Presentan solicitud de Alerta de Género para Chiapas

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Organizaciones integrantes de la Campaña Popular contra la Violencia hacia las mujeres, presentaron solicitud de declaración de Alerta de Género para Chiapas, el pasado 25 de noviembre, en Tuxtla Gutiérrez ante el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres: “El patrón sistemático de violencia basada en género en Chiapas se ha traducido en 84 defunciones de mujeres en el período enero-octubre 2013. Estas defunciones en su mayoría han sido causa de la  falta de implementación y efectividad de los mecanismos de protección para prevenir el feminicidio en Chiapas  especialmente en las regiones Metropolitana, Altos-Tsotsil-Tseltal, Soconusco, Selva-Lacandona, Meseta Comiteca-Tojolabal, Sierra-Mariscal, Itsmo-Costa, Tulija-Tseltal-Chol, Norte, Maya de Chiapas.”

 

Expresan: “ES URGENTE QUE SE INICIE LA INVESTIGACIÓN Y SE DECLARE LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ESTADO DE CHIAPAS.”

 

C. Miguel Ángel Osorio Chong

Presidente del Sistema Nacional de Prevención, Atención,

Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres;

C. Lorena Cruz Sánchez

Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Prevención, Atención,

Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres;

C. Sasil De León Villard

Secretaria para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres  y

Secretaria Ejecutiva del Consejo Estatal para Garantizar el Derecho de

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Chiapas;

PRESENTE

ASUNTO: SOLICITUD DE INVESTIGACIÓN PARA LA DECLARATORIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ESTADO DE CHIAPAS

EL CENTRO DE DERECHOS DE LA MUJER DE CHIAPAS, A.C.(en adelante ¨CDMCH¨), organización de derecho humanos de la sociedad civil, debidamente constituida y con personalidad jurídica, creada el 21 de abril de 20031, estando debidamente representada por la C. Alma Padilla García2, suscribo esta solicitud de investigación sobre la procedencia de declaratoria de alerta de violencia de género (en adelante ¨AVG¨) para el estado de Chiapas, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Privada Cuatro Caminos, número 21, Colonia San Martín, en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, designando como Mandatarias Judiciales, de manera indistinta, a las abogadas Martha Guadalupe Figueroa Mier, Claudia Vázquez Cruz y/o Gloria Guadalupe Flores Ruiz, en términos de lo dispuesto por los artículos 24.I y 24.III de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (en adelante ¨LGAMVLV¨) y 33 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (en adelante ¨RLGAMVLV¨) ante Usted con debido respeto comparezco y expongo:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 22 al 25 de la LGAMVLV y del 30 al 39 de RLGAMVLV venimos a solicitar SE DECLARE LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO, debido a la violencia sistemática contra las mujeres, traducida en delitos del orden común contra la vida, la libertad y la seguridad jurídica de las mujeres; en un contexto de impunidad o permisibilidad social, violencia que proviene de conductas misóginas que han perturbado la paz social en el Estado.

El patrón sistemático de violencia basada en género en Chiapas se ha traducido en 84 defunciones de mujeres en el período enero-octubre 2013. Estas defunciones en su mayoría han sido causa de la FALTA DE IMPLEMENTACIÓN Y EFECTIVIDAD DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION PARA PREVENIR EL FEMINICIDIO EN EL ESTADO DE CHIAPAS (ÓRDENES DE PROTECCIÓN Y OTRAS3), especialmente en las regiones Metropolitana, Altos-Tsotsil-Tseltal, Soconusco, Selva-Lacandona, Meseta Comiteca-Tojolabal, Sierra-Mariscal, Itsmo-Costa, Tulija-Tseltal-Chol, Norte, Maya de Chiapas.

FUNDAMENTAN NUESTRA SOLICITUD DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO LOS SIGUIENTES PRECEPTOS CONSTITUCIONALES

Los derechos humanos y sus garantías contenidas en los artículos 1°, 4, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los previstos en, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante ¨CADH¨), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (en adelante ¨Convención Belem Do Pará¨), y la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (en adelante ¨CEDAW¨) que son de aplicación nacional de acuerdo con el artículo 133 de nuestra carta magna por ser tratados ratificados en ejercicio de la soberanía nacional y bien común de las y los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos.

  1. ANTECEDENTES

En 2005 y 2006 académicas e integrantes de diversas organizaciones civiles del estado de Chiapas participaron en la investigación diagnóstica sobre la violencia feminicida impulsada desde el Congreso de la Unión, la cual permitió por primera vez, dar cuenta de la situación y la gravedad de la violencia contra las mujeres en todo el país. Las niñas y las mujeres asesinadas tenían distintas edades, pertenecían a todas las clases sociales y estratos socioeconómicos, aunque la mayoría eran pobres o marginales, algunas eran indígenas tsotsiles, rarámuris o nahuas, otras más eran extranjeras. Los agresores eran desconocidos, parejas, esposos, ex esposos, novios, jefes.

Sin embargo, el común denominador se encontraba en la forma en que se les privó de la vida: todas quedaron en cautiverio, aisladas y desprotegidas, siendo agredidas y violentadas hasta la muerte, incluso algunos de sus cuerpos fueron maltratados aún después de haber sido asesinadas. A ello se sumaba el marco de impunidad tanto a nivel estatal como nacional. Otros resultados situaron a Chiapas en el lugar 23 en magnitud de feminicidios con un promedio de 53 niñas y mujeres asesinadas, según datos de 2004 aportados por la Procuraduría de Justicia del Estado de Chiapas (en adelante ¨PGJE¨)4.

De acuerdo al estudio sobre violencia feminicida en México del año 2012, en el período de 1985-2010 fueron registradas 1.365 defunciones femeninas con presunción de homicidio en el Estado de Chiapas, que representan el 3,6% del total nacional (37.952)5. La década de los años noventa es la que se registra como la más violenta, tanto por los factores estructurales que generan desigualdad y pobreza, como por las consecuencias de conflicto armado interno en Chiapas. Del año 1990 al 1999 hay registradas 645 defunciones de mujeres con presunción de homicidio6, con una mediana de 67,5, casi 15 puntos por encima de la mediana del período 1985-2013 (28 años).

A partir del año 1994 con la presencia militar del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (en adelante ¨EZLN¨) y la declaratoria de 38 municipios y territorios rebeldes (autónomos e indígenas)7, la militarización, la paramilitarización e implementación de la guerra contrainsurgente, ha colocado a la población femenina en mayor vulnerabilidad: múltiples desapariciones, persecuciones, violaciones sexuales, quema de poblados en las regiones norte, altos y selva de la entidad8.

La sola presencia de los soldados en las comunidades limita el derecho de las mujeres a la libre circulación y a la privacidad al sentirse intimidades y acosadas en las calles9 o dentro de sus casas. El caso de las Hermanas González Pérez (caso de las Hermanas Tzeltales) es un claro ejemplo de violencia feminicida por parte de elementos del ejército mexicano, quienes en 1994 detuvieron en un retén a tres mujeres indígenas y su madre acusándolas de haber participado en la toma de Altamirano. Las tres mujeres fueron violadas y torturadas junto con su madre. Estas violaciones a derechos humanos siguen impunes10.

En este contexto de guerra contrainsurgente los paramilitares11, específicamente por las acciones del grupo Paz y Justicia con el apoyo y complicidad del gobierno priista, generaron en los municipios de Tila, Tumbalá, Sabanilla, Yajalón y Salto de Agua, compuestos mayoritariamente por indígenas chol, 85 ejecuciones extrajudiciales, 37 desapariciones forzadas, desplazamiento de más de 10.000 personas entre 1995 y 2000. En junio de 1996, Minerva Guadalupe Torres Pérez fue ¨golpeada, desvestida, violada por al menos 50 hombres en varias ocasiones y herida con un machete, para finalmente darle un disparo en la espalda, su cuerpo habría sido descuartizado y escondido debajo de una piedra¨12 sobre el casode Admisibilidadntad y .

En la región altos, el ejemplo más trascendente de violencia feminicida e impunidad son los hechos de la Masacre de Acteal (Chenalho, Chiapas), que en 1997 fue perpetrada por un grupo de paramilitares con la aquiescencia del Estado. De las 45 víctimas, 33 eran mujeres, cuatro de ellas estaban embarazadas, quienes fueron víctimas de agresiones y mutilaciones crueles. A la fecha el Estado no ha reconocido públicamente la carga feminicida de la masacre, ni ha adoptado medidas de reparación por daños con perspectiva de género, encaminadas a apoyar a los familiares de las víctimas y evitar su repetición, por el contrario la liberación de la mayoría de los sentenciados13, ha reactivado el clima de inseguridad y violencia en la zona, confirmando la impunidad de los 33 feminicidios, la perpetuación de la discriminación y la permisibilidad de la violencia de género.

  1. CONTEXTO DE LA VIOLENCIA FEMINICIDA

El estado de Chiapas está ubicado geográficamente al sureste de los Estados Unidos Mexicanos y cuenta con 5.110.684 habitantes, las mujeres son el 50,9% (2.601.351), de éstas aproximadamente el 25% son mujeres indígenas y el 75 % mujeres mestizas14. Los hombres representan el 49,1% (2.509.333)15, y están distribuidas en 123 municipios y en 19.386 localidades, de las cuales el 99,2% son rurales16.

Chiapas ocupa el séptimo lugar entre las entidades estatales más pobladas, el primer lugar en condiciones críticas de ocupación laboral (30%), el segundo lugar entre los estados con mayor marginación del país, es decir, un nivel muy alto correspondiente al 84,14%17:

  • Analfabetismo: 17,91% de la población de 15 años o más es analfabeta.

  • Bajos estudios: 37,23% de la población de 15 años o más no completó la primaria.

  • Ausencia de servicios públicos: 5.06% vive sin drenaje ni excusado, 3.82% sin energía eléctrica y 22,37% sin agua entubada.

  • Hacinamiento: 53,90%.

El 45.5% de la población vive en la pobreza y el 32.5% en pobreza extrema, concentrándose sobre todo en las áreas rurales y en las zonas periféricas de las ciudades, es decir, el 78% de la población no cuenta con los recursos indispensables para vivir dignamente18.

La población en edad de trabajar (14 años y más) es de 3.516.127 y solo el 56,3% desempeñan una ocupación, o si no la tienen, la buscan activamente (PEA). Por su parte, la población con empleo remunerado o no (PEAO) son el 96,9% de la PEA, siendo el 70% hombres (1.346.241) y el 30% (570.995) mujeres, quienes tienen, de mediana, 35 años de edad19. De éstas mujeres, el 81% se dedica al sector terciario; el 11,44% en el sector secundario y 7,51% al sector primario.

La incorporación de mujeres como PEAO es desproporcional, por cada 10 hombres hay 4 mujeres. Aún así, la jefatura del hogar recae mayormente en los hombres (79,8%) en comparación con las mujeres (20.2%)20. Si bien ha habido un aumento en la integración de las mujeres al trabajo, las cifras reflejan una enorme desigualdad y una clara división sexual del trabajo, por ello se evidencia una alta participación en el sector terciario de la economía, que se puede explicar por el impacto de la economía del turismo.

¨La actividad económica de las mujeres chiapanecas ha venido incrementándose de manera sostenida en los últimos años. En el año 2000 la tasa de participación fue de 92.8% y durante el 2010 fue de 96.7 %. Una de las características distintivas es que se presenta sobre todo en la edad reproductiva¨21.

La mayor participación de las mujeres en la economía formal e informal ha puesto en crisis al modelo patriarcal del hombre-esposo-jefe de familia-proveedor y de la mujer dependiente y subordinada, sin que se hayan modificado en lo fundamental los parámetros sexistas y machistas al amparo de los cuales se imponen las normas que subordinan a las mujeres, las reprimen moralmente y castigan físicamente a aquellas que las trasgreden.

La tercera parte de la población es indígena, hablante principalmente de tzeltal (362.658 personas), tzotzil (320.921 personas), chol (161.794), tojolabal y otros, lo que convierte a Chiapas en el segundo estado que concentra a la población hablante de lengua indígena (1.141.499)22. De 789.651 personas mayores de 15 años que hablan lengua indígena, el 32,35% son analfabetas y dentro de este grupo las mujeres representan la mayoría (66%). De 2005-2010 se incrementó de un 15% a un 17% las mujeres hablantes de lengua indígena que no hablan español23.

En cuanto a los aspectos de salud reproductiva, la tasa media de fecundidad de Chiapas es la más alta del país, con una media de 2,5 hijos/as por cada mujer y hay un 6,7% de embarazos en niñas y adolecentes. De este grupo, las mujeres entre 12 y 17 años de edad el 7,5% se establecieron en unión24. La razón de mortalidad materna25 en Chiapas se encuentra por encima del promedio nacional (40.0) con un número de 46 defunciones, que representa el 7% del total nacional (689)26.

El 8 de febrero de 2012 se publica y tipifica en el Código Penal de Chiapas el delito de feminicidio27, sin embargo, de 62 casos identificados28 como feminicidios solo:

  • El 9,67% (6 hombres) tienen sentencia condenatoria,

  • El 61,29% (38 hombres) están sujetos a proceso penal,

  • El 27,41% (17 hombres) tienen orden de aprehensión vigente,

  • El 1,61% (1 hombre) tiene sentencia absolutoria.

La desestructuración del tejido social, la crisis familiar con alto número de divorcios, feminización del empleo, incremento en el número mujeres solas con función de abastecedoras que enfrentan grandes desventajas salariales, con dobles y triples jornadas de trabajo; crecimiento de la violencia social, alcoholismo, prostitución forzada, drogadicción, tráfico de armas, órganos y personas; además de los megaproyectos (palma africana, piñón, etc.) protesta, represión social y militarización del territorio, son expresiones de la violencia estructural con consecuencias directas para las mujeres.

Las crisis neoliberales han ido trastocado las representaciones y el imaginario del poder machista, incentivando en los varones formas violentas para tratar de mantener a flote, el modelo de masculinidad que el sistema ha impuesto, como valores, formas de ser y de comportarse naturalizados, que la mayoría de los hombres han hecho suyos cómodamente, lo que ha dado como resultado no solo el incremento de la violencia hacia las mujeres sino también el incremento y recrudecimiento de los asesinatos de esposas, novias, madres, hijas, amigas o conocidas que especialmente se han visibilizado en los últimos años.

  1. ACREDITACIÓN DE LAS CAUSALES PARA LA SOLICITUD DE LA INVESTIGACIÓN DE LA AVG, DE ACUERDO A LOS ARTÍCULOS 33 Y 34 DEL RLGAMVLV

El aumento de la violencia feminicida y de los feminicidios en Chiapas ha sido progresivo con un crecimiento alarmante a partir del año 2011. La Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) en el 2006 mostró que el porcentaje de mujeres de 15 años y más, que sufrió al menos un incidente de violencia por parte de su pareja fue de 28,2%29.

En el caso de las mujeres indígenas, el 34% reportaron golpes y/o humillaciones en la infancia; 25% reportó violencia de algún tipo por parte de su pareja en el último año, cifra que en la región de los Altos de Chiapas se elevó al 41,4%30. En 2011 los datos reflejaron un aumento significativo, el 29,78% (434.389) de las mujeres de 15 años y más habían sufrido algún tipo de violencia en su última relación de pareja.

  1. Caracterización de las víctimas de la violencia feminicida en Chiapas

De enero a octubre del presente año, se registraron 84 defunciones de mujeres31:

  • El 61,90% (52 mujeres) feminicidios,

  • El 14,28% (12 mujeres) feminicidios en grado de tentativa32,

  • El 8,33% (7 mujeres) posible feminicidios,

  • El 7,14% (6 mujeres) homicidios culposos,

  • El 5,95% (5 mujeres) suicidios,

  • El 1,19% (1 mujer) muerte violenta,

  • El 1,19% (1 mujer) homicidio calificado de una persona transgénero.

Las cifras reflejan que 71 de las 84 defunciones, más de la mitad (84,52%), son claramente asesinatos violentos por razones de género. En este orden de ideas, se considera relevante33 hacer mención al homicidio calificado de una persona transgénero34, que por las circunstancias en que se cometió y las lesiones ocasionadas, hacen presumir que la realización del ilícito se debe a la orientación sexual e identidad de género de la víctima, elementos que permitirían clasificarlo como feminicidio equiparado, si la norma penal no exigiera que el sujeto pasivo de esta violencia basada en género debe ser mujer, en base a un criterio biológico.

Si bien la norma penal tiene ese enfoque restrictivo, es sumamente importante reconocer que la violencia basada en el género florece en un sistema patriarcal sexista:

¨no sólo da cuenta de la violencia que se ejerce contra las mujeres derivada de la estructura de discriminación y la cultura de subordinación y dominio patriarcal que pesa sobre ellas, sino que incluye a aquellas formas de violencia que, basadas en el predominio de la heterosexualidad y en los estereotipos de género, se ejercen hacia lesbianas, gays, travestis y transgéneros y también entre varones.

La incorporación de la categoría género en toda su complejidad y diversidad ha sido fundamental para entender y abordar toda la variedad de formas de violencia que se basan en los estereotipos y la discriminación de género¨35.

En relación a los grupos etareos, encontramos que el 25% de las mujeres tienen entre 21 y 30 años; el 19% oscila entre los 31 y 40 años; y un 14% va de los 41 a 50 años36, esto significa que más del 50% de las mujeres son adultas, en edad productiva y reproductiva.

En cuanto a su estado civil, el 40% de las mujeres se encontraban casadas o en concubinato frente a un 25% que se identificaron como solteras, sin embargo estos datos pueden variar ya que en un 35% no existe información37. Estos datos coinciden con uno de las tendencias claves de los feminicidios en Chiapas, que el asesinato sea cometido por un conocido38.

Por su nacionalidad 43 son mexicanas, 4 son Guatemaltecas, 3 Hondureñas, y de las 34 restantes se desconoce este dato39. Por su origen étnico 53 son mestizas, 9 son indígenas y 21 no cuentan con esta información40.

En cuanto a las actividades que realizaban, la mayoría de los casos no hacen referencia a este aspecto, encontrándose que 9 de las víctimas eran amas de casa, 6 eran profesionistas y las restantes desempeñaban actividades diversas41.

  1. Espacios de localización de los cuerpos de las mujeres

De las 15 regiones socioeconómicas42 que conforman el territorio chiapaneco, 5 concentran más del 70% del número de defunciones femeninas con presunción de homicidio, siendo éstas, en orden descendente: I Metropolitana, X Soconusco, V Altos-Tsotsil-Tseltal, XV Meseta Comiteca Tojolabal y II Valles Zoque43, que en igual proporción centralizan la comisión de feminicidios.

Por municipios Tuxtla Gutiérrez, capital de la entidad, concentra el 21% de todos los crímenes de mujeres documentados, seguido por Tapachula con el 12% y Comitán con el 6%44, localidades que, coincidentemente, pertenecen a las regiones I Metropolitana, X Soconusco y XV Meseta Comiteca Tojolabal, respectivamente. Tendencia que también persiste en la comisión de feminicidios. Dos de los municipios señalados se caracterizan por ser paso fronterizo y formar parte de las ciudades más importantes del estado.

Algunos del los casos más violentos se registraron en Soconusco, zona caracterizada por la violencia e inseguridad generada desde distintas situaciones del entorno fronterizo, concretamente por ser uno de los principales puntos de acceso de mercancías y de flujo migratorias de personas provenientes de Centroamérica que enfrentan la extorsión, las agresiones y las violaciones sexuales de la policía, las maras45.

¨Algunas mujeres viven violencia de género en tanto son maltratadas físicamente por sus maridos como forma de control, otras viven la violencia institucional representada por los policías municipales y los enfrentamientos entre los narcos y los cuerpos de seguridad del Estado¨46.

  1. Relación de las víctimas con los perpetradores de los delitos

En el 32% de los casos, los cadáveres fueron encontrados en el interior del domicilio de las víctimas, lo que permite reconfirmar la tendencia de que el perpetador conocía o tenía algún tpo de relación con la víctima. El 21% a orillas de la carretera, el 11% en los márgenes de un río o arrollo y el 9% en la vía pública47.

Estos datos que deben ser analizados con base en la relación víctima-victimario ya que el 55% de los perpetradores48 fueron parejas sentimentales de las asesinadas, lo que explica que el escenario en donde frecuentemente se comenten los feminicidos sea el ámbito privado o doméstico. Esto también ha facilitado la identificación de los responsables ya que en un 47% de los casos el feminicida ha sido detenido49.

Las posibles explicaciones a estos crímenes también hacen referencia a la existencia de una relación sentimental o de confianza entre victima y perpetrador ya que más del 50% fueron cometidos por celos y una larga historia de violencia familiar50.

Los agresores son personas conocidas, con quienes la víctima mantenía alguna relación afectiva y conflictiva, lo que permite inferir que muchos feminicidios se cometen en los espacios familiares o íntimos y después, los cuerpos son arrojados a la vía pública. También llama la atención los casos de estudiantes indígenas que han sido acosadas y asesinadas por novios, vecinos, amigos y/o parientes que reclamaban a la víctima haber dejado el espacio comunitario y los roles tradicionales, transgrediendo las formas culturales correspondientes a un imaginario social que niega las mujeres la posibilidad de realizar estudios superiores51.

  1. Tipos de violencia directa

El 29% de las mujeres fueron asesinadas por golpes en diversas partes del cuerpo, el 24% habían sido asfixiadas por estrangulamiento, el 15% presentaban heridas con arma punzo cortante y un 10% fueron reportadas con impactos de arma de fuego52, en menor proporción aparecen como causas de la muerte el degollamiento, la tortura y el ahogamiento. Agresiones que en la mayoría de los casos son producto de violencia doméstica53 y reflejan un desprecia hacia la mujer, a quien castigan por negarse a sostener relaciones sexuales, regresar con el vitimario, ser infiel al perpetrador o por los celos de éste.

Por la forma en que las mujeres fueron privadas de la vida sobresalen las lesiones con saña ocasionadas por arma blanca en combinación con estrangulamiento, golpes, violación o mutilaciones, lo que demuestra el desprecio y la falta de reconocimiento a la dignidad y derechos de las mujeres.

Sobresaliendo por su impacto mediático el de Omar Fernando Rosales Toledano (asistente del Senador Verde Luis Armando Melgar) quien asesinó a su novia Viridians Flores Ramírez el pasado 8 de junio en San Cristóbal de Las Casas”54; así como el linchamiento público en el paraje Las Ollas, municipio de San Juan Chamula, de tres hombres indígenas al intentar abandonar el cadáver de una mujer a quien habían violado y asesinado55.

  1. Violencia institucional y ausencia de acciones estatales

Existe un desinterés y hasta ¨temor¨ por parte de las juezas y los jueces de otorgar sentencias acordes con la misoginia que reflejan los cuerpos de las mujeres asesinadas, condenando a los agresores en el 86% de casos, a la pena mínima (25 años de prisión), obviando establecer para las y los familiares de las víctimas medidas de reparación del daño integral que incluyan al estado en las mismas, para que mitiguen las secuelas psicológicas, familiares, económicas y comunitarias generadas.

En algunos casos la urgencia de órdenes de protección, medidas cautelares y programas de protección especial y especializada para testigos, no han sido suficientes para proteger a las familiares. Algunos casos que ejemplifican esta situación son los siguientes:

  1. Los padres de Sabina Patricia Santiz, quienes aún enfrentan las secuelas del feminicidio, a manos de familiares del feminicida y la presión jurídica respecto de su nieto, los padres y familiares de Itzel Janet Méndez, que padecen la incertidumbre respecto de los 3 asesinos de su hija, uno de ellos aún libre, los otros en una prisión y en un juzgado lejanos y costosos, a los que se les ha retirado vigilancia y apoyos para continuar el juicio.

  2. La madre y familiares de la menor Flor, asesinada en San Cristóbal y arrojada como basura en un rio de Huixtán, que son amenazadas con ser procesadas por ¨descuidar¨ y entregar a su hija, a Lesbia, sobreviviente de feminicidio, sin apoyo jurídico y terapeuta para enfrentar a su agresor.

Por otro lado, las instancias de procuración y administración de justicia que existen en la entidad no cuentan con la infraestructura adecuada y suficiente, ni equipos multidisciplinarios para la investigación de estos delitos. Se desconocen planes o proyectos de aplicación a medidas cautelares y preventivas contra la violencia feminicida, no existen protocolos de actuación acordes a los estándares internacionales, bases de datos con información precisa sobre las mujeres muertas o desaparecidas. Las relaciones jerárquicas desiguales con base al origen étnico y social son factores que también trascienden a la tarea de procurar y administrar justicia. En algunos casos, es la falta de sensibilidad y capacitación de los funcionarios los que re victimizan a las víctimas y a la sobreviviente, generando más violencia y discriminación e inhiben la denuncia.

El marco normativo vigente en materia penal, de igual manera, evidencia una falta de homologación con la normatividad internacional y la serie de leyes a favor de las mujeres, generando en algunos casos discriminación indirecta. Por ejemplo se sanciona con penas más elevadas el delito de abigeato que la violencia familiar56.

En este último caso el tipo penal no incluye como sujeto activo al ¨novio¨ a pesar de la frecuencia con que este delito es perpetrado también dentro de las relaciones de noviazgo, lo cual puede dar lugar a la aplicación de una sanción menos grave, sin contar con los casos de discriminación por opción sexual en donde en noviembre de este año una joven fue procesada por el grave delito de sustracción de menores en lugar de estupro o rapto, si la relación en lugar de ser lésbica hubiera sido heterosexual.

Otra figura delictiva que genera un perjuicio para las mujeres es el delito de rapto57 ya que el Código Penal contempla la extinción de la sanción si el sujeto activo contrae matrimonio con el pasivo, obviando el hecho de que las víctimas son en su gran mayoría mujeres y niñas, a quienes se les violan derechos sexuales, el derecho a la libertad personal, el derecho a gozar de una protección especial en razón de su edad (niñas), a la integridad física y psicológica.

También en el Código penal vigente se contiene el tipo penal de homicidio el cual se agrava si existe una relación de parentesco entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. En la práctica, este delito ha sido frecuentemente usado para procesar a mujeres, muchas de ellas indígenas y/o en situación de marginación, que pierden al producto de la concepción por cualquier razón, incluyendo un accidente o ¨malparto¨. Esta situación es el resultado de otros cambios legislativos a nivel de la constitución estatal en Chiapas que protegen y consideran sujeto de derecho al bien jurídico la vida desde la concepción58. Así, los legisladores reconocieron a la mola, embrión y/o feto los mismos derechos que una persona nacida, incluso en perjuicio de los derechos de las mujeres59.

Vinculado a este problema están los casos en donde mujeres indígenas que han sido expulsadas de su comunidad y despojadas de sus tierras60, en aplicación de normas consuetudinarias y discriminatorias, situación ante la cual el Estado ha omitido actuar permitiendo las constantes agresiones de género en ejidos y comunidades del estado.

  1. Ausencia de acciones estatales: falta de implementación de mecanismos de protección para prevenir los feminicidios

Al igual que la mayoría de los estados de la Republica mexicana a partir de la publicación de la LGAMVLV, en febrero de 2007, se reconoció la figura de las órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia como mecanismo de prevención. En Chiapas las órdenes de protección y las acciones coordinadas recaen sobre las instituciones del Sistema para Prevenir y Erradicar la Violencia a las Mujeres, su Consejo Técnico y especialmente de la Secretaria Ejecutiva que en el caso de Chiapas se trata de la Secretaria para el Desarrollo y Empoderamiento de la Mujer.

A 6 años de la entrada en vigencia de la mencionada Ley, en Chiapas no existen criterios claros e uniformes de valoración acerca del riesgo inminente al que se encuentran sometidas las mujeres, por lo cual se deja al criterio de cada funcionario o funcionaria estatal, si la vida de las mujeres está en riesgo o no. Aunado a la voluntaria ¨confusión¨ e incluso delictiva negligencia e ignorancia sobre cuál es la autoridad encargada de emitir las órdenes de protección. Este es un factor adicional que impide que las mujeres reciban una protección efectiva. Por otra parte, existe una falta de coordinación y actuación pronta por parte de las autoridades encargadas de otorgar dicha protección.

Este incumplimiento, falta de coordinación y acciones de política pública efectiva, como por ejemplo los llamados Planes de Emergencia como el del Estado de México y ahora el de Chiapas, no previenen, ni atienden el problema de violencia a las mujeres en forma integral y adecuada, percibiéndose por la sociedad como

DMCH. ﷽﷽﷽OLA GUZMÁN GUERRe noviembre de 2013. MECANISMOS DE PROTECCIOitas, ¨actos de simulación, y sólo para la foto¨ la creación de los Consejos Municipales al vapor en Chiapas, sin contenido, sin agenda, etc.

O como en el único caso de San Cristóbal de las Casas, hay acuerdos como los que establece la Ley, y que se generaron en respuesta a la situación de indignante e impune violencia que se vivió en casos concretos en este municipio, en el 2012 de extrema saña y sadismo, con la exigencia de garantizar la seguridad de las víctimas y sus familias, opero en forma ejecutiva un conjunto de acciones preventivas y de seguimiento, gubernamentales y con las organizaciones civiles con el municipio, la fiscalía de la Zona Altos, la jurisdicción sanitaria, el COBACH y otras escuelas, que atendieron algunos casos, y ubicaron actores y lugares previamente determinados como de alto riesgo: policía y taxistas. Las otras decenas de Consejo, quedaron en la foto y sin acciones, sin acuerdos, al grado que los feminicidios aumentan en el 2013 en más del 10% en el mismo periodo.

A esta situación hay que sumar la implementación del sistema penal acusatorio en el país y en Chiapas, sin contar con protocolos de atención a la víctima y tampoco existen protocolos de investigación para las particularidades de la problemática de los feminicidios. En consecuencia, el examen de la escena del crimen, el levantamiento del cuerpo, la recolección de pruebas en el terreno de los hechos, la toma de declaraciones y otras diligencias, se realizan sin un enfoque que permita identificar los elementos necesarios para la aplicación del tipo penal de feminicidio a los que ya hemos hecho referencia. Aquí cabe señalar y reconocer la actividad de la PGJE, que a traes de la Fiscalía Especializada en Homicidio (y luego agrega Feminicidios) o y la de los Derechos de la Mujer generan más de 48 indagatorias y se resuelven 45, generando sendos procesos penales contra feminicidas de en menos de dos años, llama a las organizaciones sociales que atienden este problema e incluso impulsa el Plan de Emergencia, sin embargo ello no impide el aumento de los feminicidios.

Esta limitante tiene razones estructurales e incluso jurídica, pues es la procuraduría y en su caso la Secretaría Técnica del Consejo del Sistema (rol de la PGJE), quien asume las actividades y resuelve problemas que por LAMVLV, le corresponden a la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de la Mujer. Otra limitante mas es que las actuaciones de las fiscalías especializadas, entra en conflicto o resuelve las tareas que por jurisdicción le corresponden a otras Fiscalías por territorio y tema, así muchos feminicidios son desatendidos o no considerados como tales en lugares alejados de la ciudad de Tuxtla o de San Cristóbal, y para ser resueltos tienen que canalizarse a las especializadas antes citadas. A esto se adiciona, la escases de personal pericial forense especializado y de insumos básicos de investigación y otras herramientas científicas necesarias para este tipo de investigaciones.

Existen algunos esfuerzos en otros países que identifican los nudos críticos en el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de feminicidio. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, de Perú ha realizado un estudio de expedientes judiciales para identificar algunos de los criterios utilizados por los operadores y operadoras del sistema de justicia durante la investigación y sanción de los casos relacionados con homicidios de mujeres perpetrados por sus parejas o exparejas.

Así, ha señalado que los y las operadoras de justicia, ponen énfasis en el discurso de los agresores, no identifican de manera clara los antecedentes de la violencia, justifican la violencia responsabilizando a la víctima por los hechos, hacen una calificación penal inadecuada, establecen condenas no adecuadas a la gravedad en buena parte de los casos, no establecen reparaciones suficientes para las víctimas y sus familiares. Todas estas falencias se repiten en la región.

Las mujeres indígenas, rurales, trabajadoras sexuales, afrodescendientes, migrantes, niñas, lesbianas, bisexuales y trans entre otras, enfrentan además obstáculos adicionales para acceder a los órganos de justicia.

La erradicación del feminicidio únicamente se logrará si Chiapas adopta las medidas integrales para su abordaje. Ello implica no solamente la adopción de legislación adecuada para que estos actos sean considerados como delitos y los responsables sean sancionados, sino que las autoridades posean la formación adecuada para investigarlos de manera idónea. Además, la respuesta penal debe ir acompañada de políticas destinadas a atacar las causas del feminicidio, lo que únicamente se logrará una vez que se cuente con información confiable acerca de la magnitud de la problemática, sus características y sus orígenes.

  1. LA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE EL FEMINICIDIO Y LA FALTA DE MECANISMOS DE PROTECCIÓN

Para proteger los derechos de las mujeres a la vida61, a la integridad física y psicológica y a la seguridad, se requiere que las autoridades que tengan conocimiento de hechos de violencia cuenten con la capacidad de reaccionar frente a los hechos y entender la gravedad del fenómeno de la violencia perpetrada contra ellas y de actuar de inmediato62. Es decir, el Estado debe aplicar la debida diligencia63 para actuar en forma expedita.

La CIDH64 ha señalado que el Estado está obligado a asegurar que su estructura responda efectivamente y en forma coordinada para hacer cumplir los términos de una orden judicial de protección, a la luz del riesgo existente y de la correspondiente necesidad de protección de las mujeres víctimas de violencia.

La determinación de la competencia para solicitar el otorgamiento de órdenes de protección, es fundamental para garantizar que los hechos de violencia que pudiera conocer el Estado no dejen de ser atendidos adecuada y eficazmente. Sin embargo en Chiapas, sólo se determina a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quien tiene la obligación de canalizar a las víctimas ante autoridad competente, omitiendo a una otras instancias de primer contacto con las mujeres, como los servicios de salud, el consejo estatal para la mujer, secretaria de seguridad pública, la Secretaría para el Desarrollo integral de la Familia, entre otras.

Al no considerar la coordinación entre diversas instancias del gobierno del estado, ante hechos de violencia contra las mujeres, se omite la obligación del estado de Chiapas de salvaguardar la vida e integridad de la mujer víctima, informarle sobre la existencia de órdenes de protección, canalizarla con la instancia competente, dar seguimiento al caso hasta el momento en que se envíe a la instancia correspondiente, y documentarlo.

La coordinación interinstitucional, de acuerdo con ONU Mujeres65, es un componente fundamental de la respuesta comunitaria integral y es lo que se buscaría en una adecuada reglamentación de la coordinación entre instituciones en los marcos generales y específicos.

Un solo caso de violencia doméstica, por ejemplo, puede ser conocido por diferentes instancias o dependencias de gobierno. En el caso concreto, una mujer víctima de violencia puede acudir ante distintos profesionales de los sistemas de justicia civil y penal y de organismos de servicios, denunciando estos hechos, o solicitando atención médica o protección.

Las personas e instituciones encargadas de aplicar la legislación relativa al otorgamiento de las órdenes de protección, como la policía, el Ministerio Público, los jueces, las profesiones de ayuda, etc., deben conocer a fondo dicha legislación para aplicarla de manera adecuada, teniendo en cuenta la perspectiva de género, a fin de garantizar la atención y protección de las mujeres. Para ello se requiere que las autoridades a las que se confía la solicitud de la orden de protección conozcan de su existencia y sus términos; a la vez que tengan una comprensión de la problemática de violencia doméstica que les permita determinar la situación de riesgo que su responsabilidad (profesional e institucional) debe atender66.

Otro aspecto de preocupación ante la falta de implementación de estos mecanismo es con relación a la temporalidad de las órdenes de protección, existen dos elementos que se deben de analizar: el plazo para que la autoridad emita la orden de protección, y la vigencia de la orden emitida.

Por lo que se refiere al plazo para emitir las órdenes de protección, se recomienda que sea el menor posible. El otorgamiento expedito y oportuno garantiza la protección y seguridad de la víctima. Por lo que respecta a la vigencia de la orden, de acuerdo con ONU Mujeres67 se recomienda que las órdenes de protección permanezcan en vigor de forma permanente y que sólo se les ponga término mediante la resolución de un tribunal, basada en pruebas claras de que ya no existe ningún peligro para la mujer sobreviviente.

De acuerdo con el marco normativo en Chiapas, las órdenes de protección tendrán una temporalidad no mayor de 72 horas y deberán expedirse dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan68. Esta situación de antemano genera un doble riesgo para las mujeres quienes al haber concluido el tiempo de la protección, son doblemente vulnerables ante los agresores con efectos negativos como la consumación del feminicidio.

De acuerdo con la jurisprudencia internacional, la orden de protección debe durar el tiempo que la mujer víctima de violencia esté en riesgo. Este estándar asume que las mujeres víctimas de violencia estarán en riesgo hasta el momento en que el Estado garantice la implementación de diversas acciones para asegurar que ellas puedan salir del contexto de violencia en que viven, así como brindarle herramientas y opciones para pueda sobrevivir de manera posterior a los actos de violencia.

La falta de implementación de estos mecanismos se reflejan a partir de los datos obtenidos por una de las instancias encargadas de emitir estos mecanismos, la Procuraduría General de Justicia, quien manifestó que se han atendido 1077 hechos de violencia contra mujeres (de manera general), a partir de la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal que entró en operación en el 2012, razón por lo cual no se otorga información de los hechos de violencia cometidos en el 2011.

El informe de ONU Mujeres (2012) revela que de 2007 a 2009 la tasa de defunciones femeninas con presunción de homicidio aumentó  en un 387,3%, ubicándose en el tercer lugar por encima de la media nacional. Sobre la situación de la violencia sexual,  dicho informe reveló que en el 2010 se denunciaron 778 casos de violación y que Chiapas  se encontraba justo por encima de la media nacional con un promedio de 23,3 denuncias de violaciones sexuales por cada 100.000 mujeres.

Del total de casos atendidos por la Procuraduría, haciendo uso de su facultad excepcional para emitir estas medidas, se han otorgado 36 órdenes de protección, informando que todas fueron de carácter emergente, con una temporalidad de 72 horas. En todos los casos fueron las “persona afectadas”, quienes hicieron del conocimiento de la autoridad los hechos de violencia. Sin embargo no se precisa cuáles fueron las acciones específicas ordenadas por la instancia en cada uno de los casos.

Esta información causa extrañeza, pues del total de casos atendidos sólo en el 3% se otorgó una orden de protección, y se desconocen las razones por las cuales la autoridad ha otorgado tan pocas órdenes siendo un estado con altos índices de violencia contra las mujeres.Sin embargo es más preocupante que el Poder Judicial no haya presentado información acerca de la implementación de estos mecanismos y los que se han otorgado toda vez que esta instancia es la nombrada naturalmente para emitir las órdenes de protección.

En Chiapas, las autoridades no brindan información precisa sobre la relación que existía entre la víctima y el agresor, la existencia de algún desacato a las órdenes emitidas, o si estas fueron renovadas y por cuánto tiempo, manifestando que no se encontró dato alguno en los archivos de la Fiscalía Especializada en Protección a los Derechos de las Mujeres, por lo cual se infiere que la autoridad no cuenta con información desagregada y sistematizada relacionada con la violencia contra las mujeres, de igual forma se reitera el desconocimiento de la información sobre el poder judicial.

Las caracterizaciones de las diferentes formas de violencia descritas en el apartado III, son parte de los elementos que fundamentan la presente solicitud. Al crearse LGAMVLV se consideró de carácter importante la incorporación del mecanismo de órdenes de protección como una herramienta destinada a salvaguardar la vida y seguridad de las mujeres, sin embargo a la fecha la falta de implementación de este mecanismo y las cifras antes mencionadas reflejan la relación que existe entre la violencia domestica, el feminicidio y la omisión de las diversas instancias que deberían de operar dentro de la implementación de las órdenes de protección. Con estos elementos se afirma la existencia de una violencia sistemática al cumplirse con elementos como la reiteración de los actos, los mensajes que se envían a las demás mujeres ante la impunidad y falta de protección.

Este panorama permite señalar que la violencia feminicida en Chiapas tiene características específicas derivadas de: (i) la pobreza extrema, (ii) la situación de frontera, (iii) el conflicto armado no resuelto, y (iv) la situación multicultural, en la que los indígenas guardan una desigualdad histórica e institucionalizada con el resto de la población69.

  1. CASOS EMBLEMÁTICOS QUE REFLEJAN LA VIOLENCIA FEMINICIDA EN CHIAPAS

  1. Caso Itzel Méndez Pérez70

El 14 de abril de 2012, Itzel Méndez Pérez de 17 años de edad, de origen humilde, estudiante del sexto semestre en el Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH) plantel 11, fue encontrada sin vida en un terreno baldío. Su cuerpo presentaba huellas de tortura, su rostro estaba desfigurado y las vísceras expuestas. Itzel fue violada, golpeada y asesinada. A un año de su muerte dos de sus agresores están siendo procesados por el delito de feminicidio y uno más se encuentra prófugo71. Sin embargo, la movilización de la sociedad, exigiendo justicia, fue la que generó el actuar de las autoridades ministeriales encargadas de la investigación, aunque los familiares han tenido que enfrentar el hermetismo de los funcionarios que atienden el caso las veces que han requerido información sobre los avances. Hechos como éste y su constante repetición han causado alarma en la sociedad chiapaneca y diferentes reacciones como la suscitada el 14 mayo de 2012, al declarar, por la sociedad civil, a San Cristóbal de Las Casas, como “ciudad insegura y violenta para las mujeres”72.

  1. Caso de la menor indígena María Flor Vázquez Díaz

María Flor Vázquez Díaz, de 10 años de edad, indígena tsotsil, de origen humilde, habitante de la zona periférica de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, fue encontrada sin vida en julio de 2012 en el municipio de Huixtan, Chiapas. Su cuerpo presentaba huellas de tortura, violación y lesiones causadas por arma punzocortante. La niña había sido objeto de trata, violada por 10 hombres que la dejaron casi sin vida, siendo asfixiada y apuñalada por sus tratantes quienes trasladaron su cuerpo al lugar en donde fue encontrado. Sólo dos de sus agresores están sujetos a proceso, por lo que el caso sigue impune. Este hecho ejemplifica la violación histórica a los derechos humanos de las mujeres y niñas indígenas marginales en Chiapas, quienes enfrentan cotidianamente una triple discriminación: género, clase y etnía.

Este feminicidio junto con otros más que se suscitaron en la segunda mitad del año pasado impulsaron en noviembre de 2012, una declaratoria ciudadana de alerta de violencia de género, como protesta ante la falta de respuesta de las autoridades correspondientes para frenar la ola de violencia hacia las mujeres, enmarcada también dentro de la protesta nacional frente a la negativa de declaratoria de Alerta de Violencia Género para el estado de México.

  1. Caso Lesbia Gómez Entzin73

El 14 de julio de 2013, Lesbia Gómez Entzin, indígena tsotsil, de 24 años de edad, madre de tres hijos, originaria de la Comunidad Napité perteneciente al municipio de San Cristóbal de Las Casas, y residente de la comunidad La Merced, municipio de Amatenango del Valle, recibió, de parte de su esposo Jorge Navarro, un disparo de escopeta en la cara, lo que la hizo permanecer internada por más de un mes en el Hospital de las Culturas de San Cristóbal y después en el Hospital Regional de Tuxtla Gutiérrez. Como resultado de la lesión Lesbia perdió el ojo izquierdo y la visión del ojo derecho.

Lesbia recuerda: “Me tiro un balazo, mi marido en la cara, luego de que por estar lloviendo, ya no pude cortar las manzanas que él me pidió. En esa ocasión nos quedamos en la casa de su mamá, le dije: onde vamos a encontrar, si no llegamos a cortar por la lluvia; me dijo él: no sirves para nada, quieres un 4.10, no le conteste, luego trajo su escopeta y después me disparó en la cara”. “No puedo ver a mis hijos, sólo escucho su voz, no los puedo ver cómo están”.

Jorge Navarro fue detenido y está preso en el CERSS número 14 “El Amate” en tanto que Lesbia se tiene que hacer cargo económicamente de ella y sus tres hijos menores de edad, el más pequeño tiene año y medio.

  1. Cristina Paola Guzmán Guerra74

El 15 de octubre de 2013, Cristina Paola Guzmán Guerra, originaria del estado de Quintana Roo, de 24 años edad, madre de dos hijos, fue golpeada por su concubino y lanzada de la casa de sus suegros, quedándose éstos con el bebé de un año y siete meses de edad. Cristina además fue encarcelada en la prisión del Ejido Bellavista del Norte75, municipio de Frontera Comalapa, por varias horas hasta que firmó un acuerdo en donde renunciaba a la guarda y custodia de su hijo. Al día siguiente Cristina solicitó el apoyo de la Procuraduría del Menor, la Mujer y la Familia en la ciudad de Frontera Comalapa, cuyo titular la acompañó a denunciar los hechos ante el Fiscal del Ministerio Público, quien otorgó como única medida de seguridad el rondín policiaco del domicilio solidario en donde Cristina fue alojada.

A su vez, le comunicaron, mediante simulación de emplazamientos, el inicio de un juicio de Guarda y Custodia, bajo el expediente 537/2013, en el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Motozintla, a donde acudió solicitando el otorgamiento de las Medidas Cautelares comprendidas en el artículo 319 Sextus del Código Civil76 para el estado de Chiapas, así como la modificación de la medida que otorgaba la guarda y custodia provisional del menor a su perpetrador, sin embargo el órgano jurisdiccional se limitó a ordenar la comparecencia de ambos demandantes para exhortarlos, en audiencia privada, hacer los actos de agresión, y en relación al menor, señaló que la modificación de la medida sería resuelta en sentencia definitiva, obviando el contenido del artículo 256 de ese mismo ordenamiento en donde se estable que los menores de 7 años deben mantenerse al cuidado de la madre salvo que ello importe peligro para el normal desarrollo del menor.

  1. Caso Nallely Guadalupe Hernández Vallejo77

Nallely Guadalupe Hernández Vallejo, de 22 años de edad, estudiante de la Licenciatura en Psicología, soltera, originaria y vecina de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, fue agredida físicamente por su novio en el mes de mayo del año 2013. Nallely realizó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Espcializada contra la Violencia hacia las Mujeres, y solicitó el otorgamiento de medidas de protección. La Fiscal del Ministerio Público no las concedió argumentado que su duración es de tan sólo 72 horas y que en nada le iban a servir. Otro aspecto que caracterizó este caso fue el hecho de que 24 horas después de haber denunciado fue revisada por el médico legista de la Fiscalía ya que al acudir, inmediatamente, después de la denuncia se le informó que no había médico de guardía y que debía regresar al día siguiente después de las nueve de la noche.

  1. Caso Kathya Monserrat López Banda78

Kathya es originaria del Estado de México, madre de una niña, quien en 2012 fue separada de su hija y golpeada por su esposo y familiares. Kathya enfrento diversos procedimientos tanto en vía civil como penal, en ambos espacios las órdenes de protección que, por presión de diversos organismos de derechos humanos, le fueron otorgadas, resultaron ineficaces, cuando el C. Guillermo Ramos Pérez, Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal, haciendo caso omiso a la medida cautelar que su antecesor había concedido, ordenó la localización y presentación de Kathya, evidenciando complicidad con el esposo de ésta, quien la esperaba para ejecutar una orden de aprehensión y poderle arrebatar nuevamente a su hija.

La situación que se ha generado en Chiapas permite acreditar la urgencia de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, como una de las medidas a las que está obligado el Estado Mexicano para prevenir la violencia hacia las mujeres y garantizar su derecho a vivir, considerando:

  1. El número de víctimas, las edades, y la saña con que se han ejecutado los feminicidios.

  2. La existencia de víctimas colaterales (familiares y testigos) que enfrentan inseguridad y otras contingencias sociales.

  3. La aplicación incompleta y no funcional de la LAPVLV.

  4. La impunidad en un buen número de feminicidios, teniendo como caso paradigmático el asesinato por razón de género de 33 mujeres en la Masacre de Acteal.

  5. La necesidad de acciones puntuales y coordinadas que atiendan la emergencia y eviten más feminicidios.

  6. La detención y procesamiento de los responsables de FEMINICIDIO, no minimizándolo como accidente u otro tipo de homicidios.

  7. La aplicación de un protocolo para juzgar con perspectiva de género a ofendidas y procesadas.

  1. PRUEBAS Y DOCUMENTACIÓN

  1. Datos estadísticos: información sobre las muertes violentas de mujeres en Chiapas, en el período comprendido de enero a octubre de 2013, y que evidencian el incremento de los feminicidios y la crueldad con que son cometidos.

  2. Fichas de casos: contienen información sobre la violencia feminicida y feminicidios que las organizaciones firmantes han documentado y acompañado.

  3. La investigación Violencia Feminicida en Chiapas, coordinada por la investigadora Mercedes Olivera. UNICACH, México 2008.

  4. Firmas de las y los familiares de las mujeres víctimas de feminicidios en Chiapas.

  5. Firmas de las organizaciones de la sociedad civil de Chiapas.

  6. 964 firmas de habitantes de diversos municipios del estado de Chiapas que exigen la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género.

  7. 991 firmas electrónicas para la declaratoria e implementación de la alerta de violencia de género contra las mujeres para el estado de Chiapas79.

VII. PETITORIO

Por lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente pido:

PRIMERO: Tener por presentada la SOLICITUD DE DECLARATORIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO en los términos del presente escrito.

SEGUNDO: Que a través de lo establecido en el reglamento de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se convoque al Sistema Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres para efecto de que en sesión extraordinaria se instruya la creación del grupo multidisciplinario e interinstitucional determinado por la Ley, para efecto de que comiencen las investigaciones correspondientes sobre el contexto que se denuncia.

TERCERO: Que dentro de las investigaciones que se soliciten al grupo multidisciplinario; se tenga por finalidad investigar los hechos que se denuncian en específico:

a) La falta de implementación de las órdenes de protección en el estado, específicamente la poca emisión de estos mecanismos al haberse otorgado sólo al 3% de las mujeres en situación de violencia que las denunciaron.

b) El número de casos de feminicidio y homicidios dolosos de mujeres donde existió un acercamiento previo de la víctima con las instancias de gobierno y no se realizaron acciones para su protección.

c) La coordinación que existe entre las diversas instancias de gobierno y las encargadas de emitir las órdenes de protección para garantizar la vida y seguridad de las mujeres.

CUARTO: Admitir la petición y ordenar el trámite correspondiente Declaración de la ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO, a fin de que el avance que significa la tipificación del FEMINICIDIO, la Ley de Acceso, las Ordenes de Protección se implementen y cumplan efectivamente con la necesaria adopción de políticas públicas integrales que consideren los elementos particulares de la problemática de la violencia a las mujeres, en especial la feminicida e incorporar a la sanción, la prevención y la reparación, para que dejen de ser escasas, parciales y fragmentadas.

QUINTO: Que el Estado de Chiapas haga funcionar el Sistema para Erradicar la violencia contra las Mujeres, y promuevan sesiones urgentes, emergencia e inmediata para generar acciones obligatorias de coordinación para implementar de manera eficaz e inmediata las órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia.

SEXTO: Crear una estrategia integral a novel federal, estatal y municipal para implementación de órdenes de protección, que contemple: difusión masiva a la población, capacitación a servidores públicos de todos los niveles, protocolos especializados de emisión y seguimiento de estos mecanismos; registro y documentación de casos de violencia contra las mujeres a las que les fue otorgada una orden de protección, y sanción a servidores públicos que incurran negligencia u omisiones que pongan en riesgo la vida de las mujeres.

SÉPTIMO: Contar con módulos de atención donde las autoridades pertinentes proporcionen un ambiente seguro yconfidencial en el que las mujeres puedan denunciar la violencia que sufren. Esto es modificar el Centro de Justicia para Mujeres, su metodología y más, así como crear otros 14 más por lo menos, esto es uno por Región.

OCTAVO: Que se elabore un informe público sobre la problemática del feminicidio en Chiapas desde el Sistema y Consejo Técnico para que retome el Plan Estatal de Ley e implemente las medidas necesarias para abordar de manera efectiva la problemática de la violencia feminicida supervisarles por la sociedad civil.

NOVENO: Seretomen las recomendaciones de los mecanismos internacionales sobre la necesidad de contar con bancos de datos, investigaciones y estadísticas que permitan conocer con transparencia el nivel de la problemática de la violencia feminicida, para hacer posible el monitoreo de los avances y retrocesos en la materia.

DÉCIMO: Aplicación de medidas de protección establecidas en tratados, leyes, reglamentos para prevenir todo tipo de violencia contra las mujeres y avanzar hacia un tratamiento más efectivo de esta problemática y lograrán la meta de erradicar una de las manifestaciones más graves de discriminación y violencia contra las mujeres.

DÉCIMO PRIMERO: La investigación, esclarecimiento de asesinatos, castigo a culpables y reparación del daño del total de los casos enumerados.

DÉCIMOSEGUNDO: Capacitación a autoridades para evitar la revictimización.

DÉCIMO TERCERO: Atención integral a víctimas de violencia y familias de víctimas de feminicidios, así como victimarios. Medidas de seguridad para testigos y mujeres sobrevivientes, que incluya espacios de protección a mujeres en riesgos y sus familiares (hijas e hijos).

DÉCIMO CUARTO: Cumplimiento pleno, cabal expedito y pronto de los acuerdos generados en la mesa de trámite de San Cristóbal Las casas y trasladados al Consejo Municipal para la erradicación de la violencia (2013).

DÉCIMO QUINTO: La investigación, esclarecimiento de asesinatos, castigo a culpables y reparación del daño del total de los casos enumerados.

En atención a lo anterior y tomando en cuenta que el próximo año se celebrara el aniversario de la Convención Belem do Pará, la Comisión tiene la oportunidad de seguir contribuyendo a la lucha contra la violencia hacia las mujeres, tal como lo ha hecho hasta ahora.

ES URGENTE QUE SE INICIE LA INVESTIGACIÓN Y SE DECLARE LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ESTADO DE CHIAPAS.

Sin duda, el reto actual, es respetar y proteger los derechos de las mujeres de acuerdo a la adopción de políticas públicas efectivas para poner fin a la violencia feminicida.

PROTESTO LO NECESARIO

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, A 25 DE NOVIEMBRE DE 2013

____________________________

Alma Padilla García

Representante Legal

Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C.

1 Cfr. Anexo A. Escritura Pública número Ocho Mil Quinientos Setenta y Ocho, de fecha 21 de abril de 2004, pasada ante la Fe de la Lic. Ana María del Socorro Sarmiento Ochoa, Notaria Pública número 15 del Estado de Chiapas, que en copia certificada se anexa.

2 Cfr. Anexo A. Nombrada representante legal del CDMCH mediante Escritura Pública número Cinco Mil Noventa y Cuatro, de fecha 14 de abril de 20008, pasada ante la Fe del Lic. Armando Montoya Cameras, Notario Público, número 41 del Estado. Instrumento que en copias certificadas se anexa.

3Como la AVG y la temporalidad de las órdenes de protección.

4Lagarde y de los Ríos, M. (2008). Antropología, feminismo y política: violencia feminicida y derechos humanos de las mujeres. In M. Bullen, & C. Diez Mintegui, Retos teóricos y nuevas prácticas (pp. 209-239). Donostia, España: Ankulegi Antropologia Elkartea.

5 Comisión Especial para el Seguimiento de los Feminicidios, ONU Mujeres e Instituto Nacional de la Mujer. (2012). Violencia feminicida en México. Características, tendencias y nuevas expresiones en las entidades federativas, 1985-2010. (pp. 138-139).

6 En comparación con la década 2000-2010, en donde se registraron 483 defunciones femeninas con presunción de homicidio.

7 Ejército Zapatista de Liberación Nacional EZLN, (1994). Carta del Subcomendante Marcos al Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León.

8 Al respecto se puede leer el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas A.C., La política genocida en el conflicto armado de Chiapas: Reconstrucción de hechos, pruebas, delitos y testimonios. San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Febrero 2005. Disponible en: http://www.frayba.org.mx/archivo/informes/050201_la_politica_genocida_en_el_conflicto_armado_en_chiapas.pdf. Consultado en fecha 25 de octubre de 2013.

9 Ver, por ejemplo, pronunciamiento de la Organización de la Sociedad Civil las Abejas del 8 de marzo de 2012. Disponible en: http://komanilel.org/2012/03/08/mujeres-abejas-nos-afecta-mucho-la-presencia-de-los-militares/. Consultado en fecha 20 de noviembre de 2013.

¨A nosotras las mujeres nos afecta mucho la presencia de los militares en nuestras comunidades, pueblos, nos faltan el respeto, nos chiflan, cortan árboles y siembran mariguana en nuestras tierras y no es bueno para nuestros hijos¨ [Mujeres Abejas] Nos afecta mucho la presencia de los militares.

10 El caso sigue impune a pesar del Informe Número 53/01 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante ¨CIDH¨) sobre el caso 11.565, en el cual recomienda al Estado mexicano:

a. La realización de una investigación completa, imparcial y efectiva en la jurisdicción penal ordinaria,

b. La reparación del daño a las víctimas.

11 Sobre las actividades paramilitares consultar:

a. Amnistía Internacional, Amnesty International Report 1997 – Mexico, 1 de enero de 1997. Disponible solamente en inglés en: http://www.refworld.org/docid/3ae6a9f330.html. Consultado en fecha 20 octubre de 2013.

b. CIDH, Informe sobre la situación de los derechos humanos en México, 24 de septiembre de 1998. Disponible en: http://www.cidh.org/countryrep/Mexico98sp/indice.htm. Consultado en fecha 20 de octubre de 2013.

12 CIDH (2013), Informe de Admisibilidad 26/13 sobre el caso Rogelio Jiménez y otros (parráfos 12-13).

13 Nota de prensa: Ordena Corte liberar a 15 indígenas por masacre en Acteal. Disponible en: http://www.proceso.com.mx/?p=338671. Consultado en fecha 18 de octubre de 2013.

14Instituto Nacional de Estadística y Geografía (en adelante ¨INEGI¨). Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011.

15 INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2013.

16 INEGI. Censo General de Población 2010.

17Consejo Nacional de Población (en adelante ¨CONAPO¨). Índice Nacional de Marginación por Entidad Federativa y Municipio 2010.

18 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 2011. Disponible en: http://www.coneval.gob.mx/cmsconeval/rw/pages/medicion/pobreza_2010.es.do. Consultado en fecha 10 de octubre de 2013.

19 INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2013.

20 INEGI. Censo Población y Vivienda 2010.

21 Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (en adelante ¨CONAVIM¨) (2013). Estudio nacional sobre sobre las fuentes, orígenes y factores que producen y reproducen la violencia contra las mujeres. Estudios Regionales. Tomo II, Volumen II. (p.469).

22 INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

23 CONAVIM 2013. (p. 462-463)

24 INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

25Secretaría de Salud, Dirección General de Epidemiología (2013). Informe Semanal de Vigilancia de Epidemiológica. Disponible en: http://www.omm.org.mx/images/stories/Documentos%20grandes/40-2013.pdf. Consultado enf echa 10 de octubre de 2013.

26 Cifras hasta el 10 de octubre de 2013.

27 Reforma publicada mediante Decreto Número 193 en el Periódico Oficial Número 030, tercera sección de fecha 1 de mayo de 2013. Artículo 164 Bis.- Comete el delito de feminicidio y se sancionará con prisión de 25 a 60 años a quien por razones de género prive de la vida a una mujer.

Serán consideradas razones de género las siguientes:

  1. Exista o haya existido entre el activo y la victima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, conyuga, concubinato, noviazgo o cualquier otra relación de hecho.

  2. Exista o haya existido entre el activo y la victima una relación laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad.

  3. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo,

  4. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la vida.

  5. Existan datos o antecedentes que establezcan que se han cometido amenazas, acoso, violencia o lesiones de cualquier tipo del sujeto activo en contra de la víctima.

  6. El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en lugar público.

  7. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de su vida.

En el caso de la fracción I se impondrá además de la pena, la pérdida de derechos con respecto a la víctima y ofendidos, incluidos los de carácter sucesorio.”

28 Cifras hasta el 18 de junio de 2013.

29Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2006).

30Encuesta de Salud y Derechos de las Mujeres Indígenas (ENSADEMI 2008). “Más de la tercera parte de las mujeres indígenas han vivido algún tipo de violencia”. Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2006).

31 Cfr. Gráfico 5, Clasificación de Defunciones Femeninas con presunción de Homicidio.

32 De acuerdo a lo establecido en el artículo 164 del Código Penal vigente de Chiapas.

33 De acuerdo a la información recibida por la CIDH en México durante el año 2012 se registraron 8 asesinatos  personas trans y mujeres transgénero o aquellas personas percibidas como tales. Comunicado de Prensa: CIDH expresa preocupación sobre homicidios y actos de violencia contra personas LGBTI en las Américas. 12 de diciembre de 2012. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/146.asp. Consultado en fecha 20 de noviembre de 2013.

34 De acuerdo al Estudio de Orientación Sexual, Identidad de Género y Expresión de Género: algunos términos y estándares relevantes de la CIDH. 23 de abril de 2012. Se entiende el transgenerismo como:

¨Término paragua –que incluye la subcategoría transexualidad y otras variaciones- es utilizado para describir las diferentes variantes de la identidad de género, cuyo común denominador es la no conformidad entre el sexo biológico de la persona y la identidad de género que ha sido tradicionalmente asignada a éste. Una persona trans puede construir su identidad de género independientemente de intervenciones quirúrgicas o tratamientos médicos.

(omissis) existe un cierto consenso para referirse o autoreferirse las personas transgénero, como mujeres trans cuando el sexo biológico es de hombre y la identidad de género es femenina; hombres trans cuando el sexo biológico es de mujer y la identidad de género es masculina; o persona trans o trans, cuando no existe una convicción de identificarse dentro de la categorización masculino-femenino¨. Subrayado propio.

35 Comisión Especial para el Seguimiento de los Feminicidios, ONU Mujeres e Instituto Nacional de la Mujer. (2012). (p. 11).

36Cfr. Grafico 3, Edad de las Víctimas.

37 Cfr. Gráfico 4, Estado Civil de las Victimas.

38 Sobre este punto ir al apartado sobre Relación de las víctimas con los perpetradores de los delitos, pp. 8-9.

39 Cfr. Gráfico 15, Nacionalidad de las Victimas.

40 Cfr. Gráfico 14, Origen Étnico de las Victimas.

41 Cfr. Gráfico 13, Ocupación de la Victima.

42 El 11 de mayo de 2011 por Decreto número 210, publicado en el Periódico Oficial número 299, se modificó la conformación de las regiones Socioeconómicas creándose las siguientes: I Metropolitana, II Valles Zoque, III Mezcalapa, IV De Los Llanos, V Altos Tsotsil Tseltal, VI Frailesca, VII De Los Bosques, VIII Norte, IX Istmo Costa, X Soconusco, XI Sierra Mariscal, XII Selva Lacandona, XIII Maya, XIV Tulijá Tseltal Chol, XV Meseta Comitéca Tojolabal.

43 Cfr. Gráfico 1, Frecuencia de Defunciones Femeninas con presunción de Homicidio por Región.

44 Cfr. Grafico 2, Municipios con Mayor Frecuencia de Defunciones Femeninas con presunción de Homicidio ocurridas durante el periodo Enero-Octubre de 2013.

45 Bandas de jóvenes de ambos sexos, salvadoreños originalmente, que como una forma de protesta al orden existente acuerdan vivir fuera de las normas y leyes establecidas, creando sus propios códigos, espacios y jerarquías.

46 Teresa Ramos Maza (2012), Mujeres marginales de Chiapas: situación, condición y participación. Entre la milpa, el trabajo, los programas gubernamentales, y el mercado. Región Fronteriza. UNICACH Colección Mujeres del Maíz. México. (pp.82-83).

47 Cfr. Gráfico 8, Localización de los cuerpos de las victimas.

48 Cfr. Gráfico 10, Relación Victima-Victimario.

49 Cfr. Gráfico 11, Situación Jurídica del Perpetrador.

50 Cfr. Gráfico 12, Posibles Explicaciones de los Asesinatos de Mujeres según las investigaciones.

51 Al respecto revisar el apartado de casos emblemáticos: Itzel Méndez Pérez.

52 Cfr. Gráfico 6, Causa de la Muerte.

53 Cfr. Gráfica 7, Tipo de agresiones.

54 Nota de prensa: Proceso 13 de junio de 2013. Disponible en: http://www.proceso.com.mx/?p=344761. Consultado en fecha: 15 de noviembre de 2013.

55Nota de prensa disponible en: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/06/11/903412. Consultado en fecha 10 de octubre de 2013.

56 El Código Penal de Chiapas dispone que se le impondrán entre otras sanciones:

  • Artículo 199: una pena que va de los tres hasta un máximo de siete años de prisión a la persona que resulta culpable de cometer violencia familiar.

  • Artículo 291: aquella persona que es encontrada culpable de delito de abigeato, en el caso que ésta haya robado de dos a diez cabezas, podrá recibir una sanción que va de los seis años, como pena mínima, a los ocho años de prisión como pena máxima.

57 El artículo 245 del Código Penal estable que no se procederá penalmente cuando el activo contraiga matrimonio con el pasivo.

58 El marco de protección internacional a través de sus organismos, entre el interés legítimo del Estado en proteger la vida prenatal, de la obligación de respetar y garantizar el derecho a la vida y los derechos humanos de las personas nacidas, particularmente de las mujeres. Al respecto consultar:

59 Nota de prensa. De la marginación a la cárcel: http://www.infochiapas.com/2012/01/de-la-marginacion-a-la-carcel-mujeres-choles-procesadas-por-malos-partos/. Consultado en fecha 23 de noviembre de 2013.

60 Caso de las Mujeres del Ejido Bella Vista. Disponible en: http://tppchiapas.blogspot.mx/2012/04/casos-presentados-en-la-pre-audiencia.html. Consultado en fecha: 23 de octubre de 2013.

61 El derecho a la vida está reconocido en diversos instrumentos internacionales:

  • Declaración Universal de Derechos Humanos. Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (en adelante ¨ONU¨) el 10 de diciembre de 1948. Artículo 3: ¨El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente¨.

  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, celebrado por la Asamblea General de la ONU el 16 de diciembre de 1966, firmado y ratificado por el Estado mexicano el 23 de marzo de 1981, entrada en vigor el 23 de junio de 1981. Artículo 6.6: ¨Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona¨.

  • Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana, Bogotá, Colombia, 1948.
 Artículo I ¨Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona¨.

Convención Americana sobre Derechos Humanos, celebrada el 22 de Noviembre de 1969, firmada y ratificada por el Estado mexicano el 24 de marzo de 1981 (fecha en que entró en vigor). Artículo 4.1: ¨Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.  Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción.  Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente¨.

62 Véase en general CIDH, Informe Nº 28/07, Casos 12.496-12.498, Claudia Ivette González y otros (México), 9 de marzo de 2007, párrafos. 247-255; Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 285.

63  Ibídem, párrafo 258.

¨De todo lo anterior, se desprende que los Estados deben adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres. En particular, deben contar con un adecuado marco jurídico de protección, con una aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias. La estrategia de prevención debe ser integral, es decir, debe prevenir los factores de riesgo y a la vez fortalecer las instituciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva a los casos de violencia contra la mujer. Asimismo, los Estados deben adoptar medidas preventivas en casos específicos en los que es evidente que determinadas mujeres y niñas pueden ser víctimas de violencia. Todo esto debe tomar en cuenta que en casos de violencia contra la mujer, los Estados tienen, además de las obligaciones genéricas contenidas en la Convención Americana, una obligación reforzada a partir de la Convención Belém do Pará. La Corte pasará ahora a analizar las medidas adoptadas por el Estado hasta la fecha de los hechos del presente caso para cumplir con su deber de prevención¨.

64 CIDH, Informe de Fondo, No. 80/11, Caso 12.626, Jessica Lenahan vs Estados Unidos, 21 de julio de 2011, párrafos. 145.

65Enfoque interinstitucional y respuesta comunitaria coordinada. Disponible en: http://www.endvawnow.org/es/articles/127-enfoque-interinstitucional-y-respuesta-comunitaria-coordinada.html. Consultado en fecha 8 de abril de 2013.

66Cfr. Apartado III.3 de este documento.

67 ONU-Mujeres, Disposiciones relativas a advertencias, plazos de las órdenes de protección y otras disposiciones clave. Disponible en: http://www.endvawnow.org/es/articles/840-disposiciones-relativas-a-advertencias-plazos-de-las-ordenes-de-proteccion-y-otras-disposiciones-clave.html . Consultado el 5 de abril de 2013.

68Artículo 15 de la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Chiapas.

69 Véase: Violencia Feminicida e impunidad en Chiapas. Martha Guadalupe Figueroa Mier, en Violencia Feminicida en Chiapas. Mercedes Oliverta, et.al., UNICACH, primera edición, México 2008.

70 En este caso los familiares de la víctima están siendo acompañados por la abogada Martha Guadalupe Figueroa Mier de COLEM.

72 Nota de prensa. Disponible en: http://cimacnoticias.com.mx/node/61122. Consultado en fecha 23 de noviembre de 2013.

73 Nota de prensa. Disponible en: http://www.cuartopoder.mx/lesbia-quiere-volver-a-ver/. Consultada en fecha 23 de noviembre de 2013.

74 Caso acompañado por el CDMCH.

75 Con anterioridad a éste hecho, se han suscitado problemas de expulsión de mujeres casadas con fuereños, lo que se ha denunciado oportunamente sin que hasta la fecha el Estado haya emprendido acciones para transformas las relaciones de violencia que se viven al interior de ese poblado.

76 Artículo 319 Sextus:

Los integrantes de la familia que incurran en violencia familiar, deberán reparar los daños y perjuicios que se ocasionen con dicha conducta, con autonomía de otro tipo de sanciones que éste y otros ordenamientos legales establezcan. En todas las controversias derivadas de violencia familiar, el Juez dictará las siguientes medidas cautelares:

I.- Ordenar la exclusión del agresor del domicilio del grupo familiar;

II.- Prohibir al agresor el acceso al domicilio del grupo familiar, Así como a los lugares de trabajo o de estudio de la víctima.

III.- Prohibir al agresor que se aproxime a las víctimas.

IV.- Ordenar la exclusión del agresor y el reingreso de la víctima al domicilio del grupo familiar, cuando ésta por razones de seguridad personal ha debido salir del mismo;

V.- Decretar y asegurar provisionalmente alimentos.

VI.- Apercibir al agresor para que se abstenga de dilapidar los bienes de la familia.

En caso de reincidencia o desobediencia a estas medidas, el Juez decretará multa de 10 hasta 150 días de salario mínimo vigente en la entidad.

77 Caso acompañado por el CDMCH.

78Caso acompañado por el Grupo de Mujeres de San Cristóbal A.C. Disponible en: http://www.regeneracionradio.org/index.php/genero/item/3893-accion-urgente-por-kathya-moserrat-lopez-banda-y-su-hija-giovana-lineth-diestel-l%C3%B3pez. Consultado en fecha 17 de noviembre de 2013.

El patrón sistemático de violencia basada en género en Chiapas se ha traducido en 84 defunciones de mujeres en el período enero-octubre 2013. Estas defunciones en su mayoría han sido causa de la FALTA DE IMPLEMENTACIÓN Y EFECTIVIDAD DE LOS MECANISMOS DE PROTECCION PARA PREVENIR EL FEMINICIDIO EN EL ESTADO DE CHIAPAS (ÓRDENES DE PROTECCIÓN Y OTRAS1), especialmente en las regiones Metropolitana, Altos-Tsotsil-Tseltal, Soconusco, Selva-Lacandona, Meseta Comiteca-Tojolabal, Sierra-Mariscal, Itsmo-Costa, Tulija-Tseltal-Chol, Norte, Maya de Chiapas.

1Como la AVG y la temporalidad de las órdenes de protección.

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