Negligencia del Estado mexicano ante desplazamiento forzado

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
13 de diciembre de 2017

Pronunciamiento conjunto

Negligencia del Estado mexicano ante desplazamiento forzado

Las organizaciones firmantes lamentamos la inacción de las autoridades de Chiapas y del gobierno federal para atender adecuadamente la urgencia humanitaria de más de 5000 indígenas tsotsiles en desplazamiento forzado en los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, Chiapas.

El pasado 9 y 10 de diciembre organizaciones de la sociedad civil de Chiapas, acompañadas por el Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR) realizamos una misión de observación y documentación de derechos humanos en el municipio de Chalchihuitán, entrevistándonos con las familias desplazadas, autoridades comunitarias, así como con autoridades municipales.

La misión de observación pudo verificar el clima de tensión y miedo que viven las personas desplazadas así como las y los pobladores de la cabecera municipal de Chalchihuitán.

Según los testimonios, nos indican que después del asesinato del Sr. Samuel Pérez Luna en Kanalumtik, Chalchihuitán, el día 18 de octubre del presente año, se profundizó la violencia y los disparos de armas de fuego sobre todo por las noches, por lo que desde esa fecha varias familias dormían en la montaña y por el día regresaban a sus domicilios a dar de comer a sus animales. Hasta el día 5 de noviembre cuando se desplazaron forzadamente debido a los disparos ocasionados por los grupos armados.

A pesar de lo difundido por el gobierno de Manuel Velasco Coello de estar resolviendo esta problemática, evidenciamos una crisis humanitaria: personas enfermas debido a la situación de desplazamiento, la falta de medicamentos y de una atención médica urgente y adecuada; carencia de alimentos apropiados a la cultura y a una alimentación sana, así como condiciones de salubridad en general que no solamente vulneran el derecho a una vida digna, sino que incluso ponen en riesgo la vida de las personas desplazadas, no sólo por el temor de ser asesinadas por los grupos armados, sino también por la ineficacia de las autoridades de Chiapas para atender la situación de acuerdo a los lineamientos de los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado de la Organización de Las Naciones Unidas y la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el estado de Chiapas.

Durante la misión pudimos constatar el corte y destrucción de la carretera en el tramo Las Limas – Chalchihuitán, único tramo carretero pavimentado para llegar a la cabecera municipal. Recordamos que la destrucción de dicha carretera fue realizada con maquinaria por parte de pobladores armados de Chenalhó como una forma de sitiar y controlar a la población de Chalchihuitán. Dicho corte ha impedido el ingreso de vehículos que abastezcan de alimentos, medicamentos, suministros e insumos a la población y quienes cruzan caminando lo hacen con miedo a ser asesinadas.

El abandono institucional y la pobreza estructural es histórica en el municipio de Chalchihuitán, siendo uno de los municipios más pobres y marginados de México, la situación de violencia que ahora se vive en ese municipio viene a profundizar mucho más este estado de vulnerabilidad social, donde las mujeres, niñas y niños se encuentran en mayor riesgo.

La misión de observación pudo constatar a través de diversos testimonios y entrevistas realizadas, la existencia de grupos armados, que operan de manera abierta en estos municipios, sobre todo en Chenalhó y cuya actividad es permitida por las autoridades de Chiapas y del gobierno federal. La responsabilidad de los partidos políticos es evidente en este conflicto, ellos a través de sus estructuras municipales y estatales han abonado a la impunidad.

En Chalchihuitán hay un clima de terror debido a la acción impune de los grupos armados, la violencia ha afectado a toda la población del municipio por la escasez y altos precios de los alimentos. Vemos con preocupación que por miedo a ser asesinados los pobladores no pueden ir a sus cultivos, perdieron lo de esta cosecha y no han podido sembrar para la próxima temporada como consecuencia no tendrán maíz, frijol y demás productos del campo para poder vivir, lo que pronostica una crisis alimentaria.

Observamos que niñas, niños y adolescentes están viviendo en condiciones inhumanas. Visten con la ropa con la que fueron obligados a salir de sus casas, que no es la adecuada para protegerse de las bajas temperaturas que se presentan en esta época del año. Además, hay numerosos casos de infecciones gastrointestinales y en vías respiratorias, y la alimentación es insuficiente e inadecuada. El suministro de alimentos procesados por parte del gobierno estatal, a los que no están acostumbrados, les provocan diarreas y agravan su condición de salud. Niñas y niños tienen miedo de que los maten, sueñan que les disparan, duermen intranquilos; están tristes, su entorno ha cambiado de manera abrupta. Tienen dolor de estómago y cabeza por la ansiedad y estrés que provoca el desplazamiento. De acuerdo con la información proporcionada han fallecido infantes en desplazamiento.

Las condiciones de por sí graves en las que se encuentran se exacerban por las condiciones preexistentes de pobreza en la que vive el 97% del municipio y por la impunidad, negligencia y omisiones del Estado para atender la situación de conflicto. En Chalchihuitán la tasa de mortalidad infantil en niñas y niños menores es de 166 por cada mil, trece veces más que a nivel estatal.

Constatamos la situación que viven la mujeres y niñas en situación de desplazamiento: la nula atención a una salud adecuada para ellas de acuerdo a sus necesidades, la vulnerabilidad y riesgo en la que se encuentran por la estructural violencia de género acentuada en condiciones de desplazamiento.

Las mujeres entrevistadas informaron sentirse con temor, preocupadas y enojadas porque han sido excluidas totalmente de las decisiones sobre la resolución de un conflicto que les afecta directamente. Recordamos que Chalchihuitán y Chenalhó son municipios que han sido señalados como parte de la Alerta de Violencia de Género (AVG) y el estado ha violentado el derecho a una vida libre de violencia.

Las organizaciones civiles integrantes de esta misión, creemos que no hay voluntad clara de las autoridades mexicanas de resolver esta situación, la espiral de violencia es cada vez más grave y las condiciones están dadas para que ocurra un hecho de violencia más grave que nos recuerdan las condiciones que se daban en esa misma región hace 20 años antes de la masacre de Acteal.

Las decisiones erradas de la entonces Secretaria de la Reforma Agraria para resolver el problema limítrofe entre Chalchihuitán y Chenalhó que ha traído una tensión histórica entre ambos municipios, las acciones contrainsurgentes a través de la implementación del Plan de Campaña Chiapas ‘94 en la región, la liberación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de los paramilitares responsables de la masacre de Acteal, la violencia histórica con la que operan los grupos civiles armados en Chenalhó, los conflictos generados por los partidos políticos, de manera específica por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a través de la alcaldesa Rosa Pérez Pérez, con el cobijo del ahora gobernador Manuel Velasco Coello han traído una violencia cíclica, aumentando la impunidad que se vive en la región.

Las organizaciones integrantes de la misión de observación y documentación de derechos humanos y firmantes de este pronunciamiento hacemos un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno:

  • Exigimos un alto al fuego, desarme y sanción a los grupos civiles armados en la región, así como una investigación a fondo de las autoridades responsables de la organización y actuación de los grupos armados.
  • Al gobernador Manuel Velasco Coello le exigimos asumir su responsabilidad como mandatario del estado y atender de manera integral y de fondo la espiral de violencia que existe en la región, las violaciones a derechos humanos y emergencia humanitaria en la que encuentran las y los desplazados de Chalchihuitán y Chenalhó.
  • Es importante que el estado mexicano reconozca la situación de emergencia y desplazamiento forzado de los habitantes de Chalchihuitán y Chenalhó, para su atención integral de acuerdo al marco legal y a la normativa internacional de derechos humanos.
  • Es urgente crear las condiciones que garanticen la vida y la integridad personal de las y los desplazados para que puedan retornar de manera de segura, como lo marcan los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos en caso contrario el gobernador de Chiapas será responsable de la pérdida de vidas a consecuencia del desplazamiento.
  • Frente al riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de niñas, niños y adolescentes es importante la ejecución y coordinación de medidas urgentes de protección como lo marca la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y garantizar el derecho de prioridad en la atención a la infancia.
  • Pedimos a las autoridades municipales y tradicionales de Chalchihuitán y Chenalhó para que a través del diálogo y mediación puedan resolver el problema histórico de límites entre ambos municipios y que fue creado por las instituciones del gobierno.

Ante la crisis humanitaria se hace necesaria la solidaridad internacional y nacional, debido a la ineficacia e incapacidad de atender esta situación de emergencia por parte de los gobiernos federal y estatal. Urge ayuda humanitaria para las comunidades desplazadas.

Campaña contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C
Servicios y Asesoría para la Paz A.C
Melel Xojobal A.C

 

Ante la emergencia humanitaria necesitamos de tu solidaridad:

Enviar su ayuda a Cáritas, Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Prolongación Benito Juárez #8, Planta Alta, Colonia Maestros de México, C.P. 29246 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tel. 01 967 6786479. Celular de emergencia 967 1203722. caritas@caritasancristobal.org

Donativos económicos para emergencias
Cáritas de San Cristóbal de Las Casas A.C
BANCO MERCANTIL DEL NORTE
Cuenta: 0642624985
Clabe::072130006426249855
BIC/SWIFT: MENOMXMTS S.A.

 

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Escucha los testimonios en audio:

 

 

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Fotografía cortesía del Párroco Marcelo Pérez

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Grave riesgo y crisis humanitaria en Chalchihuitán, Chiapas

 

Comunicado de Prensa

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; 12 de diciembre de 2017

Grave riesgo y crisis humanitaria en Chalchihuitán, Chiapas

• Organizaciones peticionarias de la Alerta de Violencia de Género en Chiapas urgen a autoridades federales y estatales atender la situación de violencia contra mujeres, niñas y personas adultas por ser quienes están exponiendo en mayor riesgo la vida e integridad física.

Las organizaciones civiles peticionarias de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), e integrantes de la Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas, hacemos del conocimiento público que el día de hoy hemos enviado comunicaciones urgentes dirigidas a las autoridades federales, estatales y organismos internacionales de Derechos Humanos haciendo un llamado urgente para que prevengan una posible confrontación o ataque de consecuencias irreparables por el conflicto que se agrava entre el Municipio de Chenalhó y Chalchihuitán en la Zona Altos de Chiapas.

En ese sentido hemos solicitado vía oficio a Enrique Peña Nieto, Presidente de México, y a Manuel Velasco Coello, Gobernador de Chiapas, que cumplan con las obligaciones de su mandato como autoridades para que eviten una inminente confrontación armada entre pobladores de los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán que se agravó debido a que la entonces Secretaria de Reforma Agraria (SRA), hoy SEDATU, entregó irresponsablemente, mediante resoluciones presidenciales de restitución y titulación de tierras, las mismas 900 hectáreas a comuneros de San Pablo Chalchihuitán en 1973 como de San Pedro Chenalhó en 1975, situación que ha provocado conflictos no resueltos por las autoridades federales y estatales.

En últimos meses el problema se recrudeció tras el asesinato del señor Samuel Pérez Luna, ocurrido en Octubre de este año, quien era poblador de la localidad Canalumtik, municipio de Chalchihuitán, lo que reactivó las confrontaciones entre ambos grupos, mismos que no pudieron resolver a través de las mesas de diálogo establecidas durante el mes de noviembre de este año, en la que intervinieron autoridades del gobierno federal y estatal, agrarias, militares, y de seguridad nacional sin llegar a resultados positivos, sin atender a la obligación que tienen tras ser causantes del conflicto como por responsabilidad institucional.

La falta de solución al problema agrario se complica con la existencia de grupos paramilitares, posiblemente relacionados con el narcotráfico y al ayuntamiento de Chenalhó, que atacaron a la población indígena tsotsil de Chalchihuitán que vive en las colindancias de los bienes comunales provocando el desplazamiento forzado interno de más de cinco mil personas, a través de amenazas, detonación de armas de fuego de alto calibre, quema de casas, robo de animales y cultivos, derivando un cerco paramilitar para el municipio de Chalchihuitán así como en la inseguridad y nuevos desplazamientos en toda la región.

Chalchihuitán se encuentra entre los municipios con mayor pobreza extrema tanto de Chiapas como del país. Ante la omisión del Estado frente al caso, las autoridades comunitarias afectadas han declarado públicamente que se encuentran en “Alerta Roja” y que el problema se ha politizado con la disputa electoral entre los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) que representa la presidenta Rosa Pérez Pérez y el Revolucionario Institucional (PRI) al que pertenece el presidente de Chalchihuitán, Martín Gómez Pérez, frente a lo cual el Gobierno ha demostrado su incapacidad para gobernar y garantizar la paz y seguridad en Chiapas.

Por la situación de violencia socio-política, la población desplazada está viviendo en condiciones infrahumanas que se agravan por el frío extremo, lluvia constante, falta de alimentos, abrigo, sin lugar donde protegerse, el cerco paramilitar y el aislamiento, han muerto hasta ahora cuatro niños y dos adultos. La atención médica que el Estado ha implementado es básica y no responde a las enfermedades crónicas que padece la población, las que se agravarán como resultado de esta crisis. Las mujeres, niñas y niños presentan cuadros de enfermedades respiratorias, gastrointestinales, y otras que han agravado la histórica situación de pobreza, marginación y abandono institucional que se vive cotidianamente. El problema ha afectado a toda la población del municipio por la escasez y altos precios de los alimentos, la imposibilidad de que los hombres salgan a trabajar, la amenaza de la pérdida de la cosecha de café, la falta de libre tránsito y la inseguridad.

Ante este problema de violencia estructural, una Comisión de la Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas realizamos una visita in situ, el pasado 9 y 10 de diciembre, en la zona de desplazamiento siendo testigos de la gravedad del conflicto, sobre todo de la difícil situación de las mujeres, niñas y niños desplazados en las montañas.

Las mujeres entrevistadas informaron que se sienten muy preocupadas y enojadas porque han sido excluidas de las decisiones sobre la resolución del conflicto que les afecta directamente. Se sienten tristes por no poder regresar a sus casas, por los robos, por la quema de viviendas, por los abuelos y abuelas que no pudieron salir.

Este caso que involucra a Chalchihuitán y Chenalhó, ambos municipios que son parte de la Alerta de Violencia de Género, demuestra la situación de violencia estructural existente en Chiapas misma que no fue incluida y considerada dentro de las medidas a implementar para erradicar la violencia contra las mujeres. La marginación histórica y la pobreza extrema, el racismo, la desigualdad, la exclusión, la paramilitarización, la guerra contrainsurgente, la impunidad, corrupción y no ejercicio de derechos, son parte de la violencia estructural que caracteriza a esta entidad y que denunciamos en el marco de la solicitud de Alerta de Violencia Género para Chiapas, en el año 2013, como origen de todos los problemas que se consideraron en esta declaratoria. Reiteramos que mientras no se resuelvan los problemas estructurales, la violencia se seguirá multiplicando en la entidad.

Además de ser un problema originado por el Estado, la situación deja claro que los gobiernos federal y estatal no han cumplido con el compromiso que adquirieron al declarar la Alerta de Violencia Género para Chiapas, y de manera específica para los municipios indígenas de la Zona Altos de Chiapas.
En vista de las circunstancias hacemos responsable al gobierno federal y estatal por la masacre que pueda suscitarse ante la falta de una solución oportuna como la ocurrida en la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó, el pasado 22 de diciembre de 1997 en donde se responsabilizó a la población de los actos de violencia perpetrados por grupos paramilitares.

Ante la gravedad de lo expuesto las peticionarias de la Alerta de Violencia de Género, exigimos puntualmente al Estado Mexicano que:

I. Reconozca su responsabilidad en el conflicto agrario, deslinde responsabilidades ubicando y sancionando los intereses político-electorales.
II. Haga propuestas adecuadas e implemente las medidas necesarias para que las partes en conflicto encuentren una solución pacífica apegada a los derechos humanos.
III. Garantice con urgencia la seguridad e integridad física y psicológica de las personas desplazadas así como de los habitantes de los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, cumpliendo con sus obligaciones constitucionales y deberes internacionales.
IV. Que cumpla y de seguimiento a las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y recomendadas por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para atender a la población desplazada.
V. Garantice y restablezca el libre tránsito hacia Chalchihuitán y la región, así como el abasto de alimentos y medicamentos.
VI. Que atienda la situación de desplazamiento forzado interno con base a la aplicación de los principios rectores nacionales e internacionales sobre la materia.
VII. Que cumpla con las medidas derivadas de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para Chiapas, específicamente para los municipios indígenas de la Zona Altos.
VIII. Que ante la emergencia humanitaria solicite la intervención y asistencia técnica del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Hicimos saber a las autoridades federales y estatales también que ante la omisión del Estado Mexicano frente a una posible masacre anunciada, estamos haciendo un llamado a los organismos internaciones de protección de los derechos humanos y a los pueblos de México y del mundo para que se pronuncien y exijan garantizar la vida, seguridad y libertad de los pueblos de Chenalhó y Chalchihuitán.

¡No más violencia contra las mujeres!

Atentamente:

Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres
y el Feminicidio en Chiapas

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Fotografía cortesía del Párroco Marcelo Pérez

En Chiapas, declaramos Estado Feminicida

 

Comunicado de Prensa

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; 20 de noviembre de 2017

En Chiapas, declaramos Estado Feminicida

• A un año de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en Chiapas, acciones y omisiones recurrentes del gobierno y sus instituciones constituyen violaciones a los Derechos de las Mujeres.

A 10 años de la creación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y a un año de haberse declarado la Alerta de Violencia de Género para las Mujeres de Chiapas (DAVGM), nos siguen matando; entre el 18 de Noviembre de 2016 al 13 de Noviembre de 2017 como organizaciones civiles hemos registrado los siguientes datos: 119 muertes violentas que deben investigarse como feminicidios y 46 feminicidios documentados; mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) registra en 2017, de Enero a Octubre, 27 feminicidios y 35 muertes dolosas lo que arroja un total de 62 mujeres asesinadas en Chiapas.

El pasado 18 de Noviembre del año 2016 el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASVM) emitió Declaratoria de Violencia de Género para el estado de Chiapas; desde entonces las organizaciones peticionarias de la DAVGM hemos dado puntual seguimiento junto a familiares de víctimas, sobrevivientes de violencia feminicida, organizaciones civiles, personas y colectivos que integran la Campaña Popular Contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas.

En ese sentido, a lo largo de este año hemos asistido a las cuatro sesiones del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) y a varias mesas de trabajo que se han convocado por distintas instituciones del gobierno de Chiapas, encargadas de la implementación de las medidas para atender la DAVGM, mismas en donde se han tomado acuerdos para la implementación de medidas urgentes en materia de capacitación de servidores y servidoras públicos, prevención, justicia, medidas de reparación, difusión y denuncia.

No obstante, al cumplirse un año del ordenamiento federal para que el gobierno estatal asuma ante el Sistema y la sociedad las acciones para impulsar la instrumentación de lo que mandata el Reglamento de la LGAMVLV y que indica: “La declaratoria de alerta de violencia de género tendrá como finalidad detenerla y erradicarla, a través de acciones gubernamentales de emergencia, conducidas por la Secretaría de Gobernación en el ámbito federal y en coordinación con las entidades federativas y los municipios”.

Y al observar que esta obligación, impuesta al Estado Chiapaneco, no se cumple para que con responsabilidad, urgencia y eficacia implemente las medidas de la Declaratoria a fin de evitar, sancionar y generar medidas de no repetición para garantizar una vida y espacios libres de violencia contra las mujeres en Chiapas denunciamos:

1.- La dilación injustificada de las instituciones del gobierno estatal, en concreto de la Secretaría de Gobierno y la Fiscalía General del Estado, de cumplir con los acuerdos que permitirían subsanar o disminuir la negligencia institucional como el procedimiento de investigación, la aplicación de protocolos, medidas de protección, servicios de traducción y la asistencia profesional en el servicio público para atender, canalizar y erradicar vicios frecuentes como: el desconocimiento y nula aplicación de protocolos y normas para la atención de violencia contra las mujeres, corrupción y abuso de los cuerpos policíacos, prejuicios y estereotipos machistas de los administradores de justicia y la articulación de dependencias para la atención integral de víctimas y sobrevivientes.

2.- La ineficaz coordinación entre las instituciones de los tres órdenes del gobierno, municipal, estatal y federal, para brindar atención integral a los casos, situaciones y contextos en donde las agresiones contra las niñas y mujeres y el feminicidio refleja la desproporcionada dimensión de la creciente violencia en Chiapas.

3.- La ausencia y vacío de autoridad del poder ejecutivo estatal ya que a lo largo de este año el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, no logró convocar a una sola reunión en donde estuvieran presentes los alcaldes municipales de las 23 localidades señaladas por el organismo federal para la implementación de medidas urgentes para la atención de la DAVGM; incluso algunos alcaldes hicieron llamados al Gobierno Estatal evidenciando el olvido y desprecio del Poder Ejecutivo en relación a su falta de interés en atender los alarmantes índices e indicadores de violencia en los 124 municipios de la entidad.

4.- La instrumentalización y el uso de los recursos destinados a la DAVGM para promocionar la descalificada imagen del gobernador, que simula la atención de las causas de la violencia estructural en Chiapas, como la pobreza, injusticia y violencia contra las mujeres, con fines electorales tal como lo han expresado seguidores de su partido Verde asegurando que se precisa de la reelección y/o recolocación en cargos públicos para cumplir con la implementación de la Declaratoria de Alerta de Género en Chiapas.

5- La discriminación a mujeres, racismo y clasismo del gobernador Velasco Coello que ha quedado patente públicamente en mensajes publicitarios machistas y misoginos al expresar “mis mujeres”, con un sentido de pertenencia y paternalismo de aquellas personas que acuden a los eventos multitudinarios que acarrean los programas asistenciales y de desarrollo social.

6.- El desprecio por la vida de las niñas, adolecentes, mujeres y ancianas que día a día peregrinan por el calvario de las instituciones del gobierno estatal en busca de ser atendidas y escuchadas al ser víctimas de violencia en cualquiera de sus formas y expresiones: directa, sexual, psicológica, laboral, obstétrica, institucional, simbólica, cultural, patrimonial, económica, feminicida y/o estructural.

7.- La recurrente omisión e invisibilización de la violencia que particularmente padecen mujeres inmigrantes y refugiadas, niñas y mujeres con capacidades diferentes, personas indígenas, el tráfico y trata de personas que en Chiapas, por ser estado fronterizo, caracterizan a la Alerta de Violencia de Género y su urgente atención multicultural, pluriétnica y generacional.

8.- El estado continua inmerso en un conflicto armado interno, y esta situación de guerra, que militariza al estado y recrudece la violencia y violación de derechos humanos con antecedentes no resueltos de grave violencia contra las mujeres, en especial indígenas, niñas, adolecentes, pobres como la Masacre de Acteal que es un Feminicidio y genocidio dando como respuesta actos de represión contra los movimientos civiles y sociales.

9.- Sigue sin respuesta el tema de la atención puntual a mujeres víctimas de violencia, en especial por el acceso a la justicia y a la salud en casos de abuso sexual, físico, psicoemocional y otros, no hay traducción e interpretación con pertinencia cultural ni perspectiva de género, seguimos siendo el primer lugar en abuso infantil y embarazo en adolecentes, las ofendidas y víctimas no cuentan con Defensor/as Victímales, el tema judicial quedo sin atenderse y agrava las condiciones de indefensión en el nuevo Sistema Penal acusatorio, que las deja en estado de indefensión sean ofendidas e incluso acusadas.

10.- Las víctimas directas de feminicidio y tentativa, familiares, testigos, peritos, defensoras y acompañantes, incluidas desde el inicio de la solicitud y casos paradigmáticos, siguen sin encontrar total satisfacción al derecho a la justicia, a la vida, a la integridad, a la verdad. Hay un número indeterminado de niñas/os huérfanas/os de por lo menos 200% más que las víctimas mortales -pues el padre mató a la madre- sin atención y sin justicia de medidas integrales de protección y reparación del daño.

Estas razones y otras que hemos plenamente documentado a lo largo de este año de la DAVGM son las que nos permiten caracterizar que en Chiapas y en México tenemos un Estado Feminicida ya que no sólo es permisivo sino cómplice de la violencia contra las niñas, mujeres y ancianas y la creciente violencia feminicida en nuestras casas, calles, comunidades y ciudades de la entidad.

Hacemos un llamado urgente a la Sociedad Civil, a familiares de mujeres asesinadas, sobrevivientes y víctimas de violencia a que nos organicemos para juntas demandar al Estado Mexicano por incumplimiento no sólo de la DAVGM sino por la reiterada omisión al Derecho a la vida, igualdad, libertad y seguridad personal, igual protección ante la ley, ser libre de todas las formas de discriminación, a la salud física y mental, condiciones de trabajo justas y favorables, a no ser sometida a torturas ni tratos crueles y/o denigrantes que constituyen las más reiteradas violaciones a los Derechos de las Mujeres que documentamos en nuestro quehacer cotidiano.

¡No más violencia contra las mujeres!

Atentamente:
Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas

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Revista Telares 08 del CDMCH, especial sobre Alerta de Violencia de Género (AVG)

En este número de Revista Telares, la Voz de las Mujeres, las compañeras del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, AC (CDMCH) comparten información sobre el contexto de violencia directa, institucional y estructural que obligó a las autoridades federales a emitir la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para las Mujeres de Chiapas (AVGM); esta medida urgente refleja uno de los rostros más de la descomposición del sistema capitalista, neoliberal, neoextractivista y patriarcal, en este número un balance de la fallida implementación.

La solicitud de Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) en Chiapas ha sido un instrumento para construir redes de mujeres y hombres de base que se movilizan contra la impunidad tomando conciencia de la gravedad del problema en Chiapas.

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Posicionamiento a casi un año de la AVG en Chiapas

 

Comunicado de Prensa

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; 10 de octubre de 2017

Posicionamiento a casi un año de la AVG en Chiapas

Las organizaciones civiles integrantes de la Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas, peticionarias de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para Chiapas (DAVG) hacemos público nuestro posicionamiento a casi un año de ordenarse la implementación de las medidas que derivan de la Declaratoria oficial.

Como es de conocimiento general, el 18 de noviembre de 2016, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASVM), emitió Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para los municipios de Comitán de Domínguez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores; también estableció acciones específicas para los municipios indígenas de la región Altos de Chiapas: Aldama, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chenalho, Huixtán, Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San Juan Cancuc, Santiago El Pinar, Tenejapa, Teopisca y Zinacantán.

En ese sentido las organizaciones peticionarias hemos insistido de manera reiterada, pública y oficialmente, que esta determinación es parcial ya que la Declaratoria debe ampliarse a todo el estado de Chiapas debido al contexto de creciente violencia y muertes violentas contra las mujeres que las organizaciones civiles estamos documentando y como una demanda urgente de familiares de víctimas y sobrevivientes de violencia feminicida.

Desde el 20 de enero de 2017, fecha en que se conformó el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) hemos observado con preocupación que los representantes del Gobierno de Chiapas han politizado la Declaratoria para impulsar candidaturas, afianzar puestos políticos y justificar la reorientación de presupuestos públicos. En las mesas de trabajo para operar la implementación de la Declaratoria se ha expresado el carácter patriarcal y machista con el cual los servidores públicos abordan las medidas para erradicar la violencia hacia las mujeres.

De la dilación injustificada para la implementación de las medidas hemos dado cuenta en diversas denuncias públicas, por ejemplo seis meses después de la Declaratoria se instalaron cuatro mesas de trabajo que son: la de Coordinación con los municipios en los que se dictó la AVG, Coordinación con los 16 municipios de la Zona Altos, Atención de medidas relacionadas con el sector salud y Seguimiento de casos, mismas mesas que hasta hoy no han operado las medidas recomendadas.

El pasado 03 de agosto fue nuestra última reunión con autoridades federales y estatales y ahí, al cumplirse casi nueve meses de la Declaratoria se presentó el Programa Estatal para atender la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres aún con observaciones, logrando sólo avanzar con la aprobación del logotipo y eslogan de la Campaña de Difusión cuya estrategia integral no nos ha sido presentada y por consecuencia tampoco ha comenzado a operar en su totalidad.

Hoy 10 de octubre, a casi once meses de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para las mujeres de Chiapas y derivado del seguimiento a las acciones realizadas por la representación del estado de Chiapas, nuevamente manifestamos preocupación por el evidente incumplimiento al mandato judicial federal al SNPASVM, al Ejecutivo Federal y Estatal para atender la emergencia derivada de la violencia estructural y de género hacia las mujeres en Chiapas, que implica de manera prioritaria garantizar protección, seguridad, vida, reparación de daños y medidas de no repetición enlistados en los cuatro capítulos de medidas a implementar por dicha DAVG.

A casi un año de haberse declarado la AVG para Chiapas, las mesas de trabajo no han funcionado como se acordó en el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM), no hay resultados concretos y adolecen en el funcionamiento del plan y programas que permitan monitorear y evaluar los avances, retos y retrocesos en la implementación de acciones. De igual forma, ha sido evidente la falta de poder de convocatoria del Ejecutivo Estatal, dado que a la fecha no ha podido reunir a todos los alcaldes de los Ayuntamientos indígenas de la zona Altos para informarles de manera sustancial el significado de la Declaratoria de AVG y las acciones que deben implementar para detener la violencia sistemática contra mujeres y niñas indígenas.

Quienes integramos la Campaña Popular externamos que nuestra presencia en las mesas de trabajo que impulsa el Gobierno de Chiapas, ha representado una lamentable pérdida de tiempo dado que hemos observado la existencia de una coordinación carente de metodología y conocimientos sobre género, derechos humanos, interculturalidad y multiculturalidad, aunado al desconocimiento del contexto prevaleciente en el estado. Esta situación refleja la carencia de los perfiles académicos y experiencia teórica-práctica requerida para impulsar, direccionar y dar contenido a las medidas necesarias para proteger la vida de las mujeres en Chiapas.

Un impedimento mayor en esta primera etapa ha significado el papel que ha desempeñado la Fiscalía General del Estado (FGE) al jugar un papel de juez y parte como entidad responsable de coordinar la AVG para Chiapas y ser una de las instituciones señaladas en violaciones a derechos humanos y el acceso a la justicia; insistimos en que sea la Secretaría de Gobierno del estado de Chiapas quien asuma la responsabilidad de coordinar la implementación de la DAVG por ser el ente con la facultad requerida para asumir compromisos con seriedad y formalidad a los acuerdos que se generen.

Derivado de esta caótica situación, hacemos de conocimiento público que las Peticionarias han determinado NO ASISTIR más a las mesas de trabajo convocadas por el gobierno de Chiapas, a través de la Fiscalía General del Estado, por incumplir de manera reiterada los acuerdos que permitan la implementación urgente y seria por parte de las autoridades involucradas.

Las Peticionarias continuaremos asistiendo a las sesiones del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario considerando que es el espacio a dar seguimiento y evaluar las acciones que implemente el Gobierno de Chiapas. Desde ese espacio realizaremos las observaciones y aportes que correspondan, en tanto que como Campaña permaneceremos con el monitoreo, la atención y acompañamiento de mujeres víctimas de violencia feminicida en el estado.

¡No más violencia contra las mujeres!

Atentamente:

Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres
y el Feminicidio en Chiapas

Descarga el comunicado de prensa aquí en versión PDF

Vídeo de la conferencia de prensa:

Audio del comunicado de prensa aquí:

 

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Lento avance de la Alerta de Violencia de Género en Chiapas

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Comunicado de Prensa

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; 04 de septiembre de 2017

Lento avance de la Alerta de Violencia de Género en Chiapas

A más de 9 meses de que se Declaró la Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres de Chiapas (AVGM), quienes integramos la Campaña Popular contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas informamos, desde una posición crítica y a favor de los derechos de las mujeres, los resultados de las mesas de trabajo que tienen como finalidad la implementación de las medidas de seguridad, prevención, justicia y reparación ordenadas para el estado de Chiapas.

Plan de trabajo del gobierno estatal para atender la AVGM:
El pasado 03 de agosto una representación de la Campaña Popular asistió a la cuarta sesión ordinaria del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM), realizada en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en seguimiento a la AVGM; en esa ocasión nos fue presentado el Programa de Trabajo del Gobierno del estado de Chiapas, sus indicadores y cronograma de acciones propuestas, al documento las organizaciones peticionarias hicimos observaciones puntuales al contenido entre las que destacan:

• El Plan Estatal no cuenta con indicadores de impacto, resultado y proceso que ayuden a evaluar los resultados de cambio e incidencia a fin de garantizar condiciones socio culturales para una vida libre de violencia hacia las mujeres. En su mayoría los indicadores son cuantitativos y acumulativos de acciones que nos preocupa no incidan en transformar no sólo la violencia directa, sino tampoco en la institucional y estructural en Chiapas.
• Insistimos en que las acciones del Plan no pueden reducirse a los 23 municipios que tienen la Declaratoria de AVGM y que, por lo tanto, deben extenderse las medidas a las 124 municipalidades de la entidad ya que la violencia sistémica contra las mujeres alcanza niveles alarmantes en municipios que por el momento no fueron listados en la Declaratoria federal.
• El Plan estatal debe integrar en su contenido, de manera transversal, perspectiva de género, derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes, interculturalidad e inclusión de la diversidad sexual, multicultural, las capacidades diferentes, mujeres en el contexto de movilidad humana e infancia como parte del tejido poblacional en el estado.
• La necesidad de una base de datos actualizada, funcional y accesible es requerimiento básico para el monitoreo e implementación de acciones para atender la violencia de género y feminicidios que, en la mayoría de los casos, es invisibilizada por la pérdida de confianza al denunciar y/o la negligente calificación y sanción de delitos de las Fiscalías de Distrito, de la FGE, que terminan revictimizando a sobrevivientes y familiares de las víctimas.
• La falta de transparencia sobre la asignación y uso de recursos (económicos, materiales, humanos y de infraestructura) no permiten conocer las prioridades que se están valorando para atender con efectividad las medidas ordenadas.
• La falta de capacidad para convocar, dar seguimiento, coordinar las acciones interinstitucionales a nivel estatal y metodología en las mesas de trabajo por parte de la FGE pese a la contratación de distintas personas y equipo de asesoras. Este punto nos preocupa sobre manera ya que como se ha externado públicamente no consideramos adecuado que la Fiscalía General del Estado sea quien coordine las acciones de implementación de la AVG porque tiene el papel de Juez y Parte ya que implica falta de imparcialidad.

Estas fueron algunas de las observaciones que hicimos al Plan presentado, no obstante con el ánimo de avanzar ya en la implementación acordamos su aprobación en lo general a la par de hacer llegar las observaciones particulares para los ajustes necesarios.

Mesa de Justicia:
El pasado 22 de agosto representantes de la Campaña Popular asistimos a una mesa de trabajo convocada en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez en donde se nos presentó la propuesta de instalación de la Mesa Técnica para la atención de casos de violencia de género y feminicidio en Chiapas, al respecto nuestras valoraciones generales y peticiones fueron las siguientes:

• La revisión de casos no puede reducirse a los presentados en la petición entregada en el 2013 ya que desde abril del 2012, fecha en que se aprobó como grave el delito de feminicidio, hasta la actualidad han ocurrido cientos de casos que no han sido investigados con base a protocolos de actuación, capacitación de impartidores de justicia, dejando en estado de indefención, negligencia e impunidad las apremiantes de verdad y justicia para sobrevivivientes y familiares de víctimas de violencia de género y feminicidio en Chiapas.
• Para ello enfatizamos en la importancia de atender las medidas en materia de justicia y reparación que implican la creación de las siguientes unidades:
◦ Unidad Especializada que realice el diagnóstico de los expedientes en archivo o reserva y la identificación de las posibles deficiencias en las investigaciones con el propósito de sugerir las diligencias que podrían llevarse a cabo para el esclarecimiento de los hechos.
◦ Unidad de Análisis y Contexto para casos de violencia contra las mujeres y el feminicidio para determinar lineamientos de actuación para la atención integral incluyendo a víctimas indirectas y organizaciones de la sociedad civil.
◦ Mesa técnica de casos encargada exclusivamente de dar trámite a las carpetas de investigación, relacionadas con los feminicidios u homicidios dolosos de mujeres contando del 2012 a la fecha, atendiendo las bases de datos de las organizaciones de la sociedad civil y las dependencias gubernamentales.
Cada una de estas mesas y/o unidades debe ser claramente caracterizada para garantizar autonomía e independencia, integración de expertos y profesionalismo a fin de corregir los errores más comunes en la integración de los expedientes, la investigación de los casos, la reparación del daño y la adopción de medidas de no repetición.
• Demandamos se cumpla el acuerdo sobre la creación de estas unidades y mesas sea por decreto publicada en el Periódico Oficial del Estado a fin de garantizar la seriedad y obligatoriedad de las recomendaciones que hará cada grupo de trabajo; ahí mismo se recordó que una de las recomendaciones es revisar el marco jurídico del estado para detectar las disposiciones que requieren ser reformadas, derogadas o abrogadas, con el fin de armonizar el marco jurídico local con el marco jurídico nacional e internacional.
En tanto que aún no hay una propuesta concreta el gobierno estatal quedó de mandarla en días próximos para su revisión, aportes y dar paso a los trabajos de cada unidad y/o mesa. La fecha de la siguiente reunión quedó para el 12 de septiembre.

Programa único de capacitación:
El pasado 30 de agosto nuevamente nos reunimos en mesa de trabajo para revisar el Programa de capacitación del gobierno estatal y al respecto nuestras valoraciones generales fueron:

• Solicitamos al gobierno estatal nos faciliten la información relativa a los diversos acuerdos, modelos de atención, programas, comisiones y todo tipo de acciones que mencionan se han implementado desde el 2007 para atender la violencia de género contra las mujeres en Chiapas, para tomar como base las acciones y omisiones en que se han incurrido a fin de no reproducirlas en el presente Plan y sacar provecho de las experiencias que se han tenido.
• En relación al objetivo general de este Plan nos preocupa que la enorme inversión de recursos que se hará para capacitar a servidores públicos de las tres instancias de gobierno se quede únicamente en atender la coyuntura y no se refleje en un cambio de paradigmas a nivel institucional, es decir la capacitación del personal por si misma no garantiza transformaciones si las instituciones no ajustan sus modelos de atención, protocolos de actuación, su Misión, Visión y objetivos en torno al servicio público que garanticen continuidad y progreso en el avance institucional para atender la violencia de género y el feminicidio en Chiapas.
• Las cartas metodológicas que nos fueron presentadas tienen graves omisiones en relación al contexto en que se darán las capacitaciones, señalamos por ejemplo no omitir el marco internacional de derechos humanos, convenios, pactos y tratados firmados por el gobierno pero también incluir el marco normativo local y autónomo, la transversalidad de género e interculturalidad, la población con capacidades diferentes, migrantes, infancia y personas de la tercera edad, mismas que requieren de una mejor coordinación en el diseño y participación de personas expertas.
• Solicitamos que la capacitación no sólo esté dirigida a un grupo de personas seleccionadas del personal operativo de las dependencias sino que prioricen informar y formar a funcionarios de primer y segundo nivel del gobierno de Chiapas, comenzando por el gobernador Manuel Velasco Coello y todos los Secretarios de estado cuyas instituciones estén implicadas en primer orden dentro de la AVGM.
• Insistimos en la necesidad de incluir a todos los municipios de Chiapas en la capacitación y no solamente a los 23 municipios con Declaratoria de AVGM.
• Consideramos necesaria la inclusión de un Plan de Monitoreo y evaluación del Programa Unico de Capacitación.
• Que el Plan, como documento base para capacitadores institucionales y comunitarios, no contiene lenguaje inclusivo lo cual reproduce estereotipos que discriminan y excluyen la igualdad de clase, género y etnia.

Para hacer llegar los aportes puntuales a este Plan de Capacitación nos dimos esta semana, que concluye el 8 de septiembre, para incorporar las observaciones y atender las sugerencias hechas por las peticionarias.

Estrategia de comunicación:
El mismo 30 de agosto, y tras varios meses de retraso e insistir en que la Campaña de información y comunicación del gobierno estatal sea clara y nombre a la AVGM por lo qué es e implica, nos fue presentada la propuesta de logotipo y eslogan que finalmente se aprobó para dar paso a la estrategia de difusión, al respecto solicitamos:

• Que la estrategia de difusión y posicionamiento de la AVGM cuente con los recursos financieros y creativos necesarios para que se una campaña de alto impacto; hemos señalado como ejemplo la tan publicitada “No pago a la tenencia vehicular en Chiapas” o la imagen del “Chiapasionate”, solicitando al gobernador que priorice este tema antes de su imagen pública que sólo promueve a su persona.
• Que nos sea entregado el documento de estrategia de comunicación estatal actualizado y completo ya que únicamente se nos presentó en esta última reunión el logotipo y página web de la AVGM: http://www.alertadegenerochiapas.org.mx
• Que no se descuide la inclusión y alcance de los 12 grupos étnicos en Chiapas y los 124 municipios, que atiendan las formas, modos y medios de comunicación popular y comunitaria que sean efectivos en el ámbito rural y urbano.

En síntesis podemos decir que a nueve meses de la Declaratoria de AVGM para Chiapas los avances son pocos, destacando la aprobación del logotipo y eslogan de la Campaña de Comunicación, los pendientes inmediatos son:

1. Mesa de coordinación de los 23 municipios: Está pendiente formalizar la instalación para el seguimiento y coordinación con los enlaces municipales y cómo vamos a incluir el trabajo de los municipios indígenas. La fecha de instalación de la Mesa es este miércoles 06 de septiembre a las 11am en Tuxtla Gutiérrez. Por lo que solicitamos se tomen las medidas necesarias para garantizar la asistencia de los alcaldes municipales y sus enlaces para avanzar en la implementación de la AVGM a nivel de las localidades.

2. Mesa de salud: Está pendiente agendar la fecha de reunión para la instalación formal ya que la agendada el mes pasado fue cancelada, en este tema no sólo es abordar la capacitación en la NOM 046, sino abordar los casos de violencia obstétrica, la aplicación de los protocolos de actuación ante violaciones sexuales, violencia directa y el procedimiento para operar las órdenes de protección.

3. Mesa de justicia: Estamos a la espera de la propuesta metodológica y de los contenidos para la integración de las tres unidades y/o mesas a fin de atender las medidas ordenadas para atender las demandas de justicia.

Como organizaciones integrantes de la Campaña Popular refrendamos nuestro compromiso de seguir atentas y al pendiente de cada uno de los avances y retrocesos que se den en este proceso de implementación de la AVGM para Chiapas.

De manera particular hacemos un llamado a las autoridades competentes del gobierno de Chiapas para que, en tanto se avanza en las medidas de la Alerta, no incurran en omisiones y atiendan con debida diligencia los casos de violencia de género y feminicidio que se presentan en nuestra entidad ya que, tan sólo en este mes de agosto, el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, AC, (CDMCH) cerró su monitoreo con 27 casos de violencia contra las mujeres que van desde amenazas, agresiones, lesiones, homicidios dolosos, muertes sospechosas y feminicidios en varias regiones del estado.

Consideramos de suma importancia que las mujeres y la población en general se mantengan informadas sobre las acciones que se realizan para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como exigir su cumplimiento. Esto implica también denunciar el uso de la Alerta de Género con fines electorales porque su objetivo no es servir para posicionar políticamente a secretarios, gobernantes, diputados, senadores o presidentes municipales a quienes no les interesa la vida de las mujeres.

Finalmente agradecemos la colaboración de la sociedad civil en general y en particular de las personas sobrevivientes y familiares de víctimas de violencia de género y feminicidio, de los colectivos, grupos feministas, de defensa de los derechos de las mujeres, medios libres y medios de comunicación ya que gracias a la información y testimonios que nos proporcionan salen del anonimato los proyectos de vida que están siendo violentados.

¡No más violencia contra las mujeres!

Atentamente:
Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas: Mujeres y hombres de la regiones, norte, altos, sierra frontera, Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH), Brigada Feminista por la Autonomía, Casa Cereza, Casa de la Mujer de Palenque, Casa Gandhi, Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVIF), Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa AC, Centro de Investigación y Acción para la Mujer Latinoamericana (CIAM), Grupo de Mujeres de San Cristóbal COLEM, El Paliacate Espacio Cultural, Formación y Capacitación (FOCA), Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C. (CEPAZDH), Melel Xojobal, Promedios De Comunicación Comunitaria, Red de Mujeres Chiapanecas contra la violencia hacia las mujeres, Red Mesoamericana Mujer Salud y Migración, Save the Children, Semilla del Sur, Skolta’el Yu’un Jlumaltic, A. C. (SYJAC), Alianza Global Pediátrica, Estudiantes, fotógrafos, artistas, músic@s, medios libres y personas en lo individual.

Feminicidio en Arriga, Chiapas

170721_Feminicidio Elizabeth

Tonalá, Chiapas; 21 de Julio de 2017

Pronunciamiento No. 3

Alto a la violencia Feminicida en la Costa de Chiapas.

  • Elizabeth López Rodríguez Victima de Feminicidio en Arriaga, Chiapas.

Este Centro de Derechos Humanos ha documentado información a través de familiares y medios de comunicación, en relación con los hechos ocurridos el día 18 de Julio de 2017, en el Ejido Calera del municipio de Arriaga, Chiapas, en donde la joven Elizabeth López Rodríguez fue asesinada con un arma blanca por Jorge Vázquez Trujillo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:00 horas en el ejido Calera, municipio de Arriaga, según información proporcionada por medios de comunicación, Jorge Vázquez Trujillo, llegó a bordo de una motocicleta para encontrarse con Elizabeth, tras una discusión, Jorge Vázquez Trujillo sacó un arma blanca y por la espalda la atacó y se dio a la fuga; dejando a la joven desangrando y con heridas de gravedad, Elizabeth fue ingresada al Hospital Juárez y minutos después falleció.

El perpetrador tenia vínculos laborales y de amistades con diversos actores políticos en el municipio de Arriaga, entrenando caballos y era jinete, hasta el momento la Fiscalía General del Estado de Chiapas no ha realizado la detención para que sea investigado y castigado.

Este tipo de violencia Feminicida atenta contra la vida y la integridad física de las mujeres, y al pleno ejercicio de los Derechos Humanos de las Mujeres, durante el 2017 se suman 3 casos más registrados en la Costa de Chiapas.

  • El primer caso de Raquel Manuel Pérez de 38 años de edad, desaparecida el 21 de Mayo del 2017 y encontrada sin vida el día 23 de mayo del 2017 en la playa el Edén en el municipio de Paredón, Tonalá, Chiapas, su cuerpo fue hallado flotando en un cayuco con en el cráneo destrozado, quien fue asesinada por su pareja Antonio González, que hasta la fecha no ha sido investigado ni castigado;
  • El segundo caso Jessie Valdez Ruiz de 16 años de edad encontrada el día 07 de junio del 2017 a las 12:20 horas, fue localizada sin vida a orillas del río Pijijiapan a la altura del lugar denominado la Posita. Su cuerpo suspendido de un árbol de amate con un cordón rojo alrededor de su cuello; que de acuerdo con la Fiscalía de Distrito Istmo-Costa en el municipio de Pijijiapan lo ha considerado como suicidio;
  • El tercer caso una mujer en calidad de desconocida de aproximadamente 35 años, localizada el 13 de Julio aproximadamente a las 6:50 am en la colonia Buenaventura, en el callejón El Pirul, del municipio de Tapachula, Chiapas; asesinada con una piedra que dejaron caer sobre su cabeza, la cual fue hallada a unos metros de su cuerpo.

 

El gobierno Federal, Estatal y los gobiernos Municipales tienen la obligación de dar cumplimiento a las medidas de seguridad establecidas para prevenir, erradicar y sancionar la violencia hacia las mujeres, adolescentes y niñas. En Chiapas a pesar de que existe la DECLARATORIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUEJERES (AVGM), se ha incrementado el índice de mujeres desaparecidas, sin que las autoridades investiguen y den con el paradero.

En ninguno de los casos documentados ha existido la detención de persona alguna o de los agresores.

Por lo que este Centro de Derechos Humanos exige al Gobierno de Chiapas, Gobierno Municipal de Arriaga y la Fiscalia General del Estado de Chiapas:

  • Se investigue y castigue a los perpetretadores que comenten actos que violan los Derechos Humanos de las Mujeres.
  • Que la Fiscalía General del Estado investigue y castigue todo tipo de violencia feminicida en contra de las mujeres.
  • Que en todas las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado se aplique el Protocolo de actuación operativa y técnica en la investigación de los delitos de homicidio y feminicidio del Estado de Chiapas.
  • Se dé cumplimiento a las medidas decretadas en la Alerta de Violencia de Género contra de las Mujeres en Chiapas (AVGM) en todo el estado de Chiapas debido al alto índice y al incremento de violencia contra las mujeres.
  • Se actúe con debida diligencia y se garantice el debido proceso en casos denunciados por Violencia.
  • Se garantice la vida, la integridad fisca y psicológica de las mujeres en Chiapas y México.
    Se implementen acciones para prevenir, atender y erradicar todo tipo de Violencia en contra de las Mujeres en el municipio de Arriaga, Chiapas.

¡Vivas nos queremos!
¡Ni una muerta mas, Ni una muerta Menos¡

 

Descarga el pronunciamiento en PDF aquí

 

Fuente original de esta información:

http://cdhdignaochoa.blogspot.mx/2017/07/feminicidio-en-arriaga-chiapas.html

Violencia contra las mujeres por crisis de salud en Chiapas

Comunicado de Prensa

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; 26 de mayo de 2017

El día de hoy cientos de mujeres de distintas comunidades, ciudades, colectivos y organizaciones marchamos en Tuxtla Gutiérrez para dar testimonio del costo humano y social que generan las autoridades estatales al profundizar la crisis en el sistema de salud que afecta a miles de personas que acudimos a los servicios de sanidad pública para ser atendidas por una emergencia hospitalaria, consulta general o diagnostico preventivo.

Cientos de historias que dan cuenta de la falta de medicamentos, equipos, materiales de curación y personal de salud en las distintas casas de salud, clínicas médicas y unidades hospitalarias en el medio rural y urbano. Aunado a ello, se suman las dificultades que atravesamos por la situación de pobreza generalizada, las distancias de los centros de salud, el encarecimiento de los medicamentos y los altos costos de tratamientos de enfermedades como el cáncer de mama y cervicouterino, la diabetes mellitus por mencionar algunas que dejan cada año un alto índice de muerte en la población en general.

En Chiapas tiene una de las tasas de mortalidad infantil más altas del país, el riesgo de morir antes de un año de vida es mayor entre las niñas y niños que habitan en los municipios y regiones indígenas, sus causales están asociadas a la falta de acceso a servicios de salud debido a las condiciones de marginación, pobreza y rezago educativo que enfrentan los más de 2 millones de niñas y niños en la entidad.

Los altos índices de pobreza y marginación en Chiapas agravan deficiencias importantes en el tema de acceso a la salud. En el año 2011 se calculó que más de un millón de personas no tenían acceso a los servicios de salud, la mortalidad infantil era de 28 por cada 1000 nacidos vivos, habiendo sólo 8.4 médicos y 13 enfermeras por cada 10,000 habitantes en el estado.

Con relación a la transparencia en el uso y destino de los recursos, un reporte elaborado por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, indica que Chiapas se ubica dentro de las cinco entidades federativas con peor rendición de cuentas en sus indicadores de calidad respecto de la prestación de servicios de salud, lo que afirma que el incremento presupuestario no se ha reflejado en un aumento equivalente en el número de médicos, enfermeras, medicamentos, insumos, camas de hospital y consultorios dado el desvío de fondos millonario que el Auditoria Superior de la Federación ha señalado.

A su vez, el personal que labora en las clínicas y hospitales de salud en Chiapas, desde el año 2015, ha denunciado la crisis que padecen diversos hospitales de la entidad por falta de presupuesto, lo que ha provocado no sólo endeudamiento con proveedores sino escasez de alimentos para pacientes, desuso de ambulancias, falta de medicamentos y materiales de curación, así como el desvío y malversación de las retención salariales (fondos de jubilación, vivienda, seguros institucionales, préstamos y salarios), poniendo en riesgo la salud de la población chiapaneca y la estabilidad económica de las y los trabajadores de sector salud.

Por ello y más irregularidades que hemos señalado, el día de hoy realizamos esta movilización para exigir al gobierno estatal que cumpla con la obligación de garantizar el derecho a la salud y a la vida, dado el inminente riesgo sanitario que se incrementa ante el inicio de la temporada de calor y lluvias, señalamos que tal omisión puede derivar en un aumento significativo de muerte infantil, materna y de la población en general como ha ocurrido ya en años anteriores.

En ese sentido las personas, colectivos y organizaciones integrantes de la Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicido en Chiapas, escuchamos testimonios desde la voz de las mujeres que expresan preocupaciones, inquietudes y demandas por los graves problemas de salud que viven y en muchos casos termina con la vida de las personas, algunas de las demandas generalizadas en todas las regiones son:

  • Brotes epidémicos que no se controlan ni previenen de varicela, hepatitis, tifoidea, tuberculosis, diarreas, muertes infantiles y maternas;

  • Desabasto general de medicamentos, materiales, instrumentos y personal médico en hospitales y clínicas;

  • Desvío de recursos destinado a la salud pública que se refleja en las graves carencias que denuncian enfermeras y médicos conscientes de la necesidad de las personas que acuden en busca de auxilio;

  • Muerte materna y muertes por cáncer cervico uterino, que son equiparables al feminicidio por no atender de manera puntual y urgente los signos de alerta;

  • La mortalidad materna en Chiapas, como en el resto del país, está relacionado con el contexto socioeconómico y se modifica dependiendo de éste. En las áreas urbanas predomina la enfermedad hipertensiva del embarazo, mientras que en el medio rural son más frecuentes las hemorragias del embarazo, parto y puerperio; defunciones que podrían evitarse si se ampliará el acceso a la atención médica.

  • Desconocimiento de la Norma 046 para atender casos de violencia contra las mujeres como parte de las medidas ordenadas en la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en Chiapas, que incluye la petición de instalación de una mesa de salud de carácter urgente para atender la problemática;

  • Endeudamiento del Gobierno a empresas abastecedoras de medicamentos y a trabajadoras de la salud;

  • Incumplimiento de acuerdos obtenidos de la presión realizada por las enfermeras en huelga de hambre.

Como Campaña Popular nuevamente expresamos que estaremos atentas observando las causas y costos de la violencia contra las mujeres y el feminicidio en Chiapas, exigiendo que la Alerta de Violencia de Género sea declarada para todo el estado ya que las acciones no pueden ser atendidas de manera parcial omitiendo una acción integral de manera inmediata sobre todo cuando estamos documentando que la violencia contra la mujer y el feminicidio en Chiapas sigue incrementándose en varias regiones del estado.

Demandamos que el gobierno federal, a través de la CONAVIM, y el gobierno estatal, a través de la Fiscalía General del Estado (FGE), asuman su responsabilidad de coordinar con seriedad la implementación de medidas urgentes que han sido ordenadas; advertimos que en caso de no incorporar las observaciones que hemos hecho, de no conocer con anterioridad los documentos de trabajo, la metodología y la presencia de funcionarios con capacidad de toma de decisiones nos reservamos el derecho de asistir a las próximas reuniones del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM).

Finalmente saludamos a las compañeras trabajadoras de la salud, enfermeras y sociedad civil organizada reconociendo que con su valiente protesta en huelga de hambre evidenciaron la profunda y grave crisis de salud que padecemos en Chiapas por la mal administración, robo y saqueo que realizan las autoridades estatales, tales acciones que privan el derecho básico a la salud constituyen un crimen de estado contra la población en general.

¡No más violencia contra las mujeres!

Atentamente:

Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas: Mujeres y hombres de la regiones, norte, altos, sierra frontera, Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH), Brigada Feminista por la Autonomía, Casa Cereza, Casa de la Mujer de Palenque, Casa Gandhi, Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVIF), Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa AC, Centro de Investigación y Acción para la Mujer Latinoamericana (CIAM), Grupo de Mujeres de San Cristóbal COLEM, El Paliacate Espacio Cultural, Formación y Capacitación (FOCA), Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C. (CEPAZDH), Melel Xojobal, Promedios De Comunicación Comunitaria, Red de Mujeres Chiapanecas contra la violencia hacia las mujeres, Red Mesoamericana Mujer Salud y Migración, Save the Children, Semilla del Sur, Skolta’el Yu’un Jlumaltic, A. C. (SYJAC), Alianza Global Pediátrica, Estudiantes, fotógrafos, artistas, músic@s, medios libres y personas en lo individual.

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Denuncia sobre la situación de salud en la zona costa de Chiapas, Tonalá

Compañeras:

Reciban nuestros saludos de los que integramos el equipo del CDH Digna Ochoa AC de la ciudad de Tonalá, Chiapas. Queremos aprovechar para compartirles un poco nuestro análisis en relación a la implementación de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en Chiapas.

Primero. En cuanto a las mesas de trabajo instaladas por parte del Gobierno Federal, Estatal y municipal nos da la impresión que solo están simulando en dar cumplimiento, a excepción de algunos municipios que le han entrado de lleno a realizar acciones, aunque sean acciones encimadas, es decir, que de por si las hacen solo que con el escudo de la AVGM.

Segundo.- Nos preocupa mucho la falta de coordinación que existe de los tres niveles de gobierno y su coordinadora, este caso la Lic. Adriana Rebollo que no está cumplimento su papel de coordinar las acciones en función de la AVGM. Nos parece también que los municipios están sacando la tarea, y que el gobierno de Chiapas no tiene la mínima voluntad para operar dicha implementación en coordinación, sino que están sujetos a lo que disponga la fiscal especializada de trata de personas. Sin duda eso nos llevara a seguir recibiendo información desde los municipios, en donde apreciamos hay una enorme presión para que hagan su tarea.

Tercero.- En el caso del municipio de Tonalá, hemos recibido información por parte del Enlace del Ayuntamiento, de las acciones que han realizado, sin embargo consideramos que no son suficientes y que nos han reiterado que no hay presupuesto para ello, y que harán lo que en medida de sus posibilidades puedan hacer. Estamos solicitando que no escatimen esfuercen ni dinero ni personal para dar cumplimiento cabal a la alerta de violencia de género y nos han contactado para dar sugerencias y mejorar su quehacer, estamos en ellos.

Cuarto.- En cuanto a los casos denunciados por lo menos desde este centro de Derechos de violencia contra mujeres la FGE es inoperante, no existe la mínima voluntad para que no se dilaten los procesos, y no existen garantías a la víctimas de violencia para garantiza su derecho a acceso a la justicia. Con quienes nos enfrentamos para litigar los casos, son personas que no tienen el mínimo conocimiento en violencia, genero, entre otras cosas. Desde acá seguiremos insistiendo en la atención inmediata para los casos, así como también poder visibilizar que es una situación estructural, y constara mucho que haya cambios al interior.

Bueno, consideramos que falta mucho aun por hacer, y que desde la costa tenemos toda la disposición de seguir caminando aunque, de repente no estemos físicamente con ustedes, pero haremos lo que nos toca hacer desde la costa.

Saludos,
Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, AC

Tonalá, Chiapas. 25 de Mayo de 2017

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Denuncia sobre carencias del sistema de salud en Zona Norte de Chiapas, Palenque

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

Las compañeras de Casa de la Mujer Ixim Antsetic y grupos de mujeres que caminamos en beneficio de las mujeres y en defensa de los derechos por una salud digna para la población en la región selva norte de Chiapas, podemos decir también todos los sufrimientos que vivimos en esta región por la falta de servicios, de medicamentos, equipo, médicos, asi como negligencias y racismo en la jurisdicción VI con sede en Palenque.

Somos una jurisdicción de 9 municipios con una población aproximada al medio millón de personas, la mayoría de la población es campesina e indígena, y los problemas que tenemos por un mal sistema de salud son considerados una grave violencia institucional en contra de su población. Este tipo de violencia en muchas ocasiones tiene consecuencias terribles, altos costos económicos, de tiempo, desgaste personal, y en ocasiones, llevan hasta a la muerte, siendo prevenibles muchas de estas.

En toda la jurisdicción sólo existe un hospital general de segundo nivel, y aunque en algunos municipios hay Centros de Salud Ampliados, estos espacios se encuentran en peores condiciones que el hospital; además en el 2012 se inauguró la Unidad de Especialidades Médicas (cirugía ambulatoria), para la cual se requirió una inversión millonaria, pero que hasta este momento es un espacio abandonado y se está destruyendo. Por esta razón, cuando hay casos complicados se deben trasladar a los pacientes a Villa Hermosa o a Tuxtla Gutiérrez, lo que requiere muchos costos para quienes sufren enfermedades.

Para el funcionamiento del hospital existe un presupuesto para 30 camas censables, el cual en la práctica se han esforzado para que rinda a un total de 60 camas. Además se cuenta solamente con 1 quirófano que se divide en una sala de operaciones para embarazos y la otra para cirugía general, lo que nos lleva a que cuando hay casos de emergencias no se puedan cubrir, por lo que en momentos de saturación del quirófano se tienen que aprovechar los espacios físicos de urgencias y labor para cubrir muchos de los partos, ya que en promedio se tienen más de 30 mujeres en trabajo de parto por día, la mitad aproximadamente son cesáreas. Solamente existen 16 camas para mujeres obstetras y/o ginecólogo-obstetras.

Los datos mencionados arriba son muy graves si tomamos en cuenta que la muerte materna y perinatal son prioritarios de atender en los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se aplican desde la ONU y a los cuales estamos inscritos. Para seguir evidenciando la violencia institucional que vivimos las mujeres tenemos que para 200,000 mujeres que requieren servicios ginecológicos, la jurisdicción sólo cuenta con un promedio de 4 ginecologos/as para este tipo de trabajos, 3 de ellos se encuentran en el hospital general, en 3 de los 6 turnos existentes. Esto tiene como consecuencia un algo índice de muerte materna y sobre todo de muerte perinatal.

Otro de los grandes problemas en torno a la salud de la mujer es el cáncer cervicouterino, ya que sólo se cuenta con una pequeña clínica de displasias, pero que de manera constante tiene problemas con los equipos de electrocirugías, y los problemas en torno al cáncer de mama, pues cuando está en uso el mastógrafo los resultados se entregan después de 6 a 8 meses. En cuanto al trabajo comunitario, los resultados de los papapnicolaous en muchas de las ocasiones no se entregan, y científicamente podemos afirmar que si se entregaran a tiempo los resultados y se diera un acompañamiento puntual a las mujeres que tuvieran el problema en sus inicios, el índice de muerte por cáncer cervicouterino sería mínimo, en cambio, Chiapas se encuentra siempre en los 3 primeros lugares de muertes por este tipo de cáncer.

Otra de las demandas que se ha tenido durante años es la existencia de un albergue para las mujeres embarazadas y para los familiares de todos los enfermos, pues son situaciones que generan muchos gastos a quienes vienen de las comunidades.

El año pasado estuvieron muchos meses en huelga un grupo fuerte de personal sanitario, pues ven lo complicado que resulta atender a la población sin medicamentos, equipos, combustible para ir a hacer sus viajes comunitarios, etc y aun cuando lograron solucionar la huelga, muchos de estos problemas siguen presentes. Y podemos decir que también hace mucha falta capacitación para sensibilizar a muchos de sus trabajadores, ya que en muchas ocasiones son insensibles a los problemas que aquejan a la población tratándonos de manera déspota. Aunque entendemos que esto también es parte de la saturación de los servicios, ya que un trabajo tan excesivo y sin los derechos laborales que deberían tener hace que repercuta en su actitud hacia nosotros.

Estos son apenas algunos de los problemas a los que nos enfrentamos, pero que están íntimamente relacionados con tener una vida de calidad para las mujeres de la región, por lo cual exigimos se cumplan los que sabemos son nuestros derechos:

• Entrega de resultados de papanicocalaous y mastrografías a tiempo, evitando que se compliquen estas patologías.
• Buena atención para mujeres embarazadas.
• Capacidad de resolver emergencias obstétricas y cualquier otro tipo de emergencias, ya sea en nuestro hospital o con una adecuada canalización
• Que no falte medicamento ni equipo para el hospital y centros de salud comunitarios
• Tener médicos y especialistas que cubran los turnos y se encuentren en sus trabajos cuando se les necesita para que ya no haya suspensión de servicios y reprogramación de pacientes.
• Hospital de tercer nivel con equipos y material de buena calidad y que cubran los requerimientos de la población, para que el hospital responda a las diferentes necesidades y enfermedades de quienes requerimos estos servicios.
• Ambulancia de emergencias, bien equipada.
• Personal bien capacitado, con ética y buena actitud hacia la población.

Por todo ello, nos sumamos a la exigencia de que la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para Chiapas se extienda a los restantes municipios, incluyendo los de la zona norte del estado, ya que la violencia contra las mujeres y el feminicidio es un tema urgente de atender en esta región.

Cordialmente,
Casa de la Mujer “Ixim Antsetik”

Palenque, Chiapas; 25 de Mayo de 2017

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