Comunicado de l@s desplazad@s de Chalchihuitán en conferencia de prensa

Comunicado


22 DE MARZO DE 2018.

 

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.

A LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTATAL, NACIONAL E INTERNACION.

A LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS.

AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ENRIQUE PEÑA NIETO

AL GOBERNADOR MANUEL VELASCO CUELLO.

AL PUEBLO EN GENERAL.

 

Los desplazados de Chalchihuitán nos manifestamos ante los medios de comunicación, ante la opinión pública nacional e internacional y ante los gobiernos responsables de velar por la paz e integridad física de nosotros y de nuestras familias, como marca nuestra constitución mexicana. A fin de DENUNCIAR TODAS LAS SITUACIONES INHUMANAS QUE VIVIMOS Y SUFRIMOS como desplazados. Quisiéramos que nuestras palabras puedan llegar a muchos oídos; principalmente a los oídos y en el corazón del presidente de la Republica Enrique Peña Nieto y del gobernador Manuel Velasco Cuello, que son responsables de la situación del Estado y del País, deseamos que estos gobiernos recobraran sus sentidos y recordaran sus obligaciones de hacer justicia en el ámbito de sus competencias, para el bienestar y la paz de sus gobernados, para que podamos vivir con tranquilidad en nuestras comunidades, en nuestro municipio, en nuestro estado y en nuestro país. Hoy venimos a hacerles saber que vivimos en situaciones deplorables e inhumanas, vivimos en las montañas para guardar y proteger nuestras vidas y la de nuestras familias, porque los paramilitares de la presidenta municipal de Chenalhó, la Lic. Rosa Pérez Pérez y del Presidente del comité estatal del partido verde ecologista de México el Lic. Eduardo Ramírez Aguilar, nos quieren matar y nos han despojado con violencia nuestras tierras, quemaron nuestras casas, robaron nuestras cosechas, mataron nuestros animales, nos desalojaron hacia las montañas, y ahora continúan sus disparos de armas de fuego de alto poder en esa zona de conflicto.

Señor presidente ENRIQUE PEÑA NIETO Y gobernador MANUEL VELASO CUELLO, ustedes son gobernantes y nadie les obligo para que sean, ustedes pidieron ser gobiernos y juraron cumplir y hacer cumplir las leyes del país y del Estado, para que haya paz y tranquilidad en la vida de sus gobernados, ¿porque entonces, nos hacen vivir en la intranquilidad y en la injusticia?, ¿Qué les hemos hecho a ustedes para que nos condenaran a vivir y morir de esta manera?, ¿qué coraje tienen con nosotros?, ¿Qué daños les hemos hecho ustedes?, ¿Cuál es nuestro delito para que nos condenen a morir de ésta forma?, ¿creen que no sentimos hambre, dolor y angustia? O ¿es nuestra culpa ser indígena?. Ya basta señor presidente Enrique Peña Nieto y gobernador Manuel Velasco Cuello, les pedimos que dejen un lado su coraje y odio contra nosotros, piensen y vean que somos personas como ustedes y que necesitamos que nos hagan justicia, que las leyes protejan nuestra vida, nuestros derechos y nuestros bienes, como gobiernos que son atiendan nuestras necesidades y problemas. Porque hoy sufrimos frio, hambre, enfermedades de tos, diarrea, gripa, calentura, vomito, calambre y entre otros, todo eso, nadie lo siente, nadie lo ve y nadie lo escucha, ningún gobierno nos voltea a ver, ni federal, ni estatal, ni municipal, ustedes les bastan que viven con mucho lujo y comodidad con el dinero del pueblo, todos creen que no existimos, todos piensan que no sentimos dolor y angustia, todos nos odian, todos se divierten en nuestros sufrimientos, en nuestro dolor y en nuestra angustia, todos nos han condenado a morir de esta forma.

Hoy necesitamos:

  1. Como se han comprometidos como autoridades hasta que se resuelve el problema.
  2. Atención médica.
  3. Agua potable.
  4. . Plan de retorno integral para todos los desplazados.
  5. . Desarrollo para nuestras comunidades y municipio.
  6. Que desalojen los invasores de nuestras tierras que nos despojaron con lujo de violencia y con armas de fuego de alto poder del uso exclusivo del ejército mexicano.

Por todo lo anterior, se hace el siguiente pronunciamiento:

San Pablo Chalchihuitán, Altos de Chiapas, a 12 de marzo de 2018

 

Los abajo firmantes:

Dos integrantes de lo que fue la Comisión de Apoyo a la Comisaría de Bienes Comunales y del Ayuntamiento (nombrados el 24 de enero de este año en Asamblea de Agentes Municipales, escribanos y principales de cada uno de los 36 parajes de nuestro territorio, con presencia y participación de las autoridades comunales y municipales); unidos ahora estos dos Consejeros en este nuestro Comité, con representantes legítimos de 10 campamentos de familias desplazadas de manera forzada, por grupos armados de tipo paramilitar;  y respaldados por los Agentes Municipales de los poblados de las familias desplazadas, quienes firman y sellan al final de la presente;

Reunidos el día de hoy  en el sitio del compañero Roberto Girón Pérez en la cabecera municipal de Chalchihuitán, Chiapas, en una Asamblea Interna, habiendo discutido la negativa del gobierno estatal y federal de cumplir demandas principales de Desarmar, Desarticular y Castigar grupos armados paramilitares, y de emitir Declaración reconociéndonos como desplazados forzados  internos, y aplicar así sus propias leyes federal y estatal.

Y además, como respuesta a la traición, incapacidad e indiferencia,  de nuestras autoridades municipales y de Bienes Comunales, que se reúnen en México con las autoridades de gobierno federal (Secretaría de Gobernación) y de gobierno de Chiapas (Secretaría de Gobierno) firmando minutas y acuerdos a espaldas de nuestro Pueblo de Chalchihuitán, avalados ellos sólo por la mayoría de los que fueran comisionados para el apoyo del comisariado de Bienes Comunales y municipales de nuestro pueblo, controlados todos por corruptos intereses económicos o políticos de partidos, por lo que, el día de hoy, a nombre y representación de 1094  ancianos y ancianas, niños y niñas, mujeres y hombres, desplazados de manera forzada, tomamos los siguientes:

 

ACUERDOS

  1. Declararnos públicamente como Comité de Desplazados Forzados Internos Chalchihuitle, autónomo y en resistencia pacífica ante mentiras e incumplimiento de gobiernos federal, de Chiapas y autoridades municipales, que sólo buscan sus propios intereses, usando para eso la grave situación de nuestro municipio.

 

  1. Desconocemos y rechazamos totalmente toda minuta y acuerdo firmado por nuestras autoridades municipales y comunales, a espaldas de nosotros, representantes legítimos de cientos de familias indígenas desplazadas, en situación de riesgo diario a nuestras vidas y nuestra integridad, minutas que no van de acuerdo con nuestras justas demandas.

 

  1. Exigimos nuevamente que el Gobierno Federal y de Chiapas cumplan las principales exigencias de nuestro movimiento como Comité de Desplazados Forzados Internos Chalchihuitle, que son:

 

A.- Desarticulación, desarme, detención y castigo a grupos armados paramilitares.

 

B.- Declaración oficial de nuestro caso, como Desplazados Forzados  internos, cumpliendo Ley de ONU y Ley de Chiapas.

 

C.- Garantías de Libre Circulación para todos los pueblos y familias de nuestro municipio y zonas vecinas, así como para todos los y las  observadores internacionales y nacionales de Derechos Humanos y campamentos de paz que se instalen.

 

D.- Reparación Integral de los daños para todas las familias afectadas por los desplazamientos forzosos, incluyendo el pago de daños de forma inmediata cuanto antes, según lista de daños entregados a las autoridades municipales de Chalchihuitán.

Muy en especial y urgente, exigimos la inmediata reparación a los familiares de las trece víctimas, muertas como consecuencia directa de la violencia paramilitar y de los desplazamientos forzados dichas víctimas son: un adulto, Samuel Luna Girón, muerto acribillado en emboscada desde octubre del año pasado; y la muerte y posteriormente los fallecimientos, de otros 4 adultos mayores; 1 joven de 18 años; dos mujeres adultas y 3 menores -2 niñas y un niño- así como la muerte de una bebé de dos meses y otro bebé no nacido, fallecimientos ocurridos debido a  las inhumanas condiciones físicas y emocionales a que han sido sometidas centenares de nuestras familias desplazadas, y que han sido documentados por médicos del Programa interdisciplinario Desarrollo Humano en Chiapas. UAM Xochimilco y por las Caravanas de Observación Civil del Colectivo de Ongs que apoyan nuestras justas demandas.

 

  1. Rechazamos totalmente la presencia y participación corrupta de todos los partidos políticos en nuestra justa lucha.
  2. .Pedimos a las organizaciones de la sociedad civil honesta y comprometida, que nos han venido apoyando, lo sigan haciendo.

 

Atentamente

Representantes del Comité de Desplazados Forzados Internos Chalchihuitle

Ausencio Pérez Paciencia                                         Roberto Girón Pérez

Enlace                                                                                       Vocero

Javier Luna Girón                                                     Rebeca Luna Pérez

Secretario                                                                             Tesorera

Marcos Pérez Gómez                                              Domingo Díaz Pérez

Consejero                                                                          Consejero

María Paciencia Pérez

Consejera

 

 

Segunda Participación de l@s compañer@s de Chalchihuitán:

Ante la posible visita del Gobernador Manuel Velasco Coello al Municipio de Chalchihuitán, Chiapas, los habitantes y desplazados Declaramos ineficaz Gobernador persona “NON GRATA”. Todo esto ante la negativa e ineptitud del gobierno del Estado de Chiapas, por no dar solución a los problemas de los desplazados del municipio de Chalchihuitán, al mandar sus paramilitares para despojarnos y asesinarnos, destruir nuestras casas y nuestros bienes, siendo un gobernador que tiene obligación de velar por la paz y armonía para todos los Chiapanecos. Un gobierno “TRAIDOR” no es bienvenido en este municipio, un municipio condenado a la miseria, al abandono, al despojo y a la muerte por manos de los propios paramilitares del señor gobernador y de su Partido Verde Ecologista de México, por lo que si llegase a poner un pie en este lugar, desoyendo este llamado, el pueblo saldrá a manifestar su descontento y los desplazado estarán pendientes para actuar, porque es una provocación y burla para nosotros los Chalchihuitecos, podría quedar retenidos sus helicópteros o vehículos y otros más, porque nos vienen a provocar en nuestro lugar donde nos encontramos refugiados en las montañas. Escucha bien señor gobernador no nos provoques.

 

Audio palabras de desplazad@s de Chalchihuitán:

Audio ronda de preguntas:

Descarga:

BOLETIN COMITE AUTONOMO DESPLAZADOS

GOBERNADOR NON GRATA

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Chalchihuitán: Continúa la negligencia del Estado mexicano ante desplazamiento forzado de miles de familias indígenas, propiciado por la impune acción de grupos armados de corte paramilitar

Comunicado

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México a 22 de marzo de 2018.

 

Colectivo de Organismos de la Sociedad Civil, integrantes de la Misión Civil de Observación Zona Altos

 

Comunicado público

 

CHALCHIHUITÁN: Continúa la negligencia del Estado mexicano ante desplazamiento forzado de miles de familias indígenas, propiciado por  la impune acción de grupos armados de corte paramilitar

 

Las organizaciones firmantes, integrantes del Colectivo de Organismos de la Sociedad Civil, de la Misión Civil de Observación Zona Altos, lamentamos y denunciamos la inacción de las autoridades municipal, estatal y federal para –luego de más de cuatro meses- atender adecuadamente la urgencia humanitaria de más de 5000 indígenas tsotsiles en desplazamiento forzado en el municipio de Chalchihuitán, Chiapas.

Denunciamos también que, luego de un fallido proceso de “Diálogo”, desarrollado a través de la instalación de una Mesa de Atención Interinstitucional realizada el 20 de diciembre de 2017, de la cual se desprendieron las igualmente fallidas Mesas temáticas (Seguridad, Ayuda Humanitaria, Agraria y Desarrollo Social) resultando a la fecha, en una total muestra de incapacidad y de una plena complicidad del Estado mexicano, que, lejos de resolver de raíz y de forma estructural la violencia y la impunidad existente, y garantizar efectivamente el inmediato retorno de todas las personas desplazadas de manera forzada, a sus casas y comunidades de origen, los grupos armados de corte paramilitar, continúan actuando impunemente, mismos que -como se ha venido denunciando públicamente desde nuestro primer pronunciamiento emitido el 15 de diciembre pasado- hoy día, tres meses después, han mantenido y extendido su acción intimidatoria.

Los gobiernos federal y estatal continúan negándose a aceptar y reconocer  oficialmente el estatus legal de desplazamiento forzado interno, de todas las familias y personas bajo esta inhumana situación, reconocimiento que implicaría la aplicación inmediata de la Declaración de los  “Principios rectores de Desplazamiento interno de la Organización de las Naciones Unidas” y de la “Ley para la prevención y atención del Desplazamiento interno en el estado de Chiapas”. En vez de ello nos han reportado que desde hace varias semanas, ha cesado la ayuda humanitaria prometida y anunciada por diversas instancias gubernamentales, presentándose en cambio, una inaceptable y corrupta injerencia de los partidos políticos en el proceso.

En ese contexto, como Colectivo de Organismos de la Sociedad Civil, integrantes de la Misión Civil de Observación Zona Altos,

 

Manifestamos:

 

1.- Nuestra reiterada preocupación e indignación por la gravísima crisis humanitaria, impunidad y violencia estructural, que, desde hace más de cuatro meses se vive en el territorio comunal y municipal de Chalchihuitán y zonas aledañas, producto de la aquiescencia con la que opera en la zona la delincuencia organizada, misma que, a través de la documentada acción impune de grupos armados de corte paramilitar, ha obligado al desplazamiento de más de cinco mil indígenas (la mayoría en situación de extrema vulnerabilidad: mujeres, niñas y niños, y ancianas y ancianos) provocando con ello, hasta el momento, la muerte documentada de once personas (mujeres, niños-as y ancianas-os), y manteniendo a la población desplazada en un permanente estado de angustia, miedo y sufrimiento, condición ejemplificada con el suicidio de un adolescente indígena, quien ingirió agroquímicos, que le provocaron una dolorosa y prolongada agonía.

2.- De manera particular, expresamos nuestra mayor inconformidad, por la omisión del Estado mexicano (en sus tres niveles de gobierno) en relación a:

a) Considerar como prioridad y resolver la grave situación de supervivencia, que enfrentan los cerca de 500 niñas y niños y adolescentes, que permanecen en una inhumana condición de desplazamiento interno, que exacerbada por la histórica condición de injusticia, inequidad y pobreza extrema, en la que vive el 97% de la población total del municipio de Chalchihuitán, donde de por sí, la tasa de mortalidad infantil en niñas y niños menores es de 166 por cada mil, trece veces más que la establecida a nivel estatal. Con ello, se es omiso en la ejecución y coordinación de medidas de protección especial a la infancia desplazada, como lo marca la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el estado de Chiapas en los artículos 12, 41 y 100 que señalan que el Estado deberá proveer al menos, “alimentos indispensables, agua potable, cobijo y alojamiento básicos, vestido adecuado, servicios médicos y de saneamiento indispensables, así como la educación básica obligatoria” (art 12). Asimismo se ha incumplido con su obligación de garantizar el derecho de prioridad en la atención a la infancia y ha sido omiso en considerar el principio de Interés Superior en su actuación, como lo mandata el artículo 4o constitucional.

b) Atender de manera urgente la situación que sufre cerca del 70% de la población desplazada, conformada por mujeres, niñas y ancianas, población que por su condición de género, ejemplifica todas las vulnerabilidades que debieran ser consideradas dentro del protocolo de atención integral para estos casos. Las mujeres en situación de desplazamiento forzado enfrentan grandes cambios en su vida. En lo privado se altera la cotidianidad con que se realizan las tareas domésticas, los cuidados de los menores de edad y de las ancianas y ancianos, la distribución y uso del espacio, la tranquilidad emocional como personas y la convivencia con otras familias. En lo público, se profundiza la división sexual del trabajo, y con ello, una mayor discriminación en cuanto el acceso a alimentos y a la participación y toma de decisiones en procesos comunitarios organizativos y en particular, en el proceso de atención al conflicto, viéndose obligadas a asumir roles nuevos y diferenciados que las afectan en forma extrema, opuesto a la situación que viven los hombres desde su condición masculina.

En ese sentido, el Estado mexicano está siendo igualmente omiso en lo relativo a la Resolución 1325 de la Organización de las Naciones Unidas, que señala que las mujeres, niños y niñas se ven afectadas de manera especial por los conflictos armados, sean internos o no. En tal sentido, la citada resolución insta a los Estados a adoptar una perspectiva de género que tenga en cuenta las necesidades particulares de las mujeres y las niñas; en nuestro contexto, esto además implica considerar las particularidades culturales y sociales de las familias indígenas afectadas.

 

3.- Nuestro rechazo al establecimiento de una Base de Operación Mixta (BOM) en la zona Chalchihuitán-Chenalho, misma que, en el marco de la aprobación de la anticonstitucional Ley de Seguridad Interior, lejos de brindar una verdadera seguridad a la población local y a los integrantes de Misiones y caravanas de Observadores de Derechos Humanos, en los hechos significa, -además de la intimidatoria militarización que pone en riesgo el delicado proceso de diálogo y la posible conciliación entre la base comunitaria de ambos municipios- significa un seguro incremento en los índices de alcoholismo, prostitución, violencia de género; así como en el abuso, violación y embarazos de adolescentes.

 

4.- En ese contexto, como Colectivo de la Sociedad Civil, resaltamos la importancia de la resolución de la a Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que solicita al Estado mexicano la aplicación de medidas cautelares en beneficio de los pobladores afectados.

 

Es importante señalar que la CIDH reflexiona en su resolución que ”La Comisión (…) considera que no cuenta con información que indique que el riesgo generado por grupos armados que tuvieron recientemente la capacidad de cortar carreteras y originar el desplazamiento forzado de aproximadamente 5,000 personas de sus comunidades de origen haya sido efectivamente mitigado”

 

El informe con el cual diera contestación el Estado mexicano a la solicitud de dichas medidas cautelares basa gran parte de su contenido en señalar cuantitativamente los víveres y asistencia médica destinada, siendo que incluso ha sido denunciado por los afectados que dicha ayuda humanitaria no llega en las cantidades declaradas. Así mismo intenta argumentar que ha cesado la situación de riesgo de nuevas agresiones fundándose en los diálogos intermunicipales así como en el hecho de que un aproximado de 65% de los desplazados han retornado. Denunciamos la minimización del riesgo hecha por el estado y lo responsabilizamos de cualquier nueva agresión propiciada por su postura siendo que el retorno no garantiza su seguridad y vida ya que continúan los disparos y en cualquier momento pueden escalar las agresiones.

Concordamos con lo determinado por la CIDH pues consideramos que la situación de riesgo no cesará en tanto el Estado mexicano no tome medidas para investigar al grupo armado respecto a su: 1) Conformación y estructura; 2) Financiamiento; 3) Relación o interés que tiene en el conflicto de índole territorial: 4) Relación con autoridades de los 3 niveles de gobierno; 5) Origen de las armas utilizadas; 6) Fuente del adiestramiento en el uso de las armas y para realizar operaciones coordinadas como la desplegada el día del desplazamiento, investigación que lleve a desarmarlo y desarticularlo.

Urgimos al Estado mexicano a acordar con los afectados medidas cautelares que lleven a una solución de fondo al riesgo a ser agredidos por el grupo armado reiteradamente señalado.

 

5.- Finalmente, manifestamos nuestro reconocimiento, solidaridad y apoyo, al grupo de líderes históricos y legítimos representantes de campamentos de desplazados forzados internos y de más de un millar de personas (mujeres, niñas y niños, ancianas y ancianos y hombres adultos) en esa condición, del municipio de Chalchihuitán, quienes, contando con el acompañamiento constante de la parroquia San Antonio de Padua, de Simojovel, San Pablo Chalchiuitán y de la organización Cáritas, de forma consciente y voluntaria, han decidido conformar una instancia colectiva autónoma y en resistencia pacífica, para defender los intereses y urgentes necesidades de todas las familias desplazadas que no aceptaron el retorno forzado y sin garantías, sumándonos totalmente a sus demandas centrales (desarme y desarticulación de grupos paramilitares; reconocimiento y declaración oficial de su situación como Desplazados forzados internos; garantías de retorno a sus comunidades de origen y libre circulación; así como reparación Integral de daños a todas las familias desplazadas)

 

Atentamente

Integrantes del Colectivo de Organismos de la Sociedad Civil,

integrantes de la Misión Civil de Observación Zona Altos

Campaña Popular Contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas: Mujeres y hombres de la regiones, norte, altos, sierra frontera, Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH), Brigada Feminista por la Autonomía, Casa Cereza, Casa de la Mujer de Palenque, Casa Gandhi, Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVIF), Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa AC, Centro de Investigación y Acción para la Mujer Latinoamericana (CIAM), Grupo de Mujeres de San Cristóbal COLEM, El Paliacate Espacio Cultural, Formación y Capacitación (FOCA), Colectivo Educación para  la Paz y los Derechos Humanos A.C. (CEPAZDH), Melel Xojobal, A.C, Promedios De Comunicación Comunitaria, Red de Mujeres Chiapanecas contra la violencia hacia las mujeres, Red Mesoamericana Mujer Salud y Migración, Save the Children, Semilla del Sur, Skolta’el Yu’un Jlumaltic, A. C. (SYJAC), Alianza Global Pediátrica, Estudiantes, fotógrafos, artistas, músic@s, medios libres y personas en lo individual

 Colectiva Cereza

Maderas del Pueblo del Sureste, AC

 

 

Se adhieren y suscriben solidariamente este comunicado (en orden alfabético):

 Carta Mesoamericana: información y servicio para comunidades migrantes; Colectivo Ingeniummex San Cristóbal de las Casas; Comité Nacional Para la Defensa y Conservación de los Chimalapas (CNDyCCh); Ik Balam, Agencia de noticias ambientales; Organización para la Defensa de la Medicina Indígena Tradicional de Chiapas, AC (ODEMITCh); Pacto de Grupos Ecologistas (PGE); Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos: Todos los Derechos para Todas y Todos. (Conformada por 84 organizaciones en 23 estados de la república); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chiapas); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristóbal de las Casas, Chiapas).

 

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La Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas se reúne con Embajadora de Suecia.

 

Comunicado de Prensa

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; 17 de marzo de 2018.

La Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas se reúne con Embajadora de Suecia.

Violencia feminicida, desplazamiento forzado, militarización, migración, situación de las mujeres indígenas, niñas, niños, adolescentes y feminicidios temas de la agenda.

El pasado martes 13 de marzo de 2018 en la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, integrantes de la Campaña Popular Contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas (Campaña Popular) sostuvieron una reunión con la Embajadora de Suecia en México, la Sra. Annika Thunborg, en el marco del Encuentro de Personas Defensoras de Derechos Humanos en Chiapas.

La organización internacional de acompañamiento a personas defensoras SweFor (Movimiento Sueco por la Reconciliación), como preámbulo, mencionó el interés del gobierno sueco por conocer la situación actual de los derechos humanos de las mujeres y la violencia feminicida en México, trayendo a la memoria la impunidad en que se mantiene el asesinato de la Defensora Digna Ochoa perpetrado en el año 2001 en la Ciudad de México.

Durante el encuentro, las organizaciones participantes denunciaron la existencia de un contexto histórico, persistente y sistemático de violación a los derechos humanos de mujeres, niñas, adolescentes, indígenas y migrantes en Chiapas. Se hizo especial énfasis en el recrudecimiento de la violencia hacia las mujeres, la conflictividad social y la división comunitaria ante la coyuntura electoral.

La Campaña Popular precisó que a más de un año de haberse declarado la Alerta de Violencia de Género las acciones implementadas por el Gobierno de Chiapas tienen un carácter publicitario, manipulador y de uso de las mujeres a través de los programas asistencialistas (ej. PROSPERA, Salario Rosa) y de los partidos políticos, que encubren la grave omisión del Estado Mexicano a su deber de atender, prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres.

El Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa refirió que las acciones estatales han sido una burla para la lucha contra la violencia hacia las mujeres, ejemplo de ello fue la rodada ciclística realizada el pasado 8 de marzo en la Ciudad de Tonalá, organizada por el Ayuntamiento para “evitar más agresiones a mujeres”, sin que ello trascienda a garantizar acceso a la justicia para las personas denunciantes que refieren que las carpetas de investigación contienen crímenes en impunidad.

Ana Isabel Nigenda Cervantes, de Formación y Capacitación A.C., también denunció la grave situación que enfrentan las mujeres y niñas en el contexto de movilidad humana, quienes se insertan en contextos que vulneran no solo sus derechos sino su dignidad humana, son constantemente víctimas de la violencia estructural, que se presenta en forma de servidumbre, trata de personas, trabajos forzados, tortura y tratos crueles e inhumanos, explotación y violencia sexual, embarazos no deseados, secuestros, extorsiones, desapariciones forzadas, violencia intrafamiliar y feminicidios, por parte de grupos delictivos, sumado al abuso de las autoridades mexicanas civiles y militares. En Chiapas existe incluso una Fiscalía Especializada para personas Migrantes y otra especializada contra la Trata de Personas y ninguna de estas es funcional pese a que estamos en un estado fronterizo en donde las denuncias por trata y abuso a personas migrantes es una constante que documentamos las organizaciones defensoras de derechos humanos.

Jennifer Haza de la organización Melel Xojobal, expusó el contexto de violencia por la que atraviesan niñas y adolescentes, ya que desde 2011 a la fecha se han registrado 47 feminicidios de niñas y adolescentes por su condición de género, de igual forma mencionó que en Chiapas un 44% de mujeres de 15 años o más han experimentado algún tipo de violencia.

Gloria Flores y Julieta Gómez del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, AC, denunciaron que la situación de violencia cultural que viven las mujeres indígenas y campesinas fue otro de las temáticas que, de manera atenta, escuchó la Embajadora Thunborg, sobre la cual el Gobierno de Chiapas ha demostrado su falta de interés y capacidad para abordar con políticas adecuadas la transformación de las prácticas culturales que las discriminan, así como la generación de acciones que les garanticen el acceso a la justicia y combatan la constante impunidad de la violencia feminicida y los feminicidios que se han registrado en las comunidades de la Entidad. El no tener acceso a la justicia las hace más vulnerables y deciden no denunciar porque las revictimizan.

Karla Aguilar Herreros, de la Organización Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente A.C., compartió la omisión del Estado a su deber de garantizar a las mujeres el acceso al agua potable y a servicios de salud de calidad. Lo que ha generado el incremento de muertes maternas, tracoma y diabetes. En este sentido, San Cristóbal de Las Casas, Bejucal de Ocampo, y El Porvenir son los municipios con más alto índice de muerte materna. También denunció que en todo Chiapas existe una falta de infraestructura hospitalaria significativa que se refleja en el funcionamiento de únicamente dos bancos de sangre (Tapachula y Tuxtla Gutiérrez) para toda la Entidad. El Colectivo, de igual manera, hizo hincapié en las violaciones sexuales a mujeres en el trayecto de su casa al ojo de agua.

Susana Montes, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC alertó sobre las consecuencias que la militarización genera en la vida de las mujeres y sus comunidades, situación que debe atenderse ante la posible aplicación de la Ley de Seguridad Interior. Además Chiapas ha vivido la violencia que la incursión militar en los territorios conlleva: desaparición forzada, desplazamientos, ejecuciones extrajudiciales, violaciones, aumentos de embarazos e hijos sin padres, etc.

Mercedes Ozuna de Semilla del Sur denunció la falta de atención a las 1329 personas desplazadas en el municipio de Chalchihuitan, Chiapas, a quienes el Gobierno de Chiapas ha dejado de suministrar alimentos y atención médica a pesar del compromiso que adquirió ante organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, entre ellos, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas.

Martha Figuera, de COLEM, expusó que en períodos electorales los feminicidios aumentan, que si bien el Gobierno de Chiapas se ha comprometido a atender la problemática, las acciones han sido insuficientes y solicitó a la Embajadora transmitiera esta información al Gobierno de Suecia para que se pronuncié respecto del incumplimiento del Estado Mexicano a su deber de garantizar los derechos humanos específicamente de las mujeres y niñas.

Las participaciones terminaron con la palabra de dos personas desplazadas del Municipio de Chalchihuitan, quienes narraron la situación de desplazamiento forzado a causa de grupos civiles armados y las condiciones actuales en las que viven tras el olvido institucional.

El encuentro finalizó con una ronda de preguntas por parte de la Embajadora, quien mostró interés en cada una de las participaciones de las integrantes de la Campaña Popular.

¡No más violencia contra las mujeres!

Atentamente:
Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas

Descarga aquí el comunicado de prensa en PDF

Aquí los informes que las organizaciones civiles entregaron a la Embajada de Suecia:

Situación de mujeres indígenas y campesinas en Chiapas_CDMCH

Datos violencia contra niñas Melel Xojobal

Mujeres en contexto de la movilidad humana FOCA

Audio de la reunión con la embajadora de Suecia:

Comunicado del posgrado en feminismo del centro de estudios superiores de México y Centroamérica (CESMECA)

San Cristóbal de Las Casas,  2 de febrero  2018

Las estudiantes del posgrado en estudios e intervención feministas del centro de estudios superiores de México y Centroamérica miramos con preocupación la determinación tomada por mayoría de votos el día de hoy dentro de la sexagesima sesión extraordinaria del consejo universitario de la universidad de ciencias y artes de Chiapas respecto de la aprobación del dictámen de fecha 26 de enero de 2018 emitido por la comisión de otorgamiento de grados para reconocer con grado de doctor honoris causa al general salvador Cienfuegos zepeda. Dado que es evidente que el general en cuestión carece de una trayectoria académica sobresaliente, asumimos, como ya se ha dicho que el premio obedece a  la naturaleza de las funciones al frente de la institución castrense del estado mexicano, como ya se ha dicho aquí. Por lo que, en virtud de que el premio es otorgado a la institución del ejército y que se ha abundado ya acerca del papel que ha jugado en el ocultamiento de crímenes de lesa humanidad, las ejecuciones extrajudiciales, el hermetismo y obstrucción de la justica civil, querríamos hablar aquí acerca de lo que las prácticas castrenses significan para las mujeres y que en este caso son estas prácticas las que son premiadas al reconocer con honores al mando de esa institución. Rita Segato ha sostenido en torno a investigaciones que involucran el actuar castrense, que en las últimas décadas los cuerpos de las mujeres o los cuerpos feminizados han sido objeto de agresiones sexuales que han pasado a ocupar una posición central como arma de guerra productora de crueldad y letalidad, ejemplos de ello hay innumerables pero por mencionar algunos de los más emblemáticos, tenemos el caso de Valentina Rosendo Cantú y Yenys Bernardino Sierra quienes en un contexto de presencia militar en el estado de guerrero fueron objeto de tortura y Agresión sexual por parte de elementos militares en funciones, también está el caso de Inés Fernández Ortega por la violación sexual cometida en su perjuicio por parte de agentes militares también, estos casos resuenan porque fueron llevados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y condenado el Estado mexicano por vulnerar el Derecho a la honra, a la intimidad, a la integridad personal, a la Dignidad, a la Igualdad ante la ley, a la Protección judicial, entre otros, en ambos fue un elemento común la falta de investigación y sanción de los responsables quienes fueron militares con mandos superiores como lo es ahora el general Cienfuegos. Fue un agente castrense el que agredió sexualmente y asesinó con brutalidad a Sabina Patricia en 2008 y fue también un elemento del ejército el que cometió el primer feminicidio del 2018 en Chiapas. No podemos ignorar que cada vez que existe la presencia militar, la violencia sexual y feminicida se multiplica. También coincidimos en reconocer el enlace lógico que resulta de conectar las reformas estructurales, el plan Mesoamérica que potencia los megaproyectos extractivistas, la ley de seguridad interior y el intento por consolidar la reputación de una institución indefendible que será la que intente materializar esos megaproyectos y consideramos nuestra responsabilidad denunciar y realizar acciones en oposición a esta estrategia por pertenecer a un centro de estudios que se posiciona desde el pensamiento crítico, incluyendo el feminista. Con las compañeras, coincidimos en lo aberrante que sería la entrega de este premio también pensando en el próximo proceso electoral en el que Chiapas es considerado foco rojo. Con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior impulsada por Cienfuegos se avisora una represión “legalizada” y nos preguntamos cuáles fueron los motivos al interior de la universidad para proponer esta premiación a la ignominia. El Estatuto General de la UNICACH señala en su artículo cinco que los valores que debe cultivar son la equidad social, el humanismo, la igualdad, la honestidad, la solidaridad, la diversidad, justicia y respeto. ¿Acaso reconocer a un hombre artífice de la represión, que no actúa con claridad, honestidad, solidaridad y que obstaculiza la justica y no respeta la vida y la memoria de los jóvenes de Ayotzinapa no atenta contra estos principios?

Proponemos que se realicen acciones en torno a esta decisión vergonzosa, desde la puesta de mantas hasta ir al evento a recordarle al general lo que ha hecho y evidenciar a las autoridades que someten a la universidad al aparato militar y a decisiones centralizadas del ejecutivo.

 

Posgrado en feminismos del CESMECA

PRONUNCIAMIENTOS:

PronunciamientoEstudiantesCesmeca

PronunciamientoCesmeca

ComunicadoPosgradoFemin

AUDIOS CONFERENCIA DE PRENSA:

Acción urgente: Alto a la violencia en Oxchuc

 

 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas,  México

                                                                                                      24 de enero de 2018.

ACCIÓN URGENTE

 

Alto a la violencia en Oxchuc

 

Las organizaciones civiles firmantes hacemos un llamado a la sociedad civil nacional e internacional para que se pronuncie ante la inminente agresión de un grupo civil armado en contra de la población del municipio de Oxchuc, Chiapas.  Se ha hecho de nuestro conocimiento que el día de ayer 24 de enero, aproximadamente a las 11:00 de la mañana, comenzaron a escucharse disparos en algunas comunidades y en la cabecera municipal, en la cabecera municipal y en algunas comunidades cercanas, lo que ocasionó temor  en los habitantes.

Pobladores del municipio nos informaron que ante la inseguridad, por órdenes del gobierno estatal fueron desalojados los niños y maestros de las escuelas, así como pacientes, personal médico y de enfermería de los centros hospitalarios, lo que denota una situación de riesgo que  vulnera la seguridad e integridad de las mujeres, niñas, niños y demás población.

De acuerdo a información proporcionada por vecinos del municipio, hasta el momento se reportan 20 personas desaparecidas, que se desconoce su genero y edad; 17 heridos, entre ellos se encuentran Juan Gabriel Méndez López de 36 años (abogado comunitario del Movimiento con Justicia y Paz para el pueblo de Oxchuc y quien representó a la comunidad en el Amparo promovido para rechazar las presencia de partidos políticos en el municipio, recientemente promovió un Amparo contra la Ley de Seguridad Interior),
Julio Cesar Gómez Santíz de 24 años de edad, Manuel Gómez López de 39 años, Bonifacio López Gómez de 39 años y el adolescente Néstor Avidal López Gómez de 15 años, José Alfredo Gómez López, de 20 años de edad, Moises Santiz Gómez de 27 años de edad, Alonso López Santiz de 36, Eliseo Góme Santiz, de 17 años, Javier Santiz Gómez de 37 años, Hugo Santiz Gómez de 21 años, Alexander López Gómez de 16 años, Juan Gómez López de 17 años, Edagar Jhovani Santiz Gómez de 24 años, Rafael López Santiz de 16 años, Marcelo Santiz Santiz de 31 años; y tres personas muertas, Ovidio López Sántiz, Víctor Sántiz Gómez y Francisco Méndez López, dos de ellos pertenecen a la comunidad Media Luna y el otro a la comunidad Cruxilja cuyo cuerpo aún permanece en el lugar de los hechos y al parecer se trata de Ovidio Gómez López quien tenía el cargo de Primer Regidor.

De igual forma, existe la amenaza de que en los próximos días la cabecera municipal sea ocupada por un grupo civil armado, que según fuentes locales, se concentra en las comunidades: Piedra Escrita, El Mash (colinda con Chanal), Cruxton (colinda con San Juan Cancuc) y Yochib (que colinda con Tenejapa). Por la manera en que se suscitaron los hechos de violencia, los pobladores consideran que se trata de personas ajenas al municipio, que tienen entrenamiento y portan armas de grueso calibre.

El temor persiste y es real, ya que el día de hoy, 25 de enero, alrededor de las ocho de la mañana nuevamente se escucharon disparos cerca de la comunidad Piedra Escrita y el crucero de Cruzton, de Oxchuc, no se ha reportado el cese de las detonaciones. Asimismo no se tiene certeza de la existencia de heridos o muertos porque la población vecina no ha podido ingresar y tampoco hay presencia la policía estatal.

El día de ayer 24 de enero, Juan Carlos Gómez Aranda, Secretario de Gobierno del Estado, condenó los hechos e informó que mantiene comunicación con la población y los agresores e invitó al dialogo para solucionar un problema ocasionado por el mismo gobierno.  Esto sólo refleja el cinismo y omisión por parte de las autoridades.

Este problema deriva de conflictos post electorales no resueltos desde el 2015, a partir de esta fecha han ocurrido varios actos de violencia y enfrentamientos con la aquiescencia del Gobierno de Chiapas, afectando a toda la población del municipio, que en su mayoría se encuentra conformada por mujeres, niñas y niños, quienes ante los rumores de mayores actos de violencia, se encuentren aterrorizadas y resguardadas en sus casas.

Cabe señalar que este ataque se da en el marco de una acción popular, en la que la comunidad se estaba organizando para reaperturar el entierro sanitario que simpatizantes de la presidenta municipal María Gloria Sánchez habían clausurado.

El municipio de Oxchuc, está considerado dentro de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, motivo por el cual exigimos acciones urgentes y necesarias a fin de que se proteja la integridad de la población en general y particularmente la de las mujeres, niños y niñas.

Ante esta circunstancia de grave riesgo para la vida e integridad de las mujeres, niñas, niños y demás pobladores de Oxchuc exigimos al Estado Mexicano que:

  • Garantice con urgencia la protección a la vida, seguridad e integridad física y psicológica de los habitantes del municipio de Oxchuc.
  • Proporcione atención médica adecuada, sin criminalización alguna a las personas heridas;
  • Reconozca su responsabilidad en el conflicto político que se vive en el municipio;
  • Cumpla con las medidas derivadas de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para Chiapas, específicamente para los municipios indígenas;

Nos preocupa que esta situación sea usada como excusa para justificar una irrupción y represión, que rompa el proceso organizativo de las comunidades que reivindican su autonomía y libre autodeterminación, por parte de los tres niveles de gobierno en el territorio indígena de Oxchuc, violando los derechos humanos de la población indígena tseltal que ocupa dicho municipio.

Por lo que hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional para que se pronuncien y exijan al Estado Mexicano garantizar la vida, libertard, seguridad e integridad de la población afectada en Oxchuc, Chiapas.

 

Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C.

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A. C.

Melel Xojobal, A.C.,

Semillas del sur, A.C.

 Agua y vida A.C.

 

 

 

Pedimos envíen sus llamamientos a:

Sr. Presidente Enrique Peña Nieto

Residencia Oficial de los Pinos

Casa Miguel Alemán

Col. San Miguel Chapultepec,

C.P. 11850 Ciudad de México

Fax: (+52) 55 5093 4901

Correo: enrique.penanieto@presidencia.gob.mx

Twitter: @PresidenciaMX

 

Alfonso Navarrete Prida

Secretario de Gobernación

Bucareli 99, 1er. piso

Col. Juárez

Delegación Cuauhtémoc

C.P. 06600 Ciudad de México

Fax: (+52) 55 5093 34 14;

Correo: secretario@segob.gob.mx

 

Luis Raúl González Pérez,

Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,

Edificio “Héctor Fix Zamudio”,

Blvd. Adolfo López Mateos 1922, 6°piso,

Col. Tlacopac San Angel,

Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01040;

Ciudad de México;

Fax: (+52) 0155 36 68 07 67;

Correo: correo@cndh.org.mx

Twitter: @CNDH

 

Manuel Velasco Coello

Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas

Palacio de Gobierno del Estado de Chiapas, 1er Piso

Av. Central y Primera Oriente

Colonia Centro

C.P. 29009 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Fax: (+52) 961 61 88088 – + 52 961 6188056;

Extensión 21120. 21122;

Correo: secparticular@chiapas.gob.mx

Twitter: @VelascoM_

@gubernaturachis

 

Juan Carlos Gómez Aranda

Secretario General de Gobierno en Chiapas

Palacio de Gobierno del Estado de Chiapas, 2o. Piso

Colonia Centro

C.P. 29000 Tuxtla Gutiérrez

Chiapas

Conmutador: (+52) 961 61 8 74 60 Ext. 20003

Correo: secretariaparticular.sgg@gmail.com

 

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Preocupa falta de investigación y sanción de los feminicidios en México: OCNF

 

Ciudad de México a 22 de enero de 2018

Comunicado de prensa

Preocupa falta de investigación y sanción de los feminicidios en México: OCNF

Luego de conocer las cifras difundidas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP) en relación a los feminicidios en México, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) manifiesta su preocupación ante la evidente falta de investigación de las muertes violentas de mujeres como feminicidio, lo que deriva a que estas sean investigadas por otras causales como: suicidio, homicidio, etc.

El pasado domingo 21 de enero el SESNSP hizo pública información sobre Presuntos delitos y víctimas de feminicidio en la que refiere que de 2015 a  2017, las procuradurías o fiscalías estatales registraron 1,640 carpetas que iniciaron una investigación por el delito de feminicidio en México: 389 en el año 2015; 580 casos en 2016, y 671 en 2017, es decir un aumento del 72% entre 2015 y 2017, según los datos difundidos.

Sin embargo, “el subregistro y la falta de investigación de muchos casos, que son investigados por otras causales, deriva no sólo en su invisivilización sino en la impunidad y prevalencia”, advierte el OCNF.

De acuerdo a los datos recabados por el OCNF -a través de solicitudes de información a las procuradurías y fiscalías de todo el país- tan solo en 2015 las cifras proporcionadas por las Procuradurías de Justicia de 19 estados del país, nos indican que de enero a diciembre de ese año  fueron asesinadas 1,595 mujeres, de los cuales 622 casos fueron investigados como feminicidios, es decir sólo un 38 % del total de asesinatos.

En 2016, la información proporcionada por las Procuradurías de Justicia de 16 estados del país, afirman que enero a diciembre  de ese año  fueron asesinadas 1, 455 mujeres, de las cuales 668 casos fueron investigados como feminicidios, es decir sólo un 45%.

Por otra parte, tan sólo en el primer semestre de 2017 (de enero a junio), el OCNF recibió información de 17 Procuradurías de Justicia a través de las cuales registró 914 asesinatos de mujeres en: Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Oaxaca, Sonora, Chihuahua, Puebla, Coahuila, Sinaloa, Campeche, Hidalgo Chiapas, Quintana Roo y Colima. Tan sólo el 49%  de los casos es investigado como feminicidio.

De igual manera, en su informe “La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016”  la Oficina de ONU Mujeres en México, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y la propia Secretaría de Gobernación (SEGOB) afirman que tan solo en 2016 hubo un total de 2,746 asesinatos de mujeres.

En su conjunto, los datos recabados por el SESNSP, organismos nacionales e internacionales, evidencian la prevalencia e incremento de los feminicidios en México, la falta de investigación de los asesinatos de mujeres como feminicidios (desde un inicio) y no por otras causales, así como la necesidad urgente de políticas públicas que contribuyan a la erradicación de la violencia más extrema hacia las mujeres, entre ellas un banco de datos a nivel nacional que permita realizar un diagnóstico sobre la situación real de los feminicidios en cada una de las entidades.

El subregistro, la ausencia y negación de datos, la pérdida de las pruebas, la falta de sensibilización en las y los servidores públicos, la omisión, negligencia, y la falta de voluntad para acreditar el delito, es un obstáculo para identificar, investigar y sancionar los feminicidios con perspectiva de género para poder determinar si hubo o no razones de género en la causa de la muerte.

Pese a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 554/2013 sobre el caso de Mariana Lima Buendía en la que el máximo tribunal nacional estableció lineamientos específicos para la investigación en los casos de asesinatos de mujeres y que “todas las muertes violentas de mujeres deben ser investigadas como feminicidio, con perspectiva de género y con base en los estándares internacionales más altos”, la realidad es otra.

Además de su incremento e impunidad, como Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio hemos identificado la agudización de la saña, brutalidad y violencia extrema con la que son asesinadas las mujeres, el uso de diversos tipos de armas y métodos para acabar con sus vidas, un patrón íntimamente relacionado entre la desaparición de niñas y mujeres con el feminicidio, la participación de diversos tipos de agresores, entre otros factores que envuelven la realidad de la violencia contra las mujeres en México.

Pese a las alertas de género que hoy en día han sido declaradas en 13 estados de la República, las acciones para prevenir, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia sigue siendo una agenda pendiente, por lo que hacemos un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno a tomar acciones contundentes para erradicar la violencia contra las mujeres y exigimos:

-Tener como prioridad gubernamental salvaguardar la vida e integridad física de las mujeres en México.

-Realizar de manera coordinada acciones interinstitucionales para que de manera eficaz se prevenga y sancione cualquier acto violento hacia las mujeres.

-Investigaciones y sanciones prontas, efectivas y con perspectiva de género.

-Construyan e implementen políticas públicas que contribuyan a la erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres, entre ellas el banco nacional de datos, alumbrados públicos, entre otras.

-Recabar, analizar y difundir los datos sobre la violencia feminicida en México de manera exhaustiva.

Ante la alerta nacional que significa la violencia feminicida en México el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio estará atento de las acciones que el Gobierno Federal y los gobiernos estatales realicen para su erradicación.

Atentamente,

Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio

En riesgo la vida y la integridad de centenares familias desplazadas-retornadas en la zona de conflicto

 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
a 04 de enero de 2018

Actualización
Acción Urgente 01

En riesgo la vida y la integridad de centenares familias desplazadas-retornadas en la zona de conflicto

Retornan bajo presión del gobierno de Chiapas y sin condiciones de seguridad
Certificado de impunidad al grupo armado de corte paramilitar de Chanalhó
Continua la violencia generalizada en el territorio comunal de Chalchihuitán

Las organizaciones de la sociedad civil que conformamos el Colectivo desde hace varios meses hemos recibido información sobre la situación de desplazamiento forzado en el que se encuentra el pueblo tsotsil de Chalchihuitán, y de que de ellos, el grupo que recién retornó a sus comunidades –Pom, Ch’enmut, Cruzkakalnam, Tzomolton, Cruzton, Bejeltón y Bololchojon son 3858 personas (niños, niñas, mujeres, hombres) y según testimonios, nos reportan que bajo una persistente presión de funcionarios del gobierno -sobre todo de protección civil-, y ante el hecho de ver perder sus cosechas, animales, posesiones y viviendas, sin que los gobiernos federal y estatal cumplieran el desarme y desarticulación de los grupos armados, desde alguna instancia se tomó la decisión de retornar a sus comunidades de origen, sin condiciones ni medidas de seguridad. Del total de personas desplazadas, otras 1165 personas no retornaron por el temor constatado, causado por las acciones armadas que continua haciendo el grupo armado de corte paramilitar.

Es grave que, diversos testimonios confirman que continúan los disparos de armas de alto poder y la tensión en toda la región, lo que da como consecuencia, el alto riesgo a la vida e integridad de las familias que retornaron a sus comunidades a partir del pasado 2 de enero, siendo de nuevo, las mujeres, los niños, niñas, las ancianas y ancianos, las más afectadas y vulnerables en este retorno y quienes además, no participan en la toma de este tipo de graves y delicadas decisiones.

En estas condiciones, el riesgo de una masacre es clara. De ocurrir, la responsabilidad directa es de los 3 niveles de gobiernos: el federal, el del estado de Chiapas y el municipal de Chalchihután, quienes con su inacción, han permitido este retorno al matadero, ya que van sin alimentos, con la cosecha perdida por la violencia generalizada, varios de ellas y ellos enfermos y bajo los impactos psicológicos de la violencia, todo lo cual da evidencia que en ningún momento están aplicando los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la Organización de Las Naciones Unidas, lo cual implica que no se están respetado, garantizando y protegiendo los derechos humanos de las desplazadas/os y desplazadas/os ahora retornadas/os.

Siendo entonces un retorno de altísimo riesgo en vidas e integridad física de centenares de familias indígenas, lo que demuestra el desprecio hacia los pueblos originarios, ya que constituye un hecho criminal que es contemplado y consentido por los gobiernos federal, estatal y municipal,

No obstante que se instaló una mesa de seguridad con los gobiernos federal y estatal para atender la demanda de desarticulación, desmantelamiento y castigo al grupo armado de Chenalhó, al momento no hay ninguna respuesta y ningún avance, pues –reiteramos-, el grupo armado de corte paramilitar sigue actuando en impunidad.

Ante esta situación grave y critica, como colectivo de organizaciones que envía esta Acción Urgente, exigimos Alto a las acciones armadas en la región, reiteramos la exigencia de su desarticulación, castigo y que se garantice de manera inmediata y urgente la vida e integridad de las familias desplazadas retornadas, así como de aquellas que han decidido no retornar a sus comunidades.

Pedimos envíen sus llamamientos a:

Sr. Presidente Enrique Peña Nieto,
Residencia Oficial de los Pinos,
Casa Miguel Alemán, Col. San Miguel Chapultepec,
C.P. 11850, Ciudad de México;
Fax: (+52) 55 5093 4901;
Correo:
enrique.penanieto@presidencia.gob.mx
Twitter: @PresidenciaMX

Lic. Miguel Ángel Osorio Chong,
Secretario de Gobernación
Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez,
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México,
C.P. 06600, México;
Fax: (+52) 55 5093 34 14;
Correo: secretario@segob.gob.mx

Luis Raúl González Pérez,
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
Edificio “Héctor Fix Zamudio”,
Blvd. Adolfo López Mateos 1922, 6°piso,
Col. Tlacopac San Angel,
Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01040;
Ciudad de México;
Fax: (+52) 0155 36 68 07 67;
Correo:
correo@cndh.org.mx
Twitter: @CNDH

Manuel Velasco Coello
Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas
Palacio de Gobierno del Estado de Chiapas,
1er Piso Av. Central y Primera Oriente,
Colonia Centro, C.P. 29009
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
Fax: +52 961 61 88088 – + 52 961 6188056;
Extensión 21120. 21122;
Correo:
secparticular@chiapas.gob.mx
Twitter: @VelascoM_
@gubernaturachis

Juan Carlos Gómez Aranda
Secretario General de Gobierno en Chiapas
Palacio De Gobierno, 2o. Piso, Centro C.P. 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Conmutador: (961) 61 8 74 60 Ext. 20003
Correo: secretariaparticular.sgg@gmail.com

Gustavo Víctor Moscoso Zenteno
Coordinación de Subsecretarías de Gobierno Regionales
Palacio de Gobierno, 2o. Piso, Centro C.P. 29200 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Conmutador: 61 874 60 Ext. 20031

Pedro Gómez Gómez
Subsecretario de Gobierno de la Región V. Altos Tsotsil-Tseltal
Francisco I. Madero No. 101, Barrio Guadalupe C.P. 29200 San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Teléfono: 01 (967) 67 465 94 Fax: 01 (967) 67 465 94

Firmas de organizaciones:

Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCh)
Centro de Derechos Indígenas A.C. (Cediac)
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C (Frayba)
Comisión para el Apoyo a la Unidad y la Reconciliación Comunitaria (Coreco)
Colectiva Cereza
Colectiva feminista las Juanas
Servicios y Asesoría Para la Paz (Serapaz-Chiapas)
Melel Xojobal A.C
Maderas del Pueblo del Sureste A.C
Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad Coordinación Chiapas
Casa de la Mujer Ixim Ansetik
Salud y Desarrollo Comunitario A.C. (SADEC)
Ingenum Mex
Equipo de Atención Psicosocial Para la Situaciones de Violencia y Exclusión Social
Comité Nacional para la Defensa de los Chimalapas
Los Amorosos del Espacio Cultural José Antonio Reyes Matamoros (Los Amorosos)
Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (DESMI)
Colectivo Educación Para la Paz y los Derechos Humanos A.C. (CEPAZDH)

Campaña Popular Contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas: Mujeres y hombres de la regiones, norte, altos, sierra frontera, Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH), Brigada Feminista por la Autonomía, Casa Cereza, Casa de la Mujer de Palenque, Casa Gandhi, Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVIF), Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa AC, Centro de Investigación y Acción para la Mujer Latinoamericana (CIAM), Grupo de Mujeres de San Cristóbal COLEM, El Paliacate Espacio Cultural, Formación y Capacitación (FOCA), Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C. (CEPAZDH), Melel Xojobal, Promedios De Comunicación Comunitaria, Red de Mujeres Chiapanecas contra la violencia hacia las mujeres, Red Mesoamericana Mujer Salud y Migración, Save the Children, Semilla del Sur, Skolta’el Yu’un Jlumaltic, A. C. (SYJAC), Alianza Global Pediátrica, Estudiantes, fotógrafos, artistas, músic@s, medios libres y personas en lo individual.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos: Todos los Derechos para Todas y Todos. (Conformada por 84 organizaciones en 23 estados de la república):
Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chiapas); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristóbal de las Casas, Chiapas).

 

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desplazados chalchihuitan

 

Continúa precariedad y vulnerabilidad de población desplazada forzadamente de Chalchihuitán, Chiapas.

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• Infancia, mujeres y adultos mayores en riesgo por omisión de autoridades
• Aumenta a 9 las muertes a consecuencia del desplazamiento

Sábado 16 de diciembre 2017

En estos momentos se encuentra en la zona una brigada conformada por personal de salud de dos organizaciones no gubernamentales de Chiapas: Salud y Desarrollo Comunitario (SADEC) y Casa de la Mujer Ixim Antsetic (CAM), quienes desde hace muchos años colaboran con el Programa Interdisciplinario “Desarrollo Humano” de la UAM. Este grupo está dando continuidad a la brigada médica de la misión de Bachajón y a la misión de observación de derechos humanos, por lo que a partir del 4 de diciembre a la fecha se ha tenido presencia en la región de diversas organizaciones.

Una vez que la brigada arribó al sitio de conflicto el día 11 de diciembre confirman la precariedad y vulnerabilidad en la que se encuentra la población, afectando en mayor medida a niños, mujeres y personas de la tercera edad, “el frío es tremendo y la gente duerme debajo de plásticos que no los protegen, están muriendo de enfermedades que podrían evitarse”. De acuerdo a informes de la brigada, en los campamentos se vive con un miedo intenso, ya que “en la noche se oyen disparos de arma de fuego, por lo que grupos desplazados permanecen durante el día en lugares públicos, como son un templo o la cancha deportiva, pero en la noche prefieren dormir refugiándose en la montaña”.

Dos situaciones que complican el escenario son el clima y el estrés progresivo, éste derivado de la incertidumbre y el hostigamiento que vive constantemente la población, afectando seriamente a personas con enfermedades crónico degenerativas, llegando incluso a la muerte, la más reciente, María Domínguez Gómez de 57 años, quien padecía diabetes y falleció el 13 de diciembre, por neumonía.

Hasta el viernes 15 de diciembre han perdido la vida 10 personas: incluida la de Samuel Luna Girón, quien murió por arma de fuego en octubre, las 9 restantes ocurrieron durante el desplazamiento forzado como consecuencia de la violencia estructural que está viviendo la población, 4 adultos mayores, 1 mujer adulta, 3 menores (2 eran mujeres) y 1 muerte fetal.

Diversos informes que se han dado a conocer mencionan alrededor de cinco mil personas desplazadas de sus comunidades del municipio de Chalchihuitán en Chiapas.

Al respecto cabe enfatizar el pronunciamiento de Christian Skoog, representante de Unicef en nuestro país en el sentido de que es “absolutamente inaceptable que hoy en día, en México, mueran niños de hambre y de frío.”; así como su llamado a que se cumpla con el deber de proteger a la infancia, “respetando el principio del interés superior de la niñez que está establecido en el artículo cuarto de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.”

Asimismo, la Campaña Popular contra la Violencia a las mujeres y el feminicidio en Chiapas solicitó una intervención a la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional para prevenir y erradicar de Violencia contra las Mujeres desde el 12 de noviembre, apelando a que existe una Alerta de Violencia de Género, por lo que se debe garantizar la seguridad y vida de las mujeres y niñas de Chalchihuitan y Chenalhó. Nunca hubo respuesta. En este sentido es importante señalar que el fallecimiento de Adriana de Jesús, Maura y María, así como la muerte fetal, ocurren después de dicha solicitud. Por esto consideramos estas muertes como feminicidios de Estado.

Aunado a lo anterior, las mujeres no tienen posibilidad de participar en la toma de decisiones que dan origen a este conflicto territorial, situación que se suma a incertidumbre y miedo que están viviendo muchas mujeres en los últimos meses, no sólo de Chalchihuitán, también Chenalhó y Pantelhó.

Por otro lado, el fallo agrario que se hizo público el 13 de diciembre, aun cuando éste había sido dictaminado desde el 6 de noviembre, muestra que de haberse hecho en su momento muy probablemente se hubieran evitado las nueve muertes ya mencionadas, dejando ver una actuación negligente y omisa de las autoridades responsables.

En cuanto al fallo emitido a favor de Chenalhó, puntualizamos que la población de Chalchihuitán no sólo estará perdiendo sus tierras, sino su historia y su relación con sus antepasados que habitaron estas tierras desde tiempos remotos, siendo reconocidos en conformidad de linderos desde agosto de 1976, dejando ahora sin efectos jurídicos estos acuerdos.

En una “situación de riesgo extraordinario”, según declaración de Édgar Corzo Sosa, quinto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), (la población desplazada) permanece incomunicada desde hace semanas en medio de la montaña, en precarios campamentos y prácticamente sin ninguna atención. De acuerdo con el quinto visitador, no hay un cumplimiento suficiente de las medidas cautelares, asistencia humanitaria en alimentación, salud y educación; mucho menos en que se den las condiciones para que puedan regresar a sus hogares en condiciones de seguridad para sus vidas.

Por esas razones demandamos de las autoridades y funcionarios a quienes compete, en los distintos niveles de gobierno que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, resuelvan de manera integral, pronta y apegada a la ley esta situación grave.

Nos adherimos a la demanda de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas en el sentido de que es imprescindible la contención, desarme y procesamiento judicial del grupo armado que “prácticamente mantiene en estado de sitio al municipio de Chalchihuitán”.

Atentamente:

Programa Interdisciplinario Desarrollo Humano en Chiapas. UAM Xochimilco
Proyecto Urbano de Salud. UAM Xochimilco
Asociación Latinoamericana de Medicina Social Región-México
Salud y Desarrollo Comunitario –SADEC-
Casa de la Mujer Ixim AntsetiC –CAM-
Misión de Bachajón
Centro de Derechos Humanos de la Mujer en Chiapas,
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C
At’el Antsetik
CCESC-DDS Chiapas
Voces mesoamericanas
Maderas del Pueblo del Sureste
Colectiva Cereza
Equipo de Atención Psicosocial para Atención de Situaciones de Violencia
Centro de Derechos Indígenas, –CEDIAC-
Centro de Apoyo Educativo para la Comunidad, -CAEC-
Campaña Popular contra la violencia hacia las mujeres y el feminicidio en Chiapas, Movimiento de Mujeres en Defensa de la Tierra y el Territorio en Chiapas,
Comité Promotor de una Maternidad Segura y Voluntaria en Chiapas.
Radio Lak Lumal.
Alejandrina Cabrera M.
Georgina Rivas B.

 

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Impunidad y violencia en los Altos de Chiapas

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
a 15 de diciembre de 2017.

Pronunciamiento Conjunto

Impunidad y violencia en los Altos de Chiapas

Al Pueblo de México
A los organismos de derechos humanos e instancias humanitarias

Como colectivo de organismos de la sociedad civil, hemos conocido y revisado la sentencia emitida por el Lic. Claudio Aníbal Vera Constantino, Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 03 de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dentro del expediente 781/2005, suscrita y certificada desde el día 06 de noviembre del presente (unos días antes de la agudización violenta del conflicto), y notificada a las partes -Autoridades Comunales de Chalchihuitán y de Chenalhó- y hecha pública hasta el día de antier, 13 de diciembre (un mes y una semana después de emitida, ya escalado el clima de agresión y violencia del citado conflicto).

Respecto a dicha sentencia -cuya histórica problemática agraria, irresuelta de fondo con apego a justicia y a derecho, ha constituido el pretexto central para desatar un clima de extrema violencia y, a la vez, encubrir acciones e intereses ilegítimos de muy alta peligrosidad-

CONSIDERAMOS:

Que en su ambigua forma, el manejo de los tiempos y su débil contenido, dicha sentencia, más que apegarse a un verdadero análisis y fundamentación histórica y jurídica en materia agraria del caso, más bien parece ser producto de un cuidadoso cálculo político, que pretendería la administración del problema, respondiendo a los tiempos políticos de las actuales administraciones estatal y federal;

Que, a pesar que en sus cuatro resolutivos finales, la sentencia, ambiguamente pareciera pretender el mantener a salvo los derechos de ambas comunidades agrarias (Chenalhó y Chalchihuitán) en realidad favorece absolutamente a la primera, y con ello encubre y alienta, a los ilegítimos intereses de la delincuencia organizada, misma que, a través de la documentada acción impune de grupos armados de corte paramilitar, ha obligado al inhumano desplazamiento de miles de indígenas (la mayoría de extrema vulnerabilidad: mujeres, niñas y niños, ancianas y ancianos) no sólo de Chalchihuitán, sino –aunque en menor número- también de Chenalhó, provocando con ello, hasta el momento, la muerte de cerca de una decena de niños, niñas y ancianos. Manteniendo a la verdadera base comunitaria de ambos pueblos, en un permanente estado de angustia, miedo y sufrimiento,

En este contexto las organizaciones abajo firmantes ratificamos las siguientes exigencias:

1. Estrategia de desarticulación, desarme y castigo a los grupos civiles armados.
a. Investigación y solución de denuncias previas y expedientes congelados
b. Detención y castigo a responsables
c. Auditorías a las presidencias municipales de Chenalhó, Chalchihuitán y Chamula, ante la presunción documentada de que desde ahí se desvían fondos para la compra de armas.
d. Confiscación de armas
e. Acciones judiciales efectivas

2. Reconocimiento del estatus legal de desplazamiento forzado interno.
a. Utilización y aplicación de protocolos
b. Garantías de seguridad e integridad personal a las personas desplazadas
c. Instalación de campamentos específicos para desplazados
d. Ayuda humanitaria
e. Salud integral
f. Garantías de seguridad para el retorno y reintegración.
g. Reparación integral del daño
h. Aplicación ley de desplazamiento forzado del gobierno del estado de Chiapas

3. Libre tránsito.
a. Rehabilitación de vías de comunicación
b. Presencia permanente de organismos civiles, nacionales e internacionales para garantizar la seguridad, la movilidad y el abasto. (CNDH|, CICR, UNICEF, Alto Comisionado de las Naciones Uidas, ACNUR, A.I.)

4. Garantías de seguridad para la observación de derechos humanos nacional e internacional en el ámbito civil.

5. Atención del problema de fondo a través de un diálogo político desde las estructuras comunitarias tradicionales y agrarias de ambos Bienes Comunales. Con observación de organizaciones de la sociedad civil. Por lo que exigimos que las instancias jurisdiccionales que en lo sucesivo conozcan y resuelvan sobre este caso, lo hagan con base y apego a los derechos colectivos (basados en la autonomía y libre determinación) que se consagran en los instrumentos internacionales que el Estado mexicano ha ratificado.

6. Solicitamos que la CNDH emita una recomendación, dado que no se cumplieron con las medidas cautelares hacia los gobiernos estatal y federal.

Campaña Popular Contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas
Colectiva CEREZA
Equipo de Atención Psicosocial Para la Situaciones de Violencia y Exclusión Social
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas A.C.
Comité Nacional Para la Defensa y Conservación de los Chimalapas
Maderas del Pueblo del Sureste A.C.
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C.
Casa de la Mujer Ixim Antsetik
Servicios y Asesoría Para la Paz
Salud y Desarrollo Comunitario A.C.
Fideicomiso Para la Salud de los Niños Indígenas de México, A.C.
Formación y Capacitación A.C.
Melel Xojobal A.C

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Negligencia del Estado mexicano ante desplazamiento forzado

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
13 de diciembre de 2017

Pronunciamiento conjunto

Negligencia del Estado mexicano ante desplazamiento forzado

Las organizaciones firmantes lamentamos la inacción de las autoridades de Chiapas y del gobierno federal para atender adecuadamente la urgencia humanitaria de más de 5000 indígenas tsotsiles en desplazamiento forzado en los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, Chiapas.

El pasado 9 y 10 de diciembre organizaciones de la sociedad civil de Chiapas, acompañadas por el Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR) realizamos una misión de observación y documentación de derechos humanos en el municipio de Chalchihuitán, entrevistándonos con las familias desplazadas, autoridades comunitarias, así como con autoridades municipales.

La misión de observación pudo verificar el clima de tensión y miedo que viven las personas desplazadas así como las y los pobladores de la cabecera municipal de Chalchihuitán.

Según los testimonios, nos indican que después del asesinato del Sr. Samuel Pérez Luna en Kanalumtik, Chalchihuitán, el día 18 de octubre del presente año, se profundizó la violencia y los disparos de armas de fuego sobre todo por las noches, por lo que desde esa fecha varias familias dormían en la montaña y por el día regresaban a sus domicilios a dar de comer a sus animales. Hasta el día 5 de noviembre cuando se desplazaron forzadamente debido a los disparos ocasionados por los grupos armados.

A pesar de lo difundido por el gobierno de Manuel Velasco Coello de estar resolviendo esta problemática, evidenciamos una crisis humanitaria: personas enfermas debido a la situación de desplazamiento, la falta de medicamentos y de una atención médica urgente y adecuada; carencia de alimentos apropiados a la cultura y a una alimentación sana, así como condiciones de salubridad en general que no solamente vulneran el derecho a una vida digna, sino que incluso ponen en riesgo la vida de las personas desplazadas, no sólo por el temor de ser asesinadas por los grupos armados, sino también por la ineficacia de las autoridades de Chiapas para atender la situación de acuerdo a los lineamientos de los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado de la Organización de Las Naciones Unidas y la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el estado de Chiapas.

Durante la misión pudimos constatar el corte y destrucción de la carretera en el tramo Las Limas – Chalchihuitán, único tramo carretero pavimentado para llegar a la cabecera municipal. Recordamos que la destrucción de dicha carretera fue realizada con maquinaria por parte de pobladores armados de Chenalhó como una forma de sitiar y controlar a la población de Chalchihuitán. Dicho corte ha impedido el ingreso de vehículos que abastezcan de alimentos, medicamentos, suministros e insumos a la población y quienes cruzan caminando lo hacen con miedo a ser asesinadas.

El abandono institucional y la pobreza estructural es histórica en el municipio de Chalchihuitán, siendo uno de los municipios más pobres y marginados de México, la situación de violencia que ahora se vive en ese municipio viene a profundizar mucho más este estado de vulnerabilidad social, donde las mujeres, niñas y niños se encuentran en mayor riesgo.

La misión de observación pudo constatar a través de diversos testimonios y entrevistas realizadas, la existencia de grupos armados, que operan de manera abierta en estos municipios, sobre todo en Chenalhó y cuya actividad es permitida por las autoridades de Chiapas y del gobierno federal. La responsabilidad de los partidos políticos es evidente en este conflicto, ellos a través de sus estructuras municipales y estatales han abonado a la impunidad.

En Chalchihuitán hay un clima de terror debido a la acción impune de los grupos armados, la violencia ha afectado a toda la población del municipio por la escasez y altos precios de los alimentos. Vemos con preocupación que por miedo a ser asesinados los pobladores no pueden ir a sus cultivos, perdieron lo de esta cosecha y no han podido sembrar para la próxima temporada como consecuencia no tendrán maíz, frijol y demás productos del campo para poder vivir, lo que pronostica una crisis alimentaria.

Observamos que niñas, niños y adolescentes están viviendo en condiciones inhumanas. Visten con la ropa con la que fueron obligados a salir de sus casas, que no es la adecuada para protegerse de las bajas temperaturas que se presentan en esta época del año. Además, hay numerosos casos de infecciones gastrointestinales y en vías respiratorias, y la alimentación es insuficiente e inadecuada. El suministro de alimentos procesados por parte del gobierno estatal, a los que no están acostumbrados, les provocan diarreas y agravan su condición de salud. Niñas y niños tienen miedo de que los maten, sueñan que les disparan, duermen intranquilos; están tristes, su entorno ha cambiado de manera abrupta. Tienen dolor de estómago y cabeza por la ansiedad y estrés que provoca el desplazamiento. De acuerdo con la información proporcionada han fallecido infantes en desplazamiento.

Las condiciones de por sí graves en las que se encuentran se exacerban por las condiciones preexistentes de pobreza en la que vive el 97% del municipio y por la impunidad, negligencia y omisiones del Estado para atender la situación de conflicto. En Chalchihuitán la tasa de mortalidad infantil en niñas y niños menores es de 166 por cada mil, trece veces más que a nivel estatal.

Constatamos la situación que viven la mujeres y niñas en situación de desplazamiento: la nula atención a una salud adecuada para ellas de acuerdo a sus necesidades, la vulnerabilidad y riesgo en la que se encuentran por la estructural violencia de género acentuada en condiciones de desplazamiento.

Las mujeres entrevistadas informaron sentirse con temor, preocupadas y enojadas porque han sido excluidas totalmente de las decisiones sobre la resolución de un conflicto que les afecta directamente. Recordamos que Chalchihuitán y Chenalhó son municipios que han sido señalados como parte de la Alerta de Violencia de Género (AVG) y el estado ha violentado el derecho a una vida libre de violencia.

Las organizaciones civiles integrantes de esta misión, creemos que no hay voluntad clara de las autoridades mexicanas de resolver esta situación, la espiral de violencia es cada vez más grave y las condiciones están dadas para que ocurra un hecho de violencia más grave que nos recuerdan las condiciones que se daban en esa misma región hace 20 años antes de la masacre de Acteal.

Las decisiones erradas de la entonces Secretaria de la Reforma Agraria para resolver el problema limítrofe entre Chalchihuitán y Chenalhó que ha traído una tensión histórica entre ambos municipios, las acciones contrainsurgentes a través de la implementación del Plan de Campaña Chiapas ‘94 en la región, la liberación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de los paramilitares responsables de la masacre de Acteal, la violencia histórica con la que operan los grupos civiles armados en Chenalhó, los conflictos generados por los partidos políticos, de manera específica por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a través de la alcaldesa Rosa Pérez Pérez, con el cobijo del ahora gobernador Manuel Velasco Coello han traído una violencia cíclica, aumentando la impunidad que se vive en la región.

Las organizaciones integrantes de la misión de observación y documentación de derechos humanos y firmantes de este pronunciamiento hacemos un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno:

  • Exigimos un alto al fuego, desarme y sanción a los grupos civiles armados en la región, así como una investigación a fondo de las autoridades responsables de la organización y actuación de los grupos armados.
  • Al gobernador Manuel Velasco Coello le exigimos asumir su responsabilidad como mandatario del estado y atender de manera integral y de fondo la espiral de violencia que existe en la región, las violaciones a derechos humanos y emergencia humanitaria en la que encuentran las y los desplazados de Chalchihuitán y Chenalhó.
  • Es importante que el estado mexicano reconozca la situación de emergencia y desplazamiento forzado de los habitantes de Chalchihuitán y Chenalhó, para su atención integral de acuerdo al marco legal y a la normativa internacional de derechos humanos.
  • Es urgente crear las condiciones que garanticen la vida y la integridad personal de las y los desplazados para que puedan retornar de manera de segura, como lo marcan los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos en caso contrario el gobernador de Chiapas será responsable de la pérdida de vidas a consecuencia del desplazamiento.
  • Frente al riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de niñas, niños y adolescentes es importante la ejecución y coordinación de medidas urgentes de protección como lo marca la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y garantizar el derecho de prioridad en la atención a la infancia.
  • Pedimos a las autoridades municipales y tradicionales de Chalchihuitán y Chenalhó para que a través del diálogo y mediación puedan resolver el problema histórico de límites entre ambos municipios y que fue creado por las instituciones del gobierno.

Ante la crisis humanitaria se hace necesaria la solidaridad internacional y nacional, debido a la ineficacia e incapacidad de atender esta situación de emergencia por parte de los gobiernos federal y estatal. Urge ayuda humanitaria para las comunidades desplazadas.

Campaña contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C
Servicios y Asesoría para la Paz A.C
Melel Xojobal A.C

 

Ante la emergencia humanitaria necesitamos de tu solidaridad:

Enviar su ayuda a Cáritas, Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Prolongación Benito Juárez #8, Planta Alta, Colonia Maestros de México, C.P. 29246 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tel. 01 967 6786479. Celular de emergencia 967 1203722. caritas@caritasancristobal.org

Donativos económicos para emergencias
Cáritas de San Cristóbal de Las Casas A.C
BANCO MERCANTIL DEL NORTE
Cuenta: 0642624985
Clabe::072130006426249855
BIC/SWIFT: MENOMXMTS S.A.

 

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Escucha los testimonios en audio:

 

 

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Fotografía cortesía del Párroco Marcelo Pérez