, no hay traducción e interpretación con pertinencia cultural ni perspectiva de género, seguimos siendo el primer lugar en abuso infantil y embarazo en adolecentes, las ofendidas y víctimas no cuentan con Defensor/as Victímales, el tema judicial quedo sin atenderse y agrava las condiciones de indefensión en el nuevo Sistema Penal acusatorio, que las deja en estado de indefensión sean ofendidas e incluso acusadas.

10.- Las víctimas directas de feminicidio y tentativa, familiares, testigos, peritos, defensoras y acompañantes, incluidas desde el inicio de la solicitud y casos paradigmáticos, siguen sin encontrar total satisfacción al derecho a la justicia, a la vida, a la integridad, a la verdad. Hay un número indeterminado de niñas/os huérfanas/os de por lo menos 200% más que las víctimas mortales -pues el padre mató a la madre- sin atención y sin justicia de medidas integrales de protección y reparación del daño.

Estas razones y otras que hemos plenamente documentado a lo largo de este año de la DAVGM son las que nos permiten caracterizar que en Chiapas y en México tenemos un Estado Feminicida ya que no sólo es permisivo sino cómplice de la violencia contra las niñas, mujeres y ancianas y la creciente violencia feminicida en nuestras casas, calles, comunidades y ciudades de la entidad.

Hacemos un llamado urgente a la Sociedad Civil, a familiares de mujeres asesinadas, sobrevivientes y víctimas de violencia a que nos organicemos para juntas demandar al Estado Mexicano por incumplimiento no sólo de la DAVGM sino por la reiterada omisión al Derecho a la vida, igualdad, libertad y seguridad personal, igual protección ante la ley, ser libre de todas las formas de discriminación, a la salud física y mental, condiciones de trabajo justas y favorables, a no ser sometida a torturas ni tratos crueles y/o denigrantes que constituyen las más reiteradas violaciones a los Derechos de las Mujeres que documentamos en nuestro quehacer cotidiano.

¡No más violencia contra las mujeres!

Atentamente:
Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas

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